CÓMO EL PRESIDENTE BATLLE AMPARÓ A CALCAGNO 

El gobierno sigue protegiendo a los violadores de los DDHH  Montevideo

Comcosur al dia

 El ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, rechazó un pedido del juez federal argentino Juan José Galeano solicitando información sobre el mayor del ejercito Carlos Calcagno, un presunto integrante del Servicio De Información y Defensa.
Calcagno esta acusado en ese país de haber participado de una operación conjunta con militares argentinos y paraguayos para trasladar detenidos desde Asunción del Paraguay a Buenos Aires en las épocas del Plan Cóndor.
 La negativa de Brezzo fue recibida con indisimulada molestia en medios judiciales argentinos, donde se remarcó que el pedido sólo apuntaba a establecer si el nombrado en la causa como perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejercito uruguayo existía o no, y de corresponder, interrogarlo en calidad de testigo. Es que el compromiso asumido por los partidos Colorado y Nacional para proteger a los violadores de los derechos humanos llega hasta el punto de negarse a siquiera discutir el asunto. La negativa era de esperar, ya que hasta ahora, Uruguay ha negado cualquier información sobre los represores que estan involucrados en violaciones a los derechos humanos en terceros países.
 Lo interesante del asunto es que la Justicia uruguaya había encontrado pertinente el pedido del juez Galeano y recomendó realizar las averiguaciones sobre Calcagno. En efecto, tanto la fiscal Olga Carballo como el juez Homero da Costa, entendieron en su momento que el pedido argentino se ajustaba a las pautas de los convenios de asistencia y cooperación jurídica entre Uruguay y Argentina, y solicitaron al Ministerio de Defensa Nacional que "en un plazo de quince días" le informara si Calcagno "pertenece o perteneció" al Ejercito y -de ser así- le remitiesen "fotocopia debidamente certificada de su legajo personal".
 El juez da Costa incluso cito a Calcagno para que efectuara declaración testimonial el 14 de noviembre de 2001, pero este nunca concurrió. Seis días después, fue el ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, quien contesto al juez que "no correspondería diligenciar" su pedido de ubicar e interrogar a Calcagno "en virtud de afectar necesariamente con ello, principios generales y normas de orden publico internacional de la Republica Oriental del Uruguay". Luego, el pedido argentino paso a la Suprema Corte de Justicia, donde solo se le agregaron constancias administrativas y se ordeno su archivo.
 El ministro Brezzo baso su negativa en que hay "normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Uruguay" que se ven "ofendidos en forma concreta, grave y manifiesta" por la solicitud del juez argentino.
Sin darse cuenta de que estaba reconociendo que las acciones de los militares uruguayos en el extranjero durante la dictadura eran oficiales, Brezzo cito el articulo 10 del Codigo Penal uruguayo que advierte que los nacionales no se sustraen a las leyes locales a la hora de juzgar delitos cometidos por funcionarios "al servicio de la Republica, con abuso de sus funciones o mediante violación de los deberes inherentes al cargo".
 El ministro también cito la ley de Impunidad, por la cual caduco la "pretensión punitiva del Estado" uruguayo, respecto de delitos cometidos "por funcionarios militares o policiales, por móviles políticos" o "acciones ordenadas por los mandos" superiores. La reacción del ministro llama la atención, desde el momento en que el pedido argentino no inculpaba de antemano al militar que ni siquiera fue buscado, y solo pedía su declaración como testigo. Brezzo, en cambio, parece dar por descontada la culpabilidad del implicado.
 La causa por la que se quería interrogar a Calcagno investiga la desaparición en la Argentina de cinco detenidos en el Paraguay -dos uruguayos y tres argentinos- que fueron trasladados en un avión de la marina argentina, a cargo del capitán de Corbeta José Abdala y los agentes de la SIDE José Montenegro (era teniente primero del Ejercito) y Juan Manuel Berret. Según las constancias de la causa, del vuelo participo además el mayor Carlos Calcagno, del servicio de Inteligencia del ejercito uruguayo.
La existencia de esta vuelo quedo al descubierto en un documento que forma parte de los llamados "Archivos del Terror" encontrados en Paraguay.
 Alli, en un documento identificado con el numero 00172F0398, fechado en Asunción el 16 de mayo de 1977 y firmado por el comisario Alberto Cantero, se indica que "siendo las 16:34 horas, en un avion bi-reactor de la armada argentina con matricula 5-7-30-0653, piloteado por el Capitan de Corbeta Jose Abdala, viajamos con destino a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los siguientes detenidos: Gustavo Edison Insaurralde, (uruguayo), Nelson Rodolfo Sanatana Scotto (uruguayo), Jose Nel (argentino), Alejandro Jose Logoluso (argentino) y Dora Marta Langil (argentina).
 En otra nota de los archivos paraguayos, surge que un "equipo de trabajo" conformado por agentes paraguayos, argentinos junto al mayor uruguayo Calcagno "interrogaron exhaustivamente" a estos detenidos antes de enviarlos a la Argentina, donde desaparecieron. La causa 1461, caratulada "Logoluso, Alejandro y otros - Privación Ilegitima de la Libertad", que instruia el juez Galeano, se anexó recientemente a la causa más general donde se investigan múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor, radicada en el juzgado federal a cargo transitoriamente de Jorge Urso.
 En esa causa, está detenido con prisión preventiva el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, y están pendientes las extradiciones del ex jefe de la DINA chilena, Manuel Contreras, y el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, asilado en Brasil. Recientemente, la Sala I de la Cámara Federal porteña, al confirmar la prisión preventiva de Videla, indico que debían unificarse en la causa instruida por el secretario federal Oscar Aguirre todos los expedientes con casos relacionados al Plan Cóndor  (Marcos Salgado - Diario Judicial de Argentina - Surmedia.com)