Latinoamérica

Estimados compañeros:

Nos dirigimos a Uds. para darles a conocer el Comunicado emitido por nuestra organización, en el que juzgamos de manera sucinta la difícil coyuntura por la que atraviesa la Patria y configura una crisis nacional general que llega a amenazar la integridad y la existencia misma de Bolivia, tal como la conocemos hoy.

 El origen de la actual crisis está en la disputa por la posesión de los hidrocarburos y sus beneficios. La disputa que se libra entre las transnacionales petroleras, sus representantes internacionales y nacionales, sus agentes criollos presentes en los partidos de derecha, en el parlamento, en el gobierno central y en algunas agrupaciones empresariales como la Cámara de Hidrocarburos, cita en la ciudad de Santa Cruz, su centro de operaciones empresariales y políticas. Está claro lo que busca la derecha: mantener los privilegios obtenidos gracias a las leyes de capitalización y de hidrocarburos de 1996. Ambas leyes garantizan a las transnacionales grandes ganancias que no están dispuestas a perder, particularmente cuando se sabe que Bolivia posee ingentes recursos hidrocarburíferos.
Al frente está la aplastante mayoría del pueblo boliviano, consciente de que esas leyes posibilitan el saqueo de nuestra riqueza, desde hace varios años planteó la necesidad de anularlas, ante todo en el objetivo de recuperar, para el dominio del Estado y el pueblo bolivianos, esa inmensa riqueza que debía estar al servicio de un desarrollo nacional real y soberano. Esta conciencia popular y nacional tardó en madurar hasta que, en Octubre del 2003, el pueblo llegó a la conclusión de que el obstáculo principal, para lograr el rescate de lo enajenado por obra del neoliberalismo, era el gobierno neoliberal al que había que derrotarlo y sacarlo del poder. Las masas movilizadas lograron lo que no parecía posible: la renuncia y consiguiente fuga de Sánchez de Lozada.  Ese movimiento comenzó con la consigna central de: "el gas para los bolivianos". Adicionalmente se planteó reestablecer YPFB con todas sus capacidades; la industrialización del gas, su uso en el transporte, la industria, necesidades domésticas y otros. Las masas movilizadas plantearon también, como un medio para garantizar legalmente el cambio de la política de hidrocarburos, la realización de un referéndum y la Asamblea Constituyente.
La Insurrección de Octubre no pudo ir más allá de lograr la sustitución del presidente de acuerdo a la sucesión constitucional, haciéndose cargo de la primera magistratura, el vicepresidente, acompañante de fórmula de Sánchez de Lozada y jefe del MNR. Este hecho no fue apreciado correctamente por agrupaciones políticas y varios sectores sociales. Unos depositaron muchas esperanzas y hasta se ilusionaron, esperando cambios reales. Su ingenuidad fue desairada por la realización de un referéndum tramposo; por el envío al parlamento de una ley que introducía cambios superficiales a la antigua y ni así fue promulgada por el presidente Carlos Mesa. Por su parte el parlamento, cuya composición ya no refleja ni de lejos la correlación de fuerzas en la sociedad - además de propiciar un tratamiento tortuoso a los proyectos de ley, descartando automáticamente por ejm. el Proyecto llamado "La ley del Pueblo", (elaborado por personeros de CODEPANAL y aceptado por la COB) – acabó aprobando un proyecto inocuo para las transnacionales e inútil para una mejora a favor del Estado boliviano. Aún así, Mesa se negó a promulgarlo, dejando eso a cargo del presidente del Congreso en un acto teatral que se hace sospechoso de una sutil concertación entre ambos personajes. A las pocas horas, Carlos Mesa, expuso ante el país, en sus ya acostumbradas declamaciones, un plan de "producción y solidaridad" cuyos recursos financieros, inexistentes hasta ese momento, no podrán aparecer, sino de los ingresos, moderadamente incrementados por la venta del gas. Esta nueva farsa de comunicación pretendía dar por cerrado el episodio de la lucha por la recuperación del gas. Nada más pretencioso. El pueblo, rápidamente ha tomado conciencia del engaño y ha declarado abierta la nueva batalla.
Lamentablemente no hay unidad en el campo popular en la táctica a emplearse para llegar al objetivo final, es decir, al goce real de esta gigantesca riqueza o lo que es lo mismo nacionalizarla para beneficio del pueblo y el país todo. En actos públicos, como el del día 23 en la Plaza de San Francisco, en vez de soldarse la unidad popular se ahondaron las diferencias y se mostró tal diversidad de soluciones que se ha abierto la posibilidad de un fracaso en la actual batalla.
Unos creían posible imponer al Congreso, la revisión de la última ley de hidrocarburos y convocar a una Asamblea Constituyente que enmiende los errores y supere los males que aquejan a nuestra Patria. Ilusión vana con la actual composición parlamentaria. Para otros es posible imponer a Mesa, cerrando el parlamento, una ley de nacionalización de los hidrocarburos. Otra ilusión, tanto o más peligrosa que la anterior, pues puede convertir la arrogancia presidencial en franca dictadura. Unos terceros creen posible la entronización de un "militar patriota" y alientan la conformación de una junta cívico-militar que "nacionalizaría los hidrocarburos". Cruel engañifa. Sin negar la existencia de individualidades progresistas y patrióticas en la institución castrense hay que admitir, por ahora, son una minoría poco significativa y sin influencia real, sobre el conjunto de la institución. Los dos militares protagonistas de las comparecencias en los medios de comunicación no merecen ninguna confianza. Su acción parecía concertada para provocar acciones desordenadas y así justificar la intervención de los organismos represivos, cuando no un golpe de estado regresivo.
Unos cuartos han concentrado sus exigencias en la renuncia de Mesa y su sustitución de acuerdo a la prelación constitucional. Esto significa entregar el poder ejecutivo a Hormando Vaca Diez, directo representante de la oligarquía cruceña, conspirador en cuyas manos quedaría la aplicación, sin atenuantes, de todo el programa neoliberal. No está demás indicar que esta salida estaría concertada con ciertos círculos del militarismo, como una variante más para devolver el poder completamente a los antiguos integrantes de las pasadas coaliciones neoliberales. La variante Vaca Diez es patente con sus maniobras del día 31 de mayo; el plan de la derecha política (MNR-MIR) y la derecha empresarial cruceña consiste en lograr la autonomía departamental a cualquier costo para mantener el control sobre los recursos naturales (gas, petróleo, maderas, agua) y la tierra. Esa es la razón de su rechazo a la Asamblea Constituyente, cuya anticipación al referéndum departamental es imprescindible, si acaso no se quiere violar aún más la Constitución vigente.
Por último, hay algunos dirigentes populares o sindicales que creen que ha llegado el momento de la revolución y que se puede imponer un gobierno popular. Hay quienes en la misma línea de pensamiento afiebrado abogan por la "dictadura del proletariado", desempolvando irresponsables estribillos trotskistas o en la línea de un indigenismo etnocentrista, propalan consignas que debilitan la cohesión nacional-patriótica. En puridad, estos desvaríos ideológicos les caen como anillo al dedo a los separatistas y reaccionarios que antes que perder sus privilegios, preferirían la división de Bolivia. No es necesario agregar que estos experimentos serían ahogados en la cuna, por la inermidad del pueblo y acaso por la intervención extranjera de países vecinos, sedientos de recursos naturales y sobre todo energéticos.
             Compañeros: Nos permitimos estas reflexiones porque es grande el peligro para La Patria, pero es mayor aún para los trabajadores del campo y la ciudad, para el pueblo profundo que es el que sufrirá las consecuencias de una posible derrota del actual movimiento. Nuestras reflexiones quieren demostrarles que los planteamientos tácticos, desde el campo popular son, en general, equivocados. Ni este gobierno ni este parlamento solucionarán nuestras exigencias y requerimientos. Sólo un cambio del escenario político, con la convocatoria anticipada a elecciones generales para presidente, vicepresidente, senadores y diputados puede darnos un respiro en la actual batalla y al mismo tiempo crear un espacio para una veraz compactación de las fuerzas populares. La condición es elaborar una plataforma de lucha con un programa mínimo de gobierno, al cual no se deberá adherir formalmente. En el cumplimiento de esta tarea se deberán excluir las tendencias caudillistas, el sectarismo y hasta las ambiciones grupales.  
 
