Entrevista al sacerdote colombiano Javier Giraldo
"Hemos entregado pruebas a la fiscalía colombiana de más de 500 crímenes y no ha habido ningún intento de esclarecimiento, es un sistema corrupto"

 Pachakuti
 
El compromiso del sacerdote jesuíta colombiano Javier Giraldo, licenciado en Sociología, se remonta a la década de los 70 en la orientación de procesos organizativos de los sectores populares. En los años 80 dirigió la Oficina de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Fue Secretario Ejecutivo de Justicia y Paz entre 1989 y 1999, momento en el que tuvo que salir temporalmente al exilio por amenazas de muerte. Regresó a finales del 2000 a Colombia, donde en medio de un grave riesgo trabaja a favor de la justicia y los derechos humanos, particularmente de la población desplazada por estrategias de ocupación paramilitar. En España recibió el Premio José María Bandrés Defensa del Derecho de Asilo y la Solidaridad con los Refugiados fue instituido por CEAR y la Fundación CEAR para reconocer el compromiso con los refugiados  
Pachakuti: En este Seminario Internacional denominado "Territorio, Vida y Seguridad Humana frente a planes económicos y militares, una parte de su preparación ha correspondido a Justicia y Paz" ¿cuál es la esencia de un Seminario de estas Características?
Javier Giraldo. Esto ha tenido unas etapas anteriores que se han dado en Colombia. Yo creo que el origen de todo esto tiene que ver con la toma de conciencia de que las experiencias que se venían desarrollando en las Comunidades, de Paz, de búsqueda de autonomía, en los grupos que acompaña Justicia y Paz, se estaban encontrando un poco aisladas y por eso mismo eran más vulnerables, porque no se estaban tejiendo redes con otros grupos que están buscando lo mismo en otras regiones del país y en otros países, entonces surgió esa idea de empezar a invitar al mismo Territorio de estas Comunidades a movimientos de otros países de América Latina que estuvieran en esta mísma búsqueda, y lo mismo de otros lugares de Colombia, y empezaron a desarrollarse estos encuentros, que yo creo que han sido muy interesantes porque han ido tejiendo una red, intercambiando experiencias, buscando espacios de solidaridad internacional, y configurando un movimiento que se identifica con una misma búsqueda, una misma ruta, unas mismas metas, así se esté en países distintos, con líneas de trabajo común, en la búsqueda de ese otro mundo posible..
P.- Dentro de las dificultades al trabajo de ustedes están las amenazas a la Comisión de Justicia y Paz... eso tiene algún tipo de salida para reducir la intensidad de las amenazas..?
JG. Todo esto es imprevisible. El tema de las amenazas en Colombia es muy imprevisible. Uno no puede descubrir ninguna lógica de cúando las amenazas se convierten en un desenlace fatal. No hay reglas para evaluar esto..A veces las amenazas buscan desactivar un proceso haciendo salir del país a una persona...pero yo creo que este tipo de encuentros de tipo internacional , van haciendo visibles a procesos como las de las Comunidades que de una u otra manera son más vulnerables a las amenazas por estar en zonas aisladas, y cuando se van tejiendo las redes de solidaridad y los victimarios van entendiendo que proseguir con sus acciones van a enfrentar reacciones internacionales, pues se cuidan más de hacerlo..
P.- La presencia de ustedes, Justicia y Paz, su acompañamiento a las Comunidades, ¿puede ser uno de los motivos de esas amenazas, o les duelen más las investigaciones rigurosas que ustedes realizan, o todo junto..?
JG.- Todo junto yo creo. La denuncia les duele mucho al estado y al paraestado. Hay mucha gente que por el sólo hecho de denunciar ha sido eliminada, desplazada, desaparecida, pero también creo que en este gobierno en particular las Comunidades de Paz son como un blanco preciso de ataque. Este es un gobierno que se ha caracterizado por acabar con los espacios neutrales e independientes. El proyecto de este gobierno es un proyecto fascista, de control total de la población y sobre todo de un control paramilitar de toda la población, y las Comunidades de Paz son precisamente una propuesta de no involucramiento de los actores armados, y entre ellos está el ejército, y los paramilitares que son sus aliados. Ellos no quieren espacios que se escapen a su control, y prefieren más bien que comunidades que ya sea por el temor, o por una confusión en sus objetivos se dejen conquistar por una presencia paramilitar: pero estas Comunidades que tienen muy claro que no quieren colaborar con los paramilitares y que quieren tomar una posición muy firme ante ellos, pues son espacios que el gobierno trata de destruir porque estiman que rompen con su control total de la población.
P.- El caso concreto de San José de Apartadó: Investigaciones posteriores en el Congreso u otras ...¿está habiendo algún tipo de "salida" a la impunidad de ese crimen..?
