El debate sobre la nacionalización del gas es clave en la situación actual de Bolivia.

Quienes piden la nacionalización del gas quieren que los recursos lleguen a los más pobres.

Bolivia tiene la segunda mayor reserva de gas natural de América Latina. Se trata de una de las pocas fuentes de riqueza en una nación desesperadamente pobre.

Según algunos, el control estatal sobre estos recursos es crucial para que todos los bolivianos reciban una parte equitativa de las ganancias: desde la empobrecida mayoría indígena que habita en las zonas altas, hasta la tradicional élite de origen español.

Quienes piden la nacionalización recuerdan amargas experiencias anteriores, cuando los vastos recursos generados por la plata y el estaño quedaron en manos de extranjeros y de unos pocos bolivianos privilegiados.

Las protestas actuales buscan que eso no ocurra de nuevo.

Problemas

El problema es que una nacionalización puede detener el flujo de inversión extranjera y el conocimiento necesario para explotar las reservas de gas del país.

La economía boliviana se benefició enormemente del incremento de la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos en los años noventa.

La demanda por gas boliviano aumentó en las vecinas Argentina, Brasil y Chile.

Ahora, algunas compañías extranjeras están amenazando con ir a los tribunales de arbitraje o de justicia para pedir compensación si sus bienes son decomisados.

Entre tanto, el Fondo Monetario Internacional dice que una nacionalización puede ser contraproductiva y conducir a menos inversión, menos ingresos y en consecuencia más pobreza para la mayoría de los bolivianos.