Latinoamérica

Una campaña por la reducción del presupuesto militar y la suspención del servicio militar obligatorio podría mejorar la situación de 2 millones de pobres y frenar la represión a los campesinos.

Por Pamela Damia
Enviada Especial a Asunción

S i bien Paraguay es un país pequeño, la cantidad de efectivos militares por cada 10 mil habitantes es de 31, mientras en Brasil y Argentina, la relación es de 18 efectivos por la misma cantidad de habitantes. A esto se le suma que las Fuerzas Armadas paraguayas son una de las principales latifundistas del territorio guaraní, ya que posee más de 285 hectáreas en todo el país.
Desde hace, 15 años el SERPAJ - PY (Servicio de Paz y Justicia del Paraguay) viene trabajando por la No Violencia Activa, la cultura de la paz y los Derechos Humanos, siendo uno de sus objetivos principales el desmantelamiento del militarismo. En un material elaborado por esa organización acerca de la ocupación militar en Paraguay, queda develado que las Fuerzas Armadas han defendido el monopolio de la tierra reprimiendo a las organizaciones campesinas que luchan por la Reforma Agraria, gracias al adiestramiento y el apoyo de Washington mediante el Comando Sur del Pentágono.

La lucha por la tierra ha costado una gran cantidad de vidas paraguayas, así como miles de heridos y afectados psicológicamente por la represión que el Estado ha llevado a cabo, utilizando a la policía nacional y a los militares. Hasta el momento, fallecieron 76 campesinos en cortes de ruta, desalojos y manifestaciones, y cerca de 2 mil se encuentran imputados con "Medidas Sustantivas", a quienes los fiscales les atribuyen la condición de no volver a participar en las medidas de fuerza que impulsan sus organizaciones.

Sin embargo, esto viola el derecho a protestar públicamente contra las políticas estatales que los afectan directa y negativamente. Mercedes Fleitas, secretaria de la Mujer y miembro de la Mesa Ejecutiva de la MCNOC (Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas), una de las organizaciones que más ocupaciones de tierras ha llevado adelante en los últimos años, dijo que "además de dos mil compañeros imputados por los problemas sociales hay entre ellos 33 condenados y con todo esto somos acusados de terrorismo".

En efecto, las Fuerzas Armadas siguen jugando un papel muy importante en la dinámica de control y represión social; por ello buscan una nueva legitimación política difundiendo que las luchas campesinas representan una amenaza a la estabilidad del país.

Orglando Castillo, miembro del SERPAJ, afirmó que "frente a esta amenaza se han creado 18 nuevos destacamentos para reprimir a los campesinos y defender a los latifundistas -en su mayoría extranjeros-, al el cultivo extensivo de la soja transgénica y a la utilización de agrotóxicos, fabricados por la multinacional norteamericana Monsanto".

Gráficamente, la presencia militar en las calles paraguayas es moneda corriente. Cuando asumió Nicanor Duarte Frutos la presidencia del Estado guaraní, en el año 2003, se firmó un decreto por el cual se autoriza a los militares a salir a la calle en apoyo a la policía cuando haya crisis social, pero la disposición no tiene fecha de caducidad, territorio delimitado ni justificación.

Sin embargo, según Castillo, la Ley de Seguridad Nacional señala que para que de las Fuerzas Armadas actúen de esa forma se debe reunir la Comisión de Crisis integrada por el ministerio del Interior, el de Defensa, la presidencia y los parlamentarios, dejando en claro cuántos días estarán en las calles y en que situación.

"Ésto último no se realizó ni se investigó. La Corte Suprema no lo revocó y las cámaras de diputados y senadores tampoco hicieron ningún informe. Pero esto tiene que ver con una nueva doctrina de Seguridad que el Comando Sur ha impuesto, el de la "Soberanía Eficaz" para los lugares donde hay conflicto socioeconómico y no hay presencia estatal. El Comando Sur norteamericano, con o sin apoyo del estado, opera como quiere. Incluso hacen operaciones fuera de las escuelas a la hora de salida, y la gente, tristemente, lo ve como normal", añadió Castillo.
Por ello, el SERPAJ, que lidera el Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivél, principalmente trabaja en el tema de desmilitarización donde se plantean enfoques de trabajo que tienen que ver con las fuerzas armadas tanto a nivel local como regional. Esa entidad actúa en la Coordinadora Nacional de Militarismo y Objeción de Conciencia, que lucha por la no prestación del servicio militar. Según el SERPAJ, la suspensión significaría un ahorro de más de cien mil dólares.


En tanto, Castillo propone ir descapitalizando el monto destinado a las Fuerzas Armadas para invertirlo en proyectos sociales: "Una Reforma Agraria efectiva, alimentaria, de educación y salud para todos. La inversión social promedio en América Latina se calcula en 664 dólares per capita, pensamos que podríamos aumentarlo a 1.000 o 1.200 si redujéramos el gasto militar; teniendo en cuenta que en el país existen 2 millones de pobres mientras la población total es de 5 millones y medio".

La Campaña llamada "Desarmemos el Presupuesto" impulsada éste año por el SERPAJ junto con el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y Círculos y Asociaciones de médicos y enfermeros, y apoyada por la Organización No Gubernamental (ONG) Fe y Alegría, la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), la Federación Estudiantil y el Sindicato de Periodistas, entre otros, tiene como objetivo la reducción en un 32 o 42 por ciento del gasto militar, para dirigirlo a salud materno infantil.

Teniendo en cuenta que, según cifras oficiales del ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, mueren 10 niños por día por diferentes razones, cerca de 35 mil se encuentran en estado de desnutrición y el mismo caso afecta a 45 mil mujeres embarazadas (aproximadamente el 30 por ciento de las mujeres en período de gestación a nivel nacional), medidas como la propuesta serían significativas en materia de desarrollo social.

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