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Conflicto armado y terrorismo en Colombia
Hendrik Vaneeckhaute
Rebelión
Sobre la violencia en Colombia y sus causas circulan muchas versiones. En los
últimos años suenan como nunca antes las palabras ‘democracia’, ‘seguridad’ y
‘negociaciones de Paz’. Ojalá esto significaría algo positivo. Pero en ese
‘Mundo al Revés’, como bien explica Eduardo Galeano, parece que cuanto más se
utiliza unos términos considerados positivos, más se quiere ocultar la verdad.
La lucha por la democracia y la libertad, se hace con bombardeos masivos e
invadiendo y ocupando países enteros. La lucha contra el terrorismo, se hace a
través de campos de concentración y cárceles secretas dónde la tortura y el
terror se imponen. Los gobernantes en Colombia lo han entendido bien: legalizar
el aparato paramilitar encargado de la guerra sucia, se llama ‘proceso de Paz’,
aplicar la represión y la guerra, se llama ‘seguridad democrática’ y la ley que
pretende absolver a los peores criminales de la historia, se llama ‘Justicia y
Paz’.
El proceso llamado ‘negociación de Paz’ con los grupos de ‘autodefensa’, AUC,
mejor conocidos como paramilitares, es una muestra clara de la hipocresía
diplomática internacional. Una gran farsa, un circo tragicómico, podríamos
decir, si no fuera tan tristemente doloroso. Los decenas de miles de violaciones
de Derechos Humanos están sujetas a un espectáculo mediático, cuyo objetivo es
torturar y enterrar otra vez a las victimas, para desaparecer de una vez por
todas la aspiración a la verdad y la justicia. A ese encuentro público entre el
brazo militar terrorista oculto y unos delegados nombrados por el gobierno se
llama ‘negociación de Paz’, pero se encuentra con unas deficiencias básicas para
ser tal cosa:
-a- En la mesa no está sentado ningún actor armado insurgente.
-b- Los supuestos comandantes paramilitares son reconocidos narcotraficantes.
-c- No existe ninguna desmovilización real.
-d- No hay tregua.
Para justificar las negociaciones, y más en general la política cínicamente
llamada ‘seguridad democrática’, el gobierno de Uribe presenta unos resultados
dudosos:
-e- Las cifras son falsas.
-f- En la medida que avanza la llamada Paz, aumenta la represión del estado.
-g- Existe una creciente paramilitarización del estado.
Los objetivos reales de las falsas negociaciones son tres:
-h- Recoger más dinero para seguir con la guerra.
-i- Mostrar una falsa separación entre el proyecto paramilitar y militar del
estado.
-j- Garantizar la impunidad de los crímenes.
-a- Las AUC no son un actor armado insurgente.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, son una organización paramilitar,
o dicho con otras palabras, son una organización terrorista estatal. Nunca hubo
un enfrentamiento real con el estado. Las pocas veces que hay ataques por parte
de las AUC, se trata de silenciar (lea masacrar) a personas dentro del estado
que intentan cumplir con su deber: investigadores jurídicos, jueces,
funcionarios que combaten la corrupción, etc. Y cuando el ejército oficial
ofrece algún resultado en la supuesta lucha contra las ‘autodefensas’, se trata
del descubrimiento de alguna base ‘para-militar’ vacía (cuando las bases
paramilitares siempre están cerca de las bases militares y perfectamente
ubicadas por todo el mundo) o de un tiroteo con algún grupo de ‘autodefensa’
cuyo comandante se aleja demasiado de los intereses del estado y del ejército.
El estado se encuentra ahora negociando con su propia organización armada
encargada de aplicar la guerra sucia contra la resistencia social.
"Como ya ha señalado la Alta Comisionada en informes anteriores, el Estado
colombiano tiene una responsabilidad histórica innegable en el origen y
desarrollo del paramilitarismo, que contó con amparo legal desde 1965 hasta
1989. Desde entonces, a pesar de que las llamadas "autodefensas" fueron
declaradas inconstitucionales, han transcurrido ya diez años sin que se haya
logrado su desmantelamiento efectivo. En este mismo plano histórico, particular
responsabilidad le toca a las fuerzas militares, puesto que durante el extenso
período de amparo legal de las "autodefensas", les correspondió promover,
seleccionar, organizar, entrenar, dotar de armamento y proveer de apoyo
logístico a estos grupos, dentro de un esquema general de apoyo a la fuerza
pública en su lucha contrainsurgente."[OACNUDH, 2000]
"El control paramilitar es más fuerte en los cascos urbanos, donde es mayor la
presencia de la fuerza pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un
elemento significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos
con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las declaraciones de
autoridades civiles y militares negando la existencia en sus regiones de grupos
paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público."[OACNUDH, 2003]
-b- Los jefes paramilitares presentados son narcotraficantes.
