A seis años del posicionamiento a sangre y fuego de los paramilitares en La Gabarra:

¿Dónde quedan la Verdad, la Justicia y la Reparación? Para ocultar la realidad de la barbarie de los ‘paras’ en el Catatumbo, los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales mostraron y muestran los hechos al país y al mundo como el resultado de la Guerra librada entre las FARC-EP y las AUC por el control del cultivo, procesamiento y distribución de la coca. Lo que nunca mencionaron ni mencionan los noticieros ni los diarios ni el ex-gobernador Jorge García Herreros era que los habitantes del Catatumbo cultivaban coca porque no tenían otra posibilidad de supervivencia, y que uno de los puntos gruesos del “Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para el Catatumbo”, escribe Marcos Rodríguez.

Marcos E. Rodríguez
Colectivo estudiantil BRECHA
ANCOL

En Agosto de 1998, cuando salió el ejército y la policía de La Gabarra, ellos mismos se encargaron de señalar y repetir a la población el destino que les esperaba: “Ahí quedan, para bocado de los paracos”, y es que ésta sentencia no difiere para nada con el triste destino vivido por los habitantes del corregimiento de La Gabarra, y de todo el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, a partir del año 99 hasta la fecha.

Desde que Carlos Castaño (anteriormente, jefe máximo de las AUC. Hoy, habitante de la dimensión desconocida del monólogo gobierno-paras) hiciera público su anuncio en marzo de 1999 de tomarse el Catatumbo la región ha conocido el asesinato de por lo menos 6000 campesinos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 40.000 habitantes. El diario El Tiempo en su edición del pasado 31 de mayo señala que: “Según los cálculos de la policía entre 1999 y 2004 fueron asesinadas 5.200 personas en todo el Catatumbo, la mayoría de estos crímenes a manos del Bloque Catatumbo de las AUC” más adelante el mismo diario cita: “El Instituto Popular de Capacitación (IPC), habla de más de 60 mil desplazados y 200 desaparecidos por culpa del conflicto en la zona” (el hecho de que sea la policía quien presente la información hace que ésta sea confiable por ser una fuente cercana a los autores de los homicidios). Estos crímenes atroces cometidos casi en su totalidad por los paramilitares, hoy en día después de la desmovilización del Bloque Catatumbo -comandado por alias “Camilo” y bajo la responsabilidad del mismo “Salvatore Mancuso”-, pasaron oficialmente a formar parte de las amplias arcas de la impunidad que este país pareciera se vanagloria de poseer.

La Llegada de las AUC al Catatumbo: Política Estatal

Antes de que ocurriera la primera incursión paramilitar en el Catatumbo ésta ya era de conocimiento público: el diario local La Opinión, publicó el día 19 de mayo de 1999 en la sección ámbito, página 1B, un documento de la administración departamental en el que se hace referencia a la presencia de dichos grupos, aunque por alguna ‘extraña’ razón, a pesar del conocimiento, las autoridades no tomaron medidas en el asunto; además organizaciones internacionales como OIDHACO ya habían hecho advertencias sobre accionar paramilitar en la provincia de Ocaña (Norte de Santander) desde principios de los 90’s. Para la primera incursión y al igual que en otras ocasiones -como por ejemplo en Mapiripan- los paramilitares salieron del departamento de Córdoba y llegaron sin contratiempos a su destino. En ésta ocasión seis camiones cada uno con aproximadamente 50 sujetos armados, pasaron, una vez en territorio nortesantandereano, por las garitas del Batallón Santander, del Distrito de Policía de Sardinata, por los retenes de control del Grupo Maza en la Ye, por los retenes de control del Batallón Héroes de Saraguro en Tibú y por las garitas del Comando de Policía en Refinería, sin que hubiese ningún altercado con la fuerza pública, ni siquiera el mismo 29 de mayo, día en que el Comandante del Grupo Mecanizado No. 5 Maza -Coronel Víctor Hugo Matamoros- sobrevoló en un helicóptero el sitio conocido como “Carboneras”, en el cual los ‘paras’ tenían retenidas a 40 personas, de las cuales mataron, ese mismo día, a más de 10.

