A seis a�os del posicionamiento a sangre y fuego de los paramilitares en La Gabarra:

�D�nde quedan la Verdad, la Justicia y la Reparaci�n? Para ocultar la realidad de la barbarie de los �paras� en el Catatumbo, los medios de comunicaci�n y las autoridades gubernamentales mostraron y muestran los hechos al pa�s y al mundo como el resultado de la Guerra librada entre las FARC-EP y las AUC por el control del cultivo, procesamiento y distribuci�n de la coca. Lo que nunca mencionaron ni mencionan los noticieros ni los diarios ni el ex-gobernador Jorge Garc�a Herreros era que los habitantes del Catatumbo cultivaban coca porque no ten�an otra posibilidad de supervivencia, y que uno de los puntos gruesos del �Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para el Catatumbo�, escribe Marcos Rodr�guez.

Marcos E. Rodr�guez
Colectivo estudiantil BRECHA
ANCOL

En Agosto de 1998, cuando sali� el ej�rcito y la polic�a de La Gabarra, ellos mismos se encargaron de se�alar y repetir a la poblaci�n el destino que les esperaba: �Ah� quedan, para bocado de los paracos�, y es que �sta sentencia no difiere para nada con el triste destino vivido por los habitantes del corregimiento de La Gabarra, y de todo el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, a partir del a�o 99 hasta la fecha.

Desde que Carlos Casta�o (anteriormente, jefe m�ximo de las AUC. Hoy, habitante de la dimensi�n desconocida del mon�logo gobierno-paras) hiciera p�blico su anuncio en marzo de 1999 de tomarse el Catatumbo la regi�n ha conocido el asesinato de por lo menos 6000 campesinos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 40.000 habitantes. El diario El Tiempo en su edici�n del pasado 31 de mayo se�ala que: �Seg�n los c�lculos de la polic�a entre 1999 y 2004 fueron asesinadas 5.200 personas en todo el Catatumbo, la mayor�a de estos cr�menes a manos del Bloque Catatumbo de las AUC� m�s adelante el mismo diario cita: �El Instituto Popular de Capacitaci�n (IPC), habla de m�s de 60 mil desplazados y 200 desaparecidos por culpa del conflicto en la zona� (el hecho de que sea la polic�a quien presente la informaci�n hace que �sta sea confiable por ser una fuente cercana a los autores de los homicidios). Estos cr�menes atroces cometidos casi en su totalidad por los paramilitares, hoy en d�a despu�s de la desmovilizaci�n del Bloque Catatumbo -comandado por alias �Camilo� y bajo la responsabilidad del mismo �Salvatore Mancuso�-, pasaron oficialmente a formar parte de las amplias arcas de la impunidad que este pa�s pareciera se vanagloria de poseer.

La Llegada de las AUC al Catatumbo: Pol�tica Estatal

Antes de que ocurriera la primera incursi�n paramilitar en el Catatumbo �sta ya era de conocimiento p�blico: el diario local La Opini�n, public� el d�a 19 de mayo de 1999 en la secci�n �mbito, p�gina 1B, un documento de la administraci�n departamental en el que se hace referencia a la presencia de dichos grupos, aunque por alguna �extra�a� raz�n, a pesar del conocimiento, las autoridades no tomaron medidas en el asunto; adem�s organizaciones internacionales como OIDHACO ya hab�an hecho advertencias sobre accionar paramilitar en la provincia de Oca�a (Norte de Santander) desde principios de los 90�s. Para la primera incursi�n y al igual que en otras ocasiones -como por ejemplo en Mapiripan- los paramilitares salieron del departamento de C�rdoba y llegaron sin contratiempos a su destino. En �sta ocasi�n seis camiones cada uno con aproximadamente 50 sujetos armados, pasaron, una vez en territorio nortesantandereano, por las garitas del Batall�n Santander, del Distrito de Polic�a de Sardinata, por los retenes de control del Grupo Maza en la Ye, por los retenes de control del Batall�n H�roes de Saraguro en Tib� y por las garitas del Comando de Polic�a en Refiner�a, sin que hubiese ning�n altercado con la fuerza p�blica, ni siquiera el mismo 29 de mayo, d�a en que el Comandante del Grupo Mecanizado No. 5 Maza -Coronel V�ctor Hugo Matamoros- sobrevol� en un helic�ptero el sitio conocido como �Carboneras�, en el cual los �paras� ten�an retenidas a 40 personas, de las cuales mataron, ese mismo d�a, a m�s de 10.

De esa primera incursi�n paramilitar, la Defensor�a del Pueblo tiene una relaci�n de 23 asesinatos, en los sitios Refiner�a, Socoab�, Km 25, Cuervos, Versalles, El Mirador, Km 19, Km 28, Km 30 y Puente Socoab� Norte.

El d�a 2 de junio de 1999, el batall�n H�roes de Saraguro instal� una base militar permanente en La Gabarra seg�n se se�ala en los comunicados de la V Brigada: �para proteger a la poblaci�n civil de la amenaza paramilitar�, coincidencialmente por esos d�as las AUC tambi�n montaron una base y un reten permanente en el caser�o Vetas de Oriente, el cual se localiza entre el casco urbano de Tib� y el municipio de La Gabarra. En este lugar ejecutaron a varias personas en repetidas ocasiones y desde all� sal�an bajo las ordenes del comandante �Camilo� para las reuniones sostenidas con comerciantes en La Gabarra, bajo el amparo de la fuerza p�blica, como tambi�n bajo su amparo fue que el 17 de julio, en la noche, los paras pudieron asesinar en el establecimiento �El Morichal�, a pocos metros de la estaci�n de Polic�a, a 7 personas en el casco urbano de Tib�, y llevarse a otras 15, de las que aparecieron los cad�veres solamente de 6.

Entre el 29 de Mayo y el 27 de Agosto de 1999 (menos de tres meses), se tiene relaci�n de el asesinato de 81 civiles por parte de los paramilitares tanto en el casco urbano de La Gabarra, como en su per�metro rural. Lo anterior consta en el proceso que se cursa en la Fiscal�a 2� de la Unidad Nacional de Derechos Humanos contra el ex comandante del Batall�n de Contraguerrilla No. 46 Capit�n Luis Fernando Campuzano V�squez, de quien se dice (seg�n consta en el sumario) que para la fecha de las masacres �ten�a un v�nculo de amistad con las Autodefensas Unidas de Colombia (Paramilitares)�.

Ante la facilidad y el descaro con que entr� y se posesion� el paramilitarismo de la zona del Catatumbo no se puede sino pensar que, evidentemente la violencia demencial paramilitar corresponde a una estrategia del Estado. El paramilitarismo forma parte de la Pol�tica Estatal para fortalecer el poder pol�tico y el dominio econ�mico en la zona, ya que �sta hab�a pasado a ser uno de los referentes de resistencia popular a partir de las marchas campesinas del 96 y del 98 en las cuales participaron m�s de 20 mil campesinos quienes ped�an soluciones para su pobreza, su marginalidad y respeto a sus derechos, plasmado esto en lo que en ese entonces seria conocido como �Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para el Catatumbo�.

Guerra por el control del comercio de La Coca: Falacia de los Medios

Para ocultar la realidad de la barbarie de los �paras� en el Catatumbo, los medios de comunicaci�n y las autoridades gubernamentales mostraron y muestran los hechos al pa�s y al mundo como el resultado de la Guerra librada entre las FARC-EP y las AUC por el control del cultivo, procesamiento y distribuci�n de la coca.

As� fue como las marchas campesinas fueron identificadas como una estrategia pol�tica de las FARC-EP y del ELN para impedir la intromisi�n del gobierno en la regi�n, tales fueron los se�alamientos hechos por el diario La Opini�n en su edici�n del 16 de mayo de 1999. Igualmente durante el cubrimiento del �Show Mediatico� que fue la desmovilizaci�n del Bloque Catatumbo y de sus comandantes �Camilo� y �Mancuso� los noticieros de los canales RCN y Caracol hicieron referencia a los cr�menes cometidos en el Catatumbo y las infracciones al DIH como �consecuencias de la guerra por el control de la coca� que libraron los grupos guerrilleros y las AUC, inclusive hasta llegando a asegurar que las FARC-EP y las AUC hab�an llegado a un acuerdo sobre la distribuci�n del territorio. La misma referencia ha hecho El Tiempo en reiteradas ocasiones. Lo que nunca mencionaron ni mencionan los noticieros ni los diarios ni el ex-gobernador Jorge Garc�a Herreros era que los habitantes del Catatumbo cultivaban coca porque no ten�an otra posibilidad de supervivencia, y que uno de los puntos gruesos del �Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para el Catatumbo� era la erradicaci�n de los cultivos il�citos siempre y cuando existiera la garant�a que el gobierno departamental iba a realizar inversi�n social en la zona, que permitiese cambiar las condiciones econ�micas, sociales y culturales en la regi�n.

