Latinoam�rica

Las noticias que llegan desde Chile sobre el procesamiento de la familia Pinochet por sus delitos econ�micos, llevan a preguntarse cual es el motivo por el que nunca han prosperado investigaciones de este tipo en Uruguay
"Cuando surjan las pruebas, se revisar�n todos aquellos actos para sancionar con todo el peso de la ley y el desprecio a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro, a la sombra de los soldados oficiales que mor�an luchando contra la subversi�n o de la situaci�n coyuntural del presente proceso cualquiera sea el lugar que ocupe en la sociedad uruguaya".
Teniente General Gregorio �lvarez, Orden 777 del 9 de agosto de 1977

La relectura del libro de 1987 "Pa�s Vaciado, dictadura y negociados", del economista Miguel Carri� (en su momento miembro de la Comis�n de Banca y Financiamiento del Frente Amplio e integrante de la Comisi�n de Econom�a de la central sindical uruguaya, el PIT-CNT), ayuda a comenzar a develar el misterio.

Esta falta de inter�s por los delitos econ�micos de la dictadura llama m�s la atenci�n puesto que ellos est�n expresamente exclu�dos de la Ley de Caducidad de la Pretensi�n Punitiva del Estado. En efecto, en el inciso b de su Art�culo 2�, la ley que impide castigar a los militares y polic�as que violaron los derechos humanos durante la dictadura, aclara expresamente que no est�n comprendidos en esa impunidad: "Los delitos que se hubieren cometido con el prop�sito de lograr, para su autor o para un tercero, un proyecto econ�mico". Es un hecho comprobado que aqu� tambi�n la corrupci�n acompa�� a la dictadura, a pesar de la hip�crita declaraci�n de principios del dictador Gregorio �lvarez con la que se abre esta nota ("La corrupci�n acompa�� al fascismo como dos caras de una misma moneda", sintetiza Carri�).

En su libro, el investigador se�ala un punto clave para develar el misterioso silencio que rodea a los actos de corrupci�n cometidos en esos a�os: "La dictadura no solamente sirvi� para llenar bolsillos militares, tambi�n los civiles que se adaptaron al modelo econ�mico aplicado pudieron utilizarla en su beneficio". El autor explica al respecto que "Hacia 1972 comienza a delinearse una nueva estrategia de pol�tica econ�mica de liberalizaci�n y apertura externa, que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-77 elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Bordaberry, que contaba con el Contador Ricardo Zerbino como director y con el Contador Alberto Bensi�n como subdirector."

En 1985 el presidente Julio Mar�a Sanguinetti designar�a a Zerbino como su ministro de Econom�a y Finanzas, y en 2000 el presidente Jorge Batlle har�a lo propio con el contador Bensi�n. Pero adem�s, Carri� hace notar que "Bajo la dictadura las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las desempe�� la SEPLACODI, cuyo director, el general Pedro Aranco, ten�a como segundo, pero manejando realmente las riendas, al contador Ariel Davrieux". Vuelta la democracia, Davrieux fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante las dos presidencias de Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y la de Jorge Batlle (2000-2005).

OPERACI�N CONSERVA

Una de las m�s escandalosas componendas c�vico militares de la dictadura, fue la llamada "Operaci�n Conserva", un contrato firmado en 1982 entre el Ministerio de Ganader�a, Agricultura y Pesca de la dictadura y una empresa llamada Inversur Trading Company. Dicha operaci�n se divid�a en cuatro etapas:

1) La exportaci�n a Argentina de carne vacuna uruguaya.

2) La elaboraci�n de Corned Beef en Argentina.

3) La venta del Corned Beef

4) La prestaci�n de una serie de "servicios especiales" por parte de la empresa Inversur.

El representante de Inversur en las negociaciones era el se�or Jos� Mar�a Alori, uno de los zares de la industria frigor�fica uruguaya. En la �poca, Alori integr� los directorios de varios frigor�ficos, entre los que se encontraba EFCSA (Establecimientos Frigor�ficos del Cerro, S.A.), donde compart�a la mesa del directorio con el luego diputado por el Partido Colorado Edison Rijo (adem�s abogado de la empresa y su representante ante el Instituto Nacional de Carnes). Alori tambi�n fue director del Frigor�fico y Matadero Carrasco (FRIMACAR), del cual el luego vicepresidente de la Rep�blica Enrique Tarigo (1985-1990) era entonces abogado y director. Pero adem�s, junto a todos ellos se encontraba la se�ora Rosario Flores, la mism�sima esposa del dictador Gregorio �lvarez.

