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Haciéndose eco de las protestas elevadas por las cámaras empresariales, legisladores del Partido Nacional han iniciado una ronda de contactos con sus colegas oficialistas, con el fin de introducir modificaciones a la ley de Fuero Sindical que el gobierno pondrá a consideración del Parlamento en los próximos días.
El diputado herrerista Pablo Abdala dijo que "el Partido Nacional no se opone al fuero sindical, pero algunas de las disposiciones del proyecto no nos parecen admisibles". La primer cuestión que resulta "inadmisible" para los empresarios y la oposición, refieren a que la nueva ley establece que los empleadores deberán justificar fehacientemente la razón de los eventuales despidos o traslados a los que someta a sus empleados, probando que no ha tomado dichas medidas como represalia por su actividad sindical.
La segunda, atañe a la creación de un Registro de Infractores a la Libertad Sindical, y a la imposibilidad de quienes en él figuren de participar de los procesos de licitación, llamado a expresión de interés o contratos a los que convoque o en los que participe el Estado.
De acuerdo a lo que informa hoy el semanario BÚSQUEDA, el Encuentro Progresista y el Partido Nacional comenzaron a negociar la introducción de modificaciones al proyecto,  para tratar de llegar a un acuerdo que permita su aprobación con el mayor respaldo posible. Sin embargo, el dirigente de la central obrera uruguaya (PIT-CNT) Juan Castillo, dijo ayer a radio EL ESPECTADOR que el proyecto no es negociable y debe estar aprobado en "15 o 20 días" para darle un marco legal a los trabajadores que están negociando en los Consejos de Salario. El subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, dijo que el proyecto es claro, completo y establece garantías para trabajadores y empleadores.
El dijputado Juan J. Bentancor, uno de los autores del proyecto, explicó que lo que se busca es "darles a los trabajadores las mínimas herramientas para negociar" con los empresarios. A tales efectos, declara como "absolutamente nula" cualquier "discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo", y establece que la ley será retroactiva al 1° de marzo de este año (fecha en la que paralalamente a la asunción del nuevo gobierno se desató una ola de represión antisindical).
El texto prohibe "sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato", y despedir a un trabajador o perjudicarlo a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, "incluyendo aquéllas tendentes a la constitución de organizaciones o de coaliciones de trabajadores". También establece que la reinstalación del trabajador despedido o discriminado es el principal objetivo, y que ello será competencia de los juzgados laborales.
La ley también establece que los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que -a requerimiento expreso- el empleador descuente de sus salarios la cuota sindical; y a que los delegados que actúen en nombre de un sindicato tengan derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección y a los que los "trabajadores tengan fácil acceso".
Por su parte, las patronales pretenden que el fuero sindical alcance sólo a los dirigentes, y a la menor cantidad posible de ellos, piden que "se delimite la cantidad de dirigentes sindicales a los que alcanza la protección, en función del tamaño de cada empresa", y reclaman que se elimine el artículo que obliga a las patronales a probar que al eventualmente despedir a un trabajador, la medida no se toma por su actividad sindical. Los dueños del capital reclaman que el tema sea tratado en el Consejo Superior Tripartito, integrado por el gobierno, trabajadores y empleadores.
Al respecto, Juan Castillo afirmó enfático que los trabajadores no se sentarán a discutir la posibilidad de modificar la inversión en la carga de la prueba "bajo ningún concepto". Dijo claramente que "Nosotros vamos a defender el proyecto de ley tal cual está, como fuimos a fundamentarlo al Parlamento. Sí estamos dispuestos a negociar, pero no sobre la base de lo que quieren los empresarios, que quieren sacarle prácticamente el alma que tiene ese proyecto de ley, que es la inversión de la carga de la prueba.
Eso, para nosotros es un elemento fundamental. Si hubiera que discutir algo, estamos dispuestos a hacerlo sobre dos o tres aspectos, pero no de este precisamente".