De esa primera incursión paramilitar, la Defensoría del Pueblo tiene una relación de 23 asesinatos, en los sitios Refinería, Socoabó, Km 25, Cuervos, Versalles, El Mirador, Km 19, Km 28, Km 30 y Puente Socoabó Norte.

El día 2 de junio de 1999, el batallón Héroes de Saraguro instaló una base militar permanente en La Gabarra según se señala en los comunicados de la V Brigada: “para proteger a la población civil de la amenaza paramilitar”, coincidencialmente por esos días las AUC también montaron una base y un reten permanente en el caserío Vetas de Oriente, el cual se localiza entre el casco urbano de Tibú y el municipio de La Gabarra. En este lugar ejecutaron a varias personas en repetidas ocasiones y desde allí salían bajo las ordenes del comandante “Camilo” para las reuniones sostenidas con comerciantes en La Gabarra, bajo el amparo de la fuerza pública, como también bajo su amparo fue que el 17 de julio, en la noche, los paras pudieron asesinar en el establecimiento “El Morichal”, a pocos metros de la estación de Policía, a 7 personas en el casco urbano de Tibú, y llevarse a otras 15, de las que aparecieron los cadáveres solamente de 6.

Entre el 29 de Mayo y el 27 de Agosto de 1999 (menos de tres meses), se tiene relación de el asesinato de 81 civiles por parte de los paramilitares tanto en el casco urbano de La Gabarra, como en su perímetro rural. Lo anterior consta en el proceso que se cursa en la Fiscalía 2ª de la Unidad Nacional de Derechos Humanos contra el ex comandante del Batallón de Contraguerrilla No. 46 Capitán Luis Fernando Campuzano Vásquez, de quien se dice (según consta en el sumario) que para la fecha de las masacres “tenía un vínculo de amistad con las Autodefensas Unidas de Colombia (Paramilitares)”.

Ante la facilidad y el descaro con que entró y se posesionó el paramilitarismo de la zona del Catatumbo no se puede sino pensar que, evidentemente la violencia demencial paramilitar corresponde a una estrategia del Estado. El paramilitarismo forma parte de la Política Estatal para fortalecer el poder político y el dominio económico en la zona, ya que ésta había pasado a ser uno de los referentes de resistencia popular a partir de las marchas campesinas del 96 y del 98 en las cuales participaron más de 20 mil campesinos quienes pedían soluciones para su pobreza, su marginalidad y respeto a sus derechos, plasmado esto en lo que en ese entonces seria conocido como “Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para el Catatumbo”.

Guerra por el control del comercio de La Coca: Falacia de los Medios

Para ocultar la realidad de la barbarie de los ‘paras’ en el Catatumbo, los medios de comunicación y las autoridades gubernamentales mostraron y muestran los hechos al país y al mundo como el resultado de la Guerra librada entre las FARC-EP y las AUC por el control del cultivo, procesamiento y distribución de la coca.

Así fue como las marchas campesinas fueron identificadas como una estrategia política de las FARC-EP y del ELN para impedir la intromisión del gobierno en la región, tales fueron los señalamientos hechos por el diario La Opinión en su edición del 16 de mayo de 1999. Igualmente durante el cubrimiento del “Show Mediatico” que fue la desmovilización del Bloque Catatumbo y de sus comandantes “Camilo” y “Mancuso” los noticieros de los canales RCN y Caracol hicieron referencia a los crímenes cometidos en el Catatumbo y las infracciones al DIH como “consecuencias de la guerra por el control de la coca” que libraron los grupos guerrilleros y las AUC, inclusive hasta llegando a asegurar que las FARC-EP y las AUC habían llegado a un acuerdo sobre la distribución del territorio. La misma referencia ha hecho El Tiempo en reiteradas ocasiones. Lo que nunca mencionaron ni mencionan los noticieros ni los diarios ni el ex-gobernador Jorge García Herreros era que los habitantes del Catatumbo cultivaban coca porque no tenían otra posibilidad de supervivencia, y que uno de los puntos gruesos del “Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para el Catatumbo” era la erradicación de los cultivos ilícitos siempre y cuando existiera la garantía que el gobierno departamental iba a realizar inversión social en la zona, que permitiese cambiar las condiciones económicas, sociales y culturales en la región.

