Latinoam�rica

Los informes de los tres comandantes en jefe entregados el lunes 8 al presidente de la Rep�blica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus respectivas fuerzas defraudaron todas las expectativas. Hubo muy escasos avances. Quiz�s el principal sea que se trata del primer reconocimiento institucional de los militares de su responsabilidad en la tortura y las desapariciones. En materia de informaci�n concreta, la Fuerza A�rea admiti� que hubo dos traslados de detenidos desde Argentina en 1976, lo que implica que el n�mero de desaparecidos en Uruguay pr�cticamente se duplica, y un reconocimiento, s�lo t�cito, de que las ejecuciones no fueron excepcionales, como sostuvo hace dos a�os la Comisi�n para la Paz.
El resto de la informaci�n es poco menos que un fiasco. En cuanto a la localizaci�n de los restos, salvo la Fuerza A�rea, que se�al� la ubicaci�n de la chacra donde habr�an sido sepultados clandestinamente Ubagesner Ch�vez Sosa y Jos� Arpino Vega, ambos muertos a consecuencia de torturas en la Base Boisso Lanza en 1974 y 1976, y el Ej�rcito con respecto a la tumba de Mar�a Claudia Garc�a, se sostiene que los desaparecidos en Uruguay fueron enterrados, pero que en los �ltimos meses de la dictadura se procedi� a exhumar los restos, cremarlos y esparcir las cenizas en las proximidades de las unidades en las que fueron sepultados.
La Armada admite que en sus dependencias hubo torturas, pero sostiene que no hubo muertes a consecuencia de ellas y que no existi� ninguna desaparici�n. Nada dice, en cambio, de la participaci�n de oficiales de esa fuerza en las detenciones y desapariciones de uruguayos en Argentina, de las informaciones obtenidas en el Fusna mediante torturas que condujeron a ellas, ni de la detenci�n del argentino �scar de Gregorio en la ciudad de Colonia, luego trasladado clandestinamente a Buenos Aires y muerto en la tortura (v�ase nota adjunta).
La Fuerza A�rea sostiene que, adem�s del "segundo vuelo", puede haber habido otros traslados masivos de uruguayos desde Argentina, aunque no da detalles sobre su participaci�n en esos hechos. Esa informaci�n pendiente podr�a ser clave para determinar el destino de m�s de 20 uruguayos, en su mayor�a militantes de los Grupos de Acci�n Unificadora (GAU), detenidos en Buenos Aires a fines de 1977, vistos por �ltima vez en los "pozos" de Quilmes y de Banfield y trasladados desde all� con destino desconocido, seg�n las investigaciones realizadas en Argentina.
En cuanto a la b�squeda de los restos de Mar�a Claudia Garc�a en el Batall�n 14, a pesar de que exist�a el 99 por ciento de certeza respecto de la ubicaci�n de la tumba, al cierre de esta edici�n, habi�ndose excavado el 20 por ciento del sitio se�alado, no se hab�an producido hallazgos. El comandante �ngel Bertolotti habr�a citado a su despacho, para reclamar m�s informaci�n sobre el caso, a los militares Gilberto V�zquez (en retiro), Ricardo Arab (en reforma) y al polic�a Jos� Felipe Sande Lima, seg�n inform� El Observador de ayer, jueves. �Qu� pasar� si le mintieron a Bertolotti? �Puede seguir en su cargo el comandante en jefe sin adoptar alguna dr�stica medida disciplinaria?
En definitiva, si alguien apostaba a que con estos informes se cerrar�a este cap�tulo de la historia reciente, como declararon sus propios autores y otros jefes militares, est� claro que no ser� as�. No lo es, antes que nada porque la historia ense�a que no hay raz�n de Estado que logre impedir, m�s tarde o m�s temprano, la obtenci�n de la verdad y de la justicia: los caminos a recorrer para alcanzarlas no se cierran por un acto de gobierno, como en Uruguay qued� claro desde 1985. S� es cierto que se perdi� una excelente oportunidad de lograr avances m�s sustantivos en esa direcci�n.
