Por Gustavo Espinoza m. (*)

Sorprendente. Gustavo Gorriti asumió, en La edición dominical del diario La Republica editada el 18 de junio pasado, la defensa pública del general José Williams Zapata, cuestionado por las autoridades judiciales en el marco del esclarecimiento de lo ocurrido en Accomarca entre agosto y septiembre de 1985.

Llama la atención el hecho  porque, al margen de otros temas en los que ha habido diferencias con el hoy Co Director del diario La Republica, lo real es que Gorriti,  mostró en lo fundamental una ejecutoria limpia en el plano de los derechos humanos por lo menos en lo que al Perú se refiere. Y en lo que atañe al diario La Republica, es inobjetable su firme voluntad de lucha contra la impunidad y la guerra sucia. Pero el tema es tan serio que, al margen de rectificaciones o aclaraciones puntuales, requiere un deslinde público.

Cabe preguntarse, en efecto, qué es lo que puede inducir a un periodista como Gorriti a tomar partido de un modo tan rotundo y claro por un militar requerido por la ley. Si nos atenemos a la explicación que nos presenta, ha buscado "ser justo", porque - a su juicio- el general aludido "es uno de los militares más destacados de la nación".

Ocurre, sin embargo, que nadie -ni el mismo Gorriti- cuestiona los hechos en los que se ha visto envuelto este renombrado general. Fue en 1985, en efecto, Jefe de la Compañía Lince que operó en la región de Accomarca y otras localidades en ese periodo y dejó una dolorosa estela de muerte y terror. ¿No debe investigarse eso? ¿Nadie debe abocarse a reconstruir lo ocurrido deslindando las responsabilidades individuales y precisando las colectivas? ¿Alguien, por méritos especiales, puede situarse por encima de la ley y proclamar su inocencia sólo porque es hoy un "destacado general"?.

Lo que se requiere es investigar los hechos. No necesariamente implica ello considerar al general Williams Zapata culpable de los mismos. Tampoco inocente. La culpabilidad o la inocencia se precisará después, y no antes, de la investigación. Pero ella debe hacerse para que se pueda realmente hablar de justicia. Porque tan negativo resulta culpar a alguien sin investigar, como eximirlo de culpa sin juicio cuando es un hecho público que detentó, en ese periodo, un cargo tan importante y decisivo: la jefatura de los Comandos Lince, que los pobladores de la región andina evocan con pavor.

Argüir que el militar incoado comandó  el rescate de los retenidos en la residencia del embajador del Japón en Lima en 1997  y que éste, "desde el punto de vista puramente militar, fue uno de los mejores operativos de rescate de rehenes del mundo", es aún más sorprendente. Nadie discute, en efecto, la calidad del operativo que permitió que 140 comandos especialmente adiestrados y poderosamente armados aniquilara sin piedad a 14 activistas del MRTA, la mayoría de los cuales eran jóvenes con escasa  preparación de combate.  Lo que se ha dicho -y se ha comprobado- es que en el marco de ese operativo hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Hay que pasar por alto también eso?

En diversas ocasiones, y con la opinión de los peritos forenses, se ha puesto en evidencia, en efecto, que algunos de los caídos en esa "épica jornada" fueron capturados vivos y luego recibieron disparos en la cabeza cuando estaban desarmados e indefensos. Pero el tema es aún más escabroso: entre los 14 muertos estuvieron dos muchachas que frisaban los 18 años: Herma Meléndez Cueva y Luz Villoslada Rodríguez. Nadie ha dicho cómo fue que ellas murieron.

Se sabe, en efecto, cómo murió Néstor Cerpa. También cómo murieron los seis que jugaban fulbito en la residencia nipona cuando estalló la carga explosiva accionada desde el subsuelo. Y los 3 que mataron a sangre fría, pero nadie ha explicado cómo murieron las dos jóvenes, una de las cuales estaba embarazada. Y eso ¿no debe ser investigado porque el general es "uno de los mejores soldados de las fuerzas especiales"?

Aquí hay que aludir entonces a la razón por la que un periodista como Gustavo Gorriti opta, finalmente, por asumir el pasivo del hecho e involucrarse en la defensa del militar procesado. Y es que el tema es ciertamente delicado. Tiene que ver con las relaciones entre el Poder Civil y el instrumento uniformado del Estado, que se resiste a ser investigado y que reclama, al peor estilo senderista, "un acuerdo político" para poner fin a todo esto, es decir, una suerte de "ley de punto final" que garantice la impunidad, como en la Argentina de Menen. Hay quienes, entonces, prefieren "bajar el nivel" del debate, en procura de una suerte de "reconciliación entre todos los peruanos". Gorriti ¿se suma a ese punto de vista? Valdría la pena que lo precisara.

A los que se empeñan en que así sucedan las cosas hay que recordarles sólo que las heridas no cierran. Podrá pasar el tiempo, pero siempre la sangre brotará de la tierra. Y eso también lo demuestra la experiencia. Hoy, después de muchos años, en la tierra del Libertador, en la Pampa Argentina, las leyes de punto final han sido derogadas (fin)

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera