En las últimas semanas, varios militares violadores de los derechos humanos durante la dictadura, "han venido desfilando" ante Carlos Díaz y Pedro Barneix, los dos jóvenes generales del Ejército designados para llevar adelante la investigación interna del arma sobre el destino dado a los ciudadanos detenidos desaparecidos durante la dictadura.
De acuerdo a los informantes del matutino, "luego de cada reunión con estos dos generales, los interrogados relatan entre sus pares cómo les fue".
Cuatro de esos oficiales retirados consultados por el periódico dijeron que "no aportaron mucha más información que la que ya se conocía por los trabajos de la Comisión para la Paz". De todas maneras, también dijeron "que si alguno dio algún otro dato es obvio que no lo va a anunciar a sus camaradas". Según esas versiones, los investigadores de Díaz y Barneix ponen mucho "énfasis" en obtener datos sobre lo sucedido con María Claudia García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.
El 24 de agosto de 1976, cuando fue secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Marcelo -el hijo del poeta argentino Juan Gelman- María Claudia García tenía 19 años y no militaba políticamente. De todas maneras, la pareja fue llevada al centro de detención clandestina y torturas Automotores Orletti, donde Marcelo fue torturado y asesinado. María Claudia, con un embarazo avanzado, fue trasladada secretamente a Uruguay e internada en la cárcel clandestina del Servicio de Información y Defensa del Ejército (SID).
Cuando dió a luz, su hija fue entregada a la familia de un jerarca de los servicios policiales de Inteligencia que la anotó como propia, y luego ella misma fue asesinada.
Es de recordar que dado el carácter de la investigación de Díaz y Barneix, la comparecencia de los militares que son citados no es obligatoria. Es así que algunos de ellos concurrieron prestamente al ser citados y "se prestaron abiertamente a la charla, otros los hicieron con reticencia, algunos se negaron y hay quienes lo están pensando.
Al parecer, los primeros represores en ser citados han sido los denunciados como directamente implicados en el asesinato de María Claudia García. Entre ellos están el teniente coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti (quien todavía está pensando si concurre a la citación o no), y el ex capitán del ejército Ricardo Arab y los coroneles retirados Ernesto Rama y Jorge Silveira, que aceptaron declarar. De acuerdo a las fuentes de EL OBSERVADOR, "algunos veteranos están molestos con Rama y Silveira, a quienes sindican entre los principales informantes que tuvo la Comisión para la Paz, el grupo formado durante la presidencia de Jorge Batlle y que reunió información sobre qué ocurrió con algunos desaparecidos." Otro de los integrantes del selecto grupo de torturadores, secuestradores y asesinos que está en la lista de Díaz y Barneix, es el coronel retirado José Gavazzo. Si bien aún no ha sido convocado, la publicación afirma que en reuniones con sus camaradas, el represor dijo que pedirá que todo lo que se hable en estas reuniones quede registrado en actas oficiales. Siempre de acuerdo a los informantes de la citada publicación, los investigadores militares interrogaron al oficial de policía Ricardo "Conejo" Medina hace dos semanas.
En su comparecencia, Medina habría repetido la versión manejada hasta el momento por policías y militares en el sentido de que si bien María Claudia García fue vista en la sede del Servicio de Información y Defensa (donde él "desempeñaba funciones"), luego le perdió la pista y lo último que supo fue que había sido "devuelta" a Argentina. Sin embargo, en una conversación privada con el senador Rafael Michelini, Medina fue sindicado por el mismísimo ex presidente Jorge Batlle como el asesino de María Claudia.

El Proyecto de Ley de declaración de Ausencia por Desaparición ingresó el pasado jueves a la Cámara de Diputados, y se anuncia que en los próximos días se dará entrada a otros dos proyectos de ley que lo complementan, el de Reparación para familiares de desaparecidos, asesinados y presos políticos, y el de Reparación para familiares de víctimas militares y policiales. También se anuncia que está previsto volver a presentar el proyecto de ley rechazado en legislaturas anteriores que establece que, a los efectos jubilatorios de los ex presos políticos se computen como años trabajados los que pasaron en prisión.
La ley propuesta declara la ausencia de los desaparecidos por artículo 57 del Código Civil y la apertura legal de sus sucesiones de acuerdo al artículo 1032. Tal como lo explica el diario LA REPÚBLICA, de esta manera, legitima el proceso sucesorio de personas declaradas ausentes y determina que se expedirán certificados a esos efectos. Dichos certificados serán expedidos por una Secretaría de Seguimiento que se creará en la órbita del Poder Ejecutivo que habilitará las inscripciones en le Registro de Estado Civil.