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Latinoamérica
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Comunicado íntegro. Llamado por la defensa de la labor
periodística y de la libertad de expresión
Rebelión
Los colectivos de medios alternativos agrupados en la Coordinación Colombiana
de Medios Alternativos (CCMA) y las agrupaciones y personas abajo firmantes
denunciamos ante la comunidad periodística nacional e internacional, la
ciudadanía, las instancias gubernamentales, el país y la comunidad internacional
la grave situación a la que está sometido el trabajo periodístico y de
comunicación alternativa e independiente en Colombia.
Es de conocimiento público que la labor periodística en Colombia y,
especialmente, la práctica del periodismo independiente que genere espacios para
comunicación alternativa, libres de la influencia de los grandes conglomerados
económicos se ha convertido, durante los últimos años, en una práctica
extremadamente riesgosa para quienes optan por ella, debido a la instauración de
una política ampliamente represiva de silenciamiento contra quienes expresan su
voz crítica ante las políticas de Estado y la actual situación del país.
Dichas políticas son ejecutadas desde la ilegalidad, y de manera vertical y
arbitraria, por diversos actores, especialmente por aquellos que se amparan en
la falsa legitimidad que les brinda la política de seguridad democrática del
actual gobierno y en las negociaciones que actualmente se desarrollan con los
llamados grupos paramilitares que, financiados por el narcotráfico y amparados
por amplios sectores retardatarios dentro de las fuerzas militares y del poder
estatal, han amenazado, secuestrado y asesinado a centenares de periodistas
independientes y aficionados durante los últimos años, dejando a Colombia como
el segundo país más peligroso para el ejercicio de la labor periodística en
América Latina, según datos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)
dados a conocer por su comisión investigativa de atentados a periodistas (CIAP).
Esta situación se ha puesto de relieve en los últimos días. Las agresiones
contra la prensa independiente en lo que va corrido de 2005 se convierten en un
capítulo negro dentro del terrible historial que ha enlutado a nuestro país
durante las últimas décadas, como consecuencia de la política de silenciamiento
a la oposición que se ha practicado en Colombia. Las constantes amenazas y
ataques a distintos colegas a lo largo y ancho de la geografía nacional y, en
especial en departamentos como Valle, Norte de Santander, Arauca, Antioquia y
Tolima, han llevado al desplazamiento forzado de varios profesionales de la
información y han generado graves consecuencias poder ejercer el derecho a
informar y ser informado dentro del territorio nacional.
En este contexto, son de especial singularidad las amenazas de muerte emitidas
por el paramilitarismo y de las que fueron víctimas los colegas Hollman Morris,
productor y director del programa de televisión CONTRAVÍA, Carlos Lozano,
director del semanario VOZ, Daniel Coronell, director del noticiero televisivo
NOTICIAS UNO, Gilberto Martínez Prado, director de noticias de COLMUNDO RADIO, y
Marcos Perales Mendoza, miembro de la revista PORTADA de la ciudad de
Barrancabermeja, todas efectuadas mediante el envío de ramos fúnebres a sus
domicilios, de correos electrónicos y llamadas amenazantes dirigidas hacia estos
comunicadores y sus allegados, así como el reciente atentado contra la vida de
William Parra, miembro del equipo periodístico del proyecto TELESUR, y el
asesinato del colega Julio Hernando Palacios Sánchez, ocurrido el 11 de enero en
la ciudad de Cúcuta, pues estos acontecimientos evidencian un plan de represión
selectiva y silenciamiento hacia quienes se dedican a la labor comunicativa y se
han caracterizado por sostener una posición crítica frente a la política del
gobierno nacional, las actuales negociaciones con los grupos paramilitares y
mafiosos, las actuaciones de las fuerzas militares y, en general, la situación
de miseria y violencia que se vive en Colombia.
Hoy, cuando un tenaz trabajo investigativo de parte del colega Daniel Coronell
ha develado claramente a los responsables de una buena parte de estas amenazas,
develando los notorios vínculos entre altos miembros del gobierno, de las FFMM y
de altas figuras de la política nacional con el paramilitarismo y el
narcotráfico, nos preguntamos las razones para que no se haya capturado y
enjuiciado a los responsables, cumpliendo con ello el deber del Estado
colombiano.
Expresamos nuestro rechazo y hacemos un llamado de alerta frente a las
agobiantes situaciones de hostigamiento y de persecución que han padecido
diferentes comunicadores aficionados y periodistas que han denunciado hechos
criminales a lo largo del territorio nacional, como el asesinato del joven
Nicolás Neira Álvarez a manos de miembros del Escuadron Móvil Antidisturbios (ESMAD)
el pasado 1° de Mayo en el centro de Bogotá, los cuales demuestran una política
de vigilancia y amedrentamiento que busca impedir el surgimiento de nuevos
medios informativos que demuestren ante la opinión pública la crudeza
característica de hechos atroces como el antes mencionado.
