Todos los acontecimientos demuestran que el actual régimen político implementa el terrorismo de estado por métodos legales e ilegales y no está dispuesto ni política, social , ni militarmente a iniciar conversaciones y menos a concretar el intercambio humanitario entre las personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado colombiano: unas en poder de la insurgencia en selvas y cordilleras : comandantes militares, un coronel, mayores, capitanes, oficiales y suboficiales, una excandidadata presidencial y su asesora, tres agentes estadounidenses, doce diputados del Valle del Cauca, un exgobernador metense, congresistas y un ex ministro de estado(*) , y más de 500 guerrilleros y centenares de presos políticos hacinados y en poder del estado en diferentes cárceles y penitenciarías colombianas y estadounidenses.

La misma esencia del conflicto interno colombiano los caracteriza como prisioneros de guerra, y como tal, objeto de serles aplicadas las normas del DIH para su eventual intercambio humanitario, pero desconocidas por quienes desde las instituciones estatales dicen defenderlas, esta ya es una característica de terrorismo estatal : desconocer los compromisos internacionales, tal como lo hizo Jujimori en el Perú.

Desde cuando el actual neouribista-embajador y expresidente Andrés Pastrana Arango rompió unilateralmente las conversaciones con la insurgencia de las FARC hasta la fecha con Álvaro Uribe Vélez candidato-presidente lo que se ha conocido ha sido el auge del fortalecimiento del terrorismo estatal y la negación sistemática a iniciar conversaciones para concretar el intercambio humanitario ansiado por la mayoría de la población colombiana y por el movimiento popular que es afectado por las acciones estatales y gubernamentales y quien le resiste de diversas maneras.

Cada vez que la población colombiana, las mismas FARC, expresidentes, personalidades democráticas, los mismos retenidos, sus familias y amigos, organizaciones de derechos humanos, gobiernos y parlamentarios extranjeros, académicos, juristas y abogados defensores de derechos humanos nacionales e internacionales se pronuncian demostrando la viabilidad, la vigencia y validez del intercambio humanitario el gobierno coloca palos en la rueda para frenar acuerdos que conduzcan al inicio de estas conversaciones humanitarias, y para no quedar tan mal ante la opinión nacional e internacional y jugando con los sentimientos de los familiares y de los mismos retenidos de parte y parte, emite engañosas declaraciones combinadas con acciones jurídicas lesivas a la justicia y a la soberanía nacional e implementa a la vez operaciones de contundencia militar.

* Ejemplo claro fue y es desconocer que la parte insurgente ya tiene realmente determinados sus negociadores: Fabián Ramírez, Antonio Losada y Felipe Rincón conocidos por toda la opinión como los únicos autorizados para tratar este tema de interés nacional. Pero el Estado con la política clara de no concretar el Intercambio Humanitario y desviar la atención nacional propuso conversar fuera del territorio nacional llegando al colmo de insinuar la virtualidad y conversación entre ordenadores y computadores negociadores, pues según el Presidente en Colombia no hay conflicto sino un desafío terrorista, tal como escribí en una ponencia al Congreso Nacional de Profesores Universitarios en Bogotá.

* Cuando esta insurgencia admite que en vez de los extensos municipios caquetenses San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá sólo se desmilitaricen Florida y Pradera dos municipios vallunos de menor área, y con el sentimiento favorable de sus comunidades y del mismo Gobernador Angelino Garzón para iniciar las conversaciones entre los delegados insurgentes con los negociadores del estado, el gobierno profundiza la militarización con el oneroso Plan Patriota en el sur, reedición sangrienta del Plan Laso de 1964, y que ha sido un fracaso al decir de ilustres columnistas de prensa y avezados analistas militares y políticos colombianos y congresistas de otros países.

*Frente al sentimiento nacional de buscar y concretar el inicio de las conversaciones en los municipios de Florida y Pradera y que se desmilitaricen para tal fin por el tiempo que sea necesario, responde el gobierno con múltiples y arbitrarias detenciones masivas, criminalizando y penalizando la protesta social y política, y con intentos de legalizar el autoritarismo y el terrorismo estatal con el , en ese entonces, pretendido Estatuto Antiterrorista duramente criticado por los demócratas colombianos y hasta por la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

* En la continuidad del fortalecimiento del terrorismo estatal para negar la esencia de la democracia y de la dignidad humana, haciendo a un lado el compromiso constitucional y además internacional de proteger la vida de todos los colombianos, y en vez de procurar el intercambio humanitario, se da la orden gubernamental acompañada de abultadas recompensas de rescatar a sangre y fuego a estas personas retenidas como consecuencia del conflicto interno colombiano, no por lo que ellas son sino por lo que ellas representan en el conflicto. Intento de rescate que los familiares desautorizaron en mayo de 2004 en carta dirigida al Señor Presidente de la República.

