La Nación

El ex frentista, acusado por el crimen de Jaime Guzmán, alega que "no existe la más mínima posibilidad de un debido proceso en Chile", y afirma que los delitos que se le imputan tienen que ver con el contexto antidemocrático en que ocurrieron.

El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Sergio Galvarino Apablaza, lanzó duras críticas en contra de la justicia, el gobierno y la democracia chilena desde un calabozo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal Argentina donde espera el juicio de extradición que busca retornarlo a nuestro país para que enfrente el crimen del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards Del Río.

Apablaza, conocido también como comandante Salvador, afirmó que "detrás de esto está un juicio a mi historia, está un juicio político a la organización a la cual yo pertenecí, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que enfrentó a la dictadura en todos los terrenos, e hizo uso de la violencia ante un régimen que hoy más que nunca el mundo comprende, es la esencia del terrorismo de Estado".

Esta visión, insistió, es "inapelable", y "si lo vemos en el tiempo, aparece absolutamente legítimo el haberse rebelado, haber resistido con todos los medios ante un régimen de esa naturaleza".

A renglón seguido, lamentó que "haber terminado Pinochet y haber iniciado una transición a la democracia", no haya representado un verdadero retorno a las tradiciones republicanas, pues a su juicio "no podemos olvidar que no tan sólo Pinochet, sino el mismo aparataje institucional, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista judicial y policial, el mismo sigue inalterable en el tiempo, mucho de eso hasta el día de hoy sigue inalterable".

El ex frentista recalcó que "aquellos hechos en los cuales a mí se me imputa por la responsabilidad política que supuestamente yo hubiera tenido en esto, tienen que ver con el contexto en el cual se dan", y éstos "indudablemente no se dan en el marco de un sistema democrático".

El comandante Salvador argumenta que "años después (1993), en Uruguay, es asesinado (Eugenio) Berríos, y hasta hoy existen procesos en marcha que demuestran que fueron los propios servicios de inteligencia chilenos, en cooperación con militares uruguayos, los que terminaron con la vida de quien había sido el químico de la DINA, por las responsabilidades que éste tendría, incluido el probable asesinato de (ex Presidente Eduardo) Frei (Montalva)".

"Entonces –recalca- eso demuestra que los servicios operaban en la mayor de las impunidades durante todos esos años", por lo que "hacerme asumir a mí responsabilidades en las decisiones que culminaron con esos dos hechos constituye una arbitrariedad y una falsedad absoluta".

Es más, alega que "la institucionalidad de la Constitución pinochetista sigue vigente", pues "hasta el día de hoy a mí se me intenta aplicar la ley antiterrorista".

En favor de su alegato de parcialidad, resaltó también que "el juez Guzmán, en estos últimos días y ya en su retiro, ha reconocido por diversas vías, en conferencias y entrevistas, y lo recoge en sus memorias que están prontas a salir, lo difícil que ha sido para él asumir y llevar adelante la investigación y en particular todo lo relacionado con las querellas a Pinochet".

"En más, de un momento y durante toda la etapa de estos procesos, por distintas vías y formas, le hicieron llegar mensajes en función de frenar o de aminorar todas estas investigaciones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos y en particular con respecto a Pinochet", aseguró el izquierdista, quien resaltó que por todo ello "es absolutamente evidente que existe un doble estándar por parte del gobierno y yo lo veo muy concreto hoy en mi caso".

Testigos UDI

Apablaza enfrentó, en ese contexto, la decisión de la Corte Suprema chilena de acoger una carta rogatoria del juez Claudio Bonadío, que permitirá que se remitan al juez bonaerense informes de la justicia militar sobre proceso por Ley Antiterrorista, antecedentes del expediente que sustancia el ministro en visita Hugo Dolmestch, y datos relativos a declaraciones que han formulado ex miembros del FPMR y en donde se habría mencionado que Apablaza participó en el atentado de 1991. También la negativa de la sala en lo penal a efectuar una video conferencia, con testigos que lo acusan del asesinato del líder gremialista, como los senadores de la UDI Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y el diputado Pablo Longueira.

"Nosotros solicitamos esos testigos, que comparezcan en el tribunal, porque nos interesa que la opinión pública conozca quiénes son aquellos que hoy me están acusando", desafió.

Es más, acusó al gremialismo de utilizar la repercusión del caso con fines electorales y así poder enarbolar una causa, ahora que ya no la tienen. Ese es el trasfondo que según Apablaza se oculta detrás de sus acusadores, "los mismos que fueron el soporte político e ideológico de (Augusto) Pinochet. Son aquellos que fueron a visitar a Pinochet en Londres, y hoy ante la eventualidad de un fracaso terrible desde el punto de vista electoral, recurren a estas maniobras de alzar una causa que aparentemente ellos hubieran condenado toda la vida", indicó.

Maniobras dilatorias

"Lo más contradictorio -fustigó el ex frentista- es que mientras la justicia da curso a esto, y responde a la cuestión, el gobierno aparece condenando y desacreditando aquellas gestiones, no que nosotros hacemos, sino que el juez de esta causa, los tribunales argentinos, hacen con respecto al Estado chileno y que es aceptado por el Estado chileno".

Ironizó entonces que "el gobierno aparece como más papista que el Papa en esto, porque la propia fiscal (Mónica) Maldonado es la que recomienda a la Corte Suprema, dar curso a una parte importante de las pruebas porque lo encuentra como un hecho legítimo de la defensa", puntualizó.

Afirmó a la luz de lo anterior que "sin lugar a dudas que esto obedece a una presión de la derecha, a una presión de la UDI, a las presiones a que se ha estado expuesto durante todo este tiempo y que tienen que ver con mi propia detención, y que se insertan en el informe de la comisión de la tortura (Valech), generar toda una condena mediática, que ha presionado a los tribunales específicamente para esto".

Apablaza alegó que "no existe la más mínima posibilidad de un debido proceso en Chile", y se quejó de que "con una desvergüenza absoluta el gobierno chileno, y con una falta a la verdad tremenda, frente a los exhortos realizados por el juez trasandino (Claudio) Bonadío, en el plano del proceso de extradición, ha dicho por la vía del subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, que en definitiva los exhortos que ha realizado el juez sólo tienen la intención por parte de la defensa de dilatar el mismo proceso".

Ello, acotó, "cuando ni siquiera son peticiones que la defensa ha hecho. Lo único que hemos asumido es nuestro legítimo derecho a ella ante los tribunales argentinos. En definitiva, nosotros lo hacemos apelando a nuestro legítimo derecho a la defensa ante el juez, y en función del proceso, nosotros solicitamos todas estas pruebas", explicó.

Enfatizó que "lo contradictorio es que la justicia chilena da lugar a parte de esos exhortos, lo asume como un hecho legítimo de la defensa, no los invalida, y solamente niega aquello que de acuerdo a la justicia chilena no compete, no corresponde".