Cerigua - Cientos de personas masacradas, anegación de tierras cultivables, destierro de poblaciones y pérdida de posesiones, son entre otros los abusos cometidos contra varias comunidades, como consecuencia de la construcción de la represa de Chixoy, Alta Verapaz, en 1982; hoy, 23 años después, sobrevivientes de la tragedia exigen al gobierno un resarcimiento. 
De acuerdo con información publicada por el matutino Prensa Libre, familiares de las víctimas y antiguos habitantes de las comunidades desplazadas como producto de la instalación de la planta hidroeléctrica Chixoy, en el marco de la entrega a representantes del gobierno de un estudio que documenta los daños y abusos sufridos, demandaron una compensación.
 
El informe, elaborado por la antropóloga Bárbara Johnston, del Centro para la Ecología Política, de Estados Unidos, revela cómo a raíz de ese proyecto de generación de energía, impulsado en 1975 y ejecutado en 1982, unas tres mil 500 personas fueron forzadas a abandonar sus tierras y bienes, y alrededor de seis mil familias sufrieron sus secuelas.
 
El documento, entregado el recién pasado miércoles a Frank La Rue, titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), señala además que, como parte de los daños derivados de la construcción de la hidroeléctrica, los habitantes afectados viven en extrema pobreza y violencia, además de que nunca recibieron la compensación prometida por los perjuicios.
 
La autora de la investigación concluyó que sumado a los asesinatos de varias personas que se negaron a salir de sus hogares o que se oponían al proyecto, la inundación de grandes extensiones de tierras y de las secuelas en el tejido social, que provocó la desintegración de familias y comunidades, actualmente, muchas de las poblaciones en las cercanías del embalse, ni siquiera tienen energía eléctrica o accesos.
 
El 13 marzo de 1982, durante el régimen de Romeo Lucas García, el Ejército masacró a 177 indígenas de la aldea Río Negro, en Baja Verapaz; el hecho fue documentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), al igual que otros acaecidos en la misma época y que cobraron la vida de por lo menos 524 personas en distintos lugares que fueron ejecutados en el marco de la oposición a la construcción de la represa.
 
Tras 23 años de esos abusos, los afectados exigieron al gobierno que haga justicia, por lo que La Rue señaló que en breve pondrá en marcha una comisión de verificación de los daños ocasionados por la represa, la cual estará integrada por representantes del Instituto Nacional de Electrificación (INDE); así como los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), que financiaron el proyecto.
 
En febrero de 2005, la organización de sobrevivientes de las masacres y el destierro interpusieron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra los estados de Guatemala y Estados Unidos; el BID y el BM, por el incumplimiento de su promesa de indemnizar a las comunidades y por las masacres cometidas; entre otras exigencias, piden la restauración de las tierras perdidas y un plan de desarrollo económico, educativo y de salud, así como protección jurídica.