Tambi�n olvidaron mencionar los medios que las fuerzas armadas igualmente se beneficiaban del cultivo de la coca. Los campesinos de la zona en reiteradas oportunidades denunciaron el pago a los miembros de la polic�a para poder transitar libremente los precursores qu�micos para el procesamiento del alcaloide y tambi�n como el comandante de la base de La Gabarra conoc�a a la perfecci�n el sitio donde los fines de semana los �paras� compraban la coca y de donde la sacaban en helic�ptero. Desde la llegada de los paramilitares a la regi�n los cultivos il�citos aumentaron de forma exponencial y sin ning�n tipo de control (para el 2004 se tenia una relaci�n de 20.000 hect�reas cultivadas con coca).

Contrario a la situaci�n descrita fue el manejo dado a los cultivos il�citos cuando las organizaciones insurgentes ten�an un posicionamiento fuerte en la regi�n, as� lo expresan los campesinos: ��stas prohib�an el comercio de coca, pero, ante la imposibilidad de que los campesinos subsisti�ramos por otros medios se aceptaron los cultivos en la zona, aunque �stos deb�an ser en peque�as proporciones y existi� una conciencia generalizada sobre la necesidad de conservaci�n del medio ambiente (ejemplo de ello era que prohib�an botar residuos del procesamiento de la hoja de coca al r�o).�

La masacre de La Gabarra: evidencia del binomio paras-militares

El terror se hizo mayor en la regi�n el 21 de agosto del 99, a las 8:20 PM, cuando cerca de 150 paramilitares entraron al per�metro urbano de La Gabarra y permanecieron durante una hora y veinte minutos, tiempo en el que asesinaron a 27 personas, hirieron a 10 m�s y produjeron el desplazamiento de m�s de 50 familias. Si exist�a una base militar en el casco urbano, acaso toca preguntar, como en las pel�culas, y �D�nde est� el soldado?.

Pues, la respuesta es �encerrado� en su base militar; porque por orden directa del Capit�n Campuzano, el ret�n del ej�rcito nacional que usualmente permanec�a en la entrada del corregimiento se levant� ese d�a -extra�amente- a las 8 PM, adem�s a las 8:10 de la noche los efectivos que patrullaban la poblaci�n se retiraron por orden de Campuzano a su cuartel.

Debido a estos graves hechos ocurridos el 21 de agosto el entonces presidente Andres Pastrana, retir� del cargo de Comandante de la V Brigada al Brigadier General Alberto Bravo Silva, al comandante de Polic�a de Norte de Santander, coronel Roque Julio S�nchez Holgu�n y al director regional del DAS, Almer Mu�oz Mu�oz, a estos se suman varios oficiales de la fuerza p�blica que fueron vinculados a la investigaci�n por los hechos. Pero, para nutrir aun m�s de impunidad nuestra patria solamente un Capit�n del Ejercito fue llamado a juicio: Fernando Campuzano, a quien en el 2004, �nicamente, se le suspendi� por 80 d�as debido a su responsabilidad, por omisi�n, en los acontecimientos.

La falsedad de la �desmovilizaci�n�

Con la �desmovilizaci�n� del bloque Catatumbo de las AUC, se pens� que el accionar paramilitar iba a terminar y que la regi�n por fin despertar�a de tan terrible pesadilla, pero est� claro que el Catatumbo es muy importante para los intereses de la oligarqu�a tanto nacional como transnacional, por lo cual este tipo de pol�tica estatal que tan buenos frutos dio no ser�a eliminada de la regi�n: ONG�s defensoras de DDHH como la Asociaci�n Minga y la fundaci�n Progresar han denunciado como los grupos paramilitares siguen operando en la regi�n, asesinando, ejerciendo bloqueos alimenticios y sanitarios, cobrando vacunas, e impidiendo el libre tr�nsito a los pobladores; adem�s desde el sur del Cesar han llegado nuevos contingentes de las AUC, de las estructuras del Bloque Norte, para ejercer el control de lo que se conoce como alto y medio Catatumbo (principalmente los municipios de Convenci�n, Teorama y el Tarra) igualmente congresistas del Polo Democr�tico han se�alado, con firmes pruebas, la influencia y participaci�n pol�tica de los paramilitares en la administraci�n regional, especialmente en la ciudad de C�cuta.

