Matanza de estudiantes universitarios en 1968, en Tlatelolco, México |
Raúl Jardón
Revissta Rebeldía
En los próximos días aparecerá, publicado por la editorial
Ítaca, el libro "El espionaje contra el movimiento estudiantil". En él hago
un análisis del conjunto de documentos de la Dirección Federal de Seguridad
(DFS) y de las agencias de espionaje estadounidenses sobre el movimiento de
1968 y se muestran las contradicciones e inconsistencias de los documentos
con los que el general Marcelino García Barragán trató de auto exonerarse de
su responsabilidad en la masacre del 2 de octubre.
Presento aquí algunos extractos que ayudan a comprender cómo actuaban y
siguen actuando los organismos de espionaje político contra los movimientos
populares, su peligrosidad y maniobras, pero también sus limitaciones,
incapacidades y errores.
La conclusión principal que sobresale al revisar la información que recogió
la DFS sobre el movimiento estudiantil en su conjunto es que la magnitud del
movimiento rebasó ampliamente la capacidad de vigilancia, infiltración y
recolección de información de esa policía política, e incluso le impidió en
muchos casos transmitir oportunamente a los altos funcionarios sus hallazgos
reales o supuestos. Da la impresión de que la DFS hubiera lanzado una red
demasiado chica para abarcar al movimiento y, además, con hoyos que
permitían que se escapasen numerosas informaciones grandes y pequeñas. (...)
La "conjura comunista internacional"
Un aspecto sobresaliente de la documentación de la DFS es que en ninguna
parte de ella aparece algún reporte, análisis o indicio siquiera que se
refiera al "Plan Subversivo de Proyección Internacional" del que surgió el
movimiento estudiantil, según las acusaciones formuladas en 1969 por la
Procuraduría General de la República contra los líderes estudiantiles
presos1.
En efecto, en ningún lado se dan elementos que sustentaran la idea de que
todo se fraguó siguiendo decisiones tomadas en la reunión de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (celebrada en La Habana en 1967); nunca se
menciona nexo alguno de los estudiantes con la embajada de Cuba en México.
Las únicas referencias a una supuesta intervención extranjera son un informe
del 16 de agosto que habla del encuentro ¡el 4 de junio! de dos diplomáticos
soviéticos con dos estudiantes de la UNAM no identificables con o en el
movimiento y dos reportes, de apenas un párrafo cada uno, que atribuyen a un
periodista desconocido de una revista, también desconocida, el haber visto a
estudiantes recibir dinero de diplomáticos "rusos" y endilgan a un grupo
estudiantil opositor al movimiento (para variar, también desconocido) la
acusación de que la huelga era apoyada por la "embajada de la Unión
Soviética y el comunismo internacional".
Con respecto al tema de las armas soviéticas, cubanas y ¡hasta chinas!,
supuestamente proporcionadas al movimiento (que fue objeto de especulaciones
recurrentes del gobierno mexicano y las agencias estadounidenses de
espionaje), no hay ni una sola alusión a ellas en los documentos de la DFS.
Cuando mucho existen en esos papeles 4 o 5 breves menciones de que "se supo"
que un grupo de estudiantes de provincia llegaría al Distrito Federal con
armas; de que "hay informes fidedignos" de que los estudiantes tienen
elementos y armas para enfrentarse al ejército porque en eso se ha usado el
dinero de las colectas o de que "se dijo" en una asamblea que hay campesinos
dispuestos a apoyar al movimiento a mano armada, sin dar algún dato o fuente
que sustentara tales asertos fantasiosos2.
Algunas conclusiones
Pese a que los informes de la DFS reflejan la carga ideológica del clima
anticomunista y del carácter autoritario del régimen, lo cual tiende
naturalmente a que la información que contienen sea sesgada y poco veraz en
múltiples casos, resulta notable que, en general, se puede decir que los
reportes que Fernando Gutiérrez Barrios entregaba a los altos funcionarios
del régimen sí reflejan en gran medida lo que fue el movimiento estudiantil
de 1968.
Cualquiera de esos funcionarios que haya tenido dos dedos de frente pudo ver
en ellos, si hubiera querido, que el movimiento no era ninguna conjura
comunista, no tenía nexos con el extranjero ni buscaba derrocar al gobierno.
