La renegociación de los servicios públicos de la energía

Cuando en 1992 fue sancionada la Ley N° 24.065 (marco regulatorio del sector eléctrico) se produjo un cambio drástico en la morfología del mercado eléctrico: desintegración vertical y horizontal de las empresas estatales nacionales Agua y Energía Eléctrica, SEGBA e
Hidronor (así como también de las provinciales y de las cooperativas eléctricas que operaban en el interior), las cuales fueron segmentadas en nuevas unidades de negocio: generación, transporte y distribución. En este sentido, el programa de privatización dio como resultado la creación de tres distribuidoras para Buenos Aires, una transportadora de alta tensión y seis distribuidoras troncales para el interior del país, todas ellas operando en forma monopólica, salvo las generadoras (centrales termoeléctricas e hidroeléctricas), que compiten en el mercado en la oferta de suministro eléctrico. En el caso del segmento gasífero, ese mismo año es sancionada la Ley Nº 24.076 (marco regulatorio del gas). Además, con esta ley se privatiza Gas del Estado y se crean dos transportistas y ocho distribuidoras troncales (años más tarde una novena).

La Ley N° 24.065 estipulaba que ninguna empresa que participaba en una actividad determinada podía hacerlo en otra; por ejemplo: si la prestataria era una generadora, no podía ser simultáneamente transportista o distribuidor. No obstante, durante los años '90 el mercado eléctrico volvió a integrarse vertical y horizontalmente. Lo mismo se replica en la cadena gasífera: los transportistas participan en la distribución troncal y consumo industrial del gas natural. Más aun, son los propios productores de este fluido quienes participan en toda la cadena gasífera. Si bien esto es violatorio de los marcos regulatorios, los funcionarios públicos que presidían los entes gubernamentales pertinentes hicieron la vista gorda, dando por consiguiente el establecimiento de un oligopolio energético, que hoy se encuentra conformado por Repsol YPF, TotalFinaElf, Pan American Energy, Petrobras, Techint y Sociedad Comercial del Plata (Soldati), es decir, conglomerados extranjeros y grupos económicos locales que operan en todos los eslabones correspondientes al circuito productivo del petróleo, en los de la cadena gasífera y en los del segmento eléctrico (incluido el consumo industrial de energía eléctrica y combustibles fósiles, líquidos y gaseosos). De esta forma, la nueva élite del poder forma precios de combustibles y tarifas de electricidad y gas en un contexto de anarquía de mercado, dada la deserción del Estado de sus funciones básicas.

Cabe señalar que la dolarización e indexación de las tarifas eléctricas según la evolución de los precios estadounidenses (desde la privatización hasta la sanción de la Ley N° 25.561 en 2002) resultaron violatorias de la Ley N° 24.065 y de la Ley N° 23.928 (de Convertibilidad); y, por consiguiente, permitieron a las empresas del sector internalizar rentas extraordinarias, que en ningún momento fueron invertidas en infraestructura y desarrollo tecnológico, sino más bien transferidas al exterior; al mismo tiempo que extorsionaban al Estado con la amenaza mafiosa de producir apagones si no se redolarizaban las tarifas (desde 2002 hasta el presente). Lo mismo ocurrió con las tarifas del gas, que violaron el marco regulatorio y el Régimen de Convertibilidad, cuya captación de ingresos no produjo expansión alguna de la red troncal de gasoductos del mercado interno; por consiguiente, más de 13,5 millones de argentinos carecen de provisión de gas por redes. Con la transferencia de ingresos de los consumidores residenciales, los más cautivos, se construyeron 10 gasoductos que tienen como único destino la satisfacción de mercados extranjeros. En la actualidad, los aumentos tarifarios y de combustibles violan la Ley Nº 25.561 (de Emergencia Económica).

Considero que las reiteradas violaciones a la legislación nacional y las prácticas mafiosas por parte del oligopolio energético no sólo hablan mal de la gestión privada de los servicios públicos (y de la producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y derivados), sino que sugieren la expropiación por incumplimientos contractuales y el inicio de una investigación judicial sobre el grado de responsabilidad de directores ejecutivos de las privatizadas y de funcionarios públicos de los entes reguladores y de Secretaría de Energía involucrados en actos de corrupción, prácticas mafiosas, violaciones a la legislación y traición a la Patria.

Argentina es un país altamente dependiente de hidrocarburos, sus reservas estarán agotadas en el próximo quinquenio y las petroleras no exploran y exportan violando la Ley de Hidrocarburos (prohíbe las exportaciones cuando el mercado interno no está satisfecho). La actual Administración está muy bien informada sobre esta cuestión. Cabe entonces esperar que la decisión a tomar por parte del Gobierno sea en beneficio de la sociedad en su conjunto.

* Ricardo Andrés De Dicco es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), de la Universidad del Salvador, de Buenos Aires, Area Recursos Energéticos y Planificación.