El propio presidente Tabar� V�zquez afirm� ante el pa�s entero, el lunes 8, al recibir los tres informes: "Pretendemos dilucidar, cerrar, terminar con esta herida que tiene la sociedad uruguaya y que todos los uruguayos queremos finalmente superar". Se trata, sin duda, de la aspiraci�n del presidente y de todos los uruguayos. Pero nadie pod�a creer que ese objetivo se lograr�a en esta instancia, por m�s que los informes de los mandos no hubiesen sido tan pobres. Entre otras cosas, porque la informaci�n que les pidi� el presidente el 8 de junio se refer�a s�lo a las responsabilidades de sus fuerzas en las desapariciones en Uruguay. Esa es, por supuesto, una parte muy importante de la verdad, pero no la �nica. La mayor parte de las desapariciones de uruguayos �que son m�s de 200, seg�n la organizaci�n de familiares� ocurrieron en Argentina. Hubo adem�s otros hechos de similar gravedad, como las ejecuciones: en Uruguay, no s�lo las de Mar�a Claudia Garc�a y Elena Quinteros, que ahora reconoce el Ej�rcito, sino tambi�n las de Floreal Garc�a, Mirtha Yolanda Hern�ndez, H�ctor de Brum, Mar�a de los �ngeles Corbo y Graciela Mirtha Estefanell (asesinados en Soca el 20 de diciembre de 1974);* y en Argentina, entre otras, las de Daniel Banfi, Luis Latr�nica y Guillermo Jabif, en octubre de 1974, y las de Zelmar Michelini, H�ctor Guti�rrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, en mayo de 1976, todas ellas con participaci�n de militares y polic�as uruguayos. Hubo tambi�n otra ejecuci�n todav�a no aclarada: la del coronel Ram�n Trabal, en Par�s, en diciembre de 1974. En aquel momento, el Ej�rcito uruguayo atribuy� ese asesinato a los tupamaros, pero las autoridades francesas lo descartaron y entendieron que se trataba de un ajuste de cuentas entre militares.
Estas son apenas algunas de las verdades pendientes. Por algo el presidente V�zquez, durante la �ltima reuni�n que mantuvo con la organizaci�n de familiares antes de recibir los informes, el 26 de julio, dijo, sin que sus interlocutores llegaran a pregunt�rselo, que el 8 de agosto no habr�a un punto final: se seguir�an investigando todas las desapariciones en Uruguay y tambi�n se ingresar�a al cap�tulo argentino. As� se lo afirm� a BRECHA Javier Miranda, miembro de esa organizaci�n.
Como afirma en su comunicado Familiares, "todo ocultamiento de informaci�n hace que la desaparici�n contin�e". Pero adem�s impresiona la frialdad del estilo de los informes, habida cuenta de la delicada materia de la que tratan. Un bot�n de muestra: tanto al referirse al caso de Mar�a Claudia Garc�a como al de Elena Quinteros, las dos ejecuciones admitidas, como si se tratara del cumplimiento de un protocolo inevitable y que 20 a�os despu�s siguiera aceptado, se recurre a una expresi�n que pretende ser as�ptica: "se le dio muerte". Tampoco hay en todo el texto una sola l�nea, ya no de autocr�tica ni de pedido de perd�n, sino de alguna explicaci�n por hechos que hoy se considere que no debieron haber ocurrido. Nada, por fin, que implique un compromiso de que hechos similares jam�s volver�n a suceder, o de que las �rdenes ilegales o inmorales no deben ser cumplidas.
A pesar de que la monta�a haya parido un rat�n, los tres comandantes consideraron necesario reunirse el martes 9 con los oficiales superiores de las tres fuerzas. Seg�n trascendi�, en ellos exist�a inquietud porque, al recibir los informes, el presidente V�zquez hab�a declarado que har�a llegar copia de los mismos a la justicia. Los oficiales generales ten�an entendido que s�lo habr�a un tr�mite a nivel del Poder Ejecutivo y quer�an saber cu�les pod�an ser las consecuencias de esa medida y si la misma hab�a sido adoptada con conocimiento previo de cada comandante.
EL SEGUNDO VUELO. El informe de la Fuerza A�rea confirma que existi� "el segundo vuelo", que en los primeros d�as de octubre de 1976 realiz� el traslado a Uruguay de los �ltimos detenidos en Automotores Orletti.
En ese vuelo habr�an viajado alrededor de veinte uruguayos vinculados al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), y unos cinco o seis argentinos. En el informe de la Comisi�n para la Paz y en todas las listas elaboradas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos esas personas figuraban como desaparecidos en Argentina.
