Juan José Dalton
Apro / Proceso

El gobierno salvadoreño que preside el joven exlocutor y empresario de radioemisoras, Antonio Saca, puso en marcha un amplio plan contra la delincuencia que, de inmediato, fue objeto de fuertes cuestionamientos y denuncias por tratarse, según sus opositores, de un retorno al pasado dictatorial.

La Policía Nacional Civil (PNC), institución nacida de los pactos con que concluyó la guerra civil, aseguró que el nuevo plan corresponde a una segunda etapa del llamado "Súper Mano Dura", el principal proyecto en la lucha contra la delincuencia del presidente Saca, quien arribó el 1 de junio a su primer año de gobierno.

La segunda fase del "Súper Mano Dura" consiste en operativos gigantescos de fuerzas combinadas de la policía y del ejército en barriadas populosas con la finalidad de requisar armas y drogas, y de capturar a prófugos de la justicia o a sospechosos de delitos.

El plan trata de hacer una demarcación de decenas de viviendas, donde se presentan unidades de agentes armados y proceden a realizar registros o cateos –como se conocieron durante los años de la represión dictatorial en décadas pasadas. Durante los primeros días fueron registrados, por ejemplo, 600 domicilios en tres municipios, y particularmente en barrios cuyos residentes son personas pobres.

En Cuscatancingo, en la periferia de San Salvador, la policía cateó 200 viviendas, en la cuales no encontró ni armas ni drogas; tampoco hubo capturados. El comisionado Pedro González, subdirector de la PNC, dijo, sin embargo, que en el encuentro con la población se había recabado información para futuras investigaciones.

Nos invitan a sus casas

La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, expresa estar rotundamente en contra de los allanamientos a las viviendas. "Estamos retornando a las décadas de los años 70 y 80 (antes de la guerra civil); con el uso de gente de inteligencia y queriendo meterle miedo a la población", apunta la funcionaria estatal, quien, además, catalogó los registros de viviendas como "una reversión del proceso sano de la investigación del delito".

El Salvador está catalogado como uno de los países más peligrosos y violentos de Latinoamérica. Una reciente investigación sobre homicidios patrocinada por el mismo gobierno a un centro académico muestra que la tasa de homicidios llega a 50 por cada 100 mil habitantes, el doble de la media latinoamericana. La Organización Mundial de Salud (OMS) considera como epidemia cuando la tasa de homicidios sobrepasa los 10 por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, casi medio millón de armas circulan legal e ilegalmente en una población de apenas 6.7 millones de habitantes.

También Jaime Martínez, uno de los directores de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad), asegura que lo que el gobierno ha dado a conocer como segunda etapa del plan "Súper Mano Dura", "está condenado al fracaso, como lo estuvo la ya derogada Ley Antimaras –antipandillas--, porque, además de tener vacíos constitucionales, es inefectiva".

"Las pruebas que se recaben en esos cateos serán jurídicamente prohibidos y errados por lo tanto, no serán reconocidos por los jueces; la medida es altamente costosa por el enorme empleo de efectivos policiales y militares, además es una medida discriminatoria, en tanto sólo está dirigida a sectores pobres de la sociedad", detalla Martínez, quien agrega que "con los allanamientos se viola la Constitución en lo referido a la inviolabilidad de la vivienda. Esto sólo se le pudo ocurrir a agentes de la seguridad que provienen de los antiguos y altamente violadores cuerpos policiales de la época dictatorial".

El director de la PNC, comisionado Ricardo Meneses, explica a Apro que "los operativos no son cateos, como los de antes. Hoy la población es la que nos llama y nos invita a sus casas para que las registremos... Son acciones de relaciones con la población".

Las denuncias contra los operativos indican que cuando algún habitante les niega la entrada a la policía, éste se convierte inmediatamente en "sospechoso delincuente"; su morada queda vigilada y la policía acude al juez por una orden de registro. "Entonces, la verdad, siempre existe coacción", dicen los críticos.

Mientras se desarrolló el plan "Súper Mano Dura" (primera fase), desde que Saca está en el poder, la policía ha anotado como logro la captura de más de 5 mil pandilleros o mareros, jefes de "clicas" --bandas de los barrios--. Ciertamente la presencia en las calles de las Maras ha disminuido, pero en otro sentido, los homicidios y otros delitos, como robos y hurtos, se han incrementado.

Vuelta al pasado

Roberto Burgos, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), dirigida por sacerdotes jesuitas, aclara: "Los registros o cateos a las viviendas, o lugares de trabajo de las personas, según los Estados de derecho en países democráticos, sólo están reservados para casos extraordinarios, como algo excepcional. Durante la época de la dictadura y durante la guerra civil, los militares violaron estos derechos y por eso hubo condenas de la Comunidad Internacional.

"Ahora, ciertamente, no entran los policías rompiendo puertas, pero hay coacción. La gente se siente amenazada. Entonces el registro a una vivienda es viciado legalmente", dice Burgos, quien cataloga la medida como ineficaz, y además muestra que la delincuencia no es atacada con técnicas científicas de investigación.

"Tenemos el antecedente de la Ley Antimaras, derogada hace un año por contener artículos violadores de los derechos humanos y de los derechos de los jóvenes y niños. Fue la comunidad internacional la que presionó para que se derogara la Ley Antimaras. Veo que estas medidas arbitrarias también chocarán con la comunidad internacional y al final tienen que ser abolidas", añadió el abogado y activista humanitario", agrega.

Recientemente, El Salvador inició gestiones para que la lucha contra las pandillas juveniles, denominadas maras, sea llevada como punto de agenda a los debates en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero tal posibilidad ha sido denegada y, por el contrario, extraoficialmente se comenta que tanto El Salvador como Honduras podrían recibir amonestaciones por violaciones a los derechos humanos en sus planes antidelictivos.

"Estos planes arbitrarios, revestidos de propaganda y grandes campañas informativas, han resultado ser ineficaces. Mientras el gobierno se niega a llevar adelante planes reales de desarme de la población, tomando en consideración que la mayor parte de crímenes y de delitos como robos y secuestros, se realizan con armas de fuego. Los datos más recientes indican que además de los delitos como los homicidios, también se han incrementado los robos, los hurtos, las agresiones, delitos de corrupción y otros. En conclusión, El Salvador es cada vez más peligroso", apunta Burgos.

En El Salvador hay más de 450 mil armas de guerra en manos de civiles. Bajo la teoría de que "no podemos desarmar a las personas honradas", como dicen los funcionarios de seguridad pública, algunos de ellos dueños de negocios de armas y de seguridad privada, la vida en esta nación centroamericana corre graves riesgos: cualquier día, cualquier persona puede ser una de las nueve víctimas mortales que ocurren diariamente.