Para que la operaci�n se realizara era necesaria la aprobaci�n del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director era el mayor de la marina Armando M�ndez, un fascista con justa fama de incorruptible. Tras estudiar el acuerdo, M�ndez concluy� que el operativo era inconveniente, entre otras cosas porque "el precio final de adquisici�n del corned beef por el Estado, es superior al que actualmente se obtiene en la colocaci�n". La soluci�n que encontr� el dictador �lvarez para superar este inconveniente fue la inmediata destituci�n del director del INAC. Lo mismo le volver�a a suceder a M�ndez en 1992, cuando como director de Aduanas del gobierno del presidente Luis Lacalle (Partido Nacional 1990-1995), descubri� los lazos entre el ex presidente Julio Mar�a Sanguinetti y la mafia del contrabando.

Los beneficiados con esta Operaci�n Conserva fueron obviamente los frigor�ficos, que cotizaron el ganado a 850 d�lares la tonelada, cuando el precio internacional de la carne manufacturada era de tan s�lo 700. Los frigor�ficos argentinos intervinientes en la operaci�n pertenec�an a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de polic�a de la provincia de Buenos Aires, el general Ram�n Camps. El convenio obligaba al estado uruguayo a pagar los costos de la operaci�n y a comprar el producido. En su libro, Carri� explica que a consecuencia del Operativo Conserva "el ministerio de Ganader�a, Agricultura y Pesca qued� como feliz propietario de la partida de corned beef a un costo promedio de 22 d�lares la caja, un 25 % por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 15 millones de d�lares con el Bank of Am�rica (que hab�a financiado la operaci�n)."

"Finalmente �contin�a el autor- una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 d�lares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pag� por la venta". Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campa�a electoral del �ltimo intendente municipal de la dictadura en el departamento de Montevideo, Juan Carlos Pays�e (Partido Nacional), y el resto fue comprado por el frigor�fico Lipena S.A, el que nunca las pag�. Por otra parte, los "servicios especiales" a los que hac�a referencia el punto 4 del acuerdo, consistieron en una gesti�n ante el Bank of Am�rica para que otorgara a la dictadura un pr�stamo de 27.3 millones de d�lares; previa compra por parte del Estado de su cartera de deudores incobrables, por un monto cercano a los 10 millones de d�lares.

En el a�o 1985, el ministerio de Ganader�a realiz� una investigaci�n administrativa sobre este operativo, y concluy� que el estado uruguayo perdi� m�s de 12 millones de d�lares en el negocio, que se viol� la ley de contabilidad y administraci�n financiera, y que la empresa de Alori gan� casi 700 mil d�lares m�s las comisiones que le pag� el INAC. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino (presidente Sanguinetti) orden� la clausura y el archivo de las investigaciones. El caso nunca lleg� a la justicia.

FRIGOR�FICOS Y CARNICEROS

Una de la primeras tareas encaradas por la dictadura fue la eliminaci�n del estatal Frigor�fico Nacional, para poder proceder as� a la liberalizaci�n de la industria frigor�fica sin la molesta presencia de ese "ente testigo". Junto con los ya mencionados pol�ticos del Partido Colorado, al dictador �lvarez, al General Julio C�sar Vadora y al represor argentino Ram�n Camps, en los abundantes negociados realizados en el �rea participaron individuos de la cala�a de Jos� Gavazzo, Jos� Arab y An�bal Gordon.

La historia comenz� en 1973, cuando el estado uruguayo decret� la intervenci�n administrativa del frigor�fico Comargen y sus colaterales debido a que se hab�an comprobado gruesas maniobras financieras, desv�os contables, defraudaci�n fiscal, y deudas impositivas "monumentales". Comargen era propiedad del mafioso Jorge Angel�pulos, quien para evitar la prisi�n huy� hacia Buenos Aires. Hacia 1976 trab� relaci�n con Anibal Gordon (1), y entre ambos decidiron "mover sus influencias" para recuperar las empresas. Para comenzar las gestiones, Angel�polus y Gordon contrataron al afamado abogado penalista uruguayo Rodolfo Schurmann Pacheco.

