Latinoamérica
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Entrevista con Paul Nicholson, representante europeo de Vía Campesina
Tania Molina Ramírez
Masiosare
Paul Nicholson, de Vía Campesina, quizá la red más importante de organizaciones campesinas, habla en entrevista sobre la proliferación de luchas locales contra la globalización empresarial y sobre cómo no son ni los partidos ni los sindicatos tradicionales los que las encabezan; y sobre la OMC, que "tiene el mandato de liberalizar aún más todas las áreas de la economía pública y de los recursos naturales": "es incomprensible que haya ONG que busquen un acuerdo positivo" en la OMC. "El único acuerdo bueno posible es su descarrilamiento (porque) los derechos no se deben negociar en un marco comercial"
El granjero vasco Paul Nicholson conoce a profundidad el mundo de las organizaciones campesinas y las distintas resistencias a la globalización empresarial. Es responsable de relaciones exteriores del sindicato agrario vasco EHNE y representante europeo de Vía Campesina, quizá la red más importante de organizaciones campesinas en el mundo y una de las más firmes opositoras a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ha participado en numerosas luchas en el mundo, desde contra la OMC hasta en Palestina.
Nicholson percibe un incremento en los últimos años de las resistencias locales a la privatización. E insiste en la necesidad de sumar fuerzas para lograr el descarrilamiento de la OMC, que "tiene el mandato de liberalizar aún más todas las áreas de la economía pública y de los recursos naturales". "Lo que se decide (ahí) tiene un impacto tremendo y es incomprensible que haya ONG que busquen un acuerdo positivo. No es posible... El único acuerdo bueno posible es su descarrilamiento (porque) los derechos no se deben negociar en un marco comercial".
El otro efecto tsunami
La crisis del mundo rural se está agravando "de manera dramática", explica Nicholson. Una cara de esta crisis es el hambre. "La FAO dice que, al año, 20 millones de personas más pasan hambre, y principalmente están en el mundo rural y son mujeres".
La otra cara, dice, es la migración provocada tanto por políticas de privatización y libre comercio, como por políticas oficiales, como en China, "donde se quiere desplazar a 200 millones hacia los polos industriales".
En el mundo urbano, ocurre una creciente precarización, a tal grado que, por ejemplo, en la Unión Europea se busca aprobar la directiva Bolkestein, que permitiría que empresas en países industrializados contraten inmigrantes con las condiciones laborales de su país de origen.
El tsunami ilustró cómo actúan las trasnacionales y los gobiernos hoy, cuenta Nicholson. Afectó una zona en la que Vía Campesina "tiene una fuerte implantación". "Desde el segundo día, el 27 de diciembre, ya teníamos 200 activistas en el terreno", dice.
Además de hacer trabajo de base, esta red dio seguimiento a las políticas de reconstrucción y observó que a pesar de no haber escasez de alimentos, los gobiernos "importaron masivamente arroz transgénico y maíz", lo cual provocó que los productos locales perdieran valor y "los mercados locales se desabastecieran". "Se está generando una dependencia total de la ayuda alimentaria".
Además, se han modificado los modos de producción. Antes se hacía pesca artesanal, "sustentable, ligada a las comunidades". Ahora se fomenta "un modelo de pesca industrial, de arrastre, con grandes barcos, que acaba con los recursos pesqueros y destruye la relación con la comunidad".
En este sentido, la población pesquera está teniendo que irse a la montaña porque se perdieron los registros de propiedad de las tierras y el gobierno las está distribuyendo para usarlas en sectores ecológicamente destructivos, como el turismo.
En pocas palabras, "se busca imponer modelos de consumo, económicos y productivos; acompañados de un modelo de desindustrialización en los países menos potentes, (para fomentar) una economía de servicios".
La resistencia
Ante esta situación, la resistencia crece, asegura Nicholson. El reciente no de Francia a la constitución europea, representó, por ejemplo, "un rechazo a las políticas neoliberales".
