La consolidación de una salida política a la crisis
boliviana por la vía de nuevas Elecciones Generales preludia un inminente y
definitivo triunfo del "stablishment" que echará por tierra las victorias
parciales logradas por los movimientos sociales del país en los 20 largos meses
que duró la guerra de guerrillas por la recuperación de la propiedad de los
hidrocarburos y por la refundación del Estado.
Tras el cese de hostilidades entre las elites industriales cruceñas y la
oligarquía castiza occidental, por la preservación-supresión del modelo estatal
centralista, ambas facciones de la derecha boliviana conciliaron su necesidad
común de un escenario electoral de relegitimación del debilitado estado
neoliberal y para ello pretenden imponer a un desgastado y cuestionado
Parlamento una "regla de excepción" que modifique la Constitución Política del
Estado acortando el mandato del Legislativo, convocando a una renovación
eleccionaria de los poderes del estado y permitiendo la eventual habilitación
como candidatos a los adalides de nuevo cuño del modelo neoliberal: los ex
Presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, que junto al actual presidente del
Senado, el cruceño Hormando Vaca Diez, promueven posponer la agenda social para
priorizar la renovación del Legislativo y el Ejecutivo pero dentro el marco
jurídico vigente.
Tres son los objetivos que impelieron a las elites nacionales enfrentadas a esta
coyuntural rearticulación, a) ahogar el ardor de las demandas de los sectores
populares en una nueva parodia de la democracia; b) objetivizar el descontento
del sector productivo y la clase media en la institución de un gobierno
"fuerte"; y c) conjurar la patente amenaza de una Ley de hidrocarburos
confiscatoria y de una Asamblea Constituyente que aboliría para siempre el orden
jurídico que sustenta los privilegios de la casta encomendera nacional y de los
inversores transnacionales.
Después de haber arrastrado al país a una fratricida polarización, los grupos de
interés tanto del oriente como del occidente han acordado que una nueva elección
general les propiciará un escenario "democrático" de definición de su disputa
sectaria sobre quién debe detentar el control político del país y desde dónde se
debe gobernar Bolivia.
Tras una artificial polémica discursiva entre supuestos defensores de la
integridad nacional y quienes se pretenden reivindicadores de las autonomías
regionales, subyace la pugna entre el conservadurismo centralista de occidente y
el autonomismo separatista de oriente. Después de haber fracasado en resolver
sus conflictos de interés exacerbando el regionalismo y la confrontación, ahora
pretenden diferir a una compulsa en ánforas la definición sobre la hegemonía
estatal.
No hay misterio alguno tras la nueva elección presidencial que impelen las
fuerzas conservadoras de la derecha. La vigorosa estrategia mediática dirigida a
trasvestir la expectativa de nacionalización en la expectativa sobre una nueva
elección es la misma que emplearon la Fundación Carter y algunas otras filiales
de la "promoción de la democracia" en 2002, cuando una alianza entre partidos
sistémicos propiciada por la Embajada de EEUU propició la llegada al poder del
hombre más resistido de Bolivia.
La única diferencia es que el nuevo adalid de la derecha se llama Jorge "Tuto"
Quiroga y no Gonzalo Sánchez de Lozada; el resto - el patrocinio de la embajada
norteamericana, su formación académica en EEUU, su arraigo a la línea dura
neoliberal y su política entreguista de los hidrocarburos - es de absoluta
simetría entre uno y otro.
Erick Fajardo Pozo
Corresponsal de Adital en Bolivia
