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Latinoamérica
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Una desestabilización anoréxica
Una histeria de informadores anónimos pretende instalar la amenaza de un
desborde militar. Pero es un juego mediático: el presidente mantiene firme el
mando de las Fuerzas Armadas, debidamente subordinadas. Acaso lo que puede
ocurrir es algún incidente callejero cuando algún oficial pretenda resistirse
ante la citación judicial.
Samuel Blixen
Brecha
No hay golpe. No hay condiciones ni aspirantes, salvo los deseos irrealizables
de algunos trasnochados, sin fuerza, sin prestigio, sin mando, que se escudan en
el anonimato de las "fuentes militares". En realidad nunca hubo condiciones
desde 1985, y si algún comandante secuestró citaciones judiciales en su caja
fuerte fue porque el presidente Julio María Sanguinetti se lo permitió, quizás
se lo sugirió. El general Juan Modesto Rebollo, comandante del Ejército en 1993,
fue quien llegó más lejos, pero no por cuestiones referidas a la dictadura, sino
porque el pozo negro del caso Berríos salpicaba a diestra y siniestra en un
episodio donde las "gauchadas" al general Augusto Pinochet tenían la contraparte
de retribuciones inconfesables; pero, además, si prosperó el "golpe de Estado
técnico" fue porque el presidente Luis Alberto Lacalle prefirió "doblar el
pescuezo" ante la actitud corporativa de los generales, según comentó su
canciller Sergio Abreu.
De modo que, si hubo conato de "quiebre institucional", ello se debió a la
actitud débil o cómplice –o las dos cosas a la vez– de los presidentes que no
supieron o no quisieron ejercer el mando superior de las Fuerzas Armadas, al que
están constitucionalmente habilitados y obligados. Ahora, otro presidente se
planta diferente ante la cuestión de los derechos humanos; y ante las
insinuaciones, advertencias, amenazas de algunos de sus subordinados, mantiene
el mando. Entonces, sin dar la cara, los cocineros de la desestabilización
duplican los "trascendidos" ante los cuales ciertos medios de comunicación
resultan ser sospechosamente ingenuos.
La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, fue meridianamente clara en su
comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, el lunes 27: "Todas las
Fuerzas están sometidas al poder político, como corresponde. Puede haber
preocupación por éste como por tantos otros temas, y en cuanto al que nos atañe,
algunos están más preocupados que otros, pero son más los que están menos
preocupados que los que lo están más. Entonces, respecto a si hubo un acuerdo
con los mandos por los casos de la nuera de Gelman y de Michelini, en principio
tengo que decir que no lo hubo, porque no se hacen acuerdos con los mandos sobre
lo que resuelve el mando superior".
La ministra explicó a los senadores lo que el presidente Tabaré Vázquez había
reiterado al comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, en la mañana del lunes
27 cuando se hizo presente en el Edificio Libertad. A Vázquez le tomó 15 minutos
confirmar que los casos de Michelini-Gutiérrez Ruiz, de María Claudia García de
Gelman y los ocurridos antes del 27 de junio de 1973 no estaban comprendidos en
la ley de caducidad y que por tanto eran resorte de la justicia; y que esta ley
se aplicará religiosamente en todos los casos en que hubiera militares y
policías involucrados en delitos por cumplir órdenes. Bertolotti reiteró el
acatamiento de los mandos al poder civil y Vázquez le reiteró su confianza. El
presidente no hizo declaraciones y no hubo información oficial sobre lo
conversado, pero en el Senado la ministra Berrutti detalló el contenido de la
reunión.
El comandante del Ejército se retiró del Edificio Libertad tal como había
llegado. La usina de trascendidos redobló la producción, de modo que, para
cuando la ministra llegaba al Parlamento, ya se comentaba que Vázquez había
asegurado a Bertolotti que ningún oficial iría preso y que las causas por hechos
anteriores al golpe abortarían por la prescripción de las penas debido al
agotamiento de los plazos. Berrutti explicó que "cuando se expresa que ningún
militar va a ir preso, se hace referencia a las investigaciones sobre los casos
de los ciudadanos detenidos desaparecidos, que es la investigación ordenada. En
el caso de los ciudadanos detenidos desaparecidos, reitero, ningún militar va a
ir preso porque van a estar comprendidos en el plazo que establece la ley para
la aplicación del artículo 1". Pero agregó que en los casos en que un juez cite
a integrantes de las Fuerzas Armadas para prestar declaración, "se les dará el
trámite normal que corresponda; cuando un juez ordena a un habitante de este
país que vaya a declarar a su sede, no hay mucho para pensar: una vez notificada
la persona de que el juez la espera en una determinada fecha, lo único que le
queda a ésta por hacer es ir".