Los reportes acerca de las asambleas generales estudiantiles le hubieran
mostrado no sólo la genuina participación masiva, sino el contenido de lucha
por las libertades democráticas para el pueblo (sin pretensión alguna en
materia electoral) de las intervenciones; los problemas sociales y políticos
que suscitaban el descontento y la protesta de los estudiantes de base.
Lo mismo pudo ser captado por Díaz Ordaz, Echeverría, y cualquier otro
jerarca gubernamental que haya recibido cotidianamente esos informes, al
leer las reseñas de los discursos en las manifestaciones y los textos
reproducidos de mantas, carteles y pintas, aunque se procurara resaltar los
insultos al presidente.
Y en el caso de los informes de la DFS sobre la actuación de las brigadas,
éstos revelaban la simpatía popular que estaba captando el movimiento y la
actitud pacífica de los brigadistas a menos que fueran agredidos por la
policía.
Además, las reseñas policíacas de las conferencias de prensa del Consejo
Nacional de Huelga (CNH) (que, por cierto, fueron mucho más amplias y
pormenorizadas que las que publicaron los periódicos) también son bastante
veraces, de modo que los gobernantes hubieran podido hallar en ellas, si
hubieran querido, una fuente para entender lo que estaba pasando y actuar de
otra manera a como lo hicieron.
Todo esto los hace doblemente culpables por haber decidido aplastar
represivamente al movimiento de 1968 y echa abajo la excusa esgrimida por
los aduladores del régimen en el sentido de que "el presidente fue engañado"
por tal o cual de sus colaboradores, de que "el ejército fue llevado a una
trampa", etcétera.
Cierto, la DFS fue incapaz de vigilar e informar sobre todo lo que ocurría
en un movimiento de grandes proporciones, pero la información que recabó era
suficiente para que sólo mentes muy obtusas pensaran que se trataba de
derrocar al gobierno. Cierto, los informes policíacos mostraban la
influencia de la izquierda, pero más por haber calado sus ideas y actitudes
en el largo trabajo previo que realizó entre los estudiantes, que por la
fuerza de sus organizaciones o la capacidad de los líderes estudiantiles que
militaban en esa izquierda, aunque esto último fue importante.
La información más tergiversada que rindió la DFS fue la referida a los
enfrentamientos y actos represivos, pues esa información pasó por el espejo
deformante que trataba de justificar la violencia policíaca y militar y no
buscó relatar verazmente los hechos.
El gran fracaso, el talón de Aquiles de la DFS, fue el no haber dado
importancia o no haber conseguido penetrar en los Comités de Lucha de las
escuelas, ni haber logrado informar oportuna y verídicamente sobre las
discusiones y decisiones del CNH y la pluralidad de sus integrantes, la
mayoría de los cuales no había tenido ninguna militancia política previa. A
tal grado llegó ese fracaso que sólo sobre la base de las declaraciones de
algunos de los dirigentes estudiantiles detenidos el 2 de octubre pudo por
fin la DFS elaborar un informe más o menos general y preciso sobre la
estructura y funcionamiento del CNH.
Sin embargo, cabe matizar la anterior afirmación señalando que es posible
que, en el caso de que haya habido algún infiltrado en el CNH, éste pudo
estar al servicio de un funcionario gubernamental y no de la DFS, pues en
aquellos tiempos era frecuente que los funcionarios tuvieran a su servicio
líderes o grupos estudiantiles para impulsar sus intereses particulares.
Cabe también la posibilidad de que, en efecto, se haya expurgado la
documentación que está en el Archivo General de la Nación, para ocultar éste
u otros aspectos, aunque el volumen de ella hace difícil que se realizara
tal tarea de una manera eficaz, como lo demuestran al menos dos de los
documentos (el que se refiere al disparo de bazuca el 29 de julio y el
reporte sobre la trayectoria de las balas en los cuerpos de los muertos
reconocidos oficialmente el 2 de octubre), que resultan altamente
comprometedores para la versión oficial sobre el movimiento. (...)
Todo lo anterior no significa que neguemos la capacidad represiva de la DFS,
sino únicamente que fue incapaz de enfrentar con su espionaje al movimiento
y falló como organismo de investigación política. El aspecto directamente
represivo de su trabajo en el movimiento lo realizó en la ubicación y
detención de algunos dirigentes estudiantiles y magisteriales, aunque otros
lograron eludir el arresto, aún estando fuertemente perseguidos.