Los partidos y los sindicatos tradicionales abogaron por el sí; en cambio, "los movimientos ciudadanos, especialmente campesinos, constituyeron 3 mil comités por el no".
Así como en Francia, en el resto del mundo, los movimientos civiles son los que van a la vanguardia en la resistencia a la globalización empresarial, y la ciudadanía va perdiendo interés en los partidos. Una de las figuras políticas más populares en el país galo es el granjero, luchador social y apartidista José Bové.
Los partidos políticos (incluidos los de izquierda), sindicatos tradicionales y movimientos campesinos históricos "tienen enorme dificultad para entender la situación", dice Nicholson. Los sindicatos, por ejemplo, "no saben cómo abordar la precarización de las condiciones laborales y económicas, y romper el concepto corporativista".
"Quienes venimos de una historia más reciente (se refiere a EHNE) hemos tenido más capacidad para abordar esta problemática por ser nuevos y no tener la verticalidad de las organizaciones sindicales históricas".
Y hace énfasis en esto: "No nos sirven las estructuras verticales. Ahora la organización es mucho más horizontal, más abierta y más compleja. (Trabajamos con) nuevos conceptos democráticos absolutamente ineficaces. Es muy complicado, pero es la única manera. Por ejemplo, en los Foros Sociales Mundiales es tremendamente difícil articular estrategias concretas, pero no cabe duda que ese es el camino. La construcción de consensos no se puede hacer con el desprecio a las minorías".
Otra tendencia que Nicholson narra es que "las grandes movilizaciones de hace dos años, de millones de personas, hoy no se dan. Pero sí se dan multitud de luchas más concretas y locales", que no son tan visibles.
Estas luchas tienen como eje, de manera destacada, el agua, los organismos genéticamente modificados (OGM) y la tierra.
En el caso de los OGM, Nicholson destaca, en Francia, al "colectivo de desobediencia civil, Los Arrancadores (Collectif des Faucheurs Volontaires), con unos 8 mil agricultores y no agricultores que a cara descubierta destruyen campos de cultivo de maíz transgénico". Han tenido tal éxito que "prácticamente ya no se cultiva".
La justicia francesa reconoció el derecho a la desobediencia civil y, si en una acción participaron mil personas y la policía aprehendió a dos renombrados, se presentan al juicio los otros 998 y el juez lo acepta.
Por su parte, el asunto del agua cobra relevancia, tanto por su escasez, como por el proceso de privatización: "Se quiere imponer un modelo de uso y gestión que no solamente es insostenible, sino que excluye de su acceso a gran parte de la población mundial".
También crece la inconformidad en distintas partes, como Bolivia, India, Tailandia. En India, la población se opone a la Coca- Cola en varias localidades bajo el argumento de que la empresa merma y contamina las reservas de agua del subsuelo.
(A raíz de la presión de un gran movimiento social con apoyo internacional y de las autoridades locales, el gobierno estatal de Kerala anunció el pasado 21 de julio que demandará a la Coca-Cola ante la Suprema Corte de Justicia por abuso del agua del subsuelo.)
Por su parte, el debate sobre la reforma agraria también ha resurgido, asegura Nicholson, y destaca el caso de The Landless People's Movement (LPM, Movimiento de los Sin Tierra), en Sudáfrica.
En los 12 años de gobierno del Congreso Nacional Africano, "no hubo una transformación de la sociedad, ni de la estructura política, ni de las políticas económicas; únicamente cambió el color de la piel de los gobernantes".
"Hoy, los negros africanos no tienen acceso a la tierra, (que) sigue estando en manos de enormes propietarios: unos cuantos blancos y muy poquitos negros".
El LPM ha enfrentado una fuerte represión, sigue Nicholson. Recientemente, 70 de sus miembros fueron encarcelados.
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La soberanía alimentaria es reconocida cada vez más como una reivindicación fundamental por los movimientos sociales no campesinos, señala Nicholson. Aumenta la percepción de que se trata de un asunto que incumbe a todos, y no sólo a los agricultores, y se reconoce "como un derecho al acceso y a la producción de alimentos culturalmente propios".
