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La agigantada rebelión boliviana por la nacionalización de los hidrocarburos y contra el neoliberalismo y las transnacionales se encuentra en el punto crucial de definir si avanza por el duro y escabroso sendero de la revolución o si claudica en el democratismo burgués.
 
Los sectores más radicalizados de mineros, maestros y trabajadores de los barrios más pobres de La Paz y El Alto azuzan para cerrar el desacreditado Parlamento, para echar abajo al endeble gobierno neoliberal de Carlos Mesa y para empujar a obreros y campesinos a la toma del poder. En el otro extremo, los militantes y partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado cocalero Evo Morales, pugnan desesperados por encauzar el poderoso ascenso de masas que vive el Altiplano hacia la conformación de una Asamblea Constituyente, olvidando la consigna de la nacionalización.
 
Unos batallan por la revolución y el fin de la democracia burguesa, los otros por mantener en pie al Parlamento y por dar oxígeno a un sistema que les ofrece la posibilidad de ser gobierno el 2007 a través de las elecciones. La lucha es intensa y descarnada entre ambas líneas ideológicas y políticas, y se libra tanto en las calles y caminos como en las asambleas y reuniones de obreros, campesinos y vecinos.
 
LA FUERZA DE LA NACIONALIZACIÓN
 
Desde la insurrección popular que derrocó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que entregó el poder a Carlos Mesa, su vicepresidente, en octubre del 2003, el nivel de conciencia revolucionaria de los trabajadores bolivianos ha ido en ascenso y virtualmente ya se han disipado todas las esperanzas en el nuevo presidente, al que califican ya como a un "gerente de las petroleras".
 
En las últimas tres semanas, al influjo de una poderosa movilización social que viene desde muy abajo, la consigna de la nacionalización ha calado a fondo, incluso entre los seguidores del MAS, como son los campesinos de los valles y el oriente, colonizadores, cocaleros y sectores de maestros rurales, universitarios, algunas Centrales Obreras Departamentales y regionales y varias federaciones de gremialistas y Juntas de vecinos. Inicialmente, todos ellos exigían que se modifique la nueva ley de hidrocarburos para que las petroleras entreguen al Estado la mitad de sus ingresos, garantizándoles su permanencia en el país y la libertad para explotar las reservas de gas y petróleo, valuadas en al menos cien mil millones de dólares. Ahora todos claman por la expulsión de las petroleras como Repsol, Petrobras, Total, Enron, Shell, British Petroleum y otras que amasan grandes fortunas a costa del país que tiene grandes riquezas naturales pero la población más pobre de Sudamérica.
 
"La nacionalización es la demanda central de todos los que estamos movilizados en La Paz y de todos los bolivianos que luchan en los caminos y en las ciudades. Si recuperamos los hidrocarburos habremos solucionado los problemas de hambre, los problemas económicos que afectan a los bolivianos. Es la única oportunidad que tenemos para salir de la pobreza", dice convencido Miguel Zubieta, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, el principal baluarte de la Central Obrera Boliviana (COB).
 
LA VÍA REVOLUCIONARIA
 
En las calles de La Paz, una ciudad convulsionada a diario por gigantescas manifestaciones y bloqueos, la nacionalización del gas y el petróleo es para muchos sinónimo de pan, trabajo y dignidad. Para la vanguardia sindical y popular es sinónimo de revolución social, ya que esta demanda es casi imposible que sea aceptada y ejecutada por un pusilánime gobierno totalmente sometido a la Embajada de Estados Unidos, a las transnacionales y a los organismos internacionales. Tarea imposible también para un Congreso dominado en sus dos tercios por los parlamentarios que cogobernaron con Sánchez de Lozada y con otro tercio conformado por líderes campesinos e intelectuales de la pequeña burguesía que quieren preservar por encima de todo la democracia burguesa y la propiedad privada de los medios de producción.
 
En este escenario, queda claro que el llamado de la COB y de los sectores más radicales para profundizar la movilización por la nacionalización podría desembocar en una lucha frontal por el poder político. "Ahora o nunca el pueblo debe tomar el poder (con) obreros, campesinos y clase media empobrecida y conformar un gobierno propio del pueblo, para nacionalizar los hidrocarburos y todos los recursos naturales expulsando a las transnacionales", sentenció el último ampliado de la Central Obrera Regional de El Alto (ver "En El Alto ya se habla de revolución y de obreros al poder").
 
