Guillermo Waksman
BRECHA

A diferencia de su colega Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente Tabaré Vázquez no tiene problemas a la hora de conseguir votos en el Parlamento. Su mayor desafío es lograr que los uruguayos -y en especial los más pobres- sigan confiando en su gobierno. La demora en la instrumentación del Plan de Emergencia y la proliferación de piquetes en la periferia de Montevideo son toda una amenaza.
Si tiene plumas y pico, si camina como pato y si además parpa como pato, es un pato. Lo mismo puede decirse de los piquetes: si se trata de un grupo de personas, relativamente pequeño, con carteles en los que se formulan reivindicaciones, y se interrumpe el tránsito de una calle, se llama piquete. Más allá de que el término haya quedado satanizado por la historia argentina reciente, es arbitrario denominar de cualquier otro modo a ese tipo de método de lucha; lo de 'fogón artiguista' resulta casi ridículo. Por otra parte no es, ni mucho menos, un procedimiento novedoso. Basta recordar, sin ir más lejos, las manifestaciones estudiantiles de los sesenta, dentro de fronteras; fuera de ellas, la televisión da cuenta todos los días de demostraciones de este tipo en todo el planeta -no sólo en Argentina- y el cine recoge escenas memorables, como las de Novecientos, de Bernardo Bertolucci, y Los compañeros, de Mario Monicelli.
Eso sí: los piquetes recientes en Montevideo tienen una serie de peculiaridades. La primera es que reaparecen, después de muchos años de ausencia, a pocos meses de instalado un gobierno de izquierda, pese a que las exigencias planteadas son de muy larga data y a que las nuevas autoridades han dado muestras, por primera vez en décadas, de su voluntad de atenderlas. La contradicción es sólo aparente: como ha dicho Jorge Zabalza, ex dirigente del MLN y de la Corriente de Izquierda (CI), 'la gente le exige mucho más a un gobierno progresista que a uno de derecha: ¿quién le va a pedir algo a un gobierno de Jorge Batlle o de (Luis Alberto) Lacalle si (sabe que) la respuesta es no? En cambio, la gente conoce la sensibilidad de algunos de los ministros del gobierno progresista y el reclamo tiende a llegar a oídos atentos'. (El País, sábado 9.)

El panes y la multiplicación de los piquetes

La segunda peculiaridad es que, a partir de un día determinado -el miércoles 6-, los piquetes se llevaron a cabo simultáneamente, en distintos puntos de la capital, por diversas reivindicaciones: en la mayoría de los casos, la rápida inclusión en el registro de beneficiarios del Plan de Emergencia de personas que tendrían derecho a recibir el ingreso ciudadano y que aún no fueron tenidas en cuenta; pero también en reclamo de soluciones para los deudores en dólares del sector granjero; o la recuperación del empleo de trabajadores de una empresa tercerizada; o para introducir modificaciones al nuevo sistema de circulación de ómnibus en la Ciudad Vieja; o exigir semáforos, lomos de burro u otros mecanismos que impidan los atropellamientos de peatones, y sobre todo de niños. El recurso al mismo método por tan diversos actores y en distintos lugares favorece la sospecha de que pudiera existir alguna coordinación política, sobre todo en los casos relacionados con una misma reivindicación, como la de la inmediata percepción del llamado 'ingreso ciudadano' del Plan de Emergencia. Sin embargo, todo indica que las demostraciones surgieron espontáneamente -nadie puede dudar de que la necesidad es real y mucha la expectativa que se generó con los anuncios del Plan de Emergencia, en la campaña electoral y a partir de la asunción del nuevo gobierno-, y se extendieron con rapidez al advertirse que las autoridades actuales, a diferencia de las anteriores, optaron por reservar como último recurso la disolución de este tipo de manifestaciones públicas.
Por supuesto que hay organizaciones sociales y políticas -como la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) y el Colectivo Militante (escindido de la CI), entre otras- que tratan de adquirir protagonismo en este tipo de situaciones, pero hay que reconocer, sobre todo a partir de la minimanifestación del miércoles 13 ante el Ministerio de Desarrollo Social (MDS)- que su poder de convocatoria es muy exiguo. Tampoco se puede ignorar que hay dirigentes políticos blancos y colorados -nacionales y locales- que tratan de medrar con estos episodios de protesta, pero en modo alguno es correcto atribuir el surgimiento de los piquetes y su multiplicación a la actividad de esos agentes ni imaginar que todo se debe a una conspiración de la derecha o a la amplificación que del asunto hacen los medios de comunicación. Un diagnóstico tan equivocado sólo puede conducir a que el problema se vuelva insoluble.