Para Bertolotti, que el miércoles 29 debía explicar a los generales en actividad
el contenido de su conversación con el presidente, los acontecimientos
angostaban su margen de maniobra. La ministra había adelantado en el Senado la
postura explícita de la Armada y de la Fuerza Aérea respecto de la subordinación
al poder civil; él no podía desconocer que en el Ejército las maniobras de
ciertos grupos minoritarios generaban por lo menos lo que se calificaba de
"preocupación" o "inquietud". El comandante en jefe del Ejército no podía
sostener, como lo hizo el jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante
Hugo Viglietti, tras una reunión con 40 oficiales, el jueves 23: "Vamos a actuar
en el marco de la Constitución y la ley en cualquier circunstancia. Eso no se
discute". La Armada, además, puso a disposición del Ejecutivo los archivos donde
pudiera haber alguna información o pista sobre el destino de los desaparecidos,
un gesto que fue valorado como una reafirmación de que los mandos de la fuerza
de mar consideran que la Presidencia está realizando una interpretación correcta
de la ley de caducidad. La Fuerza Aérea, que registra la desaparición de dos
detenidos, tendría una postura similar a la de la Armada en cuanto a la
interpretación de la ley, según las manifestaciones de la ministra Berrutti,
quien dijo mantener "frecuentes contactos con el comandante Bonelli".
TRASCENDIDOS DESDE EL EJÉRCITO
El general Bertolotti tiene, en el cuerpo de generales, algún vocero de aquellos
grupos que desde los centros y círculos militares y desde los comunicados de los
Tenientes de Artigas advierten sobre "las consecuencias imprevisibles" que
podrían derivar de procesamientos judiciales contra oficiales retirados; una
advertencia que el senador Sanguinetti se encarga de amplificar.
Por si fuera poco, la reunión de los generales en el Comando del Ejército estuvo
precedida por la resolución del juez penal Gustavo Mirabal, que ordenó el cierre
de fronteras para los oficiales Jorge Silveira, Antonio Rodríguez Buratti, José
Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama y Manuel Cordero, prófugo
en Brasil, y para el ex capitán de coraceros Ricardo Medina, los militares que
serán citados a declarar después de la feria judicial.
En la reunión, Bertolotti debió desinflar las expectativas sobre un inexistente
pacto con el presidente para que ningún militar fuera preso; de hecho, los
generales sabían cuál era el alcance de la posición presidencial desde una
reunión realizada el 2 de mayo, pero se creyeron sus propios "trascendidos";
ahora, según una versión periodística, un oficial comentó: "Empezamos
colaborando con el gobierno en un clima fantástico porque el gobierno nos dijo
que nadie iría preso, y resulta que ahora se anuncia un desfile de militares por
los juzgados". La frase es un calco de la pronunciada por el diputado Daniel
García Pintos, quien en la Comisión de Defensa del Senado aseguró que en las
puertas de los juzgados había "colas de denunciantes"; la ministra Berrutti dijo
desconocer tales aglomeraciones, pero en todo caso no deberían preocupar.
La comunicación de Bertolotti respecto de la confirmación de que el caso Gelman
seguiría su trámite judicial provocó reacciones en algunos generales sobre la
necesidad de que el presidente tuviera conocimiento de la "inquietud" militar.
Bertolotti, interpretando que su liderazgo pudiera estar en entredicho, afirmó
que contaba con el respaldo de Vázquez, que continuaría en su cargo y, en caso
de que algunas de sus órdenes no fueran cumplidas, renunciaría. Ofreció, no
obstante, un "respaldo institucional" a los oficiales que fueran citados a
declarar, y a los que "no va a dejar librados a su suerte"; el respaldo
consistiría en acompañarlos personalmente a la sede judicial y poner a su
disposición la asesoría legal del arma.
Según las versiones periodísticas, algunos generales han sugerido que la
conducción de Bertolotti en las últimas semanas ha generado "confusión", pero
tales voceros no se dan a conocer. La ministra Berrutti señaló a los senadores
blancos que se hacían eco de tales rumores la conveniencia de que las fuentes
dieran la cara. El abogado de la Comisión de Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Javier Miranda, formuló el mismo reclamo, pero calificó de
cobardes a quienes se escudaban en el anonimato.
El único que no lo hace es, aparentemente, el coronel retirado José Gavazzo,
quien, según una información de Búsqueda (de ayer, jueves), "ha asegurado a
varios allegados que no concurrirá a los juzgados, y que opondrá resistencia
armada. Las mismas fuentes sostuvieron que Gavazzo le trasmitió esa decisión a
Bertolotti a fines de marzo, y que el comandante en jefe del Ejército le dijo
que ésa sería una actitud personal, con la cual nada tendrá que ver la
institución".
El recurso mismo del "trascendido" revela que quienes aspiran a imponerse frente
a la decisión presidencial no cuentan con el necesario respaldo en el Ejército.
Alguien podría interpretar que se reproduce la situación de febrero de 1973
cuando la Marina se atrincheró en la Ciudad Vieja, ante los pujos golpistas del
Ejército. La realidad es muy diferente: nadie, en el Ejército, se inclina a una
aventura de desestabilización institucional. Los recursos de presionar al
presidente no dan sus frutos, no hay golpe, ni técnico ni de hecho, y después de
tanta operativa mediática lo que queda, como borra, es el anuncio de que los
oficiales involucrados en la desaparición de María Claudia García de Gelman y el
secuestro de su hija tendrían intención de resistir. Es decir, un episodio que
requerirá, si llega a producirse, intervención policial, para la debida
conducción al juzgado.
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