Dos a�os despu�s, el "trabajo" ya estaba hecho y las empresas fueron devueltas a Angel�polus, comprometi�ndose el estado uruguayo a desistir de todos los juicios entablados y a levantar todos los embargos trabados contra �l. Pero adem�s, la dictadura devolvi� a Angel�polus "toda la documentaci�n perteneciente a las sociedades referenciadas, sus directores y accionistas, o dem�s personas involucradas", es decir: devolvi� al delincuente las pruebas de su delito. Una vez que Angel�polus recuper� el frigor�fico Comargen, design� al entonces coronel Jos� Gavazzo (2) como su Gerente de Planta, cargo que desempe�� hasta 1985.

Por su parte, Jos� Arab (3) ingres� al negocio de la carne hacia 1982, a�o en el que fund� una distribuidora que comercializaba principalmente la carne faenada por Comargen. Seg�n relata Carri�, "el turco Arab ten�a m�todos muy efectivos para �convencer� a los carniceros de que compraran sus productos", quien se negaba a hacerlo recib�a en forma inmediata una inspecci�n del INAC que infaltablemente encontraba irregularidades en el comercio. Anibal Gordon, que estuvo "exilado" en Uruguay durante un per�odo en el que estuvo peleado con Ram�n Camps por haber asesinado a dos de sus polic�as, figuraba hacia 1984 como asociado a la empresa Algecira, una distribuidora de carne del frigor�fico Comargen para el departamento de Montevideo.

Fue precisamente el dictador Gregorio �lvarez quien solicit� al comandante en Jefe de la Armada uruguaya, el vicealmirante Hugo Ram�n M�rquez que protegiera a Gordon de Camps. En declaraciones a una publicaci�n de la ciudad de C�rdoba, en 1984 Gordon se jactaba as� de su amistad con �lvarez: "�Usted sabe que el presidente de Uruguay es padrino de confirmaci�n de una de mis hijas? Bueno, Gregorio �lvarez me llam� y me dijo que fuera para all�, que �l me proteger�a". El represor y delincuente pose�a adem�s un carnet que lo acreditaba como oficial de la Armada uruguaya.

PESCADOS Y PECES GORDOS

El libro de Miguel Carri� dedica un cap�tulo entero a contar las andanzas del vicealmirante M�rquez, y revela que la Armada uruguaya manej� durante a�os una cuenta secreta en el mismo banco en el que hac�a sus dep�sitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros proven�an del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administraci�n Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Seg�n la propaganda de la dictadura, la adquisici�n de esa nave "nos surte con una apreciable reducci�n en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas". Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Result� s� "un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles", que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Seg�n explicaban los mismos marinos, la Armada hab�a abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ej�rcito y la Fuerza A�rea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el mill�n de d�lares depositados en el Riggs. En 1985, el senador Jos� Germ�n Ara�jo (FA) denunci� estas maniobras il�citas en el Parlamento, pero el asunto no pas� a mayores.

Al igual que lo hizo con el Frigor�fico Nacional, la dictadura comenz� sus tropel�as en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carri� explica que luego de quitado ese escollo, "La pesca atrajo la atenci�n de capitales privados nacionales �sobre la base de cr�ditos bancarios- y extranjeros, y signific� una fuente de ocupaci�n para �gestores� nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado". Al respecto, se�ala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca ten�a en bandeja de entrada tres proyectos de inversi�n para la explotaci�n de t�nidos. El pocos a�os despu�s ministro del Interior del presidente Julio Mar�a Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparec�a el pachequista Marcial Bugallo.

Pero Carri� explica que "el pol�tico colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, �nico director de Pescatl�ntica S.A." La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales espa�oles, pero en los hechos compr� sus barcos con un pr�stamo del Banco de la Rep�blica Oriental del Uruguay, con la garant�a de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero adem�s, Pescatl�ntica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del pol�tico colorado. Lamentablemente, Pescatl�ntica quebr� y esos cr�ditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego comprar�a el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.

El investigador se�ala que "ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos �ltimos buques de los que dispon�a la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capit�n de Nav�o Jacinto Avil�s, que casualmente era tambi�n el encargado de viajar a Nueva York a realizar los dep�sitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran "obsoletas". Sin embargo, el mes anterior a su venta se hab�an invertido 40 mil d�lares en repuestos para ellas, y de hecho siguieron operando durante varios a�os m�s para Bero S.A.

Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avil�s envi� una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. "As� como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del �Lalo� Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deber�amos, salvo tu mejor opini�n, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferir� en forma destacada en el sector," dec�a la carta, y continuaba: "por las razones expuestas, desear�amos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campa�a Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, m�s de tener un amigo que pueda recoger r�pidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista pol�tico."

BANCOS A UN PESO

En 1981, al allanar el escritorio en Arezzo, Italia, del Gran Maestro de la Logia Mas�nica Propaganda Due (P2) Licio Gelli, quedaron al descubierto las conexiones entre dicha organizaci�n mafiosa y altas personalidades de la pol�tica, las finanzas, y la diplomacia internacionales. Entre los implicados en la densa trama de sobornos y lavado de dinero figuraba el el banquero Mario Ortolani, quien estaba instalado en nuestro pa�s desde 1970, y en 1981 era la eminencia gris del Banco Financiero Sudamericano (BAFISUD) desde su aparentemente modesto cargo de Sub Gerente General.

Junto a Ortolani, integraban el Consejo de Administraci�n de BAFISUD representantes de los intereses vaticanos, personalidades uruguayas del ambiente financiero, y el propio Licio Gelli. Entre los uruguayos figuraban los Santayana, Julio Azn�rez, la familia Strauch, y la familia Peirano Facio. Carri� explica en su libro que en ese a�o se desarrollaba una guerra no declarada por la sucesi�n del dictador Aparicio M�ndez en la Presidencia de la Rep�blica, entre los generales Luis Vicente Queirolo (quien ten�a "negocios" con la logia P2") y Gregorio �lvarez. Es precisamente esa relaci�n de Queirolo con la para ese momento "desgraciada" organizaci�n mafiosa, lo que permitir� a �lvarez hacerse con el poder.

Una vez en la presidencia, el dictador �lvarez ordena la incautaci�n de los documentos encontrados en la casa que Licio Gelli ten�a en Montevideo. Entre ellos se encuentran tres carpetas rotuladas "Massera, Emilio Eduardo", el hombre de la logia en Argentina, represor, genocida, ladron de ni�os, amigo y socio del vicealmirante Hugo M�rquez. Hacia 1982, el BAFISUD ocupaba patrimonialmente el tercer lugar en el ranking bancario uruguayo, pose�a una sucursal en la ciuda brasile�a de San Pablo, y en Argentina era propietario del Banco Continental.

En abierta infracci�n a la legislaci�n uruguaya y en forma "rel�mpago" Ortolani contruy� un denso entramado de intereses industriales y comerciales en torno al banco, con el objetivo claro de vaciarlo en perjuicio de sus ahorristas. Se asocia con la empresa SAFEMA, que -presidida por el Contador Luis Lecueder- canaliza hacia la inversi�n en la construcci�n en Punta del Este y Montevideo buena parte del dinero negro argentino. Carri� explica que la forma de actuar de Ortolani para concretar inversiones era detectar las empresas que pod�an ser de inter�s para el grupo mediante la auditor�a de la multinacional Price Waterhouse, y si el informe era favorable, hac�a una oferta para su adquisici�n.

Pero en esa misma fecha, en medio de la "guerra sucesoria" por el control de la logia P2 derivada de la quiebra del Banco Ambrosiano, el mafioso Carmelo D�Amore inici� un juicio contra BAFISUD acusando a Ortolani de malversaci�n de fondos, uso indebido de dep�sitos y falsificaci�n de firmas. Lo denunciado por D�Amore era verdad, y ello provoc� una corrida bancaria que fue solucionada por la dictadura vendiendo el BAFISUD al holand�s NMB Bank por la suma de N$ 1.00, y compr�ndole luego su cartera pesada por 94 millones de d�lares. El asesor de los holandeses en nuestro pa�s era el luego diputado del Partido Colorado (lista 15) Alberto Brause Berreta.

Entre los deudores incobrables de BAFISUD figuraban entre otras las empresas Ambrois y C�a., Tem S.A., Atma S.A.; y los grupos Soler, Bakirgian, y Strauch. Este �ltimo, que estaba sindicado como estrechamente vinculado a la logia P2, tuvo un acelerado desarrollo basado en el cr�dito bancario durante la dictadura. Su estrategia era concentrar los bienes en manos de un integrante del grupo que no tuviera deudas, volviendo insolvente al resto. As� lo hizo con el BAFISUD, y as� lo volver�a a hacer con el Banco Pan de Az�car tiempo despu�s. Esta �ltima instituci�n (que tras quebrar fue absorbida por el Banco Rep�blica) ten�a iniciados m�s de 20 juicios contra este grupo, pero nunca pudo recuperar un cent�simo debido a la carencia general de garant�as de la que hist�ricamente hacen gala los Strauch.

