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   Una investigación realizada por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, coalición de 130 organizaciones de derechos humanos, denunció que durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 al 6 de agosto de 2004 se registraron 508 eventos de capturas arbitrarias en las que 6.332 personas resultaron detenidas.
El informe, que ya fue revisado por varios magistrados de la Corte Constitucional señaló, además, que las detenciones sin orden judicial y sin requisitos legales se convirtieron en una práctica diaria dentro de la política de seguridad democrática del actual gobierno y la peor consecuencia, aparte del daño ocasionado a los detenidos, es la económica.
La razón: por estos errores el Estado tendría que pagar más de 474.000 millones de pesos como indemnizaciones a los afectados, si estos deciden, en algún momento, presentar una demanda.
Algunos ya iniciaron el proceso. Es el caso de los integrantes del grupo musical Pasajeros, detenidos en Medellín y dejados después en libertad al no encontrarse mérito para mantenerlos en prisión.
 Su abogado alista la demanda ante los tribunales en la cual se le solicitará al Estado la indemnización económica correspondiente por los daños ocasionados a ellos, a sus familias, a su honra y buen nombre.
 El magistrado de la Corte Constitucional Jaime Araujo dijo a Colprensa que el hecho amerita una revisión en la inmensa estructura de la Fiscalía, "empezando por la cabeza. Uno dice: cómo es posible que el Fiscal anterior termine de subalterno del Gobierno y, más grave aún, que el nuevo también sea otro funcionario del Gobierno".
Según las estadísticas reveladas por estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante los dos primeros años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, a diario, se registró la captura de 7.8 personas en supuestas circunstancias arbitrarias.
Por tal motivo, recomendaron una "profunda" revisión a la política de seguridad democrática, por considerar que con los operativos de capturas masivas se está atentando contra la libertad y el debido proceso, en especial, de la población rural, además de crean una inseguridad jurídica generalizada en todo el país.
De esta situación ya había alertado la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en su último informe, conceptuó:                             
"La presión para lograr resultados en el campo militar y policivo, la debilidad y la inconsistencia de los órganos de control y de la Fiscalía, y las atribuciones indebidas que siguen ejerciendo los militares en materia de detenciones y allanamientos afectaron particularmente a grupos vulnerables de la población que hubiesen requerido de una mayor protección".
Agregó que "contribuyó a lo mismo la práctica de capturas masivas o individuales basadas en meras sospechas, testimonios de reinsertados o como resultado de irregulares informes de inteligencia".
Al cierre de esta edición el Gobierno no se había pronunciado al respecto.
Rebelión, acusación más recurrente                                
La mayoría de los detenidos durante las operaciones de capturas masivas es señalada inicialmente de tener vínculos con la subversión o ser auxiliadora de la guerrilla.
En esas acciones fueron retenidos desde campesinos y comerciantes hasta funcionarios públicos. Estas personas, después de estar en cárceles durante varios meses regresaron con los suyos a recuperar el tiempo perdido, su buen nombre y honra. Así ocurrió en municipios como Ituango y Campamento (Antioquia).
 El caso más reciente se registró, hace una semana, en Valle. Allí, 22 personas recuperaron su libertad. Uno de los casos graves ocurrió hace 22 meses en Quinchía (Risaralda), donde de 117 detenidos sólo quedan seis en prisión.