En pocas palabras, tanto en el 68 como después, en la guerra sucia de los
años 70, la DFS mostró que su única manera de investigar eran las
detenciones más o menos masivas de "sospechosos", las torturas para obtener
información, etcétera. Podía enfrentar e infiltrar con eficacia la actividad
de pequeños grupos opositores, pero no a un movimiento de masas cuya
principal defensa resultó ser no tanto las pocas medidas de seguridad que
tomaron los estudiantes, sino el carácter democrático y ampliamente
participativo de su organización.
El espionaje estadounidense
Si comparamos la actuación de la DFS durante el movimiento estudiantil del
68 con el lanzamiento de una red demasiado pequeña para abarcarlo, y con
agujeros por los que escapaba información, en el caso de los reportes de
diversas agencias estadounidenses de espionaje sobre el movimiento habría
que comparar su trabajo con el de un pescador que captura con el anzuelo de
su caña lo mismo truchas apetitosas y de buen peso, que magros charales,
numerosos zapatos viejos y basura similar sumergida en el agua.
El gran problema de la embajada de Estados Unidos, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el
Departamento de Defensa y otros organismos de "inteligencia" que recopilaron
información sobre el movimiento (mucha de la cual fue enviada a la Casa
Blanca) es que se basan fundamentalmente en lo que les dicen sus informantes
mexicanos, que resultan ser principalmente funcionarios del régimen
diazordacista o unos cuantos estudiantes pagados (en el último caso de
dudosa procedencia y conocimiento real de lo que estaba pasando).
Pero lo que desvirtúa la confiabilidad de tales fuentes es que, por un lado,
los funcionarios del régimen obviamente informan no sólo por el interés de
ganarse su sueldo o la estimación del gobierno estadounidense, sino también
buscando obtener, a través de la información que suministran, el apoyo del
país del norte a la conducta gubernamental y, en el caso de los informantes
estudiantiles, sencillamente ellos ofrecen datos que, a su modo de ver,
complazcan a los norteamericanos para así acreditarse como merecedores de
seguir siendo pagados.
Ello, y la obsesión anticomunista de las agencias de espionaje
norteamericano, distorsiona fuertemente toda la información de esas
agencias, las lleva a caer en numerosas contradicciones, a dar por buenos
informes ridículos, etcétera. Sin embargo, hay que reconocer que en el curso
del movimiento van afinando su capacidad de discernir lo cierto de lo falso,
reportan cosas que el gobierno mexicano niega, y sus análisis de la
información llegan a ser en varios casos diagnósticos certeros del
significado de la lucha estudiantil, de las motivaciones del gobierno y
especialmente de Díaz Ordaz, y de la situación político social imperante en
México. (...)
De tal modo, el espionaje estadounidense comenzó adhiriéndose, aunque a
veces con reservas, a la visión del gobierno mexicano sobre el movimiento
estudiantil y otorgando alguna credibilidad a la supuesta injerencia
soviética y cubana en el conflicto. Luego comenzó a tomar cada vez más
distancia de la paranoia gubernamental, llegando incluso a poner en duda si
Díaz Ordaz creía realmente sus acusaciones anticomunistas, aunque este
paulatino cambio de opinión de las agencias de espionaje no impidió que en
muchas ocasiones dieran como buenos informes poco creíbles o, de plano,
absurdos que les daban sus fuentes.
Al final, los análisis que esas agencias desprenden de la información llegan
a reconocer las raíces profundas del descontento que expresaba el movimiento
estudiantil y la coherencia de sus demandas, aunque no abandonan sus
señalamientos anticomunistas contra las organizaciones de izquierda que
participaron en la lucha. Llegan a señalar la incapacidad del régimen
diazordacista para dar una salida al conflicto, pero nunca reconocen
abiertamente la política represiva de ese régimen (pues la mentalidad
anticomunista las hermanaba con él) y hacen reportes contradictorios sobre
la masacre del 2 de octubre, conformándose con predecir que nunca se sabría
quién comenzó a disparar, vaticinio en el que, ya desde entonces, se
equivocaban y que ha sido palmariamente desmentido en los últimos años,
cuando ya prácticamente nadie se atreve a poner en duda la culpabilidad del
gobierno y, cuando mucho, se discute la parte que corresponde a tal o cual
alto funcionario o jefe militar. (...)
