Ayelen Machaca

Hoy, 28 de Junio las 15.30 hs comenzaron en Comodoro Py los alegatos de las partes en el caso Galvarino Apablaza, "Salvador", luego de un receso y en continuidad a la declaración de los últimos tres testigos presentados por la defensa.
El primer alegato fue el del Dr. Gustavo Gené como representante del Estado Chileno, quien confirmó una vez más el deseo del Poder Judicial chileno de que Argentina extradite a Galvarino Apablaza a fin de que cumpla con una condena que pesa supuestamente sobre él por el atentado al derechista Jame Guzmán y el secuestro del empresario Christian Edwards.

Para ello Gené se valió exclusivamente del Tratado de Montevideo sobre extradición, firmado por ambos países y de la Ley antiterrorista chilena, haciendo caso omiso del carácter de delitos políticos por los que se imputa a Salvador. Por tratarse de delitos cometidos a la salida de la democracia  los calificó de terroristas y alegó que más allá de las injusticias cometidas durante la dictadura, las condiciones en Chile luego del '90 fueron y son imparciales para el juzgamiento de cualquier delito.

 Paradójicamente, habló del proceso al ex dictador Pinochet como un ejemplo del avance de la justicia chilena en la prosecución de las normas democráticas. Sin embargo, como señaló la defensa a cargo del Dr. Rodolfo Yanzón, Pinochet más que de justicia ha sido siempre ejemplo de impunidad, especialmente en casos de DDHH. "Sólo ha sido procesado por corrupto" señaló más tarde Yanzón. Gené dijo que en Chile la persecución ha cesado en forma completa y que la justicia actúa de forma independiente.

En segundo lugar, se dirigió al juez Claudio Bonadío el fiscal Carlos Rívolo, quien de forma escueta y excesivamente técnica y formal argumentó su pedido de extradición ante el reclamo chileno.
Aclaró que alejaría su alegato de cualquier contenido político y atendería exclusivamente los requisitos formales para la extradición. Se mostró sorprendido por la "increíble carta" dirigida al presidente Kirchner para que interfiera en el caso. Aclaró más tarde, y ante la confusión con cartas presentadas por organizaciones que apoyan a Salvador, que hacía referencia a la carta enviada por la UDI, hegemónico partido de la derecha chilena; que sabemos podría haber sido reforzada con la presencia física de representantes en franca actitud de lobby para lograr la extradición. Esto último no hace otra cosa que confirmar el carácter político del caso y la persecución de la que es víctima Galvarino Apablaza, de la cual este proceso es sólo continuación de más de treinta de años de obligada clandestinidad.

Por otro lado consideró que los testimonios presentados por la defensa los días 27 y 28 de junnio por la mañana, fueron testimonios de individuos en defensa de sus ideales dignos de ser presentados en todo caso ante el CEPARE para la obtención del tan reclamado refugio político.
Finalmente, abogó como Gené los artículos del Tratado de 1933 firmado por ambas naciones y la jurisdicción chilena de los casos por los que Galvarino Apablaza es imputado.

En tercer lugar alegó la defensa, quien obviamente señaló las inexactitudes del alegato "leído" por Gené:

-Los mecánicos de extradición suscritos por ambos países, no son sólo tratados de cooperación sino que son además la primera instancia para el ejercicio de la defensa del acusado. Se debe por lo tanto velar por las garantías judiciales del mismo. Y esto no sucederá si Argentina accede al pedido de extradición chileno. Ya que los Derechos Humanos de Salvador se verían seriamente amenazados: numerosos testimonios y bibliografía sobre el tema aclaran la "farsa de la institucionalidad chilena" en tanto democracia tutelada donde hay senadores militares impuestos más allá de cualquier elección, de cargo vitalicio y con pasados probadamente vinculados a la dictadura.

-Por otra parte, Yanzón señaló que la Corte Suprema no es de ninguna independiente, que su composición es digitada por la Concertación y la derecha, constituyendo un negociado entre las eternas fuerzas partidarias imperantes. Y que hasta el año 1995 como mínimo se aplicó sistemáticamente la tortura en las cárceles de alta seguridad del país trasandino. Lo que viciaría entre otras una confesión extrajudicial presentada por la querella, obtenida por aquellos años de un implicado y condenado en las causas mencionadas. Hoy día, los presos políticos, detenidos en democracia realizan desde hace más de 40 días una huelga de hambre, entre otras cosas protestando contra las condiciones degradantes de las cárceles chilenas. Compañeros del mismo Salvador han muerto presos en y plena "democracia".

-La Ley antiterrorista chilena permite la intervención activa del Ministerio del Interior. Por lo tanto en el momento en que se realizó el pedido de detención el Poder Judicial sólo cumplió con la orden del Ministro. La orden de detención carece de argumentos. El Estado chileno catalogó como terroristas estos hechos, por antojo. "Tal como se pide, se ordena" señaló Yanzón refriéndose a la citada orden. Hecho que iría sin dudas contra la Ley argentina.
Por otra parte, la Corte Suprema argentina ha fallado en casos de dos ciudadanos rusos contra la extradición pedida por la nación de origen justamente por la intromisión del Poder Ejecutivo en los mismos.

-Ambos delitos se encuentra prescriptos a pesar de la interpretación del Estado chileno que computa dos días por cada uno de los establecidos en la condena por hallarse el acusado ausente, es decir fuera del país. La declaración del líder mapuche Painecura, que asegura haberlo visto en Chile en 2003, así lo demuestra. No se puede demostrar por lo tanto, la ausenta de Salvador durante todos esos años, al menos hasta el año 2003.

-No existen pruebas fehacientes que involucren a Galavarino Aplabaza en la autoría de los hechos. Más específicamente, la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez declaró que los hechos ocurrieron a sus espaldas. Por otra parte, su carácter político es irrefutable por tratarse de atentados contra personajes involucrados en niveles importantes con la dictadura, al punto de ser el organizador de formaciones paramilitares (Guzmán) y del principal empresario mediático en defensa de la dictadura (Edwards). El mismo Juez Dolmech, a cargo de la causa en Chile, lo reconoce al mencionar el Art. 5 Inc. A de la Ley de Seguridad.

-Por último, Yanzón señala la existencia de los tres hijos pequeños de Salvador, como los principales afectados si se diera la extradición. En tanto sufrirían la ausencia de su padre y el potencial cambio hacia un país en el que no podría responderse a sus principales garantías como ciudadanos argentinos hijos de Galvarino Apablaza Guerra. Aclaró además, que "se le ha privado de la palabra en este juicio".

Por sobre todas las cosas, la defensa insistió en la ausencia de condiciones democráticas en Chile para la extradición de un hombre que sólo es condenado por su compromiso con la militancia antidictatorial. Y que se ha transformado en "moneda de cambio para Pinochet". Y continúa por ser reflejo de la pujas de poder de la UDI, que a poco tiempo de las elecciones  consigue la declaración de un policía  que señala a Michelle Bachelet, candidata por la Concertación, como la médica que habría atendido a Edwards.
Yanzón dijo, comprometido "Decir que en Chile hay democracia, son argumentos para sostener la exclavitud".

El juicio oral público continuará el próximo lunes 4 de Julio a las 12 hs. Salvador hará su última intervención en el juicio y se dará sentencia.