Según afirma el diario ULTIMAS NOTICIAS, "reconocidos oficiales militares" que tuvieron una activa participación en los crímenes de la dictadura y que integraron el OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el ala uruguaya del Plan Cóndor) y el Servicio de Información de Defensa (SID), dijeron que se han presentado a declarar en la investigación interna que están llevando adelante los generales Ricardo Barneix y Carlos Díaz, "porque tienen el compromiso del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de que no se producirán denuncias ante la Justicia Penal basadas en la información revelada".
Es en ese entendido que (bajo estricto anonimato) varios oficiales han prestado su testimonio en esta investigación, que tiene como objetivo determinar el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos asesinados por ellos durante la dictadura (1973-85), especialmente los de María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman, ya que se presume que los suyos no fueron exhumados en la cruelmente llamada "Operación Zanahoria" (debido a que los cuerpos de los asesinados fueron enterrados de pie) y todavía estarían enterrados en el Batallón 13. Se sindica como responsable de ese operativo (que consistió en exhumar los cuerpos, cremarlos, y hacer desaparecer las cenizas) al coronel Alfredo Lamid, quien no podrá presentar descargos pues ya ha fallecido.
La publicación también afirma que el secretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández, ha mantenido encuentros paralelos con los militares que se ofrecieron a dar su testimonio a la comisión Díaz-Barneix.
Se detalla que en algunos de estos encuentros (que se realizaron con el visto bueno del comandante en jefe, Ángel Bertolotti), participaron como testigos oficiales en actividad, a los que llamó la atención la buena información" que maneja Fernández "sobre los episodios ocurridos en Uruguay, pero también en Argentina, donde desaparecieron más de 100 compatriotas integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) entre los años 1976 y 1978".
"A mí me dijeron que este trámite era anónimo y que no habrá denuncias ante la Justicia Penal, por eso fui. Es más, me señalaron que había un compromiso del gobierno en ese sentido", dijo uno de los militares consultados por ULTIMAS NOTICIAS. En efecto, el mismo día de su asunción, el presidente Vázquez dejó en claro que todas las investigaciones se realizarán en el marco de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la que impide castigar a los policías y los militares responsables de estos crímenes. También dejó muy en claro, que no considera amparados por esta ley los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y María Claudia García de Gelman.
En el mismo orden de cosas, tampoco hay duda de que la justicia no tendrá obstáculos para procesar -y eventualmente condenar- a los civiles cómplices del terrorismo de estado, concretamente al ex dictador Juan María Bordaberry y a su canciller Juan Carlos Blanco. Ambos han sido acusados de complicidad en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y Blanco está siendo procesado sin prisión por el de la maestra Elena Quinteros.