Estuvo en Suecia Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo de Bolivia

Estocolmo, Suecia

En la noche del viernes 9, el abogado Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo de Bolivia, después de sostener una apretada agenda de actividades con miembros de la Oficina de la Cooperación Sueca, se reunió en Estocolmo con un grupo de residentes bolivianos, oportunidad que le permitió recoger sus preocupaciones e informar a su vez los avances logrados hasta ahora en el país en defensa de los Derechos Humanos.

Albarracín llegó a Suecia el pasado martes 6 invitado por organizaciones de la cooperación sueca, habiendo antes permanecido por espacio de dos días en Copenhage, Dinamarca, donde sostuvo igualmente una serie de reuniones con entidades similares en la capital danesa.

El acto para recibir al Defensor del Pueblo fue organizado por el Grupo de Apoyo a Bolivia y otras asociaciones culturales, en el que el visitante ofreció una charla sobre «La democracia y Derechos Humanos y los pueblos indígenas en Bolivia».

Waldo Albarracín, abogado e impulsor del juicio de responsabilidades al ex dictador Luis García Meza, antes de su designación como Defensor del Pueblo, desempeñaba la presidencia de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia. Con relación al juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, expresó su decepción por mal manejo de este proceso.

«El juicio debe ser impulsado por la Corte Suprema de Justicia, como señala la Constitución, y esto ocasiona hoy la falta de una claridad en el proceso que se está dilatando por el peso político y económico que tiene Sánchez de Lozada, que es uno de los hombres más ricos del mundo y además cuenta con el decidido apoyo de los Estados Unidos. Son estos factores que obstaculizan de manera contundente en las decisiones», explicó.

Subrayó que resultó mucho más fácil el procesamiento penal al ex dictador Luis García Meza, un militar sin apoyo político ni económico.

Se refirió también a la sistemática protección que se advierte en el país para no sancionar a los responsables de las masacres de los sucesos de «Febrero Negro» y «Octubre Rojo», un año de conflictos y el enorme costo político que provocara la expulsión de la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada.

«Estos hechos tienen un autor intelectual que es el presidente derrocado y tiene autores materiales que pasan por algunos militares y son las Fuerzas Armadas ahora las que están asumiendo una actitud corporativa e institucional para proteger a sus camaradas, cuando estos hechos deberían tratarse ante la justicia ordinaria», explicó.

El Tribunal Permanente de Justicia Militar absolvió de pena y culpa a los efectivos militares implicados en el caso «Febrero negro», por lo que la muerte de civiles y policías queda en la más absoluta impunidad y cuando se conoció que la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito anuló la facultad de la justicia ordinaria para procesar por homicidio a los militares, se comprueba una vez más que campea la impunidad en Bolivia.

«La Justicia en Bolivia -dice Albarracín- es dependiente políticamente, esto de la autonomía de poderes es una posición muy teórica, en la práctica el Poder Judicial todavía está en una situación de vulnerabilidad, en cuanto a la influencia que recibe de sectores políticos. Resulta muy fácil identificar el problema de una justicia corrupta». Señalando que en Bolivia es más fácil encarcelar a un campesino que a un dirigente de las altas esferas sociales y políticas o a los delincuentes de cuello blanco. «Buscar justicia es todavía una quimera en el país», lamentó.

Al referirse a la acción que desarrolla la Defensoría del Pueblo, su titular denuncia que se tropieza con mucha frecuencia con la mentalidad autoritaria en ciertas instancia de poder. En Bolivia bajo un régimen constitucional la transformación del Estado avanza a paso lento para convertirse en democracia, en un Estado que priorice la justicia social y respete los derechos que contribuyen, estas fallas, a tener bolsones de violaciones de Derechos Humanos.

«El Estado bolivianos no ha terminado de ponerse la camiseta de los Derechos Humanos», dice reiterando que en la propia sociedad civil se encuentra conductas autoritarias heredadas del pasado, o de una tradición familiar, o aquellas prácticas discriminatorias por razones de raza o situación económica.

A una pregunta planteada por muchos compatriotas en torno al resarcimiento económico a las víctimas de la violencia política, en sentido que la ley promulgada sobre este asunto no beneficiará a las personas que no retornaron al país en los plazos establecidos, Albarracín explicó que esta preocupación se debe plantear a la comisión pertinente solicitando una medida que permita esta indemnización del Estado a todas las personas que por diversos motivos han fijado su residencia fuera del país.

La Defensoría del Pueblo parte de la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política, actualmente evalua todos los documentos remitidos por los interesados en aras que el Estado en su momento pueda otorgar la indemnización. Otro de los asuntos expuestos a Albarracín fue en torno a las elecciones de diciembre y la Asamblea Constituyente. «Un proceso electoral en el país no es sencillo, el pueblo está frente a nuevos desafíos, ojalá independientemente de quien salga elegido, los nuevos gobernantes tengan la sensatez de asumir importantes decisiones históricas».

¿Y eso qué significa? Cambios en la forma de administrar el Estado, establecer un sistema de equilibrio social y actuar en función del patrimonio nacional. Con relación a la Asamblea Constituyente expresó su confianza que esta instancia permitirá al pueblo boliviano definir con bases sólidas y democráticas, su nuevo destino. Desde su independencia en 1825, es la primera vez que Bolivia tiene la posibilidad de definir su propia Constitución. Se habló también de las perspectivas de las elecciones de diciembre, sin soslayar la Asamblea Constituyente y la defensa del gas natural que es actual en el debate nacional.

Sobre este último asunto Albarracín no menciona la palabra nacionalización, explica que en el país hay una Ley de Hidrocarburos, donde se establece la migración de los contratos.

«El gas es nacional, está en la Constitución, es un patrimonio del Estado. No puedes nacionalizar lo que es tuyo, lo que se debe hacer es definir una política de hidrocarburos en función de los intereses nacionales, sin ahuyentar a las inversiones, pero cambiando la relación. No tan entreguista como se hacía con los otros gobiernos anteriores hay que evitar los extremos, pero en ningún momento dejar de activar en función del patrimonio nacional», afirmó.

No descartó por otro lado los afanes encubiertos de la CIA-norteamericana en el país por distorsionar las movilizaciones populares.

«Siempre lo hizo así, unas veces con mayor intensidad y otras con menos. Eso es un riesgo permanente, pero eso se logra con la honestidad con que actúen las organizaciones sociales», dijo

Seguidamente se refirió a la situación de la Central Obrera Boliviana que a su juicio hoy muy debilitada, «pero que sigue manteniendo un nivel de respeto, porque más allá de las personas está la institución», añadió.

Finalmente puntualizó que resulta muy dificil en la hora actual alcanzar en Bolivia una gran concertación nacional, debido a los intereses sectarios.

«Para lograr primeramente tiene que haber renunciamiento de los sectores comprometidos, los fundamentalismos y la radicalidad le hacen daño, hay que actuar con desprendimiento y priorizar el interés nacional», acotó. Esto sin duda podría generar consensos sólidos y profundos sobre los principales temas de la problematica nacional.

Antes de despedirse el Defensor del Pueblo reconoció que su corta estadía en Estocolmo le posibilitó compartir y comprender las diversas inquietudes de sus compatriotas.

«Ellos -señaló- no sólo están aquí para consolidar una aspiración individual, sino también nunca han dejado de ser patriotas y nunca han dejado de preocuparse por el destino de Bolivia.».