Agencia Prensa Rura - Visur

Mientras la población de frontera denuncia las consecuencias de la guerra, la insurgencia fractura la estrategia diseñada por Washington.
El ataque del 25 de junio de las FARC a la base del ejército colombiano en Teteyé, en Putumayo, donde murieron 22 soldados, volvió a colocar en la agenda de discusión los efectos de la guerra en la frontera común de 600 kilómetros.
Decenas de campesinos se vieron obligados a marcharse a Ecuador por temor a verse involucrados en los enfrentamientos. Este desplazamiento ha crecido desde hace un año, lo cual ha llevado a un aumento de los caseríos en la ribera ecuatoriana del río San Miguel, que separa a los dos países.
Guerra biológica Los combates son una parte de los problemas que afectan a los habitantes de la zona. Las fumigaciones a las plantaciones de coca en el lado colombiano dañan los cultivos para la alimentación, los animales de cría y la salud de las personas.
La desnutrición estaría alcanzando niveles graves a consecuencia de las aspersiones. Las fumigaciones empobrecieron la calidad del suelo y su capacidad de producción, por lo que la población manifiesta sentirse víctima de una guerra biológica.
Testimonios de expertos sospechan que la mezcla anunciada en Colombia para las fumigaciones no es la que se está empleando y que podría haber otros componentes en las aspersiones.
La neutralidad del Ecuador, amenazada "Las Fuerzas Armadas tienen una política de no intervención en ese conflicto y eso se ha cumplido. Resguardamos nuestro territorio, pero no seremos utilizados para regionalizar una guerra que corresponde solucionar a Colombia", dijo a IPS en la frontera un oficial del ejército ecuatoriano.
Explicó que no se ha dado ningún cambio en ese sentido entre el actual gobierno de Alfredo Palacio y el anterior, y que la diferencia "está en las declaraciones de los portavoces de Quito que intentan mostrar mayor rechazo a involucrarse".
"Lastimosamente ellos (los políticos) fueron los que cedieron la base de Manta a Estados Unidos, lo que comprometió nuestra soberanía y la no intervención en la guerra colombiana", añadió el oficial.
Washington y Quito mantienen un acuerdo de 10 años, firmado en 1999, para el uso por parte de militares estadounidenses de la base y puerto ecuatoriano de Manta, sobre el océano Pacífico y cercano a Colombia.
Ese tratado fue cuestionado por el movimiento indígena y agrupaciones sociales, debido a que llevaba a Ecuador a participar en la guerra colombiana. Sin embargo, el presidente Palacio "garantizó que su gobierno respetará el tratado de la base de Manta, en los términos y tiempos acordados".
El coronel retirado Jorge Brito ha denunciado que existe apoyo de inteligencia satelital estadounidense desde la base de Manta para combatir a la guerrilla colombiana. "Estados Unidos ha reconocido que la base de Manta es uno de los puntos más estratégicos en la lucha que sostiene el Plan Colombia".
Tras el ataque al cuartel de Teteyé, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, afirmó que los autores habían salido de Ecuador y exigió al gobierno vecino un mayor control y propuso acciones conjuntas contrainsurgentes.
Las autoridades de Ecuador informaron que no habían aceptado la iniciativa de Uribe, tras la reunión de los mandos militares de ambos países el 30 de junio en Tulcán. Sin embargo, el 12 de julio, la policía ecuatoriana entregó a las autoridades colombianas a tres supuestos integrantes de las FARC, quienes habrían participado en el ataque a Teteyé.
Analistas ecuatorianos consideran que Quito no debe ceder ante "la presión diplomática que ejerce Uribe, quien aspira a que Ecuador colabore en el combate a la guerrilla de su país". El actual canciller Antonio Parra comentó que, "al decir que no vamos a intervenir, es que somos neutrales, no somos parte y no tenemos por qué participar".
Parra señaló que a Ecuador sí le interesa discutir temas relacionados con la seguridad fronteriza, refugiados, inmigrantes, fumigaciones y extradición, cuestiones que estarán sobre la mesa en la reunión que mantendrá el 25 de julio en Quito con su par colombiana, Carolina Barco.
Ofensiva política, militar y diplomática de las FARC El Bloque Sur de las FARC-EP prosiguió durante la tercera semana de julio su ofensiva incomunicando al Putumayo con el centro del país e interrumpiendo el suministro de energía eléctrica al 70% de la población del departamento. Además, atacó un puesto de policía en Neiva, en el Huila.
El 15 de julio, las FARC informaron que el soldado Duverney Orozco, quien había sido tomado prisionero, había sido entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. Anunciaron que es un "hecho de paz unilateral", e insistieron en lograr el canje de las personas que mantiene como rehenes por sus militantes presos en diferentes cárceles del país y de Estados Unidos.
Este hecho se conoce luego de que un emisario del gobierno francés se reuniera con las FARC para hablar del estado de salud de Íngrid Betancourt, así como de la posibilidad de su liberación. También se supo que funcionarios del FBI tomaron contacto con la organización insurgente a través del prisionero Rodrigo Granda.
Los Estados Unidos querían saber las condiciones de las FARC para la liberación de los tres agentes de la CIA que el Bloque Sur de esa organización insurgente tomó como rehenes el 13 de febrero del 2003 en el Caquetá.
Tras saberse que tales reuniones habían sido autorizadas por el gobierno colombiano, éste confirmó que ha iniciado contactos preliminares tendientes a buscar los mecanismos y la manera de reunirse para explorar posibilidades de un intercambio humanitario de prisioneros.
Voceros de la insurgencia consultados por la agencia Visur dijeron que se están dando "tímidos" contactos, agregando que tampoco son optimistas y que no se deben generar falsas expectativas.