Matanza de estudiantes universitarios en 1968, en Tlatelolco, México
Fox, ante un compromiso ineludible: Garzón
El juez español Baltasar
Garzón opina que las fotografías publicadas por esta revista en su número de la
semana pasada confirman que la matanza de Tlatelolco puede ser considerada un
crimen de lesa humanidad y un acto terrorista desde el Estado y, en ese sentido,
el delito cometido el 2 de octubre del 68 no es prescriptible. Sanjuana Martínez
MADRID.- Impresionado por las fotos de la noche del 2 de octubre de 1968
publicadas por Proceso en su número anterior, el juez Baltasar Garzón considera
que el presidente Vicente Fox debe cumplir con sus promesas electorales y llevar
a cabo un ajuste de cuentas judicial con el pasado, que incluya a personas que
hayan ocupado altos puestos, sin descartar a expresidentes.
Cuando se trata de delitos tan graves, la igualdad ante la ley es fundamental,
de lo contrario no tienen sentido ni la justicia penal internacional ni la
nacional. Si la justicia se arruga ante el poderoso, no es justicia. Y si esa
justicia trata de forma más favorable a quien tiene más poder, se convierte en
una injusticia grave y además delictiva. No hay ni debe haber ningún distingo
por el cargo o responsabilidad que pudiera tener esa persona, dice en
entrevista.
Se encuentra en su despacho, en el Juzgado de Instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional, por donde han pasado los más importantes escándalos de la
democracia española y los casos de justicia universal sobre hechos cometidos en
varios países de América Latina.
Garzón lleva 14 años en este lugar. Ha investigado desde el terrorismo de Estado
de los GAL, hasta las cloacas del terrorismo de ETA, pasando por los más
relevantes casos de narcotráfico, tráfico de armas o corrupción.
También ha indagado los episodios más negros de las dictaduras militares de
Chile y Argentina, y fue quien cursó las órdenes internacionales de aprehensión
contra Pinochet, Videla, Massera y una larga lista de presuntos criminales
acusados de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
Desde hace dos años no ha parado de viajar. Lo acaban de hacer doctor honoris
causa en Buenos Aires y tiene invitaciones de todo el mundo para dictar
conferencias: Me autoconstituí en una especie de paladín de la Corte Penal
Internacional, confiesa con una sonrisa.
Cerca de su escritorio hay una foto donde aparece saludando a Kofi Annan y
frente a él cuatro banderas: la española, la ikurriña (bandera vasca), la de la
Unesco y una multicolor que, explica, es de los pueblos indígenas.
Sobre su escritorio tiene el número 1310 de Proceso y observa detalladamente
cada una de las 24 fotos publicadas en sus páginas sobre la noche del 2 de
octubre de 1968.
Son impresionantes, comenta, mientras su expresión se endurece al ver la
siguiente: A éste, qué paliza tan tremenda le habrán dado... ¿Por qué despojar a
la gente de su ropa? ¿Por qué? Es que no lo entiendo... ¡Qué barbaridad!.
Sigue: Las fotos son bastante elocuentes e importantes. Demuestran la
degradación de la persona y un abuso en el ejercicio de la fuerza. Despojar de
las vestiduras a las personas, las muestras de maltrato, las manchas de sangre,
los propios estigmas, demuestran que efectivamente hubo una represión que hasta
este momento había sido contada y no fotografiada.
La novedad, aparte de la prueba en sí misma, es que son fotos tomadas desde
dentro, y muestran que hay personas con identificaciones claramente establecidas
y consignas, utilizando armas de fuego de forma intimidante. Cobra así sentido
lo que se ha denunciado hace muchos años.
El juez Garzón habla luego del Batallón Olimpia: Se identificaban por el guante
blanco en la mano izquierda. Estas fotos lo evidencian. Además, hay un
distintivo policial que dice ‘México’.
Asegura que esas fotos ponen sobre la mesa algo que desde hace años se está
debatiendo: las expectativas sobre la impartición de justicia en relación con
hechos delictivos del pasado, expectativas que desde hace un año, cuando Vicente
Fox llegó a la Presidencia, aumentaron.