JG.- En Colombia la impunidad es la medida de todas los crímenes...creo que lo que ha preocupado al gobierno en la masacre de San José de Apartadó es que no contaban con una reacción internacional tan fuerte. Ese crimen impactó a nivel mundial, primero porque había tres niños, un niño de sólo 18 meses, un a niña de cinco años, un niño de 10 años, y eso hirió muy profundamente la sensibilidad de mucha gente en el mundo y la reacción ha sido muy fuerte. En segundo lugar por la crueldad, porque este crimen ha sido "excesivamente" cruel, las víctimas fueron descuartizadas, despedazadas con garrote y machete, y eso también impactó mucho en la sensibilidad, y en tercer lugar porque entre las víctimas había un líder, que no sólo es de los impulsores de estas Comunidades de Paz, sino que también era un lider conocido en varios países porque él había estado compartiendo las experiencias de las Comunidades de Paz, en Italia, en Estados Unidos, en Ecuador, además era uno de los interlocutores con el gobierno nacional, en comités interinstitucionales .. eso también hizo que el crimen impactara mucho, y que hubiera reacciones contra el gobierno... Ahora, ellos creyeron que podían ocultar la responsabilidad del ejército en este crimen, porque se trataba de una zona bastante alejada, a ocho horas de camino del mismo centro de la Comunidad de Paz, y una zona donde no van carreteras, los caminos son muy primitivos, pensaron que podían entonces ocultar la responsabilidad del ejército, pero desafortunadamente para ellos, fue muy visible, porque el ejército hizo presencia en esa semana, y dos días antes, y un día antes del crimen, en varias zonas familias fueron obligadas a desplazarse, fueron muy golpeadas, el ejército dejó confinadas en sus casas , abligadas a no tomar alimentos, en otros lugares familias fueron perseguidas para amarrarlas, en una Comunidad muy cercana, a solo una hora de la masacre, fue sorprendido un miliciano que tenía arma, pero fue sorprendido a las cinco de la mañana cuando estaba durmiendo, pero una niña de él fue herida por el mismo ejército, y fue necesario llevarla a un hospital de san José....es decir fueron dejando huellas de su presencia por todas partes...además una vez perpetradas las dos masacres, fueron a un tercer lugar, donde desafortunadamente para ellos, vivía la familia de este líder, y fueron los mismo militares los que comunicaron como habían matado a Luis Eduardo y a los otros campesinos , es decir no tuvieron cuidado por ocultar lo que habían hecho, o de fingirse como en otros lugares que habían sido paramilitares, y fue visible para todo el mundo que eran tropas del ejército oficial, que cometieron muchos atropellos en los mismos días, eso era inocultable...ahora..después del crimen el gobierno pide que nos sometamos a los mecanismos de la justicia, que se han demostrado como mecanismos absolutamente corruptos, que siempre han llevado a la impunidad, y la Comunidad reaccionó que ya no iba a colaborar con esta justicia ¿no? Y esto fue ocasión también para que nosotros hicieramos visible cómo más de 500 agresiones anteriores a las Comunidades que han sido puestas en conocimiento de las instituciones judiciales, nunca han recibido ni una sanción, y de hecho ha sido otro punto de confrontación con el gobierno. El gobierno desafía a que presentemos pruebas y hemos dicho que ya hemos dado declaraciones y entregado pruebas a la fiscalía de más de 500 crímenes y nunca ha habido ningún esclarecimiento ni sanción, y que ya no estamos dispuestos a colaborar con un sistema tan corrupto, y que eso no lo vamos a llevar a la justicia colombiana, que estamos pidiendo a organismos internacionales que asuman ese caso.  