* Cada vez que gobiernos amigos se manifiestan por el Intercambio Humanitario aparecen montajes como el sucedido con un gobierno impulsor del intercambio humanitario en un pretendido y frustrado encuentro en Manaos en el Brasil, igual ocurrió cuando inventó hasta emisarios suizos portadores de propuestas, noticias falsas mediáticas que impulsa el estado para confundir y crear falsas expectativas entre la opinión.

*Cuando la Iglesia católica como facilitadora exploraba conversaciones con este grupo insurgente en las selvas colombianas el estado en vez de propiciarlas iniciaba operativos bélicos que frustraron este intento de impulso al intercambio humanitario.

* La actitud entorpecedora y el despropósito jurídico no sólo para eliminar a sus opositores políticos y cruzar otro serio obstáculo al Intercambio Humanitario con la extradición de dos insurgentes, entre ellos Simón Trinidad quien en ese momento era negociador designado por las FARC, sigue demostrando que no había ni existe ahora la voluntad política gubernamental para el intercambio humanitario a pesar de todos los argumentos que demuestran su validez y vigencia como ya lo hemos escrito en documentos jurídicos pretéritos.

* Con la llamada Ley de Justicia y Paz, duramente criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace el estado es utilizar la normatividad, las instituciones y todos los instrumentos constitucionales y legales en armas de guerra para fortalecer un modelo de estado autoritario que si avanza con la impunidad y el olvido a los delitos de lesa humanidad, sin la verdad, sin justicia y sin reparación integral no sería posible el Intercambio Humanitario en esas condiciones.

* Todas las liberaciones unilaterales de prisioneros de guerra realizadas por la insurgencia, como la última del soldado de Teteyé a instancias de la gestión del Gobierno Francés y el encuentro de un emisario gubernamental de este gobierno europeo con las FARC, el estado colombiano responde con generalidades y sofismas negando de manera concreta la desmilitarización de Florida y Pradera para el inicio de unas posibles conversaciones, y hace caso omiso de la repatriación de los dos insurgentes extraditados desconociéndoles su estatus político, condiciones materiales y políticas necesarias para un potencial inicio de conversaciones que conduzca a un acuerdo bilateral de canje humanitario en pro de la disminución de la intensidad del conflicto.

En oportunidades pasadas el Gobernador del Valle Angelino Garzón se ha pronunciado también a favor de la desmilitarización de Florida y Pradera para iniciar conversaciones que conduzcan a acuerdos humanitarios que desemboquen en el intercambio de estas personas retenidas por una y otra parte.

En el último Foro Internacional contra la Impunidad y el Olvido, por la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral realizado en Cali a instancias de la Plataforma Interuniversitaria de Derechos Humanos, el CPDH, Andas, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Libre nos pronunciamos a favor del Intercambio Humanitario, además de los nacionales como Jaime Cayzedo, Carlos Lozano Guillén, Angelino Garzón, Jairo Ramírez, Gloria Cuartas, Libardo Orejuela, Iván Cepeda, Lilia Solano, Soraya Gutiérrez, Wilson Borja, el suscrito, entre otros, también sus delegados internacionales de España, Brasil, Representantes del Parlamento Andino, Venezuela quienes en la declaración final coadyuvamos esta propuesta humanitaria.

Los familiares, los mismos retenidos, los presos políticos, todas las organizaciones de derechos humanos, las iglesias, congresistas de estados Unidos, de los Parlamentos Andino y Europeo, gobiernos extranjeros, Municipalidades y ayuntamientos de diversos países europeos, el Comité de Juristas Colombo-Francés por el Intercambio Humanitario, la Oficina de Gestión de Paz y Convivencia del Valle, excomisionados de paz, asesores de paz, premios novel, organizaciones de familiares y víctimas del terrorismo estatal, estudiantes, diputados, congresistas, concejales, mujeres y jóvenes hacen parte de diferentes comités de impulso a los acuerdos humanitarios, entre ellos el canje entre prisioneros de guerra en Colombia.

Defender ahora el intercambio humanitario es también defender la soberanía nacional contra la extradición utilizada por el estado como arma para perseguir y castigar a sus opositores políticos.

Defender el Intercambio humanitario es propiciar la juridicidad que coadyuve en la disminución de la intensidad del conflicto.

Defenderlo es luchar por el rescate de las libertades democráticas conculcadas por el autoritarismo estatal.

Defenderlo es reconocer la existencia de un agudo, complejo y atípico conflicto social y armado en Colombia que obliga a buscarle una solución política negociada.

El Intercambio Humanitario ya es una consigna democrática nacional de defensa a la vida, la integridad y la dignidad de la persona que debe ser jurídicamente estudiada en las facultades de derecho y ciencias políticas en concordancia con el tema de investigación que impulsamos sobre "Crisis Carcelaria, Derechos humanos y Delito Político".

Agosto de 2005