Cuando los jefes paramilitares se presentaron en Santa Fe de Ralito, la zona de
encuentro entre los paramilitares y el gobierno, se descubrieron sus identidades
reales. Resulta que la mayoría de ellos son conocidos narcotraficantes.
"Hoy, de los 13 miembros del llamado estado mayor negociador de las Auc
–descontando a Miguel Arroyave, asesinado– 10 están o pedidos en extradición o
incluidos en la lista de grandes narcotraficantes de EEUU." (El Tiempo,
25/09/2004)
Así se demuestra el vínculo fuerte que siempre existió entre el narcotráfico y
el proyecto paramilitar. Y eso, de un lado deja ver que el proyecto paramilitar
no es ningún ‘actor armado’ con un programa político, sino una banda de
criminales y por lo tanto no tienen sentido unas negociaciones de paz. Del otro
lado, dado los vínculos históricos entre el paramilitarismo y las fuerzas del
estado, deja también en evidencia la alta involucración del propio estado en el
narcotráfico. Y, además, desenmascara todo el Plan Colombia, el plan militar de
EEUU para combatir el narcotráfico, y dirigido casi exclusivamente a los
territorios de influencia guerrillera. Las zonas principales de producción y
tráfico de la cocaína, en realidad son zonas bajo control estatal colombiano, y
no las zonas guerrilleras. El objetivo del Plan Colombia no es por lo tanto el
combate del narcotráfico, sino el combate de la guerrilla.
-c- No hay desmovilización real.
Los supuestos miles de paramilitares desmovilizados, en realidad no existen. Por
ejemplo, en la primera desmovilización efectuada en Medellín, se presentaron
unos 850 jóvenes, con escaso armamento. Una gran parte de ellos no eran
paramilitares, en el sentido de combatientes que participaron como tal en las
acciones militares, sino jóvenes (en parte delincuentes y miembros de bandas de
Medellín) que fueron ‘reclutados’ por parte de aparato paramilitar para
presentarse como paramilitares, bajo la promesa de unos ingresos y trabajo
asegurados por parte del gobierno. En la actualidad, las estructuras
paramilitares en Medellín y los alrededores siguen perfectamente intactas y
funcionando, a pesar de la supuesta desmovilización.
En general, las cifras oficiales hablan de, hasta la fecha, 12.500 paramilitares
desmovilizados. El armamento entregado es escaso. Ni rastro de los equipos de
radio, coches y camiones, armamento pesado o de los helicópteros con los cuales
los jefes paramilitares se movían impunemente por todo el país. No lo pueden
entregar, porque en gran parte, ese material pertenece al ejército, y fue y
sigue siendo, utilizado de forma compartida y coordinada. Tampoco se han
entregado los muchos millones de hectáreas de tierras robadas o compradas bajo
amenaza a los 3 millones de campesinos desplazados. (Cifras dadas por Codhes
señalan que entre 1997 y 2003, los paramilitares se quedaron con 5 millones de
hectáreas.)
-d- No hay tregua.
Una de las condiciones de las falsas negociaciones es la supuesta declaración de
una tregua por parte de los grupos paramilitares. Pero igual que las
negociaciones, esta tregua no existe. Los paramilitares siguen operando en todo
el país, siguen contando con el pleno apoyo de las fuerzas militares estatales.
"Los paramilitares continuaron cometiendo infracciones e infringiendo el cese de
hostilidades. Se registraron graves acciones que incluyen masacres, homicidios,
toma de rehenes y desplazamientos forzados. Llamó la atención el alto número de
infracciones, su gravedad y la impunidad con la que se ejecutan tomando en
cuenta el declarado cese de hostilidades." [OACNUDH, 2005]
Por ejemplo, según las estadísticas del CINEP, fueron ejecutados
extrajudicialmente durante los 6 primeros meses de 2004, 304 personas por los
grupos paramilitares (y 130 personas fueron ejecutados por los diferentes
organismos militares del estado).
-e- Aumento de la represión por parte del estado.