La tercera peculiaridad tiene que ver con la posición que debe asumir, una vez en el gobierno, una fuerza política de izquierda con relación a las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos. No es la primera vez que la cuestión se plantea en estas veinte semanas de gobierno. La mera restitución de la constitucionalidad y la legalidad a determinadas situaciones que antes, durante y después de la dictadura fueron manejadas fuera de ellas, generó y genera ríspidas protestas de quienes fueron beneficiarios de esos estatutos ilegales. El acostumbramiento a aquellas normas autoritarias transforma en 'permisiva' la derogación del decreto que autorizaba la detención de personas por averiguaciones, o del que permitía el desalojo policial de empresas ocupadas por sus trabajadores sin intervención de la justicia o la abolición del acta 14 en enseñanza secundaria y utu y su sustitución por un nuevo reglamento sobre el comportamiento estudiantil en los centros de enseñanza. Se convierte en un 'escándalo nacional', por unanimidad de la oposición, un proyecto que tiende a humanizar las cárceles, que apunta a aplicar, aunque sea mínimamente, las normas internacionales que rigen para el tratamiento de las personas privadas de su libertad. Las huellas de la dictadura calaron hondo y en ese contexto muchos se inclinan a pensar que no hay otra forma de disuadir las manifestaciones callejeras que su represión lisa y llana. Así como no se debe soltar a ningún preso porque si está en la cárcel por algo es y debe quedarse allí para no molestar a aquellos que nunca delinquieron, quienes cortan las calles y queman neumáticos deben ser retirados por la fuerza inmediatamente; sus motivos, en el mejor de los casos, después se verán.
En el otro extremo, por supuesto, está la ingenuidad. Pero así como nadie plantea liberar a todos los presos, nadie postula que quienes formen un piquete sean autorizados a permanecer allí todo el tiempo que quieran. Entre otras cosas, porque si así ocurriese, no sólo habría piquetes en cada esquina por el funcionamiento pleno e inmediato del PANES, sino también por otras reivindicaciones, como las salariales de los funcionarios más sumergidos, por ejemplo, que no serán tan perentorias pero sí muy urgentes. Entre esos dos extremos hay posiciones intermedias y en ellas parece haberse situado el gobierno, después de algunos vaivenes.

Los lineamientos generales para proceder ante los piquetes fueron definidos en la mañana del lunes 11 por el presidente Vázquez, en una sesión del Consejo de Ministros y precisados por el subsecretario del Interior, Juan Faroppa, al término de esa reunión. Vázquez se pronunció por el derecho de los ciudadanos a manifestar, pero reclamó que ello se haga en el marco de la Constitución y la ley. Esa misma tarde, en conferencia de prensa, reiteró una vez más que 'dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada'. La frase reconoce el derecho de los ciudadanos a manifestar y plantear sus reclamos en la vía pública, así como la obligación de la Policía de mantener el orden. Aunque el episodio al cual hizo referencia implícita, ocurrido dos días antes, no había sido un piquete sino el escrache al canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, dijo que el gobierno no aceptará que haya policías agredidos por el solo hecho de cumplir con su obligación de mantener el orden. Fue Faroppa quien, al término de esa reunión, y refiriéndose también al escrache de Blanco, dijo que el gobierno apostará siempre al diálogo, pero no tolerará ningún tipo de violencia contra los funcionarios policiales. En la tarde hubo una reunión de la cúpula del Ministerio del Interior y allí se acordó seguir las normas recomendadas por las Naciones Unidas sobre manifestaciones públicas, que suponen, antes que nada, recurrir al diálogo y sólo ante una agresión recurrir a la fuerza, usada en forma proporcional y gradual. Una primera etapa de disuasión sería la presencia de personal policial especializado, como el grupo GEO, la Guardia Metropolitana o el Cuerpo de Coraceros, y la segunda, la entrada en acción de ese personal, incluyendo el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos, descartándose expresamente los disparos con balas de goma.
En una entrevista concedida a Búsqueda, ayer, jueves, el ministro del Interior, José Díaz -a quien esta semana algunas versiones de prensa habían atribuido una actitud más conciliadora con los manifestantes-, afirmó: 'Que nadie se confunda con nuestro gobierno: apostamos a las más libérrimas manifestaciones populares y a la responsabilidad de sus organizadores, pero si el orden público es alterado, no vacilaremos en tomar las medidas proporcionales, progresivas y racionales para restablecerlo'. Todo indica que el debate estará centrado ahora en determinar cuándo existe una alteración del orden público. Es evidente que si la manifestación deja de ser pacífica, habrá una alteración del orden público. Y se interpretará de ese modo la prolongación en el tiempo de la medida que interrumpe el tránsito, sobre todo en aquellos casos donde no existan vías alternativas de circulación, como ocurrió el martes 12 con el corte de los ingresos al Cerro. La interpretación quedará librada a los jerarcas del Ministerio del Interior y la Policía. Lo que quedó descartado fue la aplicación de un decreto firmado por Jorge Batlle, aún vigente, y que prevé el desalojo sin más trámite de cualquier grupo de manifestantes que impidan la circulación vehicular.