Fox debe afrontar la lucha frente a las violaciones de derechos humanos con
carácter definitivo, no sólo para el futuro, sino también respecto del pasado.
Es necesario que la impunidad no se instaure en México. No se trata de hacer una
revisión general del pasado para saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho
mal, sino que hay hechos delictivos que pueden ser catalogados como crímenes de
lesa humanidad o como crímenes contra la comunidad internacional, aunque hayan
ocurrido dentro de México.
El juez Garzón sigue viendo foto por foto; en algunas se detiene más para mirar
los detalles, lentamente y en forma precisa...
—¿Se han tomado fotos a los desaparecidos y a los torturados en otros países?
—Sí, es una especie de manía o regodeo en el dolor de los demás, de dejar
marcada la terrible historia que se va ejecutando. Y eso que parece un
contrasentido, dejar pruebas, puede tener una explicación: la sensación y la
creencia firme en la impunidad. Es tal el poder absoluto que se ejerce desde esa
represión, desde una dictadura, frente o sobre los ciudadanos, que no se piensa
que después esos mismos documentos grabados y recogidos para demostrar que
aquello se produjo, se pueden utilizar en su contra.
Habrá que investigar y analizar, buscar en los archivos; sin duda, como ahora
han salido estas fotos, es probable que salgan más cosas. Para eso hay que hacer
una labor de investigación desde la justicia.
Señala que los casos de la matanza de Tlatelolco y el de los desaparecidos de la
guerra sucia hay que analizarlos e investigarlos, no sólo para restablecer o
restaurar la memoria, sino para ver qué grado de aplicación de justicia se puede
impartir. Establecer una Comisión de la Verdad o una Comisión para la Memoria
puede ser importante como una vía hacia el restablecimiento de la justicia a
través del proceso penal correspondiente, si las normas nacionales e
internacionales lo permiten.
—¿Y si el presidente Fox no lo hace?
—Si no se hace, Fox queda en deuda con el pasado, con heridas abiertas, y una
democracia no se puede asentar en bases firmes si no se saldan esas cuentas
pendientes.
—La matanza de Tlatelolco, donde se calcula que murieron entre 300 y 500
estudiantes, es un crimen de lesa humanidad?
—Hay que analizarlo, primero por la finalidad con que se ejecuta, por qué
acontece. Evidentemente, aquí puede considerarse que hubo una represión política
contra el movimiento estudiantil, pretendieron silenciar a un sector de la
población, y por la forma y la participación de organizaciones paraestatales y,
eventualmente, con el apoyo de los propios aparatos del Estado. Todo ello
implica que los hechos se integren en una categoría que se puede considerar como
crimen contra la humanidad. La matanza de Tlatelolco presenta características
muy próximas, o incluso incide de lleno, en la categoría de crimen contra la
humanidad.
Puede que tal crimen no se encuentre tipificado en las leyes correspondientes de
un determinado Estado, pero también hay otras tipificaciones aplicables, como
puede ser, sin lugar a dudas, también el delito de terrorismo en su modalidad de
terrorismo de Estado, y delitos de tortura masivos y reiterados. Todo ello puede
dar lugar al análisis de la situación con perspectivas de enjuiciamiento.
Considera que se debe analizar si los mecanismos de prescripción han operado, si
ha habido leyes o normas de impunidad, de amnistía o indulto. En tal caso, esas
leyes deben ser analizadas para comprobar si se compaginan adecuadamente con la
legislación internacional y los instrumentos o convenios de los que México es
parte desde el momento de su ratificación.
La justicia universal
Nacido en Torres, provincia de Jaén, en 1955, Garzón estudió el bachillerato en
el seminario menor de Baeza y derecho en la Universidad de Sevilla, mientras
ayudaba a su familia y se pagaba sus gastos con trabajos eventuales de albañil,
camarero y empleado de gasolinería.
Una vez aprobadas las oposiciones para juez en 1980, después de dos años
dedicados a memorizar durante 12 horas diarias el temario, ocupó sus primeros
puestos en Valverde del Camino, Villacarrillo, Vitoria, Almería y la inspección
del Consejo General del Poder Judicial.