La violencia paramilitar disminuyó en ciertas zonas, pero eso se debe al aumento
de la represión por parte de los organismos del estado.
"La oficina en Colombia continuó recibiendo, en forma creciente, denuncias de
violaciones con responsabilidad directa de los servidores públicos, y en
particular de la Fuerza Pública, en varias ocasiones conjuntamente con la
Fiscalía. Resultó preocupante el aumento de denuncias de detenciones arbitrarias
o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de
violaciones al debido proceso y a la intimidad. Hubo un aumento de denuncias de
torturas y maltrato. Se denunció igualmente, en varios casos, la responsabilidad
del Estado por omisión o por connivencia de servidores públicos con grupos
paramilitares."[OACNUDH, 2004]
"Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a
miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo
altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias
de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por
parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de
manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los nexos entre
servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se
puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad
estatal por acción directa u omisión." [OACNUDH, 2005]
En todo el país se han organizado detenciones masivas e indiscriminadas, en las
cuales centenares, hasta miles de personas son detenidas a la vez, mantenidas en
grandes campos de concentración, marcadas en algunos casos con un número en el
brazo, y en situ son elaboradas las órdenes de captura por el fiscal que
acompaña a los militares y que pretenden dar cobertura legal a las detenciones.
"Se denunció que, en reiteradas ocasiones, se dieron órdenes de captura en
blanco, o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la
tolerancia o la implicación directa de los fiscales. Se denunciaron casos de
desmovilizados que dieron falsos testimonios a cambio de dinero o de beneficios
judiciales." "Las detenciones arbitrarias, caracterizadas por la precariedad de
los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales, no sólo violan
la presunción de inocencia de las personas, sino también provocan la
estigmatización que genera el despliegue periodístico y público del nombre, y a
veces foto o imagen, de las personas detenidas." [OACNUDH, 2005]
-f- Hay paramilitarización del estado.
La aparición pública de los paramilitares a través de la mesa de
negociación, tiene como objetivo la desaparición de los paramilitares, pero esa
realidad, sólo es virtual. Lo que está ocurriendo es la reabsorción del proyecto
paramilitar por parte del estado, en todos sus segmentos, desde lo político, lo
económico y lo jurídico. En el plan político, un tercio de los diputados en el
Congreso son personas afines al proyecto paramilitar y elegidos en sus zonas de
influencia gracias al fraude, la amenaza a los demás candidatos (que en
múltiples ocasiones se retiraron) y el voto forzado de los habitantes que se
veían ante la amenaza de más masacres indiscriminadas a no ser que su voto fue
masivamente para el candidato promovido por los paramilitares. En el plan
económico, se está legalizando de forma masiva el robo de tierras por parte de
los paramilitares gracias el desplazamiento, y a través de megaproyectos, como
la palma aceitera (palma africana) que son introducidos en territorios
controlados por el paramilitarismo. Y en el plan jurídico, gracias a la salida
masiva del país de fiscales, jueces y investigadores comprometidos con la
justicia bajo amenaza constante por parte de los militares y paramilitares.
Desde arriba hasta abajo, la fiscalía resulta infiltrada totalmente por personas
a sueldo del proyecto paramilitar. Decenas de casos jurídicos contra el estado y
en contra de los principales líderes paramilitares y militares desaparecen,
otras decenas son bloqueados sistemáticamente, jueces emiten fallos
inconcebibles desde el punto de vista jurídico, testigos protegidos son
asesinados, etc.
-g- Las cifras sobre violencia son falsas.
