Mario Osava • IPS

   La denuncia de que el PT paga una suma mensual de 30.000 reales (12.000 dólares) a diputados de dos partidos aliados, para asegurar sus votos en proyectos de interés del gobierno, se sumó a otros problemas acumulados en las últimas semanas.
   La "mesada" con que se estaría sobornando a varios parlamentarios fue vagamente mencionada por algunos políticos un año atrás. Pero ahora, el presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB, por sus siglas en portugués), Roberto Jefferson, reveló nombres y cifras en una entrevista publicada este lunes por el diario Folha de Sao Paulo.

Según esa denuncia, el tesorero del PT, Delubio Soares, sería el responsable de efectuar los pagos a los diputados de los conservadores Partido Liberal (PL) y Progresista (PP), aliados del PT, que sumarían tres millones de reales (1,2 millones de dólares) por mes.
   El presidente del PT, José Genoino, manifestó su "sorpresa e indignación" por las declaraciones de Jefferson, que "no tienen el mínimo fundamento en la realidad", dijo.
   Las relaciones entre los partidos que apoyan al gobierno se basan en principios y programas políticos, sostuvo Genoino.
   El líder del PP en la cámara baja, diputado José Janene, también desmintió la denuncia, atribuyéndola a la "desesperación" del presidente del PTB, acusado en otro escándalo de corrupción.
   Semanas atrás, la revista Veja divulgó que un directivo de la empresa estatal de correos, Mauricio Marinho, postulado al cargo por Jefferson, recibía sobornos para aprobar contratos con proveedores privados. Luego Marinho fue exhibido en un vídeo, filmado sin su conocimiento, cuando recibía 3.000 reales (1.200 dólares) y aseguraba que seguía órdenes del presidente del PTB.
   Aparecieron además denuncias de que el PTB había intentado obtener de otra empresa estatal, el Instituto de Reaseguros, una "contribución" mensual de 400.000 reales (más de 160.000 dólares) para sus campañas electorales. El ex presidente del Instituto, Lidio Duarte, también obtuvo su puesto por sugerencia de ese partido.
   La oposición aprovechó ese momento para requerir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) destinada a averiguar sobre estas y otras sospechas de corrupción gubernamental, y obtuvo las firmas necesarias, al menos un tercio de los 513 diputados y los 81 senadores, con la adhesión incluso de algunos parlamentarios del PT.
   El gobierno y la dirección del PT tratan de obstruir la iniciativa, impidiendo su aprobación en comisiones especializadas y en votación plenaria de la Cámara de Diputados.
   Pero la denuncia de Jefferson fortalece la ofensiva opositora, que ahora pide una segunda CPI para investigar el soborno oficialista de parlamentarios.
   A estos hechos se suma una operación lanzada por la Policía Federal el jueves, que reveló una red de corrupción en la que estaban involucrados altos funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y empresarios madereros del central estado de Mato Grosso, donde se concentra la mitad de la deforestación amazónica.
   Más de 90 personas fueron detenidas, entre ellas autoridades ambientales acusadas de "vender" documentos para legalizar la madera extraída ilegalmente. Algunos detenidos están vinculados al PT, y hay sospechas de que recaudaban fondos a favor de candidatos del partido gobernante.

   La denuncia de Jefferson es atribuida a su intención de arrastrar a otros en su caída, ante una situación personal insostenible como "padrino" de muchos altos funcionarios del gobierno, e incluso dentro de su propio partido. En sus declaraciones, acusó al PT de ingratitud y de "usarnos como amante, y tener vergüenza de aparecer con nosotros a la luz del día".
   Para el gobierno y el PT, el problema es la acumulación de tres escándalos de corrupción en menos de un mes, lo que profundiza la percepción popular de venalidad de la actual administración.

   Estos hechos y declaraciones ensucian la imagen de limpieza que ostentaba el PT como partido opositor e intransigente con el poder desde su fundación, en 1980, hasta que ganó el gobierno a inicios de 2003.
   Las últimas encuestas, que recogían opiniones apenas conocido el escándalo del correo, indicaron una caída en la popularidad del presidente. Los datos divulgados el domingo por Datafolha, instituto de sondeos vinculado a Folha de Sao Paulo, indican que 65 por ciento de los entrevistados consideran "corrupto" al gobierno de Lula, cuando sólo 32 por ciento lo calificaba así en marzo de 2004.
   El gobierno había decidido poner en marcha una contraofensiva, con apariciones de ministros y del propio Lula en televisión, afirmando que la percepción de mayor corrupción se debía un combate más intenso a esa llaga de la política y los negocios brasileños.
   En esa línea, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, destacó que la Policía Federal ejecutó 45 operaciones especiales en los dos últimos años, deteniendo a 1.234 personas, inclusive políticos, jueces, policías y funcionarios públicos, principalmente por corrupción.
   Pero la denuncia de Jefferson barajó los hechos, obligando a una revisión de la campaña.
   Es un hecho que cuando se intensifica la represión, aumenta la percepción de corrupción, dijo a IPS el secretario ejecutivo de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, Claudio Weber Abramo. Pero eso no autoriza a decir que "disminuyó la corrupción" en este gobierno, acotó.
   "Las denuncias son gravísimas y, por su carácter, deben de ser investigadas por el Congreso Nacional", evaluó. Pero advirtió que no bastaba con identificar a los culpables y castigarlos, sino que era necesario buscar las causas y "corregirlas".
   Una de las medidas de fondo sería reducir los cargos de confianza y los nombramientos políticos para ocupar las direcciones de instituciones y empresas estatales, recomendó. En Brasil se estima que hay entre 16.000 y 20.000 de esos cargos, cuyos titulares cambian con cada gobierno.
   Así, "los gobiernos quedan rehenes de los partidos", concluyó Abramo.
   Paradójicamente, en mitad de tales escándalos, Brasilia acogerá entre este martes y el viernes el cuarto Foro de Combate a la Corrupción, promovido por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, con la participación de expertos y representantes de más de cien países.