Con 32 años, llegó al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Destacó por los sumarios contra ETA, pero su fama creció cuando investigó y
procesó los primeros casos de terrorismo de Estado que terminaron con la condena
a 108 años de cárcel de dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
En 1990 destruyó una importante red de narcotraficantes mediante la llamada
Operación Nécora, y posteriormente continuó con su lucha a través de la
intercepción de cargueros con drogas en alta mar, la desarticulación de comandos
terroristas, la prevención de un atentado contra el rey Juan Carlos y la
liberación del funcionario de prisiones secuestrado por ETA, Ortega Lara.
Dio el salto a la política en junio de 1993, invitado por Felipe González,
cuando lo nombraron secretario de Estado para el Plan Nacional sobre la Droga, y
ocupó una curul en la Cámara de Diputados. Un año después renunció en medio de
una gran polémica, pues expresó públicamente que el gobierno socialista no
cumplía sus promesas electorales de lucha contra la corrupción, aunque los
socialistas respondieron que se trataba de una pataleta porque no lo habían
nombrado ministro de Justicia.
En mayo de 1994 regresó a su plaza de juez y seis meses después reactivó el caso
de los Gal y encarceló a mediados de 1998 al exsecretario de Estado para la
Seguridad, Rafael Vera, y al exministro del Interior, José Barrionuevo.
Garzón está casado y tiene tres hijos. Entre sus aficiones destaca el futbol. Es
fanático del Barcelona y amigo de Johan Cruyff.
Su compromiso en la defensa de los derechos humanos lo ha llevado a dar
conferencias magistrales sobre los delitos de crimen contra la humanidad y
terrorismo de Estado.
—Si en el caso de la matanza de Tlatelolco no se hace justicia en México, ¿se
puede buscar otro tribunal en el mundo?
—La justicia penal internacional, aplicando el principio de justicia penal
universal, suple o sustituye a la del propio país; hay que buscar en primer
lugar la administración de justicia en ese país, para comprobar si existe
voluntad política de perseguir esas violaciones de derechos humanos. La
posibilidad de buscar otro tribunal no se excluye, porque el principio de
justicia penal universal viene a significar una especie de cláusula de cierre
para evitar la impunidad.
—Con base en sus investigaciones, ¿los métodos utilizados en los crímenes de
otras dictaduras, como la de Chile o Argentina, se parecen a lo que sucedió en
México?
—No puedo hablar de los temas que me afectan, es decir, aquellos cuya
instrucción tengo asignada. Lo que sucede es que de alguna forma los métodos son
muy similares en todos los países que han vivido épocas de represión, épocas
autoritarias, en las que se han utilizado en forma ilegal no solamente las
estructuras del Estado, sino que además se han utilizado bandas paramilitares u
organizaciones terroristas. Era muy similar antes y también ahora.
—El delito de terrorismo de Estado ¿en qué consiste, se puede aplicar a la
matanza de Tlatelolco?
—Hablar de terrorismo de Estado es un aparente contrasentido, porque el Estado
no puede ser terrorista si es democrático. Pero sí se puede hablar de terrorismo
desde el Estado. Una de las características principales de ese terrorismo es la
impunidad que genera, porque se extiende un manto de protección que impide toda
investigación, que trueca las pruebas que puede haber; entonces, cuando se está
en disposición de manejar los propios instrumentos de poder es sólo después de
mucho tiempo. Esa realidad deberíamos tenerla muy en cuenta a la hora de
establecer los periodos de prescripción de esos hechos. Tlatelolco ocurre en
1968, pero no ha habido posibilidad real de investigación hasta hace dos o tres
años, o quizás un año. Entonces es a partir de ese momento que tendremos que
comenzar a computar los términos de prescripción, porque es cuando ha habido una
posibilidad efectiva del Poder Judicial de investigar esos hechos. Si esa
posibilidad no ha existido, no sería justo que operara la prescripción. Además,
si es crimen contra la humanidad, la imprescriptibilidad puede ser la norma,
como una obligación de ius cogens de derecho internacional.
—En México por lo menos existen 532 desaparecidos. Usted que ha viajado en los
últimos años por casi todos los países latinoamericanos...