El gobierno de Álvaro Uribe presenta, para demostrar el éxito de su política en
la disminución de la violencia, cifras que supuestamente muestran una tendencia
a la baja. Naciones Unidas dice lo siguiente sobre estas cifras:
"Las estadísticas oficiales actuales sobre violaciones de los derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario adolecen de errores
sistemáticos y accidentales. Por ejemplo, no se registran las desapariciones
forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles,
inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, y las violaciones al
debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales establecidos. De
igual forma ocurre con las estadísticas sobre homicidios, las mismas no
discriminan adecuadamente si el autor ha sido un agente del Estado o un
particular actuando con el consentimiento o aquiescencia de éste. El CIC no
registra los casos de desaparición forzada, a pesar de que la conducta ha sido
tipificada como delito en el Código Penal vigente. Para el derecho internacional
de los derechos humanos la desaparición forzada sólo puede ser cometida por
funcionarios públicos o por particulares que actúen con la aquiescencia o
tolerancia de aquellos. Según informaciones recogidas por la oficina en lo que
va del año 2004 hay registrados más de 200 casos que pueden ser calificados como
desaparición forzada."[OACNUDH, 2005]
Las cifras del Ministerio de Defensa sobre sus resultados en la lucha contra la
guerrilla también son abrumadoras: para el año 2000 había en Colombia 21.585
insurgentes y según estas mismas estadísticas oficiales entre el año 2000 y
2003, han sido neutralizados 18.114. Pero el número de insurgentes, en el 2003
es de 21.072. Se puede argumentar que entran nuevos combatientes en la
guerrilla, pero según estas cifras, la guerrilla se renovaría cada 3 años. Para
el 2004, según cifras oficiales del comando general de las fuerzas armadas, se
hubieran puesto fuera de combate a más de 6.000 guerrilleros (entre ‘dados de
baja’, capturados o desertados). A pesar de ello, los expertos consideran que la
fuerza militar de la guerrilla sigue igual…
Los verdaderos objetivos de las falsas negociaciones son las siguientes:
-h- Obtener más fondos para la guerra:
Resulta bastante cínico, pero los fondos destinados para la desmovilización, en
realidad acaban empleándose para la guerra. Ya desde el principio, el gobierno
colombiano presenta unas cifras completamente manipuladas. Por ejemplo, el
número de paramilitares aumentó de forma espectacular desde que el gobierno
empezó con las falsas negociaciones. Según cifras del propio gobierno y según
expertos internacionales, el número de paramilitares llegó en el año 2003 a unas
13.000 personas. Pero en el momento de presentar las peticiones de fondos
internacionales aparecen cifras completamente distintas.
"Según la oficina del Comisionado para la Paz, el reintegro a la vida civil de
los primeros 13.000 'paras' costara unos 208 millones de dólares (más de 600 mil
millones de pesos), a razón de 16.000 dólares (unos 48 millones de pesos)
por cabeza y por dos años que se necesitaran para la reinserción
efectiva. Eso, sin contar lo que costaran los del Bloque Central Bolívar (4.000)
y los de Alianza Oriente (2.000), que están en mesas paralelas." (El Tiempo, 20
de julio 2003)
En estas mesas paralelas estaban en aquel entonces por ejemplo el bloque ‘Metro’
(Medellín y Antioquia) con supuestamente 1.500 hombres y el Bloque Élmer
Cárdenas, al mando de 'El Alemán' con al menos 1.000 hombres más. Además,
quedaban algunos frentes que todavía no se habían incorporados en el proceso. En
total el aumento era de 13.000 a más de 23.000, más de 10.000 hombres armados.
Contando a 16.000 dólares por persona (corresponde a unos 10 salarios mínimos en
Colombia), son 160 millones de dólares lo que se pretende recoger en fondos
internacionales.
-i- Mostar una falsa separación entre el proyecto paramilitar y el estado:
Con las falsas negociaciones, el gobierno quiere dar la imagen de sentarse y
negociar con un supuesto actor armado independiente. A diario se organizan
incidentes para crear la ilusión de que se trata de unas verdaderas
negociaciones, pero las situaciones llagan a ser tan absurdas que ningún
observador puede creer que son reales.
Un ejemplo es el ‘incidente’ con el reconocido narcotraficante y responsable de
diversos crímenes atroces (que seguramente son calificables como crímenes de
Lesa Humanidad), ‘Don Berna’. Desde la zona de encuentro, ese narcotraficante
paraestatal ordena sus crímenes, uno de ellos parece ser el asesinato de un
diputado el pasado 10 de abril. La Fiscalía emite una orden de captura, la
Policía le va a buscar en la zona de negociación, pero se ‘escapa’. Mientras
tanto el comandante para-militar ordena la paralización del transporte público
en Medellín, como muestra de fuerza. (En Medellín se suponía que ya estaban
desmovilizados los paramilitares.) A las pocas horas, Don Berna aparece
negociando con el gobierno, y el resultado es que uno de los terroristas (en el
sentido literal de la palabra) más crueles de Colombia permanecerá en una lujosa
finca, libre para seguir sembrando el terror.
-j- Garantizar la impunidad de los comandantes paramilitares y los altos
mandos militares frente a la Corte Penal Internacional, CPI.
