En Colombia en la década del 90 con motivo de la financiación por el cartel de Cali de las campañas electorales presidenciales se desarrolló un agitado debate judicial, que en cuanto al presidente electo no tuvo ningún efecto pero si afectó a unos cuantos parlamentarios, políticos, funcionarios judiciales, policías, militares, empresarios, etc, que habían recibido dineros del cartel de Cali y que colaboraban con éste.

Pero no se hizo lo mismo en relación con el cartel de Medellín, no se investigó a parlamentarios, funcionarios judiciales, políticos, militares, policías, empresarios, religiosos, etc, que habían recibido dineros del cartel de Medellín y de los otros carteles del narcotráfico y que habían colaborado con ellos.

Ya en esa época muchos de los colaboradores y miembros del cartel de Medellín estaban identificados por el gobierno de Estados Unidos, que le había dedicado toda su capacidad investigadora al cartel de Medellín, existiendo gran cantidad de documentos oficiales al respecto, pero que dicho gobierno por razones políticas se abstiene de desclasificar.

En documento, desclasificado en 2004, del Departamento de Defensa, año 1991, se detalla una lista de 104 miembros cartel de Medellín; el puesto 79 lo ocupa Pablo Escobar y el puesto 82 es Alvaro Uribe Velez, actual presidente de Colombia.

También para esa época periodistas colombianos, como Fabio Castillo del diario El Espectador, habían investigado la penetración del narcotráfico en todas las esferas de la vida gubernamental, política, económica, judicial, militar, policial, etc. del país y habían identificado a un buen número colaboradores con el narcotráfico. Como resultado de sus investigaciones publicó en 1987 el libro Los Jinetes de la Cocaína, en el cual se detallan muchas de las actividades de estos colaboradores; alli también aparece Alvaro Uribe Velez, actual presidente de Colombia, en la sección "La organización en Antioquia".

Con la muerte de Pablo Escobar no desaparece el cartel de Medellín sino que se fragmenta en varias organizaciones; toda la estructura política, económica y judicial de ese cartel quedó intacta y ha logrado gracias a su poder político, económico y judicial que no se investiguen sus conexiones en la vida política, económica, judicial, empresarial, militar, policial, paramilitar, religiosa, etc. del país.

Ahora que el cartel de Medellín está en el poder con Alvaro Uribe Velez; con un congreso de mayoría uribista; con una fiscalía "de bolsillo" del presidente, quien ha hecho nombrar alli a sus paramilitares y militares como fiscales; que tiene "compradas" a las altas cortes, en especial la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; con un procurador nombrado por él mediante sus secuaces en la Camara de Representantes; cuando todos los medios de comunicación están comprados por el gobierno; es impensable que se abra una investigación sobre las actividades en el pasado y en el presente de los colaboradores del cartel de Medellín.

Ahora ha sido detenido el alto dirigente uribista, Santofimio, acusado de participar en reuniones del cartel de Medellín en las cuales se planeo el asesinato de Luis Carlos Galán. Ojalá, si esto es cierto, que Santofimio contara quienes mas participaron, no tendría nada de raro que Uribe Velez también estuviera implicado, pues éste era un alto consejero de Escobar y Rodriguez Gacha y fue uno de los que propusieron formar los grupos paramilitares.

Ojala que quienes acusan a Santofimio hicieran memoria sobre quienes participaron en las reuniones del cartel de Medellín sobre el caso Galán y muchos otros como el de Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, etc, se podrían producir sorpresas mayúsculas.

La idea de los hijos de Luis Carlos Galán y de otras personas honestas, a raíz de la detención del dirigente uribista Santofimio, de que se inicie un proceso, similar o mas profundo que el Proceso 8000 de la decada del 90, sobre el cartel de Medellín y sus colaboradores y beneficiarios es irrealizable por el poder que diche cartel ejerce actualmente en el país y por el apoyo que el presidente Bush da al presidente colombiano, al cual aplican lo que gobiernos de Estados Unidos anteriores decían sobre dictadores latinoamericanos: "es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta".

Solo cuando se elija un presidente honesto que no haya estado comprometido con el narcotráfico ni el paramilitarismo; cuando el congreso este conformado por parlamentarios no electos por el narcotráfico y el paramilitarismo; cuando la fiscalía y las Altas Cortes sean instituciones independientes del ejecutivo y estén conformadas por juristas verdaderos; cuando los organismo de control sean independientes de verdad del ejecutivo, solo entonces se convertirá en realidad la investigación sobre los colaboradores y beneficiarios del narcotráfico en Colombia y su ejemplar castigo para bien de Colombia y de las próximas generaciones.