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PRONUNCIAMIENTO

Los dirigentes regionales y nacionales de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería –CONACAMI-PERÚ- y de otras organizaciones sociales, reunidos el domingo 13 de agosto en Asamblea Extraordinaria realizada en Lima, damos a conocer a la opinión pública lo siguiente:

1.- Se ha agudizado la persecución política contra nuestros dirigentes nacionales, regionales y locales de CONACAMI-PERU y de otras organizaciones sociales afines denunciándolos judicialmente, seguimiento sistemático por miembros policiales y campañas por diversos medios de comunicación tildándolos de violentistas por el sólo hecho de defender la vida, el territorio comunal, el medioambiente y el derecho a la autonomía y la consulta que le asiste a las comunidades campesinas- indígenas, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del cual el Perú está obligado a acatar. La Constitución Política de estado y la Ley de Comunidades Campesinas consagran el derecho de los pueblos a la autonomía y a elegir su modelo de desarrollo.

2.- Deslindamos públicamente que no tenemos ninguna ligazón con partidos políticos y grupos violentistas, como señalan el diario CORREO y otros medios de comunicación que se basan en subjetividades y falacias. Muy por el contrario, nuestra organización actúa bajo el marco legal existente. Así como con el pensamiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que se sustentan en los valores ancestrales de AMA SUA, AMA QUELLA, AMA LLULLA, que permitió una vida armoniosa entre la naturaleza y el hombre durante siglos.

3.- Con la intención de desestabilizar CONACAMI, el fiscal Provincial de Huancabamba ha denunciado penalmente a nuestro presidente, Miguel Palacín Quispe, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la tranquilidad pública, contra el orden público y la vida, el cuerpo y la salud, acusándolo de ser el autor intelectual de la protesta de los pueblos de Huancabamba y Ayavaca que se oponen a la exploración y explotación minera en su territorio. Cuando la participación de nuestro presidente fue para lograr la Paz y el inicio del dialogo, con el respaldo del Ministerio de Energía y minas, por ello responsabilizamos al gobierno central y a las empresas mineras de cualquier acto que pueda atentar contra su vida y a su integridad física.

4.- Llama la atención esa denuncia porque nuestro presidente, Miguel Palacín Quispe, quien apuesta por el diálogo como un mecanismo de solución a los conflictos, fue justamente convocado por el Ministerio de Energía y Minas para formar parte de la Comisión de Paz e invitación al Diálogo –integrada conjuntamente con el monseñor Daniel Turley y Javier Aroca, de Oxfam América- que por falta de apoyo del Estado para cumplir su misión se frustro en el camino. Luego vino la represión contra los comuneros y los enfrentamientos que dejaron un muerto y varios heridos y detenidos cuando la comisión había sido sacada de la zona

5.- Denunciamos que actualmente son centenares los dirigentes comuneros que han sido denunciados por autoridades del Estado en las 18 regiones del Perú por supuestos delitos y cuyo origen es haber lanzado su voz de protesta por la violación de los derechos comunales. Nos llama la atención que el Ministerio Público actúe a favor de las empresas y no intervenga cuando se arremete a los pueblos indígenas o se viola sus derechos. Exigimos por ello el retiro y archivamiento de estas denuncias injustas.

5.- Expresamos públicamente nuestro apoyo y solidaridad a los hermanos de Ayavaca y Huancabamba en la defensa de la vida, su territorio, medioambiente y derecho a la consulta que el Estado pretende desconocer. Llamamos a la solidaridad internacional para exigir al gobierno que cesen actos que vienen atentando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, y que cesen la intensa campaña de algunos medios de comunicación en contra de CONACAMI PERU

6.- Por estas razones exigimos al Gobierno Central que cese la persecución política contra nuestra organización y al Congreso que investigue este hecho. Asimismo llamamos a todas las organizaciones sociales democráticas y defensoras de los derechos humanos a solidarizarse con las comunidades y poblaciones que sufren los impactos negativos de la actividad minera y que no permitan que continúen estos abusos.

Lima, 14 de agosto de 2005.