Latinoamérica

El ex mirista Pedro Rosas, indultado el año pasado por el Presidente Lagos, calificó como una aberración la propuesta sobre rebaja de penas a condenados por violaciones a los derechos humanos, que a su juicio intenta comparar la lucha contra la dictadura con los crímenes de agentes del Estado. La última vez que El Mostrador.cl conversó con el militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Pedro Rosas, fue en septiembre de 2004 en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde cumplía una condena por haber participado en diversos hechos calificados de terroristas.
Ya no es necesario volver a ese lugar. En enero abandonó el recinto penitenciario tras haber sido indultado, por motivos de salud, por el Presidente Ricardo Lagos. En esa calidad, la de indultado, es la que nuevamente accede a conversar con El Mostrador.cl. Sin embargo, ahora el objetivo es conocer su opinión sobre el proyecto de ley presentado por los senadores Hernán Larraín (UDI), Edgardo Boenninger (DC) y Enrique Silva Cimma (PRSD), entre otros, que fija una pena máxima de diez años de presidio para ex militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
De entrada Rosas -que alcanzó a cumplir 11 de los 28 años a los que fue condenado- plantea su oposición a una norma que apunte en esa línea, ni siquiera para uniformados de baja graduación, debido a que los agentes del Estado que cometieron delitos han tenido todas las garantías de un debido proceso, lo que no ocurrió con quienes fueron juzgados por delitos terroristas durante el régimen militar.
Asimismo, recuerda que durante la tramitación de las dos leyes de indulto que beneficiaron a los presos políticos, "ya se habían deslizado comentarios, respecto que este tipo de iniciativas tenía que ser para los dos lados". Por lo mismo, dice que no le extrañó que el Presidente Ricardo Lagos haya decidido indultar el suboficial (R) del Ejército Manuel Contreras Donaire, uno de los autores materiales del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.
-¿Qué hicieron cuando se enteraron de esas intenciones de crear una legislación similar a las que benefició a los presos políticos? - Siempre que hablamos con gente vinculado al Ejecutivo, planteamos que en este caso no cabía una especie de equiparidad, de emparejamiento, de balance. Hay que recordar que los prisioneros políticos, que pertenecieron a las organizaciones rebeldes, que lucharon primero contra la dictadura y que siguieron operando hasta el año 1992, 1993, habían tenido condiciones extraordinariamente especiales...
-¿A qué se refiere con "extraordinariamente especiales"? -La mayoría de los presos políticos fue torturado, tanto física como sicológicamente; la mayoría de los presos políticos, sino la totalidad, no tuvieron a una defensa jurídica oportuna y eficaz; la mayoría de los presos políticos, y me atrevo a decir la totalidad, fueron procesados doblemente tanto por la justicia civil como la militar. Por lo tanto, esa situación era desde el punto de vista del derecho internacional lesiva de garantías que todos lo prisioneros y detenidos tienen, tanto en Chile, como en otros países.
  Chile en ese aspecto estaba violando tratados como el pacto de San José de Costa Rica que plantea que los procesos no pueden permanecer abiertos más allá de los 5 años, por lo tanto había una violación de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos como detenidos. Ahora, las condenas que se recibieron fueron extraordinariamente altas en relación a delitos similares, cometidos por personas comunes y corrientes e infinitamente superiores a casos de violaciones a derechos humanos.
-¿Entonces hay una clara diferencia entre ustedes y ellos? - Estamos hablando de prisioneros que desarrollan acciones por motivaciones políticas, fundamentalmente en contra la propiedad y símbolos del poder, en contra de agentes del estado vinculados al régimen anterior. Entonces, es un contexto en el que no se pueden establecer con facilidad, a menos que exista una voluntad política de otra cosa.