El primer vuelo hab�a ocurrido a fines de junio de ese a�o y los trasladados en esa ocasi�n, despu�s de permanecer detenidos unos cuatro meses en una casa en Punta Gorda y en el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), en bulevar Artigas y Palmar, fueron presentados a la prensa por las Fuerzas Armadas el 26 de octubre como si hubiesen sido detenidos en el chalet Susy de Shangril�, departamento de Canelones, y en algunos hoteles de Montevideo. Seg�n la informaci�n oficial de aquella �poca, hab�an ingresado al pa�s por su voluntad y formaban parte de un plan del PVP para reiniciar sus actividades pol�tico-militares. Con excepci�n del periodista Enrique Rodr�guez Larreta, que fue liberado, todos ellos fueron procesados por la justicia militar y permanecieron varios a�os recluidos en los penales de Libertad y Punta de Rieles.
La existencia del segundo vuelo fue revelada por Roger Rodr�guez en La Rep�blica el 17 de marzo de 2002 y la informaci�n fue complementada por el mismo periodista en otro art�culo, publicado el 2 de setiembre de ese a�o. De esa investigaci�n surge que el centro de torturas de Orletti fue clausurado a fines de octubre de 1976, despu�s de que lograra escapar una pareja de argentinos que se exili� en M�xico. Seg�n las fuentes de Rodr�guez, en la decisi�n de clausurar Orletti incidi� tambi�n la reacci�n de los militares argentinos por el hecho de que sus pares uruguayos no hubieran matado a los trasladados del primer vuelo: se sintieron "traicionados" porque los hab�an entregado para su "disposici�n final".
En la nota de setiembre, el periodista Rodr�guez describe con lujo de detalles el avi�n de la Fuerza A�rea utilizado para el traslado, revela el nombre de los pilotos, describe el desembarco de los trasladados, todos ellos encapuchados, en la base militar de Carrasco, en la madrugada del 5 de octubre, quienes fueron obligados a subir a un cami�n del Ej�rcito. La misi�n fue coordinada por el subdirector del SID, el coronel aviador Jos� Uruguay Ara�jo, el piloto fue el mayor Walter Pintos, el copiloto el mayor Jos� Pedro Malaqu�n �quien lleg� a ser comandante en jefe de la Fuerza A�rea durante el gobierno de Jorge Batlle� y viaj� tambi�n como tripulante el capit�n Daniel Mu�oz.
Nunca se supo qui�nes fueron trasladados en ese vuelo ni cu�l fue el destino de esas personas. La propia existencia del segundo vuelo no fue mencionada, siquiera como posibilidad, en el informe de la Comisi�n para la Paz, y el abogado Carlos Ramela neg� en declaraciones p�blicas que se hubiese realizado. Sostuvo que la fuente period�stica de Rodr�guez era un personaje deleznable, un ex integrante de los servicios de inteligencia argentinos, que no era cre�ble. Se trataba, sin embargo, del mismo informante que permiti� llegar a identificar a Sim�n Riquelo, lo cual nada quita ni agrega respecto de su "deleznabilidad", pero es un dato que no debi� dejarse de tener en cuenta.
�Qui�nes fueron los trasladados en el segundo vuelo? Seg�n sostiene en su informe el comandante de la Fuerza A�rea, los oficiales que lo pilotearon no salieron de la cabina de la aeronave, no sab�an si transportaban pasajeros ni, si los hab�a, su identidad, y se limitaron a realizar los recorridos que les fueron indicados por el SID (en este caso Carrasco-Aeroparque-Carrasco). Si as� ocurri�, alguna otra fuerza debi� hacerse cargo de las personas trasladadas a su llegada a Montevideo; seg�n la investigaci�n period�stica, el Ej�rcito. Sin embargo, el informe del comandante Bertolotti no dice una palabra al respecto.
De todos modos, la existencia del segundo vuelo, ahora admitida por la Fuerza A�rea, no es un dato menor. En primer lugar, constituye un avance significativo en la construcci�n de la verdad, en esta materia tergiversada durante veinte a�os. Y algo no menos importante: este reconocimiento oficial refuta la teor�a seg�n la cual en Uruguay no hubo una pol�tica sistem�tica de desapariciones, sino que la mayor�a de estos casos fueron muertes no intencionales (aunque siempre llam� la atenci�n que no fuesen comunicadas a los familiares). Seg�n el informe de la Comisi�n para la Paz, los casos de ejecuciones hab�an sido s�lo excepciones que confirmaban la regla. Al reconocer la Fuerza A�rea que hubo un segundo vuelo queda probado que pr�cticamente la mitad de las desapariciones en Uruguay no fueron la consecuencia de "excesos en el rigor de los interrogatorios", seg�n el eufemismo usado en alguna oportunidad, sino lisa y llanamente ejecuciones con posterior ocultamiento de los cad�veres.