También olvidaron mencionar los medios que las fuerzas armadas igualmente se beneficiaban del cultivo de la coca. Los campesinos de la zona en reiteradas oportunidades denunciaron el pago a los miembros de la policía para poder transitar libremente los precursores químicos para el procesamiento del alcaloide y también como el comandante de la base de La Gabarra conocía a la perfección el sitio donde los fines de semana los ‘paras’ compraban la coca y de donde la sacaban en helicóptero. Desde la llegada de los paramilitares a la región los cultivos ilícitos aumentaron de forma exponencial y sin ningún tipo de control (para el 2004 se tenia una relación de 20.000 hectáreas cultivadas con coca).

Contrario a la situación descrita fue el manejo dado a los cultivos ilícitos cuando las organizaciones insurgentes tenían un posicionamiento fuerte en la región, así lo expresan los campesinos: “éstas prohibían el comercio de coca, pero, ante la imposibilidad de que los campesinos subsistiéramos por otros medios se aceptaron los cultivos en la zona, aunque éstos debían ser en pequeñas proporciones y existió una conciencia generalizada sobre la necesidad de conservación del medio ambiente (ejemplo de ello era que prohibían botar residuos del procesamiento de la hoja de coca al río).”

La masacre de La Gabarra: evidencia del binomio paras-militares

El terror se hizo mayor en la región el 21 de agosto del 99, a las 8:20 PM, cuando cerca de 150 paramilitares entraron al perímetro urbano de La Gabarra y permanecieron durante una hora y veinte minutos, tiempo en el que asesinaron a 27 personas, hirieron a 10 más y produjeron el desplazamiento de más de 50 familias. Si existía una base militar en el casco urbano, acaso toca preguntar, como en las películas, y ¿Dónde está el soldado?.

Pues, la respuesta es ‘encerrado’ en su base militar; porque por orden directa del Capitán Campuzano, el retén del ejército nacional que usualmente permanecía en la entrada del corregimiento se levantó ese día -extrañamente- a las 8 PM, además a las 8:10 de la noche los efectivos que patrullaban la población se retiraron por orden de Campuzano a su cuartel.

Debido a estos graves hechos ocurridos el 21 de agosto el entonces presidente Andres Pastrana, retiró del cargo de Comandante de la V Brigada al Brigadier General Alberto Bravo Silva, al comandante de Policía de Norte de Santander, coronel Roque Julio Sánchez Holguín y al director regional del DAS, Almer Muñoz Muñoz, a estos se suman varios oficiales de la fuerza pública que fueron vinculados a la investigación por los hechos. Pero, para nutrir aun más de impunidad nuestra patria solamente un Capitán del Ejercito fue llamado a juicio: Fernando Campuzano, a quien en el 2004, únicamente, se le suspendió por 80 días debido a su responsabilidad, por omisión, en los acontecimientos.

La falsedad de la “desmovilización”

Con la “desmovilización” del bloque Catatumbo de las AUC, se pensó que el accionar paramilitar iba a terminar y que la región por fin despertaría de tan terrible pesadilla, pero está claro que el Catatumbo es muy importante para los intereses de la oligarquía tanto nacional como transnacional, por lo cual este tipo de política estatal que tan buenos frutos dio no sería eliminada de la región: ONG’s defensoras de DDHH como la Asociación Minga y la fundación Progresar han denunciado como los grupos paramilitares siguen operando en la región, asesinando, ejerciendo bloqueos alimenticios y sanitarios, cobrando vacunas, e impidiendo el libre tránsito a los pobladores; además desde el sur del Cesar han llegado nuevos contingentes de las AUC, de las estructuras del Bloque Norte, para ejercer el control de lo que se conoce como alto y medio Catatumbo (principalmente los municipios de Convención, Teorama y el Tarra) igualmente congresistas del Polo Democrático han señalado, con firmes pruebas, la influencia y participación política de los paramilitares en la administración regional, especialmente en la ciudad de Cúcuta.