- ¿Podría precisar por qué no son situaciones equiparables? Insisto en esto debido a que hay mucha gente, especialmente de las nuevas generaciones, que no está al corriente de los que sucede en torno a los derechos humanos -A ver, no son iguales, en la medida que las situaciones (muerte de uniformados) con agentes del Estado se produjeron en acciones de enfrentamiento, en el curso de acciones rebeldes, de propaganda, de recuperación de medios, de sabotaje. Se produjeron enfrentamientos con fuerzas de seguridad, en los cuales tanto militantes, como efectivos de las fuerzas del Estado, resultaron heridos y otros perecieron.
  Lamentablemente se trata de buscar, desde el gobierno y la derecha, una comparación con los prisioneros que operan desde los primeros años de la transición con una carga tremenda desde punto de vista de la continuidad política, de la continuidad del modelo económico, de la impunidad en materia de derechos humanos, de postergaciones sociales, que se han ido haciendo más claras con el curso de los años.
  Entonces, se pretende establecer una comparación entre estas situaciones y agentes del Estado que violaron los derechos humanos indiscriminadamente, al amparo de instituciones del Estado, financiado con el dinero de todos los ciudadanos, con el objeto de instalar en principio un régimen, donde se consideró que las privaciones de los derechos humanos eran condiciones sine qua non para el establecimiento del sistema.
  Las violaciones a los derechos humanos no fueron excesos, fueron prácticas sistemáticas que buscaron generar en la población, inmovilización, terror, desarticulación de las organizaciones políticas.
-¿Qué cree que está intentando hacer el Presidente Lagos al indultar a Contreras Donaire?, ¿Puede haber sido una especie de globo para sondear si las condiciones políticas estaban maduras? - Para empezar, es difícil estar en la cabeza de Lagos que más que gobernar, en vez de estar dando una respuesta a quien votaron por él, pareciera que gobierna con el empresariado y más con la derecha. Por lo tanto, es difícil entender que es lo que ha pasado por su cabeza. Pero claramente hay una intención política de la Concertación, dejando fuera al PS, de cerrar un proceso histórico. Pero no por la vía de la justicia, sino que de la injusticia a quienes violaron los derechos humanos.
-¿Entonces qué es lo que está pasando políticamente? ¿Cuál es tu interpretación? - Lo que está ocurriendo acá, es una cuestión que está violentando incluso la acción de la justicia. ¿Por qué violenta la acción de la justicia? Porque el proyecto de ley busca, no solamente atenuar la penalidad de los delitos cometidos, sino que busca operar antes que se produzcan las condenas. Está diciendo: a las personas que han incurrido en este tipo de actos se les va a condenar a penas que no sean superiores a los 10 años, es decir, antes que opere la ley, se están estableciendo los límites de esa propia ley. Por lo tanto, las posibilidades de llevar a fin los procesos judiciales de dictar tendencia en base al Código Penal están siendo abortadas por esta iniciativa vestida de ropaje legal.
-¿Ni siquiera te parece viable que el beneficio vaya a los militares de más baja graduación? -En ese caso tengo que pensar en lo que sucedió en Argentina. Las leyes de Obediencia Debida, fueron leyes que operaron en el mismo sentido, se buscó centrar la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en los jefes de las guarniciones, de los centros de torturas, en ese caso se intento sellar ese proceso por la vía de la impunidad, a través de las leyes de Obediencia Debida que decía: bueno usted es un subalterno, tenía que obedecer órdenes, por lo tanto, queda exento de responsabilidad penal...
...Pero a poco andar, ni la sociedad civil, ni vastos sectores políticos de Argentina aceptaron que esa era una salida viable porque generaba una tremenda sensación de arbitrariedad y el temor entonces que volvieran a cometerse. Las responsabilidades penales son bajo cualquier legislación de carácter individual.
  Tenemos que recordar que estos casos, la mayoría de ellos, han sido llevado por jueces especiales, otros han sido procesados y condenados por tribunales militares, es decir, aquí los violadores a los derechos humanos tienen todas las garantía, por eso resulta aberrante cualquier comparación que se quiera establecer entre la situación de los criminales violadores de los derechos humanos y la de los presos políticos.