Por otra parte, la confirmaci�n del segundo vuelo puede tener consecuencias en el plano judicial. En primer lugar, porque la ley de caducidad no es aplicable a casos de personas que fueron detenidas en el exterior, ilegalmente trasladadas a Uruguay y ejecutadas en territorio uruguayo: en modo alguno puede sostenerse que los autores de esos hechos procedieron en cumplimiento de �rdenes emanadas de sus mandos. Por otro, porque es previsible que la justicia argentina reclame la extradici�n de los autores de las ejecuciones de ciudadanos de esa nacionalidad y la misma deber� ser concedida a menos que sean procesados en Uruguay. En este sentido, se plantear� la misma situaci�n que ya existe con respecto a la justicia chilena sobre el caso del homicidio de Eugenio Berr�os: la extradici�n de los tres militares requeridos deber� concederse mientras el juez uruguayo competente no dicte sus procesamientos.

* En aquel momento, el comandante de la Armada le habr�a confiado a un oficial de esa fuerza, hermano de una de las v�ctimas, que la marina tendr�a parte de culpa en esa operaci�n, realizada para que pareciera una represalia por el asesinato del coronel Ram�n Trabal en Par�s, porque "la Armada y la Fuerza A�rea acompa�aron al Ej�rcito en matar a cinco para evitar que se matara a cien". As� lo afirma Sergio Israel en el libro El enigma Trabal (Trilce, 2002).
 
Surgimiento y traspi�: Una nueva l�gica de los hechos

A�n estaban frescas las im�genes que los informativos de tev� emitieron el martes 2, cuando el secretario de la Presidencia, el comandante en jefe del Ej�rcito, Macarena Gelman, jueces, fiscales, m�dicos forenses y antrop�logos ingresaron al Batall�n 14. Todav�a resonaban las palabras del teniente general �ngel Bertolotti sobre Macarena, tan emotivas como poco habituales en un jefe militar.
Todo indicaba que se estaba consagrando una nueva l�gica de los hechos, para usar una terminolog�a de moda hace 20 a�os, que hab�a empezado a imponer el 1 de marzo el presidente Tabar� V�zquez, la noche en que asumi� la Presidencia.
En el Ej�rcito, la nueva actitud no hab�a sido impuesta desde arriba, sino que hab�a nacido de un grupo de generales que, en una reuni�n celebrada el 12 de abril �ltimo en el Comando, plante� la iniciativa de llevar adelante una investigaci�n interna "para que se diga exactamente qu� pas� con cada desaparecido; si quedan restos, que se diga d�nde est�n, y que se diga qu� pas� con los que no est�n" (B�squeda, 21-IV-05). El objetivo era reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad y se argument� que el tiempo estaba jugando en contra de la instituci�n: mientras m�s se demorase la resoluci�n del tema desaparecidos, mayor ser�a la incertidumbre y la inquietud entre los militares, y m�s propicio se har�a el terreno para que sectores radicales impusieran sus planteos. El procedimiento era que el propio comandante en jefe se encargase personalmente de la indagatoria para determinar qu� pas� en cada caso y d�nde est�n los restos. El planteo de los generales fue realizado por Manuel Saavedra (jefe de la Divisi�n IV) en su nombre y en representaci�n de Juan C�rdoba (Divisi�n I), H�ctor Islas (Divisi�n III), Tom�s Medina (director del imes), Carlos D�az (director de la Escuela Militar) y Ricardo Gonz�lez (director de Apoyo Log�stico). Despu�s C�rdoba plante� su discrepancia: no s�lo cre�a que los militares no deb�an ir presos por su actuaci�n durante la dictadura, sino que el Ej�rcito deb�a refugiarlos en los cuarteles si �sa era la �nica forma de impedirlo. Pero hizo conocer sus diferencias al propio comandante y fue relevado de su cargo sin incurrir en acto alguno de indisciplina.
Finalmente se impuso la idea en el �mbito castrense de que todos los militares que fuesen convocados por la justicia deb�an comparecer y se reconoci� que ten�an que ir presos aquellos que los magistrados dispusieran. Se resolvi� incluso prestarles asistencia jur�dica y se entendi� que la misma no deb�a ser brindada por la instituci�n, sino por los clubes sociales de los militares.