2 de octubre
No incluimos aquí el reporte de la DFS sobre la masacre del 2 de octubre,
porque se limita a repetir la versión oficial esgrimida por el gobierno en
1968 sobre los hechos.
Resultan interesantes, sin embargo, dos listados de la DFS, uno fechado el 4
de octubre de 1968 y otro el 31 de enero de 1969, de los muertos en
Tlatelolco (no reproducimos el reporte inicial de la DFS del 3 de octubre
que sólo hablaba, sin dar nombres, de 26 muertos, entre ellos 4 mujeres,
aparte de un soldado).
El primer documento comienza narrando las protestas de los estudiantes de
medicina en los hospitales por la matanza, el funeral de una de las víctimas
y la afirmación del padre de haber visto 121 cadáveres cuando buscaba el de
su hijo.
En este listado resulta la suma de 22 muertos identificados, 8 sin
identificar y dos soldados, lo que da un total de 30 civiles y 2 soldados
muertos, es decir, 4 civiles más que los reconocidos oficialmente.
Pero luego, en la lista del 31 de enero de 1969, la DFS se ajusta a la
versión gubernamental y aparecen 26 civiles y 2 soldados muertos, aunque
tiene la contradicción de que el menor Cecilio de León Torres aparece en el
listado como muerto y luego en la relación de 51 heridos, a pesar de que, en
un reporte de los primeros días de octubre lo da por fallecido en el
hospital de Balbuena.
La diferencia en las cifras de las dos listas es significativa, aunque sólo
sea de 4 personas, pues nos indica que muy probablemente las autoridades
gubernamentales disminuyeron la cantidad de muertos con el sencillo
expediente de eliminar de los listados a los que no fueron buscados por no
tener familiares o no fueron reconocidos por los que sí los tenían y, en tal
virtud, quedaron catalogados como desconocidos. Ello explicaría parcialmente
por qué, pese a los múltiples indicios y señalamientos de diversas fuentes
de la época de que hubo mayor cantidad de muertos el 2 de octubre (al margen
de que hayan sido muchos o pocos más3), no se han presentado hasta la fecha
más denuncias de familiares de las víctimas, no obstante que el clima de
terror de los años siguientes al movimiento ya se ha desvanecido.
La trayectoria de las balas
Un informe trascendental encontrado en el expediente de la DFS, es sobre la
trayectoria de las balas que causaron la muerte a los 26 civiles reconocidos
oficialmente como caídos en Tlatelolco el 2 de octubre.
Destaca que dicho informe fue rendido, el 17 de octubre, por el Director del
Servicio Médico Forense, Miguel Gilbon Mairet, respondiendo a la petición
que le formuló el Procurador del DF, Gilberto Suárez Torres, con copia para
el Procurador General de la República, Julio Sánchez Vargas. Se trata de un
documento interno que no fue dado a conocer públicamente y que, por tener
ese carácter; por los personajes que están implicados y por ir en contra de
las versiones oficiales, merece amplia credibilidad.
El director del forense informa que las balas que mataron a 22 de las
víctimas reconocidas oficialmente tuvieron una trayectoria horizontal y sólo
en el caso de los otros 4 muertos esa trayectoria fue descendente.
La conclusión es contundente y no deja lugar a dudas: la aplastante mayoría
de las víctimas reconocidas oficialmente murió por disparos hechos desde la
misma altura en la que esas víctimas se encontraban, es decir desde la
plancha de la Plaza de las Tres Culturas. Y todos los testimonios, oficiales
y opositores, sobre la matanza hablan de que los únicos que dispararon desde
ese nivel fueron los soldados que llegaron a disolver el mitin y los del
Batallón Olimpia (la única excepción a esos testimonios es la de las
declaraciones periodísticas de Jorge Poo, que en 1998 dijo que él disparó
contra la tropa, pero resulta irrelevante, dado que se trata de sólo un arma
y supuestamente tirando al ejército).
Este documento echa abajo la pretendida exoneración del ejército que la
Secretaría de la Defensa esgrimió en diciembre de 1993, al difundir un filme
que mostraba a los soldados disparando sólo hacia los edificios en torno a
la plaza.
Pone también en fuerte tela de juicio las afirmaciones con-tenidas en los
papeles con los que el General Marcelino García Barragán pretendió descargar
toda la culpa de lo ocurrido el 2 de octubre sobre el general Luis Gutiérrez
Oropeza.