La vía revolucionaria también ya se perfila en los sectores más radicales, siguiendo la tradición de la revolución de 1952 cuando la movilización y lucha de mineros y del pueblo quebró al Ejército y derrocó a la rosca minero feudal. "La única forma en la que expulsaremos a las transnacionales será a través de la acción directa de los trabajadores, por la vía insurreccional", dice Vilma Plata, dirigente de los maestros y que no trepida en calificar a Evo Morales como a un "vil traidor" (ver "Asamblea Constituyente: la trampa de la contrarrevolución?").
 
No es casual, por ello, que las en las multitudinarias manifestaciones que sacuden La Paz y El Alto se escuchen con más insistencia y frecuencia la consigna de "obreros al poder", "campesinos al poder", "el pueblo al poder" (ver "Bolivia: se profundiza lucha por gas y revolución" y "La revolución asoma en el Altiplano").
 
EL PESO DEL REFORMISMO
 
Sin embargo, esta consigna asusta y mucho a quienes defienden la democracia burguesa y han hecho del socialismo sólo una palabra. Con el argumento de que no es posible vencer a la burguesía y al imperialismo, los seguidores del MAS combaten la idea de la revolución, del cierre del Parlamento y tratan de encauzar la movilización social hacia la Asamblea Constituyente.
Muchos sectores de campesinos, colonizadores, cocaleros, gremiales y otros que enarbolan la bandera de la nacionalización también exigen la convocatoria de una Asamblea Constituyente, bajo la predica de Evo Morales y los suyos.
 
"Sólo una dictadura puede cerrar el Parlamento nacional. El MAS como movimiento democrático no acepta ninguna dictadura y apuesta por una democracia. Hay que permitir que el Congreso apruebe la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la consulta sobre el referéndum autonómico. Hay que juntar las dos agendas para unir a Bolivia", dice Morales (ver "Evo: hay que unir la agenda de Santa Cruz con la del pueblo").
 
En este marco, Morales y el MAS trabajan en el Congreso nacional para la convocatoria a una futura Asamblea Constituyente, donde intentarán conciliar los intereses de la oligarquía empresarial del oriente, que defiende los latifundios y a las transnacionales, con las demandas populares de nacionalización de los recursos naturales y de mayor justicia social. A cambio de esta convocatoria, Morales y el MAS prometen desactivar la rebelión popular y alejar la idea de la nacionalización de la cabeza de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.

ETAPA CRUCIAL
 
La pugna entre los sectores reformistas y revolucionarios es intensa, más aún cuando el Congreso intenta lograr acuerdos para aplacar la ofensiva revolucionaria. "Estamos luchando junto al pueblo por la nacionalización del gas y el petróleo, que han sido entregados a las transnacionales por los gobiernos neoliberales. Pero el Congreso, sólo quiere hablar de autonomías y Constituyente", se queja Zubieta de la Federación de Mineros que reclama al igual que la COB una ley de nacionalización de hidrocarburos (ver "COB: Ley de nacionalización o quemamos el Congreso").
 
"La Asamblea Constituyente es un tema secundario, no es lo prioritario. Ese tema podemos verlo más adelante, pero lo peligroso es que nos quieren hacer creer que con la Constituyente se arregla todo, quieren que nos olvidemos de la nacionalización. Los que quieren Constituyente y olvidan la nacionalización están traicionando al pueblo", agrega el líder de los mineros.
 
Las vacilaciones del Congreso juegan a favor de las filas revolucionarias. La aún fuerte influencia de los reformistas entre campesinos, cocaleros y dirigentes de Federaciones y Centrales Obreras regionales juega en contra. A los revolucionarios les falta unidad, mucha más organización y mayor claridad en delinear sus ideas sobre un gobierno obrero y campesino, más empuje en las asambleas de sectores y barrios y un mayor potenciamiento de los gérmenes de poder que emergen aún tímidamente en los cabildos vecinales y zonales.
 
Cuenta también a favor de los revolucionarios la división que existe en el Ejército y en la clase dominante. En el Ejército hay grupos de militares que apuestan por la nacionalización y se oponen a la autonomía regional, grupos fascistas de extrema derecha y una corriente hasta ahora mayoritaria de militares institucionalistas de centro. La clase dominante está fraccionada en un ala radical, concentrada en Santa Cruz y que apuesta al separatismo para defender los latifundios y las concesiones petroleras, y otra más moderada replegada en las regiones del Altiplano y valles. En este escenario trabaja, sin embargo, la Embajada de Estados Unidos para tratar de apagar las disidencias al interior del Ejército y articular a la oligarquía cruceña con el resto de la clase dominante, uniendo la metralla con el capital transnacional.
 
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