Debemos subrayar algo más: Si el enemigo exterior principal es el imperialismo estadounidense, interiormente lo es la oligarquía cruceña. Es este enemigo interno al que hay que derrotar y por ello mismo solidarizarse con el pueblo trabajador y los pueblos originarios, todos ellos explotados y oprimidos y contribuir a que ellos mismos se liberen de la coyunda oligárquica, del chantaje psicológico y de la manipulación mediática.
Por último, es urgente tomar todas las medidas para que la protesta popular, sin perder fuerza y combatividad, transcurra por los quicios de la disciplina, aislando y expulsando a los provocadores y a los elementos del hampa incrustados y financiados por los partidos derrotados en Octubre y por los organismos de represión e inteligencia. Las acciones de vandalismo y contra otros trabajadores o ciudadanos no son acciones revolucionarias, son acciones que desacreditan los movimientos justos y las legítimas reivindicaciones del pueblo boliviano multinacional y pluricultural.
El PCB, con su prolongada experiencia y a partir de su conocimiento histórico y su concepción doctrinal científica, cree en la urgencia de un reencuentro en el campo popular para examinar y concluir con propuestas que concluyan con la peligrosa crisis que vivimos y que pasa, lo repetimos, por un forzar, una recomposición del actual cuadro político manteniendo y rescatando la secuencia constitucional mediante elecciones generales adelantadas. Sólo después del verificativo de estas puede convocarse, con una mejor representación de la correlación de fuerzas, a una Asamblea Constituyente capaz de abordar con legitimidad la cuestión de las Autonomías y otras cuestiones de capital importancia para Bolivia.
Con este motivo tengo el agrado de saludarlos, en nombre de la Dirección Nacional del PCB.
 
Marcos Domich
PRIMER SECRETARIO DEL CC DEL PCB
 
[1] ) Esta nota ha sido enviada al CEN de la COB, a los Comités Ejecutivo de las Confederaciones de trabajadores afiliados (obreros, campesinos empleados, etc.) a la COB a partidos políticos populares (MAS, MSMy otros) y a organizaciones sociales como ASOFAM, Juntas de Vecinos (FEJUVE’s), la mayoría de las cuales integraron el Pacto de Unidad por la Soberanía y la Dignidad.