Sin lugar a dudas, ULTIMAS NOTICIAS es el medio de comunicación uruguayo que tiene las líneas más directas con los integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto con los veteranos terroristas de estado, como con los nuevos oficiales que buscan desprenderse de esa "herencia maldita". Es así que la publicación no sólo accede a informaciones y declaraciones que no están disponibles para otros medios, sino que también -en los hechos- opera como vocero oficioso castrense, emitiendo mensajes hacia la interna militar y hacia el resto de la sociedad.
En esta categoría puede inscribirse la siguiente nota editorial publicada en su edición del día de ayer que hoy ofrecemos a nuestros lectores porque -como dijo Eduardo Galeano- "hay que escuchar todas las voces":

LA PESQUISA HECHA POR OFICIALES PUEDE PROSPERAR EN UN CLIMA AHORA FAVORABLE
(Últimas Noticias - 08.06.05)

Trascendió de fuentes dignas de crédito (y además lo mencionó el presidente de la República) que han tenido "progresos interesantes" las averiguaciones que los generales en actividad Carlos Díaz y Pedro Barneix practican entre retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía para esclarecer definitivamente el destino de los detenidos desaparecidos durante el gobierno de hecho.
Ambos actúan bajo los auspicios de su comandante en jefe, el teniente general Ángel Bertolotti, jerarquía que parece resuelta, según visualizamos, a poner fin a un litigio institucional que ya dura demasiado. En ese sentido, su actitud de colaboración hacia el Poder Ejecutivo alcanza relieves que la historia le sabrá reconocer algún día considerándolo -por qué no- como "el militar que abrió los cuarteles" para que la espinosa cuestión quedara zanjada.
La experiencia demostraría que la idea de hablar bajo reserva entre pares -que no serían tales por su graduación sino por su sentido de pertenencia a una gran familia de semejantes- es exitosa en la medida que otorga a los eventuales decidores la confianza y la seguridad que no encontrarían entre quienes no manejan sus códigos ni se muestran, hijos de una educación técnica diferente, proclives a entender sus puntos de vista, extremo que "con los suyos" no se daría. Esta aseveración no puede tomarse como absoluta, sin duda, porque los informantes de la Comisión para la Paz hablaron ante civiles.
Nadie puede negar los pasos positivos dados por ese cuerpo. Decir que a la Comisión le quedó camino por recorrer no es faltar a la verdad pero también es cierto que marcó, según acertado concepto del doctor Javier Miranda, "un punto de inflexión". Desde entonces el clima ha ido descomprimiéndose hasta que llegamos a esta aparente y generalizada intención de resolver la controversia de una vez por todas. No era esto, empero, lo sugerido por la noticia de que militares iban a indagar a militares. La primera reacción fue, por el contrario, pensar que se iba a repetir el panorama configurado cuando se hizo jugar por primera vez el artículo 4° de la Ley de Caducidad: una comisión castrense dedicada a supuestas investigaciones internas halló que no existía mérito para dar andamiento a las denuncias interpuestas por agraviados que invocaban esa disposición. Fue un resultado que no sorprendió a nadie.
En esta segunda ronda, en cambio, los indicadores estarían delineando una situación diferente. Son signos de que, muy lejos de lo que había dicho aquella casi olvidada comisión militar de 1985, había bastante que revelar y que quienes no hablaron entonces lo hacen ahora, después de un "proceso de tranquilización" de veinte años, al amparo de redobladas garantías de que sus personas están fuera del alcance de la ley penal. Así las cosas, vamos a entendernos: los avances señalados son el fruto de afirmaciones hechas fuera del carácter de declaración oficial. Solamente representan -aunque no sea poco- un conjunto de opiniones vertidas en conversaciones discretas de periodistas con oficiales. Antes de aplaudirlas como verdades resonantes habrá que asignarles, en realidad, un promisorio carácter de posibilidades realizables. Pero, como sea, apuntan en la misma dirección hacia la que vuela la flecha y el sentimiento general de los actores de este drama.
Procede decir que nadie -y esto es clave- ha hecho público el contenido de los diálogos entre los dos generales y sus interrogados. Entonces, no podemos saber si éstos están confesando homicidios o sólo admitiendo enterramientos. Y ello porque no está claro todavía si lo que quiere el gobierno es conocer identidades y practicar detenciones al amparo del artículo 4° ("el Ejército deberá entregar algunas cabezas", se dijo) o dar por laudado el diferendo en el lugar donde reposan los restos, instancia que para más de un familiar -nos consta- sería un desenlace aceptable.
En este punto comienzan las dudas de quienes fueron testigos atentos de este pleito durante las dos últimas décadas. La lógica invita a preguntarse hasta qué punto ha cambiado la psicología del transgresor como para pasar, sin una transición muy visible, de renuente sin remedio a abnegado receptor de un presunto castigo. Se trata de saber, en efecto, hasta dónde van a acompañar con su pasividad, todos los presuntos violadores de derechos humanos, la anunciada intención presidencial de hacer jugar el artículo 4° "hasta las últimas consecuencias".
Formulamos, entonces, una pregunta amplia pero concreta: ¿qué se propone hacer el presidente de la República, y qué hará realmente cuando tenga sobre su escritorio la carpeta con todo lo que Barneix y Díaz lograron averiguar? ¿Accionará el artículo 4° o "el realismo político" de ese momento le obligará a pensarlo dos veces? También en esta etapa hubo, entre los militares interrogados, colaboradores, vacilantes y refractarios, pero sus dichos, de todas formas, parecen alcanzar más allá de lo que la Comisión para la Paz tenía para propalar. A la luz de antecedentes más o menos recientes, no sería de descartar que el partido de gobierno deba sustanciar, para llegar a una solución clara y definitiva, otra de sus históricas pujas internas.