No es malo que los revolucionarios condenen a gritos al imperialismo, pero es
insuficiente sino conocen las cifras y datos que respalden su entusiasmo.
En este sentido, la importancia de los libros de Sergio Almaraz no reside en el
uso de adjetivos hirientes, sino en el razonamiento implacable, basado en la
identificación de los agentes nativos del coloniaje. De manera paradójica, los
golpes más certeros contra la política "gonista" de liquidación del patrimonio
público se originó en el mismo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), a
través del "Delegado Presidencial para la Reforma y Mejora de la
Capitalización", Juan Carlos Virreira, quien, debido a su amistad con el jefe
del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Jaime Paz Zamora, obtuvo el
cargo después de las elecciones de junio de 2002. Ni GSL ni Paz Zamora
imaginaron las consecuencias de esa designación.
Argumentando que el país tenía derecho a ser informado, la oficina de Virreira
editó cuatro folletos titulados "La Capitalización en Cifras", que desnudaron el
proceso "capitalizador", iniciado en el primer gobierno de GSL (1993-1997). Con
rigurosidad y sencillez, el "delegado" demostró que las petroleras que trabajan
en Bolivia tienen los costos de operación más bajos del mundo, comparados con
los de 200 compañías que operan en otros países.
Virreira exhibió los voluminosos informes de las petroleras editados en sus
sedes centrales, en tanto que los correspondientes al país se reducían a
ridículas revistas, llenas de fotografías intrascendentes. Su segundo folleto
denunció la evasión impositiva, ejecutada mediante hipertrofiadas
"amortizaciones", que reducían a casi cero las utilidades empresariales, sobre
las que debían pagar tributos. Detectó la ausencia total de fiscalización
estatal, al extremo que sólo en la Ley de Hidrocarburos de 17/05/05, se dispuso
la instalación de sistemas de control del bombeo de gas y de petróleo, lo que
demuestra su anterior inexistencia. Así se convirtió en un hueso en la garganta
del régimen, hasta que, el 17 de octubre de 2003, una rebelión popular derrocó a
GSL y canalizó la presidencia de Carlos Mesa. El "delegado", incentivado por el
avance popular, inició un juicio penal contra la Enron, por apropiarse
gratuitamente del 40 % del gasoducto al Brasil. Convocó a los fiscales, a
quienes explicó la justeza de la demanda y entregó las pruebas documentales
pertinentes. De manera simultánea, demando la extradición de EEUU de Alfonso
Rebollo, el Ministro de la "Capitalización" de GSL, premiado con el cargo de
representante de Bolivia ante el Banco Mundial y luego ratificado por Mesa.
La nueva arremetida se tornó intolerable para el "mesismo", que dispuso su
cambio por Francesco Zaratti, integrante del Grupo "Prisma", del que participan
connotados ex ministros de GSL, como Fernando Candia, Jaime Villalobos y Horst
Grebe. El anuncio oficial adujo, con cinismo sin límites, que la destitución se
debía a que el "delegado" estaba vinculado al anterior gobierno. Se pretendía
olvidar que el propio Mesa fue el vicepresidente de GSL. Al abandonar el cargo,
Virreira reveló que su reemplazante, quien fuera asesor de YPFB, recibió pagos
de las petroleras, al igual que muchos ministros, funcionarios y técnicos
estatales, cuyos informes son entregados a las compañías extranjeras. Este es el
contenido del "Anexo D", del Decreto de 4-8-97, por el que GSL entregó a las
transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo.
Al término de su gestión, Virreira aceptó el cargo de consultor de la
Cooperativa de Teléfonos de Santa Cruz (COTAS). Perdió la vida el 31 de agosto
pasado, cuando aún no había cumplido 36 años de vida, en accidente en el que
corrieron igual suerte el piloto de una pequeña aeronave y dos ejecutivos de la
Cooperativa. Lo cierto es que, gracias a las denuncias anotadas, la
"Capitalización" y los "capitalizadores" extranjeros extraviaron la máscara de
honestidad y eficiencia que usaron frente al país y que el "delegado", a quien
rendimos homenaje, supo arrancarles con audacia y patriotismo.