Adicionalmente, denunciamos públicamente la persecución y sabotaje al que han
sido expuestos distintos medios de comunicación alternativos. Creemos que en un
país que se precia, en el discurso y en la legislación, de defender las mínimas
garantías para ejercer la libertad de prensa, es vergonzoso que se presenten
hechos como el cierre de emisoras comunitarias indígenas, presentado en el
departamento del Cauca, por parte del Ministerio de Comunicaciones en abierto
desconocimiento de la ley 335 que especifica la protección y el apoyo del Estado
a estas iniciativas, como las constantes agresiones físicas de la fuerza pública
a reporteros durante represiones a movilizaciones populares, que han ocasionado
graves lesiones a estos comunicadores por las cuales nadie responde, y acciones
intimidatorias como los seguimientos y la interceptación de comunicaciones a
periodistas para evitar el cumplimento de su trabajo, como los ocurridos al
colega César Jerez de la agencia Prensa Rural e
n la ciudad de Barrancabermeja.
Nos preocupa, particularmente, que en un país como Colombia, con una
confrontación armada que completa ya varias décadas, con un historial represivo
que ha llevado a una crisis humanitaria que se encuentra entre las más graves
del mundo, con un índice de 114 periodistas asesinados entre 1994 y 2004 que se
ubica en el segundo lugar a nivel continental, se esté imponiendo un plan
sistemático de silenciamiento, que busca ejecutarse a través del hostigamiento,
las amenazas y la eliminación física de quienes reportan informan sobre la
difícil realidad nacional, de quienes reportan la grave situación de derechos
humanos en distintos lugares de la geografía nacional, inmersa en una aguda
crisis política y social, y de quienes se desempeñan como periodistas
independientes o aficionados y mantienen una actitud crítica frente a las
actuaciones del gobierno nacional, del presidente Uribe Vélez, de los organismos
de seguridad del Estado, de las fuerzas militares o de los grupos criminales y
paramilitares con los que actualmente negocia el gobierno.
La CCMA, siendo un espacio que propende por el fortalecimiento y el apoyo
solidario de quienes ejercen la labor comunicativa independiente y alternativa,
rechaza enérgicamente estos actos de agresión contra los comunicadores y
periodistas que ejercen su labor en el territorio nacional y hace un llamado al
pueblo colombiano y a la comunidad internacional para denunciar estos hechos y
exigir el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, así como la
aplicación cabal de la justicia en todos estos casos. Así mismo, hacemos un
llamado a toda la población para ejercer un apoyo decidido a la labor de los
periodistas a nivel nacional, uniendo nuestras voces de protesta ante los
atropellos cometidos, exigiendo la protección de esta actividad a través de
mecanismos de alerta frente a acciones intimidatorias y represivas contra la
libertad de prensa y presionando a las distintas instancias gubernamentales,
organismos de control, de investigación y de seguridad del Estado colombia
no para que hagan efectiva su labor de proteger a los periodistas y de
enjuiciar, capturar y castigar a los culpables de estas acciones.
Recordamos al gobierno nacional su obligación de cumplir y hacer cumplir las
leyes vigentes en torno a la protección de la labor periodística, la
Constitución Política Nacional y las recomendaciones de instituciones
internacionales como el informe del Relator especial de Libertad de Expresión,
Eduardo Bertoni, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su
visita oficial a Colombia en el mes de Abril de 2005 y las recomendaciones de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
relativas al particular. Adicionalmente, consideramos necesario que el gobierno
investigue y se haga responsable de los casos en los que se compruebe la
participación de miembros de las fuerzas militares, de la policía y de los
organismos de seguridad del Estado en estas acciones represivas y criminales si
quiere demostrar en los hechos que tiene voluntad real de cumplir, de modo
consecuente, con las medidas prometidas en el comunicado de la pre
sidencia firmado por Álvaro Uribe Vélez el día 17 de mayo de 2005, respecto a
las amenazas contra los periodistas citados y donde se asegura que "todos los
servidores públicos tienen que coadyuvar al empeño de proteger a los
periodistas. En esa tarea deben trabajar el Presidente de la República, la
Fiscalía, el DAS y hasta el último de los soldados y policías".
La información veraz y oportuna es un derecho humano fundamental, reconocido en
la Constitución Política Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, así como la vida y la libertad de ser y de expresarnos, por ello
insistimos en la imperante necesidad de construir unos procesos comunicativos
críticos, libres y responsables, que no dependan del dominio estatal ni de
aparatos empresariales que convierten la actividad comunicativa e informativa en
una mercancía al servicio de unos pocos.
Llamamos a todo el pueblo colombiano, a todos los colegas periodistas, a la
comunidad nacional e internacional y a los medios alternativos de comunicación
de todas partes del mundo a unirse a este pronunciamiento contra aquellos que
quieren silenciar nuestra labor.
Solicitamos la divulgación y adhesión al presente documento.
Coordinación Colombiana de Medios Alternativos - CCMA
Equipo Operativo
Noikos
Revista Viento del Sur
Desdeabajo
Periferia
Foro sobre problemas colombianos
Cine Público
Indymedia
Agencia Prensa Rural
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