En efecto, en el libro "Parte de Guerra", de Julio Scherer, García Barragán
pone en boca de Gutiérrez Oropeza las siguientes palabras: "Mi General, yo
establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los
estudiantes..."4, luego reitera, añadiendo palabras, que Gutiérrez Oropeza
le dijo telefónicamente: "Mi General, de orden superior envié 10 oficiales
del EMP (Estado Mayor Presidencial) armados con metralletas para apoyar la
acción del ejército contra los estudiantes revoltosos..."5 y, finalmente,
recalca la misma versión con otras palabras: "Mi general, me dijo: tengo
varios oficiales del Estado Mayor apostados en algunos departamentos,
armados con metralletas para ayudar al Ejército con órdenes de disparar a
los estudiantes armados..."6.
Pero, al margen de que en cada versión de las palabras de Gutiérrez Oropeza
los estudiantes pasan de serlo a secas, para luego ser "revoltosos" y
finalmente "armados", lo que resulta claro es que los famosos
francotiradores del Estado Mayor Presidencial tenían, según los papeles de
García Barragán, la orden de disparar contra los estudiantes. ¿Sería
realmente esa su misión?
Y entonces, ¿por qué sólo 4 de los muertos reconocidos oficialmente
recibieron disparos de bala con trayectoria descendente? (es decir, de
arriba hacia abajo, a partir de los departamentos de los edificios)
¿Tendrían tan mala puntería los francotiradores que nulificaron el poder de
segar las filas de una multitud que tiene la ráfaga de balas de una
metralleta?
La lógica indica que si, como es muy probable, hubo más muertos el 2 de
octubre, la proporción entre las víctimas que recibieron balazos desde la
plancha de la plaza, disparados por los soldados, y los que murieron por
disparos hechos de arriba hacia abajo debe haber sido similar a la
registrada en la lista de muertos reconocidos oficialmente. ¿O, acaso los
cadáveres que pudieron ser desaparecidos fueron precisamente los que
presentaban impactos descendentes? Es muy poco probable, si no es que
imposible, que se hubiera podido hacer una selección de los cuerpos, así sin
hacerles autopsias, pero, en tal caso, no podría haberse realizado sin el
conocimiento y aprobación de García Barragán, pues tras la masacre, y en los
días posteriores, sus tropas controlaban todo Tlatelolco y ya no existían
los problemas de posibles confusiones y distorsiones en la cadena de mando
que todavía arguyen algunos para justificar la matanza.
Sea cual sea la respuesta a las anteriores preguntas, una cosa es clara: en
el caso de los muertos reconocidos oficialmente es irrelevante si hubo
francotiradores del Estado Mayor o no, o cuál fue su misión real, pues
quienes los mataron estaban en la plancha de la Plaza de las Tres Culturas7.
Notas:
1. Aún más, los informes de la DFS que, insistimos, era la principal
policía política del gobierno y la que tuvo un panorama más completo sobre
éste, no le fueron útiles a la PGR ni siquiera para sostener las burdas
acusaciones por hasta 10 delitos contra los líderes estudiantiles porque no
daban base para tales acusaciones. Por ello, el Ministerio Público tuvo que
recurrir a partes inventados, destacadamente por el Grupo Especial de la
Policía Judicial Federal que encabezó Florentino Ventura (luego uno de los
represores más destacados durante la "guerra sucia" de los años 70) para
"fundamentar" tales delitos y la fantasía de la conjura comunista
internacional.
2. La verdad sobre el supuesto armamento en el movimiento estudiantil es que
sólo algunos líderes, brigadistas o estudiantes de base que tenían ya antes
(o pudieron conseguir) alguna pistola llegaron a portarla para defenderse
cuando comenzaron a producirse los ametrallamientos de escuelas a fines de
agosto y, sobre todo, después del 2 de octubre. Ni el movimiento en general,
ni el CNH en particular, se propusieron ni fomentaron el uso de armas. Una
mención a que un grupo de estudiantes consiguió armamento (ridículo, por
cierto) la hizo el líder estudiantil de Filosofía y Letras, Luis González de
Alba, en la página 29 del número 189 de la revista Nexos (septiembre de
1993), donde escribió que: "...nos fuimos a Paracho a comprar unas
metralletas calibre .22 y de resorte". Otra mención, menos creíble por su
intención sensacionalista y protagónica, la formuló Jorge Poo al declarar a
la prensa en 1998 que él y otros estudiantes politécnicos concurrieron
armados el 2 de octubre.
