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PRONUNCIAMIENTO

Los dirigentes regionales y nacionales de la Confederaci�n Nacional de Comunidades del Per� Afectadas por la Miner�a �CONACAMI-PER�- y de otras organizaciones sociales, reunidos el domingo 13 de agosto en Asamblea Extraordinaria realizada en Lima, damos a conocer a la opini�n p�blica lo siguiente:

1.- Se ha agudizado la persecuci�n pol�tica contra nuestros dirigentes nacionales, regionales y locales de CONACAMI-PERU y de otras organizaciones sociales afines denunci�ndolos judicialmente, seguimiento sistem�tico por miembros policiales y campa�as por diversos medios de comunicaci�n tild�ndolos de violentistas por el s�lo hecho de defender la vida, el territorio comunal, el medioambiente y el derecho a la autonom�a y la consulta que le asiste a las comunidades campesinas- ind�genas, seg�n el Convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo del cual el Per� est� obligado a acatar. La Constituci�n Pol�tica de estado y la Ley de Comunidades Campesinas consagran el derecho de los pueblos a la autonom�a y a elegir su modelo de desarrollo.

2.- Deslindamos p�blicamente que no tenemos ninguna ligaz�n con partidos pol�ticos y grupos violentistas, como se�alan el diario CORREO y otros medios de comunicaci�n que se basan en subjetividades y falacias. Muy por el contrario, nuestra organizaci�n act�a bajo el marco legal existente. As� como con el pensamiento de nuestros pueblos y comunidades ind�genas, que se sustentan en los valores ancestrales de AMA SUA, AMA QUELLA, AMA LLULLA, que permiti� una vida armoniosa entre la naturaleza y el hombre durante siglos.

3.- Con la intenci�n de desestabilizar CONACAMI, el fiscal Provincial de Huancabamba ha denunciado penalmente a nuestro presidente, Miguel Palac�n Quispe, por los presuntos delitos de asociaci�n il�cita para delinquir, contra la tranquilidad p�blica, contra el orden p�blico y la vida, el cuerpo y la salud, acus�ndolo de ser el autor intelectual de la protesta de los pueblos de Huancabamba y Ayavaca que se oponen a la exploraci�n y explotaci�n minera en su territorio. Cuando la participaci�n de nuestro presidente fue para lograr la Paz y el inicio del dialogo, con el respaldo del Ministerio de Energ�a y minas, por ello responsabilizamos al gobierno central y a las empresas mineras de cualquier acto que pueda atentar contra su vida y a su integridad f�sica.

4.- Llama la atenci�n esa denuncia porque nuestro presidente, Miguel Palac�n Quispe, quien apuesta por el di�logo como un mecanismo de soluci�n a los conflictos, fue justamente convocado por el Ministerio de Energ�a y Minas para formar parte de la Comisi�n de Paz e invitaci�n al Di�logo �integrada conjuntamente con el monse�or Daniel Turley y Javier Aroca, de Oxfam Am�rica- que por falta de apoyo del Estado para cumplir su misi�n se frustro en el camino. Luego vino la represi�n contra los comuneros y los enfrentamientos que dejaron un muerto y varios heridos y detenidos cuando la comisi�n hab�a sido sacada de la zona

5.- Denunciamos que actualmente son centenares los dirigentes comuneros que han sido denunciados por autoridades del Estado en las 18 regiones del Per� por supuestos delitos y cuyo origen es haber lanzado su voz de protesta por la violaci�n de los derechos comunales. Nos llama la atenci�n que el Ministerio P�blico act�e a favor de las empresas y no intervenga cuando se arremete a los pueblos ind�genas o se viola sus derechos. Exigimos por ello el retiro y archivamiento de estas denuncias injustas.

5.- Expresamos p�blicamente nuestro apoyo y solidaridad a los hermanos de Ayavaca y Huancabamba en la defensa de la vida, su territorio, medioambiente y derecho a la consulta que el Estado pretende desconocer. Llamamos a la solidaridad internacional para exigir al gobierno que cesen actos que vienen atentando los derechos de los pueblos ind�genas y comunidades, y que cesen la intensa campa�a de algunos medios de comunicaci�n en contra de CONACAMI PERU

6.- Por estas razones exigimos al Gobierno Central que cese la persecuci�n pol�tica contra nuestra organizaci�n y al Congreso que investigue este hecho. Asimismo llamamos a todas las organizaciones sociales democr�ticas y defensoras de los derechos humanos a solidarizarse con las comunidades y poblaciones que sufren los impactos negativos de la actividad minera y que no permitan que contin�en estos abusos.

Lima, 14 de agosto de 2005.       

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