La misma operaci�n de compraventa se repetir�a con los bancos Panamericano, del Litoral, y Banfed, que tambi�n fueron vendidos en un nuevo peso al Banco Central de Madrid, al Banco Santander y al Banco Exterior de Espa�a, respectivamente. Luego de vender los bancos, el estado uruguayo pag� a sus nuevos due�os una suma superior a 300 millones de d�lares por el privilegio de quedarse con sus carteras pesadas. Esta estrategia de compra de carteras incobrables de los bancos fundidos adrede fue idea del Citibank, que ofreci� a cambio de la venta de la suya un pr�stamo al gobierno central. De esta manera, la banca privada solucionaba sus problemas de la alta incobrabilidad de sus carteras, y la dictadura obten�a nuevos pr�stamos externos para seguirse financiando.

La lista de delitos, corrupciones, sobornos y contubernios cometidos en tiempos de dictadura puede ser inabarcable. Los civiles y los militares que gobernaron el pa�s a su antojo durante m�s de una d�cada, lo tomaron con una deuda externa de 716 millones de d�lares y lo devolvieron con una de 6.000 millones. Nadie investig� nunca en qu� se us� ese dinero ni ninguno de los gobiernos posteriores (tampoco el actual) puso alg�n reparo para pagarlo. Nadie compar� nunca la situaci�n patrimonial de los oficiales de las Fuerzas Armadas en 1973 con la de 1985. �Llegar� alg�n d�a la hora en que al fin se sancione "con todo el peso de la ley y el desprecio, a los que lograron prebendas, beneficios personales o familiares, o llenaron sus bolsillos de oro" durante la dictadura? Nadie parece interesado en que as� sea. Las pruebas, empero: est�n.

NOTAS:

(1) El teniente coronel (r) Jos� Nino Gavazzo Pereira, fue jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempe�� en Orletti. Comand� el secuestro, tortura y desaparici�n de 140 compatriotas en la Argentina; actuaba a cara descubierta, dec�a su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regal� la CIA; encabez� el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara M�ndez en que le robaron el hijo Sim�n, de 20 d�as de edad.

(2) El mayor Jos� Ricardo Arab Fern�ndez. (Alias: "El Turco". "305". "La Bruja"), naci� el 7 de febrero de 1941 e ingres� al Ej�rcito el 1� de marzo de 1958 al Arma de Ingenieros. En 1967 es teniente primero en la Escuela Militar. Asciende a capit�n en 1970. En 1971 sirve en el Batall�n de Ingenieros N� 3 de Paso de los Toros. Con el grado de mayor, act�a en el Servicio de Informaci�n y Defensa (SID) en 1976. Participa de las operaciones de represi�n en Automotores Orletti en Buenos Aires y en el traslado ilegal de ciudadanos. El 9 de febrero de 1978 fue dado de baja y degradado, por "degenerado".

(3) An�bal Gordon fue un personaje impar de la represi�n en la Argentina. Su primera aparici�n ante la llamada "opini�n p�blica" fue en el a�o 1971, cuando ten�a un oficio m�s noble que el que luego termin� ejerciendo como asesino a sueldo de las dictaduras triunfantes: era ladr�n de bancos y rob� uno en San Carlos de Bariloche. La fuga fue de pel�cula yanqui, porque se escap� en helic�ptero. Un a�o despu�s lo metieron preso y lo confinaron en Devoto. Por esos "misterios" insondables de la corrupci�n en la Argentina, Gordon fue uno de los beneficiarios de la amnist�a dispuesta en 1973 por el gobierno de H�ctor J. C�mpora, porque ten�a acceso a la confecci�n del listado de presos favorecidos por la amnist�a, debido a que desde 1968, es decir antes del robo en Bariloche, ya era miembro activo de la Secretar�a de Inteligencia de Estado (SIDE). Gordon particip� en los secuestros, en las torturas y en los asesinatos ocurridos en el centro clandestino de detenci�n de Automotores Orletti, entre muchas otras cosas m�s.

Fuente: Comcosur/Montevideo  

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