Para el año 2003 Norte de Santander fue uno de los departamentos con la mayor tasa de homicidios (98.80) muy por encima de la nacional (52.85), entre los homicidios cometidos por los paramilitares ese 2003 tenemos el de el candidato a la gobernación Tirso Vélez. Tirso, quien en el 92 fue alcalde del municipio de Tibú fue asesinado en pleno centro de Cúcuta, el 4 de junio, de dicho año. Recordado como el gran poeta que fue y como un hombre comprometido con la construcción de la paz en el Catatumbo. Así mismo también las balas paramilitares truncaron ese año la vida de Gerson Gallardo, estudiante de Licenciatura en Biología y Química de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), quien fue detenido el 3 de abril por grupos paramilitares y miembros de la división de investigaciones del ejercito, Gerson después de 2 meses de cautiverio fue encontrado ultimado en la vía que de Tibú conduce a La Gabarra, junto a su cuerpo estaba el de su compañero de sueños Edwin López, profesor de danzas de la UFPS, a quien el 13 de abril sacaron los paramilitares de su residencia en la ciudadela de Atalaya, retuvieron junto a Gerson y finalmente asesinaron, el 5 de junio.

¿Dónde quedan realmente la Verdad, la Justicia y la Reparación?

A parte de la irrisoria “sanción” impuesta al capitán Campuzano, el año pasado el Tribunal Superior de Cundinamarca, ordenó al Ministerio de Defensa pagar a 120 personas víctimas de la incursión paramilitar en La Gabarra la suma de 44.750 millones de pesos, lo preocupante del caso es que tal como lo hizo la revista semana en la edición número 1165 del 28 de agosto de 2004 se dé por hecho que con éste pagó se ha alcanzado la verdad, la justicia, y la reparación total a quienes sufrieron por las incursiones paramilitares en la zona. El artículo titulado “La hora de la reparación” señala: “el fallo sobre La Gabarra resulta trascendental también porque demuestra que aunque cojea, la justicia a veces llega”, inclusive, en dicho texto se hace alusión a la “similitud” del fallo con el del caso de los 19 comerciantes, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resolución del 3 de septiembre de 2004 obliga al Estado colombiano a cancelar la suma de 16.000 millones de pesos por su responsabilidad en la violación de los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial. Lo que la revista semana no dice, y por tanto invisibiliza y resta importancia, es que -a parte del pago económico a los familiares de las victimas, a la CCJ y a CEJIL- la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano a investigar efectivamente para identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás vinculados que surjan en el proceso para efectos penales; a realizar una búsqueda seria de los restos de los 19 comerciantes asesinados hace 17 años; y también a que en acto público y en presencia de los familiares de las víctimas, el Estado reconozca su responsabilidad y les pida a éstos perdón, además debe erigir un monumento en memoria de las victimas y garantizar que estos hechos no se repitan.

Es indudable que lo que para la revista semana y la clase dirigente colombiana es justicia, evidentemente no lo es para las instancias internacionales protectoras de DDHH, las que exigen integralidad en la reparación, búsqueda exhaustiva de la verdad y castigo ejemplar a todos los culpables. Por tanto no se puede simplemente intentar cerrar el libro de la Justicia en Colombia, en el capítulo que versa sobre la impunidad y en el que sus protagonistas: Castaño, Mancuso, Uribe y la oligarquía escriben el final feliz que tanto desean nutrido de perdón y olvido, así como pretenden hacerlo en su proyecto de ley “Justicia y paz”, con el que pretenden legalizar el paramilitarismo.

A quienes cometieron los crímenes en La Gabarra y el Catatumbo, a los asesinos de Tirso, Gerson y Edwin les decimos que el olvido esta lleno de memoria, y que la verdadera justicia llegará el día en que las sombras de la impunidad sucumban impotentes ante la luz del Amanecer de un Nuevo País.