El   próximo domingo  5 de junio en cuatro departamentos del país, Tolima, Huila, Meta y Casanare, nueve mil productores de arroz, pertenecientes a 35 municipios que  representan el 80% del total del volumen nacional y casi el 100% del cereal producido en forma mecanizada, en algo más de 90 urnas consignarán mediante el mecanismo de Consulta Popular su opinión acerca de la inclusión del arroz y de los demás  productos agropecuarios subsidiados en Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre los gobiernos de los dos países. Se trata de conocer su pensamiento acerca de la firma de un TLC que incluya a estos géneros en ese "libre comercio". 
Es un ejercicio indispensable y pertinente, hecho con suficiente anticipación al desenlace final y convocado con estricta legitimidad, mediante registros debidamente acreditados ante instancias válidas, que ha de enviarle al gobierno, al Congreso de la República y a la Corte Constitucional, señales claras acerca del criterio de una parte esencial del gremio arrocero frente a un TLC que llegare a firmarse en las condiciones sobre las cuales se está consultando y que son las que más se avizoran según las condiciones impuestas por Tío Sam y aceptadas por Colombia.  
Esa consulta coincide con la coyuntura de "una grave crisis" en el proceso de la negociación, en particular en el capítulo agrícola. Sin embargo, si se mira con cuidado, la consulta va por camino diferente al patatús oficial. En el primer caso, se trata de advertir sobre las graves consecuencias para las economías regionales, el trabajo y la soberanía alimentaria nacionales que traería para el país la entrega a mansalva y a sabiendas de las ramas agropecuarias que competirían con sus similares estadounidenses, subsidiadas y exportadas a precios por debajo del costo de producción,  y por el otro apenas se está (¡y no se sabe cuánto haya de histriónico en el acto!) exigiendo favores de la superpotencia para el ingreso a su mercado de bienes como etanol, hortalizas , tabaco y cigarrillos precisamente a cambio de la entrega del trigo, la cebada, algunas oleaginosas, hecho que ya está consumado, y de las eventuales del algodón, el arroz y el maíz, entre otros.  
El aparente soponcio oficial estriba en que la táctica, trazada desde los tiempos de Carlos Gustavo Cano, de "entregar una porción del mercado  interno a cambio de una porción en el externo", está en entredicho porque de ella sólo está saliendo la primera parte y de la segunda no hay nada por ahora; la insuficiencia negociadora gubernamental está quedando en evidencia y Regina Vargo y "sus muchachos"  no dan ni la hora, así textualmente, hasta que no tengan en la bolsa por lo que han venido y mucho más si el país se descuida del todo… 
Mientras los auténticos productores exponen a la nación con firmeza y seriedad las crudas realidades de tan desigual e inicua negociación, el equipo de gobierno hace amagues, llena los titulares de los medios con frases altisonantes mientras mantiene sobre la mesa las propuestas atentatorias contra  significativos grupos productivos y poblacionales colombianos. Son reclamos porque no aparece "el plato de lentejas", un menú de moda acompañado de una liturgia insólita: al final,  quien se lo come recibe coronas de laureles merced a  la felonía