La decisión de Vázquez no sólo definió al gobierno, sino que además zanjó cualquier posible controversia en el EP-FA, donde si bien no habían surgido mayores diferencias, tampoco existía una línea clara sobre la actitud a asumir. Más allá de la posición del 26 de Marzo (único sector del FA que apoya expresamente las últimas movilizaciones callejeras), y de que hubieran participado en algunos piquetes militantes de base de distintos sectores de izquierda -sobre todo del MPP y el PCU-, quizás haya sido la propia ministra Marina Arismendi la dirigente más dispuesta a defender el derecho de quienes reclamaban mayor celeridad en la instrumentación del PANES a hacer piquetes y a manifestar sin intervención policial alguna.
El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, por su parte, aprobó el martes 12 una declaración en la cual sostiene que el actual gobierno, 'a tan sólo cuatro meses de gestión, ha hecho mucho más que los que gobernaron en los últimos 30 años', afirma que 'el reclamo de los vecinos de los diferentes barrios es de estricta justicia en cuanto al ritmo para acceder al beneficio (del ingreso ciudadano)', señala que 'las prácticas desarrolladas en estos últimos días, tales como los piquetes o escraches, no están en sintonía con nuestra concepción de lucha en un marco de libertades democráticas' y rechaza 'la convocatoria a movilizaciones por parte de organizaciones que no integran el PIT-CNT y que no representan a nadie', en una inequívoca alusión a la UTD.
En la oposición, mientras que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado sigue 'con preocupación' el fenómeno de los piquetes y señala que contribuyen a que exista 'una creciente sensación de inseguridad pública', el presidente del Directorio blanco, Jorge Larrañaga, que en el fin de semana había expresado su temor sobre los riesgos de 'argentinización' del conflicto social uruguayo, el miércoles 13 respaldó la nueva actitud del gobierno ante los piquetes y pidió a la población 'tranquilidad, paciencia y mesura'.

Algunos números y previsiones

Nadie duda de que la instrumentación del Plan para la Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES) está demorada. La primera en reconocerlo, incluso en forma pública, es la propia ministra Marina Arismendi.
La ley por la cual se creó el MDS se aprobó el 28 de marzo y empezó a funcionar el 1 de abril. Según las cifras oficiales, un millón de uruguayos se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el objetivo es que el PANES atienda a unos 200 mil, que son quienes se consideran indigentes. Se trata de unos 40 a 45 mil hogares (aunque en la carta de intención firmada en mayo con el FMI se dice que son unos 35 mil los que recibirán unos 55 dólares por mes durante dos años).
Hasta ahora sólo unos 12 mil jefes de hogar han cobrado los 1.363 pesos mensuales. El MDS ha realizado unas 23 mil visitas, lo cual le ha permitido descartar el derecho a cobrar esa suma de unos 3 mil inscriptos; hay otros 8 mil inscriptos que sí fueron visitados y descartados por diversas razones -doble inscripción, por ejemplo- o bien están pendientes de otro control, que se hace por un procedimiento informático.
Según declaró la ministra Arismendi a la radio El Espectador ayer, jueves, las visitas hasta ahora han estado a cargo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, de magisterio y de los institutos de formación docente, así como de un grupo de trabajadores de la refinería de ANCAP.
En la misma entrevista, la ministra anunció que el equipo que realiza las visitas se reforzará en los próximos días, a partir de una iniciativa del PIT-CNT, con la incorporación voluntaria de unos 100 o 150 funcionarios públicos, que previa autorización de la Oficina de Servicio Civil pasarían a trabajar por tres meses en el MDS. También se podría contar con el 'préstamo' de 400 funcionarios de la Intendencia de Canelones, y de empleados bancarios privados que actualmente se encuentran en la bolsa de trabajo, a la espera de su ingreso a alguna institución del sector. Con esas incorporaciones, la ministra estima que en tres meses podrá completarse el registro de los 'protagonistas' -ella no los llama beneficiarios- del PANES; por lo menos de los que actualmente se han inscripto, ya que otros podrán hacerlo habida cuenta de que no se ha fijado un plazo.