En noviembre del 2002 entró en vigor para Colombia, el Estatuto de la Corte
Penal Internacional. Lo que se mantuvo secreto en aquel entonces fue que el
gobierno invocó una cláusula que excluye durante 7 años a los crímenes de
guerra. El calendario para las falsas negociaciones está ajustado a este plazo
de 7 años y la aprobación de la ley llamada ‘Justicia y Paz’, que impone penas
ridículas para los crímenes atroces cometidos por los paramilitares, tiene como
objetivo asegurar que todos los crímenes (estamos hablando de decenas de miles
de crímenes registrados) quedan impunes ante la posible y probable acción por
parte de los organismos de derechos humanos.
El objetivo, además, es doble: al lavar los crímenes de los paramilitares, se
pretende hacerlos desaparecer, con lo cual también se aspira ocultar a los
verdaderos organizadores de los crímenes: los altos mandos militares que
crearon, armaron, organizaron y coordinaron a los distintos grupos paramilitares
bajo los auspicios del gobierno de turno.
Conflicto armado y terrorismo
En el mundo al revés no puede ser de otra forma que los verdaderos
terroristas son presentados como un actor armado con estatus político, y los
insurgentes, reconocidos como tal por parte de la ONU, presentados como
terroristas. En Colombia sí existe un conflicto armado, pero entre diversos
grupos insurgentes que surgieron como respuesta a la represión y la aplicación
de la guerra sucia contra la población campesina y contra la protesta social.
"Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que
desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la
existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana." [OACNUDH,
2005]
Pero esta insurgencia legítima, (rebelión), es llamada terrorista por parte del
gobierno de Álvaro Uribe. La agenda política, social y económica de, por
ejemplo, las FARC, es una agenda que queda muy lejos de los principios marxistas
que caracterizaron a este grupo insurgente al principio. Su programa se parece
mucho más a un programa de cualquier partido político de izquierdas en Europa,
basado en los principios de soberanía sobre las riquezas nacionales y la
construcción de una sociedad democrática con igual distribución de la riqueza.
Pero esta agenda, para los gobernantes colombianos es inaceptable, porque haría
falta repartir y compartir los ingresos, y haría falta tocar los privilegios de
una clase ultra rica y altamente corrupta.
"Según el indicador de la línea de pobreza (LP) el 64% de la población vive en
condiciones de pobreza. Según la Contraloría General el 31% de los colombianos
pobres se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Adicionalmente al
alto grado de pobreza, la brecha de inequidad sigue siendo grande. Según cifras
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 20% de la
población más pobre percibe el 2,7% de los ingresos totales de la nación,
mientras que el 20% de la población más rica concentra casi el 62%. La cobertura
del sistema de salud sigue siendo muy baja. Casi el 40% de la población total no
está afiliada. Durante el año se empeoró la situación hospitalaria, en
particular por la precariedad de recursos y servicios."[OACNUDH, 2005]
Colombia es un país que dispone de enormes riquezas, y justamente por ello, los
intereses son tan altos que la vida de la mayoría de su población no parece
importar. Las privatizaciones de los servicios públicos en Colombia se
caracterizaron (y se caracterizan) por su alto grado de corrupción y su alto
grado de represión de los sindicatos. La corrupción aseguró la venta de los
negocios por debajo de su valor real, y el asesinato sistemático de centenares
de sindicalistas acalló la protesta y sigue asegurando la explotación eficiente.
Telefónica, Repsol, BBVA, Banco Santander y otras multinacionales obtienen de
esta forma unos beneficios garantizados.
El apoyo del gobierno español al actual presidente de Colombia, no es muy
diferente al apoyo que recibieron los anteriores presidentes. De muchos de estos
ya se acepta públicamente que eran más bien criminales y corruptos que nunca
deberían haber recibido apoyo ninguno como presidente. Del actual presidente
Álvaro Uribe se conoce perfectamente su pasado criminal, y, además, existen
decenas de informes sobre la ‘paramilitarización’ del estado y la creciente
represión de la protesta social. Pocas veces la mentira y el engaño de un
gobierno colombiano han sido tan claros y tan contundentemente denunciados. A
pesar de ello, a algunos de los gobernantes europeos les interesa mas bien poco
escuchar estas críticas. Cuanto más intereses económicos hay en juego, más sordo
el gobierno europeo. Zapatero parece necesitar una intervención intensiva del
oído.
OACNUDH, 2000: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, marzo 2000.
OACNUDH, 2003: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero
2003.
OACNUDH, 2004: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero
2004.
OACNUDH, 2005: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, febrero
2005
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