La soberanía alimentaria, explica el granjero vasco, debe incluir aspectos como "el derecho del consumidor a decidir lo que come, cómo se produce, quién lo produce, si es transgénico, el acceso a los recursos (tierra y semillas)", y no sólo "el derecho de defensa de la economía y la alimentación nacional".
En México este tema aún no despierta el mismo interés que en otros países. Por ejemplo, dice Nicholson, México "debería de tener la capacidad política de proteger su frontera ante las importaciones masivas de precio bajo". También, la población podría realizar más acciones como revisar el contenido de los trailers entrantes (para intentar evitar el ingreso de maíz transgénico). "Este tipo de acciones se llevan a cabo en cientos de puertos en el mundo".
Pero, en México, "la sensibilidad de la población que vive en las grandes ciudades es muy baja", explica.
"Nosotros, los pueblos"
Aquellos opuestos a la globalización empresarial debían sumar fuerzas para descarrilar a la OMC, opina Nicholson. Los negociadores en la OMC aprendieron de su fracaso en Seattle y Cancún (provocado en buena medida por Vía Campesina), y "ya no quieren escenificar una macroasamblea" a la que los opositores puedan enfocarse.
Esta vez, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Brasil e India negocian "de forma 'clandestina', no transparente". Buscan llegar a acuerdos para "después chantajear y obligar a los demás a negociar en paquete".
Quieren "acordar el conjunto de la liberalización del comercio alimentario, de los servicios (es decir, toda el área de la economía y servicios públicos) y de los productos industriales".
Los negociadores planeaban haber "aprobado todo" para julio, pero no lograron avanzar. Buscarán hacerlo en octubre, en el consejo previo a la conferencia ministerial de la OMC, que se llevará a cabo en Hong Kong del 10 al 13 de diciembre.
Los opositores han planeado, para el próximo 10 de septiembre, una movilización mundial para conmemorar el aniversario de la muerte del sudcoreano Lee Kyung Hae en Cancún. En octubre realizarán otra movilización.
¿Cómo se vislumbra el panorama?
"Es una barbaridad tan grande (lo que pretende la OMC), que cuesta trabajo pensar que los países no se van a rebelar". Implicaría, dice, "poner en manos de las multinacionales toda la economía pública".
La OMC es la "única institución internacional con poder sancionador. Lo que se decide (ahí) tiene un impacto tremendo y es incomprensible que haya ONG que busquen un acuerdo positivo. No es posible que haya un acuerdo positivo. No es posible".
Las ONG a las que se refiere Nicholson son, entre otras, Oxfam y Action Aid, que "defienden un marco de libre comercio como motor de las economías". Para el representante de Vía Campesina, eso es "cinismo puro": "Está demostradísimo que la apertura de mercados es el argumento principal de las multinacionales para poder andar a sus anchas por todas las economías".
"La concertación que sí podemos hacer es que el comercio libre está destruyendo las economías locales y nacionales, y, como la OMC tiene el mandato de liberalizar aún más todas las áreas de la economía pública y de los recursos naturales, el único acuerdo bueno posible dentro de la OMC es su descarrilamiento".
El argumento que usan estas ONG es que puede haber "elementos instrumentales peores (que la OMC), pero es como hablar del arsénico" y preguntarse "cuál es la dosis que mata". "¡Es veneno! La OMC, en nuestro caso, como decía Lee, mata campesinos; pero (en general) está matando los derechos ciudadanos en todo el mundo"
"Los derechos están en venta", y "no podemos (dejar que sean) negociados en un marco comercial". El espacio para hablar de ellos "debería ser las Naciones Unidas".
Nicholson no es ingenuo: "Los países potentes no quieren unas Naciones Unidas ni democráticas ni vigorosas". Pero, dice, hay que partir de que el mandato de este organismo comienza con: 'nosotros, los pueblos', y a partir de ahí, "construir otro marco (que) asegure los derechos sociales, económicos, políticos y civiles a escala mundial".