Latinoam�rica

Manuel Berm�dez    
IPS

   Entidades de derechos humanos y expertos alertan sobre el riesgo de que se acuerden medidas represivas supranacionales contra la delincuencia juvenil en la cumbre de Am�rica Central y M�xico, que se inicia este mi�rcoles en Tegucigalpa, Honduras.
- El combate a las "maras", las pandillas juveniles que constituyen el principal problema de delincuencia en la regi�n, ser� tratado en forma prioritaria por autoridades de los siete pa�ses centroamericanos y M�xico, si bien los contenidos de las reuniones de dos d�as son m�s amplios.
      La VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Di�logo y Concertaci�n de Tuxtla-Guti�rrez discute este mi�rcoles los alcances y avances del Plan Puebla-Panam�, un proyecto de integraci�n f�sica, que re�ne a los pa�ses del istmo y M�xico. Como invitado especial, asistir� el presidente colombiano �lvaro Uribe.
      Este jueves, en el marco de la XXVI Asamblea Ordinaria del Sistema de la Integraci�n Centroamericana (SICA), los mandatarios analizar�n los problemas de las maras, el tr�fico ilegal de personas, el terrorismo y el narcotr�fico. Estados Unidos estar� representado en el encuentro por el subsecretario de Estado Dan Fisk.
      Organizaciones de la sociedad civil temen que los acuerdos supranacionales que podr�an firmarse en la reuni�n atenten contra los derechos humanos de los j�venes y favorezcan sistemas represivos.
      El canciller de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, sostuvo que se analizar�a la creaci�n de una fuerza supranacional de respuesta r�pida contra el narcotr�fico y el terrorismo, la instauraci�n de una orden de captura de alcance regional y la creaci�n del pasaporte y del visado �nicos para Am�rica Central, entre otras iniciativas, aunque no se difundieron las propuestas que lleva cada pa�s.
      El presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, afirm� en conferencia de prensa el martes que no firmar�a ning�n acuerdo de integraci�n de un cuerpo supranacional dirigido por los estados mayores de las Fuerzas Armadas de la regi�n, tanto porque este pa�s no tiene ej�rcito, como por no coincidir con ese tipo de medidas.
      En las reuniones preparatorias, cancilleres y ministros de defensa e interior reconocieron que el problema de las maras hab�a escapado de las manos de las autoridades y alcanzado dimensiones internacionales, y aceptaron que los planes de "mano dura" y "s�per mano dura" practicados en los �ltimos dos a�os por Honduras y El Salvador, respectivamente, no arrojaron los resultados esperados.
      El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, se�al� que lo que se ha desatado en su pa�s es una "limpieza social" que pretende la eliminaci�n f�sica de algunos miembros de las pandillas.
      En las �ltimas semanas ha habido decenas de muertes violentas, que las autoridades atribuyen a luchas entre pandillas.
      Se estima que las maras cuentan con m�s de 100.000 miembros en la regi�n.
      Las medidas represivas tomadas hasta ahora fueron rechazadas por organizaciones de derechos humanos de la regi�n y por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues contravienen derechos de ni�os y j�venes y, en muchos casos, infringen el ordenamiento jur�dico nacional.
      El director de la Comisi�n Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, Frank LaRue, indic� que su gobierno propone combatir el fen�meno de manera estructural, contemplando aspectos sociales y programas preventivos.
      Autoridades de la regi�n han vinculado a las maras con el narcotr�fico y el terrorismo internacional, y alegan que deben reprimirse con apoyo internacional.
      El inter�s de Estados Unidos se hizo palpable en semanas anteriores, cuando agentes del Bur� Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingl�s) se reunieron con funcionarios de seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador, para discutir una estrategia de combate al crimen organizado.
      Autoridades policiales salvadore�as han insistido en que el problema debe inscribirse en la lucha antiterrorista internacional encabezada por Washington, y ya remiten como terroristas a algunos presuntos pandilleros, una medida pol�mica en el sistema jur�dico de ese pa�s pues es un cargo improcedente, seg�n juristas.
      El analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Luis Guillermo Sol�s, dijo que Am�rica Central no necesita un ej�rcito regional para combatir el terrorismo, ni soldados para detener al crimen organizado.
      Otros se�alan que el inter�s de integrar mecanismos represivos puede vincularse con la fuerte oposici�n social que ha despertado en el istmo el Tratado de Libre Comercio de Am�rica Central y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en ingl�s), firmado por el gobierno de George W. Bush con sus pares de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
      El problema es que las maras se ven como un mal en s� mismas, que puede ser extirpado de la sociedad, cuando se trata de un s�ntoma que debe ser abordado desde sus or�genes tanto para combatirlo como para evitar que se extienda, afirman los especialistas.
      M�s de la mitad de la poblaci�n centroamericana es pobre. En las �ltimas tres d�cadas del siglo XX, la regi�n padeci� una serie de conflictos armados, el �ltimo de los cuales, en Guatemala, concluy� en 1996, tras 36 a�os de guerra civil.
      Lograda la paz, el istmo sufri� devastadores desastres naturales que agravaron los problemas sociales.
      Se distinguen dos grandes pandillas: la Mara Salvatrucha y la Mara 18.
Ambas se originaron en la ciudad estadounidense de Los �ngeles, a fines de la d�cada de 1980, en comunidades de inmigrantes latinoamericanos, y fueron lideradas por j�venes salvadore�os.
      Desde entonces las pandillas se comportaron como un fen�meno social, pues cada vez aglutinaron a m�s integrantes y se extendieron posteriormente a Am�rica Central, cuando algunos de los delincuentes capturados en Estados Unidos fueron deportados a sus pa�ses de origen.
      Las acciones de estas pandillas afectan a algunas ciudades de Estados Unidos, as� como a M�xico, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Sus actividades delictivas principales son el tr�fico de emigrantes, el narcotr�fico, los secuestros y otras formas de violencia.

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