Latinoamérica

Ernesto Carmona

Michele Bachelet (PS) enfrió el entusiasmo de Ricardo Lagos (PS) por el proyecto de ley que indulta a militares condenados por cometer crímenes de derechos humanos. La candidata presidencial cuestionó la oportunidad en que el Presidente promovió un tema que marcaría los próximos tres meses de campaña electoral, sin especificar si aprueba o rechaza una probable ley de indultos.

El tema sigue vigente porque ya existe una iniciativa parlamentaria presentada por la extrema derecha con el apoyo de dos senadores del gobierno que además cuenta con el respaldo del ex presidente Patricio Aylwin (DC), el visto bueno del cardenal y la anuencia de otros sectores que representan el 17% de la opinión nacional, contra un 63% de rechazo y 20% de indiferencia, según una encuesta.

'Creo que en los próximos 90 días vamos a ver una intensa campaña electoral y no es el mejor momento y tiene en eso razón lo que dice Michelle Bachelet', dijo anoche Lagos por televisión. 'Este es un tema que está en el Parlamento y lo resuelve el Parlamento; quiero ver primero que es lo que se va a debatir en el Parlamento', añadió. La pelota circula ahora en el campo de juego del Senado

El Presidente le bajo el perfil a su apoyo al proyecto, pero la puerta quedó abierta para insistir en el último trimestre de su gobierno, después de las elecciones del 11 de diciembre y antes de entregar el cargo el 11 de marzo.

'Yo fui muy cuidadoso en mis palabras: cuando se tocan la mitad de las palabras que dijo el Presidente se puede sacar esa percepción', explicó. 'Yo dije: 'valoro esta iniciativa', pero puede ser ésta u otros los proyectos que salgan del Parlamento. [El tema] está radicado en el Parlamento', precisó el jefe de Estado.

Lagos, que se refirió ayer varias veces al tema, no cree ahora que 'la forma en que está planteado [el proyecto] sea la más adecuada', pero no dejó de apoyarlo. "¡Cómo no valorar el que se quiera hacer un planteamiento respecto de cómo superar esta etapa de la sociedad chilena!', exclamó.

Semántica: 'apoyar' vs 'valorar'

El Presidente insistió en que su indulto al suboficial Manuel Contreras Donaire –asesino del líder sindical Tucapel Jiménez– 'fue [una decisión] muy dolorosa de tomar', pero con ella quiso 'que se viera que en mi ánimo no existe ningún rencor'. Añadió que Contreras Donaire 'es una persona condenada a ocho años que tenía derecho a salir después de cuatro años; llevaba cinco años y siete meses. Y segundo, era un suboficial que cumplió órdenes: fueron otros los que dijeron qué tenía que hacer. Y tercero, tenía una situación de salud compleja'.

En otra de sus referencias al tema, Lagos dijo ayer no compartir la idea de beneficiar a ex suboficiales que tengan hoy más de 70 años, ya que con ello se estaría olvidando que para el golpe militar de 1973 tenían cargos importantes en el Ejército, según la versión de El Mercurio. Consultado en si seguía creyendo que llegó el tiempo de cerrar heridas, señaló: 'Sí, por supuesto, pero hay formas de cerrar heridas'.

'No es un problema de momentos, es un tema ético; aquí no se puede imponer la impunidad', dijo Mireya García (PS), hija de un detenido desaparecido y dirigenta de la Agrupación de Familiares de DD. Los jóvenes Tucapel Jiménez –hijo de la víctima que asesinó el indultado Contreras– y Manuel Guerrero –hijo del profesor degollado del mismo nombre– dijeron que jamás se sentirán seguros en las calles o en sus casas si son liberados los terroristas. Guerrero se quebró al hablar sobre la posibilidad de encontrarse con Miguel Estay Reino, alias 'El Fanta', uno de los asesinos de su padre.

Los hijos de las víctimas más emblemáticas fueron recibidos este martes por el ministro Secretario General de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien les garantizó que el Presidente no apoya el proyecto de "punto final" de la UDI. Los jóvenes expresaron su satisfacción, pero también pidieron cortesmente una señal más clara y consistente.

El senador Jaime Naranjo y el diputado y Juan Bustos, ambos del PS, coincidieron en que la derecha busca pagar su deuda con los ex militares. 'Abriríamos más heridas en la sociedad chilena de las que cerraríamos', aseguró el senador Jaime Gazmuri, también PS. La oposición socalista a los designios presidenciales se expresa con los matices diversos de las corrientes internas, desde el cuestionamiento pragmático de la 'oportunidad' al rechazo de frontal del propósito de fondo.

Sólo un tema electoral

El afán de conmutar las penas de los condenados quedó reducido así a una cuestión de conveniencia electoral, para no enturbiar la campaña, justo al quedar inscritas otras dos postulaciones progresistas, la del humanista Tomás Hirsch, del Junto Podemos Más, donde participa el partido Comunista, y la del líder mapuche Aucán Wilcamán, que dice representar a todos los excluidos, sean o no indígenas.

El distanciamiento de Bachelet podría obedecer a un análisis más detenido de la Encuestra Mori, la misma que indicó un 63% de rechazo a los indultos, 20% de indiferencia y 17% de apoyo, donde la candidata aparece con 45%, contra un 36% acumulado por Lavín y Piñera, empatados en 18%, 10% menos que la intención de voto de 49% asignada por la misma muestra en julio de 2004, cuando todavía era ministra de Defensa.

La estrategia electoral de la derecha, que presenta dos candidatos en la contienda presidencial –el 'liberal' Sebastián Piñera, de Renovación Nacional (RN), y el 'conservador' Joaquín Lavín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI)– se empeña en llevar a una definición pública a la candidata, una mujer que fue encarcelada por la dictadura, es hija de un general de aviación torturado por su lealtad a Salvador Allende –Alberto Bachelet– y adquirió cierto ascendiente sobre el mundo castrense cuando fue ministra de Defensa.

El autor del proyecto, el senador derechista Hernán Larraín (UDI), quiere sacar a Bachelet al pizarrón, a rendir examen: 'No estoy de acuerdo con el presidente Lagos cuando dice que este no es el momento: Es bueno que el país sepa cómo los candidatos enfrentan estos temas', dijo esta mañana (martes) en Radio Bío Bío. 'Es malo para el país, es poco democrático que no se opine. La ciudadanía vota por personas que no sabe cómo piensan en temas fundamentales; es una mala señal para el país que no se puedan abordar ciertos temas', dijo.

Larraín insistió: 'Yo creo que ésa es una manera de evadir un debate; creo que siempre es bueno discutir temas de esta naturaleza; creo que materias de este tipo que buscan reconciliarse con el pasado dejan un futuro más tranquilo a nuestros hijos; no deben ser postergadas y permiten enfrentar el tema del perdón en toda su dimensión'.

Para Sergio Romero (RN), presidente del Senado, no es razonable sepultar el proyecto. 'No me parece razonable [hacerlo] porque algunos sectores pongan veto y tengamos que posponerlo', dijo. Gabriel Ascencio, presidente de la Cámara de Diputados, cree que la iniciativa 'es una opinión legítima, pero agregó que 'si no hay consenso, sería mejor postergar'. También se pronunciaron a favor de legislar el cardenal Francisco Javier Errázuriz y José Zalaquet, abogado de derechos humanos, que lo defendió diciendo que 'no hay impunidad porque hay justicia', debido a que los beneficiarios ya fueron condenados, pero en procesos que tomaron hasta más de 30 años por la renuencia del Poder Judicial a ...impartir justicia.

Probable cambalache

Larraín defiende el proyecto con ardor, avalado por su apoyo anterior a una ley que amnistió presos izquierdistas que cometieron delitos inspirados por motivos políticos después que los miliares le entregaron el poder a los civiles. Probablemente hubo una suerte de 'cambalache' secreto del tipo 'yo indulto, tú indultas'.

El senador, ex defensor de la germana Colonia Dignidad y de su máximo líder, el alemán Paul Schaeffer –hoy en prisión–, reclamó reciprocidad diciendo que se le revolvió el estómago cuando tuvo que votar las amnistías de los izquierdistas y hoy se le revuelve igual porque comparte 'el dolor de los familiares por los inaceptables, repudiables crímenes horrendos, pero estamos hablando de los ejecutores de los mandos medios: es importante que se sepa el contexto, la voluntad nuestra de poner el tema del perdón en la mesa'.

Quizás Lagos eligió mal a Contreras Donaire, porque no era la persona más idónea para poner en marcha su estrategia de 'punto final', dijo el periodista y abogado Tomás Mosciatti, de radio Bío Bío. El beneficiario del indulto no colaboró con la justicia para esclarecer el crimen, ni mostró arrepentimiento, uno de los requisitos para la libertad que propone el proyecto de ley de la extrema derecha.

'Partió mal el asunto', concluyó Mosciatti. Para el analista, Lagos 'retrocedió, no tuvo peso ni piso político para imponer lo que es su proyecto, que había conversado con senadores designados', refiriéndose al radical Enrique Silva Cimma y al demócratacristiano Edgardo Boenninger, legisladores designados –no elegidos– que ahora quedarían suspendidos en el vacío.