Para el a�o 2003 Norte de Santander fue uno de los departamentos con la mayor tasa de homicidios (98.80) muy por encima de la nacional (52.85), entre los homicidios cometidos por los paramilitares ese 2003 tenemos el de el candidato a la gobernaci�n Tirso V�lez. Tirso, quien en el 92 fue alcalde del municipio de Tib� fue asesinado en pleno centro de C�cuta, el 4 de junio, de dicho a�o. Recordado como el gran poeta que fue y como un hombre comprometido con la construcci�n de la paz en el Catatumbo. As� mismo tambi�n las balas paramilitares truncaron ese a�o la vida de Gerson Gallardo, estudiante de Licenciatura en Biolog�a y Qu�mica de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), quien fue detenido el 3 de abril por grupos paramilitares y miembros de la divisi�n de investigaciones del ejercito, Gerson despu�s de 2 meses de cautiverio fue encontrado ultimado en la v�a que de Tib� conduce a La Gabarra, junto a su cuerpo estaba el de su compa�ero de sue�os Edwin L�pez, profesor de danzas de la UFPS, a quien el 13 de abril sacaron los paramilitares de su residencia en la ciudadela de Atalaya, retuvieron junto a Gerson y finalmente asesinaron, el 5 de junio.

�D�nde quedan realmente la Verdad, la Justicia y la Reparaci�n?

A parte de la irrisoria �sanci�n� impuesta al capit�n Campuzano, el a�o pasado el Tribunal Superior de Cundinamarca, orden� al Ministerio de Defensa pagar a 120 personas v�ctimas de la incursi�n paramilitar en La Gabarra la suma de 44.750 millones de pesos, lo preocupante del caso es que tal como lo hizo la revista semana en la edici�n n�mero 1165 del 28 de agosto de 2004 se d� por hecho que con �ste pag� se ha alcanzado la verdad, la justicia, y la reparaci�n total a quienes sufrieron por las incursiones paramilitares en la zona. El art�culo titulado �La hora de la reparaci�n� se�ala: �el fallo sobre La Gabarra resulta trascendental tambi�n porque demuestra que aunque cojea, la justicia a veces llega�, inclusive, en dicho texto se hace alusi�n a la �similitud� del fallo con el del caso de los 19 comerciantes, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resoluci�n del 3 de septiembre de 2004 obliga al Estado colombiano a cancelar la suma de 16.000 millones de pesos por su responsabilidad en la violaci�n de los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad personal, a las garant�as judiciales y la protecci�n judicial. Lo que la revista semana no dice, y por tanto invisibiliza y resta importancia, es que -a parte del pago econ�mico a los familiares de las victimas, a la CCJ y a CEJIL- la Corte Interamericana conden� al Estado colombiano a investigar efectivamente para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y dem�s vinculados que surjan en el proceso para efectos penales; a realizar una b�squeda seria de los restos de los 19 comerciantes asesinados hace 17 a�os; y tambi�n a que en acto p�blico y en presencia de los familiares de las v�ctimas, el Estado reconozca su responsabilidad y les pida a �stos perd�n, adem�s debe erigir un monumento en memoria de las victimas y garantizar que estos hechos no se repitan.

Es indudable que lo que para la revista semana y la clase dirigente colombiana es justicia, evidentemente no lo es para las instancias internacionales protectoras de DDHH, las que exigen integralidad en la reparaci�n, b�squeda exhaustiva de la verdad y castigo ejemplar a todos los culpables. Por tanto no se puede simplemente intentar cerrar el libro de la Justicia en Colombia, en el cap�tulo que versa sobre la impunidad y en el que sus protagonistas: Casta�o, Mancuso, Uribe y la oligarqu�a escriben el final feliz que tanto desean nutrido de perd�n y olvido, as� como pretenden hacerlo en su proyecto de ley �Justicia y paz�, con el que pretenden legalizar el paramilitarismo.

A quienes cometieron los cr�menes en La Gabarra y el Catatumbo, a los asesinos de Tirso, Gerson y Edwin les decimos que el olvido esta lleno de memoria, y que la verdadera justicia llegar� el d�a en que las sombras de la impunidad sucumban impotentes ante la luz del Amanecer de un Nuevo Pa�s.

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