Adital

Organizaciones sociales y religiosas pidieron al presidente Alvaro Uribe que se abstenga de promulgar la ley de Paz y Justicia por ser "una ley de impunidad" que encubre a los grupos paramilitares. 
"Si lo hace, usted será responsable ante la opinión pública nacional e internacional y sobre todo ante las víctimas del horror de la barbarie paramilitar, de que estos crímenes, que hieren la conciencia de la humanidad y claman al cielo, queden en la más absoluta impunidad" dice la misiva entregada el martes en la sede del gobierno.
 
Entre otros firmantes de la carta figuran: Lilia Solano, del Proyecto Justicia y Vida, y ex presidenta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL); Gladys Ávila, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Gloria Mancilla, de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria; la Hna. Cecilia Naranjo, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Jairo Ramírez del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
 
Las organizaciones firmantes, vinculadas al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, Violaciones a los Derechos Humanos y Genocidio, sostienen que la ley permitiría que queden sin castigo los autores de los crímenes, desapariciones y torturas causados por estructuras paramilitares, que entre los años 1998 y 2003  dejaron un saldo de más de 14 mil víctimas.
 
La ley de Paz y Justicia que define el marco jurídico de la desmovilización de grupos paramilitares, fue aprobada por el Congreso colombiano el pasado 21 de junio, levantando una ola de protestas entre organizaciones de la sociedad civil y de organismos mundiales como Amnistía Internacional. El presidente Uribe se ha mantenido firme en su decisión de suscribirla.
 
Al rechazo contra la medida de algunas organizaciones colombianas, se sumaron el miércoles las observaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pidió al presidente Uribe objetar la ley de Justicia y Paz.
 
El grupo, que culminó su visita de diez días al país invitado por el gobierno, sostuvo que el proyecto adolece de una serie de vacíos que podrían atenuar la responsabilidad penal de los autores de desapariciones forzosas, concluyendo que la medida debe mejorarse.
 
El presidente Uribe, de visita en Europa, respondió el miércoles algunas preguntas incómodas de los parlamentarios españoles en su intervención en el Senado, donde negó que la nueva norma contemple indultos para actos de lesa humanidad e insistió en involucrar a la Unión Europea como garante del reglamento de la ley.
 
Uribe partió el mismo día a Inglaterra donde se reunió con el primer ministro Tony Blair, en una gira global que según algunos analistas, constituye una ofensiva diplomática del gobierno colombiano para lograr apoyo internacional a la controvertida ley.