El astuto senador Larraín pide una 'reflexión madura' para que haya perdón, diciendo que 'es algo necesario entre los chilenos y comprendo absolutamente a los familiares; para ellos, mi comprensión, siento solidaridad con su dolor, estoy dispuesto a poderlos mirar en otra dimensión, por el bien de Chile', etcétera.

Su argumentación levanta la tesis de que en Chile se cultivó la violencia hace tres décadas, tarea en la que dice participaron hasta los socialistas de los tiempos de Allende, 'un desenfreno que desembocó en los crímenes más horribles que se cometieron en Chile'... ocurridos cuando los militares tuvieron que intervenir para poner orden, casi contra su voluntad. La culpa siempre es de la izquierda.

Ninguna palabra sobre los afanes reformistas del Dr. Salvador Allende para hacer de Chile –y legalmente, respaldado por el voto popular– una sociedad más justa en lo que llamó 'un socialismo a la chilena', que no era más que imponer una modesta camisa de fuerza al capitalismo desenfrenado y a la desigual acumulación de la riqueza, estableciendo una discreta franja social de la economía con un puñado de empresas estatales, viejas y nuevas, que --privatizadas-- enriquecieron al entorno de Pinochet y a quienes propiciaron el golpe militar. Al fin de cuentas, ése fue todo el 'comunismo' del Presidente que prefirió morir levantando la legítima esperanza del pueblo por un mundo mejor a hacerse cómplice del pisoteo cívico-militar de la Constitución a cambio del exilio dorado, emprendido en cambio por algunos que apoyan la reconciliación por el camino del "punto final", "borrón y cuenta nueva", "todos somos chilenos", etcétera.

Poca gente ve con simpatía la idea Lagos-Larraín. Los candidatos presidenciales que podrían llamarse 'sistémicos' –Bachelet, Lavín y Piñera– sienten que la iniciativa les estorba, porque aspiran a recoger votos de los dos bloques de la sociedad chilena. Sólo están en contra de frente los candidatos que no tienen ninguna opción de ganar las elecciones –Hirsch y Huilcamán– pero que aspiran a fortalecer las corrientes de opinión del amplio abanico de la izquierda que no está representada en el parlamento a causa del sistema binominal de elecciones que sustenta el poder de las cúpulas aunque no exista un bipartidismo formal, sino dos bloques o coaliciones.

Así y todo, los barones de la Concertación no pudieron ponerse de acuerdo sobre los candidatos que se inscribieron anoche (lunes) poco antes de expirar el plazo legal. La intervención solicitada a última hora a la candidata presidencial zanjó las ambiciones candidaturales a su personal arbitrio, no sin molestia, porque simultáneamente estuvo convenciendo al Presidente de rebajar el perfil de su discurso pro-indultos. De todas formas, los beneficiados por el "arbitraje" no cesan de quejarse. Y pese a todo, los plazos no son un obstáculo fatal para postular en las elecciones: en 2001 se dictó una ley en tiempo récord para que la DC registrara de nuevo –correctamente ...y fuera de plazo– a sus candidatos mal inscritos.

Sin embargo, el proyecto Lagos-Larraín no está definitivamente sepultado: sólo está conservándose fresco en el gran congelador de la política chilena, esa política que rigen las encuestas más que las elecciones y que se transa en los consensos del parlamento, la manipulación ideológica de los medios de comunicación y la voluntad de control de las cúpulas partidarias.

Beneficiarios del 'punto final'

Los beneficiarios del 'punto final' serían 372 ex militares actualmente procesados en los tribunales de justicia a la espera de sentencia, más otros 46 que fueron rematados, es decir, condenados cumpliendo la pena. Según un informe de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), de esos 46 ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos, 24 están libres debido a que sus penas fueron demasiado bajas. Del total de ex uniformados procesados, 64 estaban encargados reos en más de un proceso, como es el caso de Augusto Pinochet Ugarte. Precisamente mañana miércoles se conocerá la decisión de la Corte Suprema respecto a su desafuero por la Operación Colombo, una más entre las causas pendientes que enfrenta por robo y corrupción.

Entre los 46 uniformados que cumplen sentencia hay 20 del Ejército, 23 de Carabineros y 3 civiles.Los generales Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Hald y Hernán Ramírez Rurange cumplen remitidas de apenas 800 días, es decir, están en sus domicilios. La dictadura militar tiene responsabilidad en 2.905 víctimas, entre ellos 1.720 ejecutados y 1.185 detenidos desaparecidos, según el balance de la Comisión Nacional de Reparación.

En un solo caso de detenido desaparecido los responsables están en la cárcel, después que la justicia tardó 29 en esclarecer la suerte de Miguel Angel Sandoval Rodríguez, según un informe publicado por Lucía Sepúlveda en la revista 'Punto Final'. Sólo se ha dictado sentencia en 18 de los 1.720 casos de ejecutados.