En el �mbito pol�tico, mientras tanto, algunos dirigentes de los distintos partidos se�alaron su discrepancia con la interpretaci�n que hizo el presidente sobre la revisi�n de casos ya comprendidos por sus antecesores en la ley de caducidad, aunque reconocieron su derecho a hacerlo. M�s bien trataron de justificar ante la opini�n p�blica por qu� no hab�an actuado de la misma manera durante los gobiernos de sus partidos. Proclamaron por un ampl�simo consenso, si no por unanimidad, el derecho de los familiares a conocer el destino de los desaparecidos y a encontrar sus restos.
S�lo Julio Mar�a Sanguinetti consider� del caso advertir que no hab�a que jugar con fuego, aunque dio la impresi�n de que su mayor inquietud era la de no quemarse �l mismo, campe�n del "no se puede", por simple comparaci�n.
El contexto llevaba a generar otras expectativas, pero los comandantes no dieron la talla. El gobierno y el sistema judicial, cada uno por su lado, insistir�n. La gente, como siempre, tambi�n.

Zanahorias

Es una inc�gnita, a esta altura, si existi� una "Operaci�n Zanahoria", en qu� consisti� exactamente y qu� alcance tuvo. Javier Miranda record� a BRECHA que ya hay tres versiones diferentes sobre la mentada maniobra. La primera fue publicada el 16 de febrero de 1996 por la revista Posdata y atribuida a "una fuente militar", que despu�s se supo era el general Alberto Ballestrino. Seg�n �l, en algunas unidades militares se hab�an enterrado personas en forma vertical y encima de cada sepultura se hab�a plantado un �rbol. El senador Rafael Michelini agreg� que, en reuniones que hab�a mantenido con Ballestrino, �ste le dijo que despu�s los cuerpos hab�an sido removidos y trasladados a otro destino, para �l desconocido. El caso fue denunciado por Michelini ante la justicia penal en marzo de 1997, pero ese tr�mite judicial tuvo corta vida: Ballestrino, que hab�a sido muy cuestionado por varios generales a ra�z de sus declaraciones, no las mantuvo ante el juez Alberto Reyes, quien de todos modos orden� ingresar al Batall�n 13 para investigar la denunciada existencia de enterramientos clandestinos. Eso no lleg� a ocurrir, entre otros motivos, porque la Suprema Corte de Justicia entendi� que hab�a llegado el momento de ascender a Reyes a un tribunal de apelaciones y el magistrado que lo sustituy� no consider� necesario continuar con esa indagatoria y la archiv�.
La segunda versi�n sobre la Operaci�n Zanahoria est� contenida en el informe de la Comisi�n para la Paz, aunque con la aclaraci�n de este �rgano de que no estaba en condiciones de hacerla suya y que se limitaba a dejar constancia de que le hab�a sido trasmitida "por distintas y m�ltiples fuentes". En el numeral 52, literal e) de ese documento se se�ala que "los restos de todas las personas desaparecidas que fallecieron a partir de 1973 �24 en total� habr�an sido exhumados hacia fines del a�o 1984, incinerados o cremados mediante la utilizaci�n de calderas u hornos de fabricaci�n informal, alimentados con formas adicionales de combusti�n y arrojados finalmente al R�o de la Plata, en una zona cercana al Paso de la Arena que ha sido ubicada y se�alada con precisi�n". Seg�n otro testimonio recibido en la Comisi�n para la Paz, no mencionado por �sta en su informe, en oportunidad de la exhumaci�n los cuerpos habr�an sido sumergidos en tanques con �cido y los restos que quedaban pulverizados a golpes de pala.
Finalmente, en el reciente informe del comandante del Ej�rcito se introduce otra versi�n: se especifica que al procederse a la exhumaci�n de los restos de la mayor�a de los desaparecidos y a su cremaci�n, las cenizas habr�an sido esparcidas ya no en el R�o de la Plata, sino en el mismo lugar donde se hab�an realizado los enterramientos clandestinos.
La multiplicidad de versiones y variantes, sumadas al antecedente de Chile, donde a cierta altura fuentes militares informaron oficialmente de cenizas arrojadas al mar, pertenecientes a personas cuyos restos despu�s fueron localizados en tumbas clandestinas, permite dudar de si la Operaci�n Zanahoria existi� o si se trata de una maniobra para tratar de que no contin�e la b�squeda de los restos de los desaparecidos.

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