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Desde todos los rincones de La Paz y El Alto, miles y miles de trabajadores y vecinos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y viejos, avanzan hacia la Plaza de San Francisco, en el centro de la ciudad, al Cabildo abierto convocado por la Federación de Juntas Vecinales, la Central Obrera de El Alto y la Central Obrera Boliviana (COB).
 
Todos van al cabildo para tratar de definir el rumbo de la gigantesca ofensiva popular desatada hace tres semanas en demanda de la nacionalización del gas y el petróleo.
 
Los sectores más radicalizados y revolucionarios pugnan por encauzar la lucha popular hacia el derrocamiento de la burguesía y a la estructuración del gobierno de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.
 
En cambio, los más moderados, militantes del movimiento al Socialismo (MAS) del diputado cocalero Evo Morales, trabajan para impedir el cierre del Congreso y la inminente caída del presidente Carlos Mesa, porque a su juicio eso supondría que no se convoque a una Asamblea Constituyente y se alejen tanto las perspectivas de realizar la Asamblea Constituyente como sus fundadas ilusiones de ser gobierno a través de la vía electoral el 2007 .
 
Los seguidores de Morales no hablan, en términos reales, de la nacionalización de los hidrocarburos que es demandada por más y más bolivianos y, por el contrario, plantean modificaciones a la nueva Ley de Hidrocarburos para que las transnacionales sigan operando en el país a cambio de pagar el 50% de regalías.
 
Los más radicales, atrincherados en la dirección de la COB y en las Federaciones de mineros, maestros urbanos de La Paz y Central Obrera de El Alto, exigen la expulsión de las petroleras como Repsol, Total, Pterobras, British Petroleum, Enron, Shell y otras que se han apoderado, sin mucho esfuerzo ni inversiones, de más de cien mil millones de dólares en reservas de hidrocarburos. A través del Cabildo abierto, al que quieren convertir en un germen del nuevo poder, pretenden llenar el vacío de poder que vive Bolivia.
 
En lo formal, Mesa sigue siendo presidente de Bolivia, pero no gobierna ni tiene el control de grandes regiones del país. En los hechos, la ciudad de El Alto, las laderas y barrios más pobres y gran parte del centro de La Paz están virtualmente en manos de las organizaciones sociales y populares. Lo propio acontece en muchos de los caminos y carreteras bloqueadas en el Altiplano y los valles. En la ciudad de Santa Cruz, el gobierno de Mesa tampoco tiene el control, que es ejercido por los sectores oligárquicos latifundistas y pro petroleros que, con el apoyo del Ejército, impiden las marchas, manifestaciones y protestas de los sindicatos y organizaciones populares e indígenas.
 
El vacío de poder se hace cada vez más evidente y en las últimas horas la Iglesia buscaba una salida a la crisis, tratando de articular a los poderes públicos en torno a la renuncia formal de Mesa y a la convocatoria a nuevas elecciones generales. Esta opción aún no pudo materializarse por la falta de un acuerdo entre los representantes de la oligarquía cruceña y del MAS sobre la futura Asamblea Constituyente y la realización de un referéndum autonómico, pero sobre todo por la creciente movilización social que lucha por la nacionalización y que madura aceleradamente para comprender que la solución de fondo a los grandes y pequeños problemas nacionales está en manos de los propios trabajadores.