—La desaparición forzada es típica de los sistemas no democráticos: las
dictaduras, los sistemas represivos, han producido la mayoría de los casos de
desaparición. También es verdad que existen algunos casos en la democracia. La
desaparición forzada de personas es una de las formas más abyectas que hay de
crimen contra la humanidad. Así se reconoce en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, y por tanto hay que perseguirlo con mucho mayor rigor que
otras conductas delictivas. Además, lo que acontece es que nos encontramos
frente a una figura de delito permanente. El delito se sigue cometiendo día a
día, hasta que la persona o institución que tiene que dar razón del paradero de
la víctima lo hace. Es un delito actual, y a su vez es una forma de tortura
psicológica, para el desaparecido y para sus familiares, y así lo han reconocido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos; por tanto, es de actualidad y puede y debe perseguirse, porque es una
obligación del Poder Judicial hacerlo, y del poder político impulsarlo y hacerlo
posible. El poder político se puede legitimar democráticamente ante los
ciudadanos abordando estas iniciativas, y por eso debe potenciar la
investigación de estos hechos.
—Existen muchos testimonios que señalan como uno de los responsables de la
matanza de Tlatelolco al expresidente Luis Echeverría, que en 1968 era
secretario de Gobernación. ¿Qué esperanza pueden tener las víctimas de que se le
enjuicie, a pesar de haber sido jefe de Estado?
—Yo no opino sobre personas, lo único que digo es que la justicia mexicana, y
ese fiscal especial, una vez que sea nombrado y se constituya la fiscalía,
tienen la obligación legal de agotar todas las posibilidades de investigación.
En un proceso penal se tiene que establecer cuáles son los indicios y
posteriormente las pruebas, para que en un juicio público y oral se determine
quién es el responsable de esos hechos.
—México firmó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. ¿Debe ser un
requisito que los países firmantes no tengan desaparecidos?
—No es un requisito, tampoco lo es ajustar las cuentas con el pasado
judicialmente, ni siquiera política o socialmente. Lo importante de la Corte
Penal Internacional es que tiene que mirar hacia el futuro, pero habrá casos y
supuestos, como el de la desaparición forzada de personas, en los que la propia
Corte, en alguna de sus salas, tendrá que pronunciarse sin lugar a dudas sobre
la posibilidad de abrir esa puerta hacia el pasado, a pesar de que en el
Estatuto se establece el principio de irretroactividad.
Estoy convencido de que el presidente Fox, a quien no tengo el gusto de conocer,
está total y absolutamente comprometido en la defensa de los derechos humanos, y
que lo va a hacer, es una promesa que hizo, es una expectativa que tienen todos
los mexicanos y las personas que nos movemos por la lucha en defensa de los
derechos humanos.
Acontecimientos como la pérdida de vidas, sobre todo cuando se trata de personas
que estaban vinculadas a organismos de derechos humanos, y la impunidad sobre
tales violaciones de derechos esenciales, son muy peligrosos y muy perjudiciales
para una democracia.
Sobre el establecimiento, el próximo año, del Tribunal Penal Internacional,
señala: Creo que, aparte del trabajo de cada uno, los ciudadanos tenemos una
obligación con nuestro país y con la comunidad internacional para propagar la
necesidad de una Corte Penal Internacional permanente para que juzgue todos
estos casos y que sea un organismo judicial equilibrado; no quiere decir con
ello que se vaya a acabar la impunidad, pero sí se le van a poner bastantes
dificultades. Es mi obligación aportar mis conocimientos.
—¿Lo veremos en ese tribunal?
—No creo que a mí me quepa tan alto honor, entre otras cosas porque no sé
inglés, aunque todo se puede aprender, pero no es mi idea. De momento estoy en
la Audiencia Nacional trabajando en las causas de terrorismo, violaciones de
derechos humanos, criminalidad económica, lucha contra el narcotráfico. Llevo 14
años aquí, y de momento mi única proyección de futuro inmediata es ésa.
—¿Y después?
—Dios proveerá. Sanjuana Martínez, corresponsal de la revista Proceso
Matanza de estudiantes universitarios en 1968, en Tlatelolco, México