3. Acerca de la cantidad de víctimas el 2 de octubre hay múltiples cálculos.
El general Javier Vázquez Félix reconoció (en una carta enviada a Alfonso
Corona del Rosal el 11 de noviembre de 1992 y transcrita en la página 258
del libro "Mis Memorias Políticas" ) que: "1. Yo vi los muertos tendidos en
el piso, e incluso tomé parte activa cuando fueron levantados. 2.
Exactamente hubo treinta y ocho muertos de ambos sexos en la explanada de la
Plaza de las Tres Culturas, y se halló el cadáver de un niño de 12 años en
un departamento del segundo piso del edificio Chihuahua. Además perecieron
cuatro soldados del 44 Batallón de infantería". Es decir, aceptó que hubo 13
civiles y 2 soldados muertos por encima de las cifras oficiales.
El 5 de octubre de 1968, el CNH señaló que en Tlatelolco hubo al menos 150
civiles muertos. En noviembre de ese año, el entonces prestigiado periodista
estadounidense Drew Pearson escribió que el 2 de octubre hubo 130
estudiantes muertos, mientras que el diario inglés The Guardian señaló que,
según sus investigaciones, habían sido 325.
La embajada estadounidense afirmó que "la mejor estimación" de las víctimas
era de entre 150 y 200, mientras que una fuente del FBI dijo que en la
primer balacera hubo entre 40 y 50 muertos y que el total pudo llegar a los
200 y el Departamento de la Defensa de Estados Unidos habló de "cifras
oficiales" mexicanas (que nunca fueron hechas públicas) que reconocían 33
civiles y soldados muertos, o sea 5 más que la información oficial pública.
De tal modo, ni las fuentes ajenas o enemigas del movimiento aceptan las
cifras gubernamentales sobre las víctimas del 2 de octubre.
4. Scherer Julio. Parte de Guerra. México, Nuevo Siglo-Aguilar, 1999, p. 38.
5. Ibid. p. 43.
6. Ibidem. pp. 50,51.
7. Quiero dejar claro que a mí me parece verosímil la revelación de García
Barragán sobre la existencia de los francotiradores del Estado Mayor
Presidencial, lo que no le creo es que él no haya sabido de su existencia y
ubicación en departamentos de Tlatelolco por órdenes de Luis Gutiérrez
Oropeza, pues me parece que es demasiada casualidad que, en la página 49 del
libro de Scherer, él mismo reconoce que dio instrucciones, ¡precisamente a
Gutiérrez Oropeza!, para que: "me consiguiera para antes de las dos de la
tarde los departamentos que pudiera para meter una Compañía" en el edificio
Chihuahua (y es desde un departamento de ese edificio de donde sale una
ráfaga de tiros, como se ve en el video "Tlatelolco, las claves de la
masacre"). Además, considero que, hábilmente, García Barragán omite el
hecho, reconocido por todos, de que los primeros disparos el 2 de octubre
(que desencadenaron la balacera y coincidieron con el avance de las tropas)
los hicieron desde el tercer piso del edificio Chihuahua los elementos del
Batallón Olimpia, que estaban bajo su cadena de mando y sobre los que
Gutiérrez Oropeza no tenía capacidad de dar órdenes. También me parece que
García Barragán omite deliberadamente en sus papeles incluidos en el libro
de Scherer la razón por la que abrieron fuego sus tropas, cuando en el
facsímil de la Orden de Operaciones al Batallón de Fusileros Paracaidistas
(en la página 83 del libro citado) y en las respuestas a un cuestionario que
él mismo se formuló (en la página 41 sobre las órdenes que dio a todas las
tropas que intervinieron el 2 de octubre) se dice, en el primer caso, que el
batallón de paracaidistas: "...NO HARÁ FUEGO hasta no tener CINCO MUERTOS
por arma de fuego." y, en el segundo, que: "3.- Aunque haya disparos de
parte de los estudiantes, no se hará fuego hasta no tener 5 bajas causadas
por bala". Lo inexplicable es, entonces, la razón para que dispararan las
tropas, pues según la versión oficial nunca hubo las 5 bajas que se ponían
en las órdenes como condición para abrir fuego, sino sólo 2. Esto aparte de
otras numerosas inconsistencias y contradicciones que hay en el libro
