Búsqueda

El Ejército abrió una investigación para determinar si la muerte y desaparición de algunas personas durante la dictadura está conectada con eventuales delitos económicos cometidos por integrantes de las Fuerzas Conjuntas (militares y policías), informaron a Búsqueda fuentes gubernamentales.
Si bien hasta el momento no existe certeza sobre la posibilidad de que varias desapariciones de personas hubieran estado vinculadas de alguna manera con delitos económicos, el tema se incorporó en los últimos días a la agenda oficial de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto (1973-1985). Paralelamente, en ámbitos militares también comenzó a extenderse la versión de que el factor económico tuvo que ver con algunas desapariciones. Aun cuando no hay confirmación todavía, una serie de datos a los que accedió el gobierno en los últimos días derivó en la apertura de la indagatoria.
De hecho, la hipótesis fue manejada explícitamente por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, durante una reunión que junto con el presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, mantuvo el lunes 29 con los senadores blancos Jorge Larrañaga, Eber Da Rosa, Luis Alberto Heber y Francisco Gallinal. Según dijeron a Búsqueda participantes en ese encuentro que se desarrolló en el Palacio Legislativo, Fernández indicó que una de las versiones sobre por qué existió un "segundo vuelo" clandestino que en octubre de 1976 llevó prisioneros desde Argentina hacia Uruguay, adjudica el hecho a "delitos económicos", como el "robo" y la "extorsión".
En ese momento, el senador Gallinal le preguntó si también pudo existir un móvil económico en la muerte y desaparición de María Claudia García de Gelman, cuya hija permaneció desaparecida hasta el año 2000. Fernández contestó que "sí", que es posible. "Es lo que se comenta en los corrillos", dijo, antes de acotar que "se está investigando" el tema, precisaron las fuentes. Fernández, a quien Vázquez cedió la palabra en buena parte de la reunión dado que es quien mayor conocimiento tiene sobre la cuestión de las violaciones a los derechos humanos en el pasado, dijo que durante la dictadura había "militares y civiles" argentinos y uruguayos que actuaban por móviles económicos en la represión de grupos opositores y subversivos.
En aquel momento, y principalmente en Argentina, algunos grupos subversivos habían obtenido millonarios montos en dólares debido a la práctica de secuestros extorsivos. Uno de ellos fue el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), al cual pertenecía la mayoría de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura en Argentina (1976-1983). Precisamente en Argentina operaron, en coordinación con fuerzas argentinas, militares y policías uruguayos que perseguían a opositores y subversivos también uruguayos que habían emigrado a ese país.
Si se confirma la hipótesis por la cual la desaparición de algunos uruguayos está conectada con eventuales delitos económicos, dos consecuencias parecen desde ya claras. Por un lado, habría un cambio importante en la visión del Ejército hacia los oficiales retirados que hubieran sido responsables y se resquebrajaría el concepto de "apoyo institucional" que hasta el momento ha primado, según varias fuentes militares. Por otro, los delitos pasarían a ser considerados "comunes" y, por lo tanto, quedarían fuera del amparo de la "ley de caducidad", al igual que el caso de García de Gelman - nuera del escritor argentino Juan Gelman- el cual ya fue excluido por el Poder Ejecutivo. Así lo expresó Fernández en la reunión con los legisladores blancos, según las fuentes.
Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el secretario de Presidencia dijo el miércoles 24 que "si hubo un traslado de la República Argentina hacia el Uruguay, y si se les dio muerte en el país por orden de los mandos, es un caso comprendido dentro de la ley de caducidad". "Esto significará que se incrementará-nosotros no sabemos quiénes ni cuántos vinieron- el número de desaparecidos a quienes se les dio muerte en territorio uruguayo por personal uruguayo, en detrimento del número de desaparecidos que creíamos habían muerto en la República Argentina a manos de miembros de las Fuerzas Armadas argentinas en los distintos pozos, chupaderos o centros clandestinos de detención", agregó.
Lo cierto,es que la confirmación, por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya, de que existió al menos un "segundo vuelo" con prisioneros desde Argentina, provocó un cambio en varias de las hipótesis que existían sobre los modos represivos durante la dictadura. La fuerza de aire sostiene que los militares aviadores que transportaron a los prisioneros no sabían cuántos eran ni sus identidades y que los operativos estaban a cargo de personal del Ejército que integraba el Servicio de Información de Defensa (SID). El Ejército investiga ese "segundo vuelo", sin haber obtenido datos concluyentes hasta el momento. El hecho de que no haya testigos civiles que hubieran viajado en ese vuelo y que pudieran aportar datos conduce a pensar que todos los prisioneros fueron ejecutados. Fernández reconoció esa posibilidad durante su comparecencia en el Parlamento.
A su vez, durante la reunión entre el secretario de la Presidencia y los senadores blancos, Heber consideró que la confirmación del "segundo vuelo" es un "drama" porque evidenciaría una voluntad de "exterminio" por parte de los militares. Por otra parte, no están claros los motivos por los cuales los prisioneros del "primer vuelo" (22 militantes del PVP) de julio de 1976, sobrevivieron, mientras que los del segundo están desaparecidos. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea comenzó el estudio de los registros de unos 10.000 vuelos que se produjeron durante la década de 1970, para saber si existieron más transportes de prisioneros desde Argentina. El comandante de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, declaró la semana pasada en Búsqueda que él fue el copiloto del primer vuelo.