Análisis de Mario Osava
IPS

La fuerza corrosiva del poder parece haber alcanzado su apogeo en el Partido de los Trabajadores (PT), cuando éste acaba de cumplir 25 años proclamándose como el grupo político "más auténtico" de Brasil y 28 meses en el gobierno.
El esfuerzo fallido de esta semana para evitar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la corrupción en la estatal Empresa de Correos y Telégrafos provocó al PT divisiones internas y un deterioro de imagen que parecen desproporcionados con relación a la gravedad del caso.
Catorce diputados y un senador del PT mantuvieron sus firmas en un pedido de creación de la CPI, contrariando la decisión de la dirigencia. Fueron adhesiones decisivas, pues con nueve retiros se hubiera abortado la iniciativa opositora, aprobada en la noche del miércoles.
Una nueva crisis se instaló entonces en el partido, ante las manifestaciones de algunos dirigentes favorables al castigo de los "disidentes".
El objeto de investigación es la corrupción en el correo, denunciada dos semanas atrás por la revista semanal Veja. Luego, el jefe del departamento de administración de material de la empresa estatal, Mauricio Marinho, apareció filmado recibiendo un soborno de 3.000 reales (1.200 dólares) para favorecer a una firma proveedora en una licitación para la compra de equipos de informática.
El escándalo involucró al Partido Laborista Brasileño (PTB), que hace parte de la coalición gubernamental y nombró a los directores de Correos, algunos de los cuales son mencionados en cintas grabadas con diálogos sobre negocios ilegales.
Inclusive el presidente del PTB, diputado Roberto Jefferson, es señalado como mentor de los fraudes, si bien fue exculpado por Marinho cuando lo interrogó la Policía Federal.
Para crear una CPI son necesarias las firmas de un tercio de los diputados y senadores, es decir 171 y 27, respectivamente. El gobierno usó todas sus armas, incluyendo promesas y amenazas, e involucrando recursos para proyectos o cargos estatales, para convencer a los parlamentarios de que no colocaran sus firmas en el pedido.
De los 254 diputados que adhirieron a la iniciativa, el esfuerzo oficial logró disuadir a 75, nueve menos que el mínimo necesario.
Ahora el oficialismo anunció su decisión de asumir el control de la CPI, imponiendo su mayoría para nombrar al presidente y al relator de la Comisión. Otra alternativa sería obstruir sus trabajos, empleando chicanas parlamentarias.
Toda esta operación desgasta la imagen del PT, que en su pasado opositor siempre se presentó como defensor de la ética en la política y de las comisiones investigadoras como instrumento de la minoría contra la corrupción y otras llagas del poder.
El año pasado, el PT logró frustrar otro intento opositor de instalar una CPI contra miembros del gobierno. El blanco era entonces el poderoso jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu, cuyo asesor Waldomiro Diniz también fue filmado negociando contribuciones ilegales de un empresario, supuestamente para la campaña electoral del PT.
Desde entonces se acentuaron las dificultades internas del partido y de coordinación política del gobierno, acusado de usar los mismos métodos no éticos de gobiernos anteriores.
La gravedad del proceso actual es la gran división en el partido, que no se limita a quienes firmaron el pedido de la CPI. Muchos discrepan de la dirección del PT y apoyan la investigación, afirmando que solo quitaron sus firmas por disciplina partidaria.
El senador Cristovam Buarque, ex ministro de Educación, afirmó que, en caso de que se castigue a los "disidentes" se considerará también castigado, ya que era favorable a la CPI, por coherencia con la historia y los principios del PT, y solo dejó de firmar el pedido por cumplir la decisión del conjunto de senadores de su partido.
El presidente del PT, José Genoino, acusó a los disidentes de haberse aliado con la oposición, pero descartó por ahora algún castigo, "para no convertirlos en víctimas y defensores de la ética".
El drama del senador Eduardo Suplicy, que firmó el pedido de CPI, es un ejemplo del drama que vive el PT en el gobierno, negando su pasado de "campeón de la ética" en nombre de una supuesta gobernabilidad.
Suplicy anunció su decisión entre lágrimas, pues violaba el acuerdo con los demás senadores del partido e incluso un mensaje que había enviado al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el que defendía la CPI pero aceptaba la postura partidaria.
Suplicy logró gran votación en el meridional estado de Sao Paulo, y es uno de los parlamentarios más populares por su persistente lucha contra la corrupción y sus actitudes éticas.
El senador declaró haber votado contra la determinación del PT aun a sabiendas de que, como castigo, podría ser impedido de intentar la reelección el próximo año.