Esto fue lo que llevó a una Comisión del parlamento, donde convocaron al mismo ministro de defensa, y a los mismos generales del ejército , al procurador, y al fiscal, y también nos invitaron a varias personas que hemos estado acompañando a las Comunidades. Y esta sesión de la Cámara fue muy accidentada: primero porque en las primeras gestiones la presidenta convocó a una plenaria y restringió el tiempo para este debate. Y en este poco tiempo sólo pudimos denunciar los hechos pero sin profundizar mucho. Y permitió también que algunos militares, y algunos parlamentarios que apoyan a los militares se prepararan para la segunda fase de este debate, y se prepararon con un gran montaje, en que un general retirado del ejército coordinó la respuesta de los militares, y llevó cuatro falsos testigos, que son testigos que ellos presentan como guerrilleros desmovilizados, pero que nosotros los conocemos, y sabemos que no eran guerrilleros, que fueron torturados por un coronel del ejército, que fueron víctimas de un montaje judicial y sometidos a una presión y a una extorsión terrible que los llevaron a aceptar unas propuestas de los militares pero que desde esos momentos ellos no tienen ninguna libertad, son rehenes del ejército, y por lo tanto sus testimonios no tienen ninguna validez , eso lo denunciamos en la misma sesión, y todos los demás detalles de la intervención de los militares eran una acusación fundada en informaciones absolutamente falsas. Tuvimos muy poco tiempo para defendernos de esas acusaciones que nos hacían , porque la lógica de todo el debate consistía no en probar que los militares no habían sido los autores de las masacres, sino en probar que quienes estabamos acusando éramos guerrilleros (¡). Por ejemplo a mí me acusaron directamente a través de sus falsos testigos de que yo , en un carro que no tengo, y que nunca he tenido carro, le subo la munición a la guerrilla.. todo ese cúmulo de falsedades se apoyó quien pretendía deslegitimar a quienes hacíamos la denuncia. No con ninguna prueba de que los militares no fueron los autores. Entonces fue un debate muy accidentado, muy manipulado, perverso: los mismos medios de comunicación en vez de tomar las denuncias que nosotros hicimos, por lo menos ponerlas en igualdad de peso con lo que decían los militares, solamente tomaron una acusación que se hizo contra Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó, de que era militante de la guerrilla por que había estado en Venezuela, en un encuentro donde algunos participantes habían gritado libertad para Simón Trinidad...con este tipo de montaje querían deslegitimar la denuncia, como es tradicional en el gobierno colombiano, nunca se hacen investigaciones serias, y cuando algo molesta mucho de las denuncias le arman un proceso penal al que denuncia para descalificarlo, es un método muy frecuente en el gobierno colombiano... Ahora, eso mismo llevó a un pequeño grupo de parlamentarios colombianos a escribir un documento dirigido a la Corte Penal Internacional, solicitando que esta Corte asumiera la investigación de la masacre de San José , porque no veían ninguna condición para que en Colombia se hiciera una investigación imparcial.. lo que es muy significativo que un grupo del mismo parlamento pida esto. Ahora: la Comunidad si ha tomado una posición muy firme de que ya no colabora más con la justicia colombiana, con declaraciones, mientras no haya unos resultados frente a más de 500 crímenes denunciados. En el pasado ha habido muchas declaraciones de miembros de la Comunidad , de líderes, pero sin ningún resultado de justicia. Yo también me he negado a dar declaraciones, varias veces me han citado a acudir a la procuradoría, a la fiscalía, y me he negado por que veo que no esa justicia es una farsa, únicamente se está proponiendo a algunos juristas de cierta ascendencia, moral y jurídica, que hablen con todos los testigos que recaben las informaciones, y rindan un informe ..
P.- Las autoridades religiosas, ¿tienen algún comportamiento que suponga protección para ustedes?
JG.- No. Bueno hay que distinguir. El Obispo local de Apartadó ha tomado mucha distancia de las Comunidades, y mucho más en los últimos tiempos que él ha participado en los diálogos con los paramilitares. El está muy comprometido con el proceso con los paramilitares, en esa negociación, y ha señalado a la Comunidad que por su radicalismo, que por qué no acepta a los militares, no acepta a la policía, no entiende, no comparte las posiciones y principios que llevan a la Comunidad a no involucrarse con actores armados. El es un obispo que más bien, con una posición muy ingenua ante las instituciones, cree que son imparciales, que no cometen atropellos y crímenes, e incluso rechaza las denuncias sobre esos crímenes, y no las tiene en cuenta... sin embargo esa no es la posición de otros obispos, con los que hemos conversado y que no comparten la posición anterior..
Un obispo que en otras ocasiones ha colaborado, en situaciones muy extremas, para proteger a algunas personas...sin embargo la conferencia episcopal da mucho respaldo al gobierno de Uribe, y se guarda mucho silencio frente a los crímenes que se cometen con las Comunidades de base...es cierto que ha apoyado algunas denuncias, y que en la conferencia episcopal hay un departamento de pastoral social que ha hecho algunas investigaciones, porque ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero brinda un respaldo muy fuerte al gobierno, y que la gente se queja mucho del silencio.
P.- No sabemos si tiene conocimiento de que en un municipio de Asturias, en Siero, existe un Premio de Derechos Humanos, y de que en estos momentos existe la propuesta de que el galardón de este año pudiera ser para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia...¿reconocimientos de este tipo pueden suponer algun grado de protección para las Comunidades que acompañan?
JG.- Pues sí, en general todos los reconocimientos han sido un mecanismo de protección para la gente. Y podría decir que siempre he sido enemigo de recibir premios, pero me han presionado mucho para recibir algunos, pero siempre veo que las organizaciones que han promovido esto lo hacen con esa visión de proteger a la gente, y eso ha llevado a las Comunidades a aceptarlo, porque de otra manera no lo aceptariamos.. los premios en este campo de DDHH a uno de la da cierta repugnancia aceptarlos, pues están como basados en tanto dolor de tanta gente ¿no?, pero uno ve que las comunidades que dan los premios tienen esa visión de apoyo a la Vida...
P.- Y en este caso concreto además, hay una trayectoria, larga, en la defensa y promoción de los Derechos Humanos...
JG .- Sí, ya son muchos años de acompañamiento, a muchas Comunidades de mucho riesgo, muchas están hoy aquí en este Encuentro.