Adolfo Pérez Esquivel

ANC-UTPBA*

El gobierno argentino no termina de sorprendernos. Por un lado aplaudimos la política de derechos humanos y el reclamo de justicia frente a las graves violaciones cometidas por la dictadura militar, y el hecho de promover la reparación histórica. Son avances significativos para superar la impunidad.

Los gobiernos que le precedieron no tuvieron coraje para superar la impunidad y adoptaron políticas erráticas alegando diversas razones como esa muletilla perversa, 'no hay que mirar al pasado'. Algunos actuaron por complicidad y otros dominados por los miedos evitando provocar malestar en los sectores militares, y bajo presiones de los cómplices abiertos o encubiertos con la dictadura.

El gobierno de Néstor Kirchner tomó decisiones claras y concretas sobre el destino de la Escuela Mecánica de la Armada a fin de constituir un Centro de la Memoria, museo y lugar de encuentros sobre los DDHH. Es algo inédito en la política del país y un paso importante para terminar con la impunidad y fortalecer la memoria y la democracia.

El gobierno asumió la conducción de un país con serias dificultades de gobernabilidad. Con una sociedad fracturada en sus estructuras, políticas, económicas y éticas. Sabe que revertir esa situación llevará tiempo.

Debe enfrentar la corrupción y el deterioro de las instituciones del Estado, que no se resuelven con paliativos, debe revertir la situación de injusticia social, el alto índice de desempleo y marginalidad que vive gran parte del pueblo y la necesidad urgente de desterrar la impunidad jurídica imperante.

El gobierno está realizando esfuerzos en la reforma de la Corte Suprema de Justicia, un paso fundamental en la recuperación de los valores y el derecho de Verdad y Justicia así como encarar la reforma de las fuerzas armadas y de seguridad.

Uno de los más graves problemas que el gobierno debe enfrentar está en el frente interno del propio partido gobernante, y la situación de gran parte de las provincias, transformadas en feudos medioevales, donde los gobernadores y sus aliados las utilizan para provecho propio, controlando todos los mecanismos del Estado Provincial con la complicidad de la justicia dependiente de los poderes de turno. Y ejercen el autoritarismo y la especulación financiera así como la venta indiscriminada de tierras a empresas extranjeras a costa de la expulsión de las comunidades indígenas y campesinos de sus tierras, lo que realizan con total impunidad y complicidad de legisladores y jueces.

Las políticas de privatizaciones de las empresas del Estado, impuestas por los gobiernos nacionales y provinciales han transformado al país, principalmente durante la deplorable gestión de Carlos Menem. Han generado graves consecuencias ambientales en el manejo indiscriminado de la producción, como son los monocultivos entre los que se destaca la soja transgénica y el uso de agroquímicos perjudiciales para el agua, la salud y el medio ambiente. El país está frente a un saqueo sin piedad de los recursos naturales, como el petróleo, el agua, la minería y la destrucción del medio ambiente.

Uno de los problemas más preocupantes es que el país se ha transformado en ruta del narcotráfico, en un país consumidor con controles débiles o cómplices.

En síntesis tendría que decir que a la mayoría de los gobernadores y dirigentes políticos; 'no les interesa la situación del país; sólo prestan atención a sus propios intereses', salvo pocas excepciones.

El gobierno se encuentra en un escenario complicado ya que la grave situación que ha llevado al despojo del pueblo, es realizado por el mismo partido político del gobierno nacional, el Justicialismo que se ha transformado en algo amorfo y poco creíble, penetrado en gran parte por la corrupción y la partidocracia, y perdido sus orígenes e ideales.

Ejemplos sobran en el país. La oposición de los otros partidos políticos es débil y fragmentada, sin posibilidad de construir un proyecto político alternativo, situación que deja en manos del peronismo la política nacional con una fuerte fragmentación interna. El país se maneja casi con un solo partido político.

La resistencia social surge desde diversos sectores que van asumiendo protagonismo y que reclaman por sus derechos perdidos. Los 'piqueteros', por el cierre de las fuentes de trabajo, los jubilados siempre postergados, los organismos de derechos humanos que continúan sus reclamos al derecho de Verdad y Justicia, la situación actual que vive el país frente al aumento de la violencia social y represión policial.

No se le puede adjudicar al gobierno nacional muchos de los males señalados, ya que son heredados de los gobiernos anteriores y fruto de la profunda crisis de un país devastado, que debe soportar la presión internacional de los grupos financieros como el FMI, el BM y el BID. A esto se suman las presiones los bonistas que especularon con la deuda externa y reclaman sus supuestas ganancias.

Son aquellos que protestan y no quieren convencerse que jugaron a la ruleta de la especulación y perdieron en el casino de la ambición.

La hipocresía de los organismos internacionales es tal que reclaman al gobierno argentino 'transparencia y cumplimiento con sus obligaciones', cuando ellos no tienen ni tuvieron transparencia ni responsabilidad. Sólo les interesó la especulación financiera y sus ganancias a costa del hambre y la vida de los pueblos. No tiene autoridad moral para pedir transparencia cuando siempre ensuciaron todo aquello que tocaron.

Pero todas las culpas y males no vienen sólo de afuera, es necesario mirar hacia adentro y reconocer que la fractura fundamental que vive el pueblo argentino está en el pensamiento y en la pérdida de valores, en la falta de un proyecto de país que permita vislumbrar hacia dónde vamos. Entre los problemas más preocupantes está el del manejo de la Deuda Externa por el gobierno de Kirchner y su Ministerio de Economía. Ha dado más vueltas que perro para acostarse, tratando de salir del default a través de negociaciones y a la vez continuar con el pago de los intereses, sin tratar el problema de fondo, que es la ilegitimidad de la misma y las graves consecuencias sociales sobre la vida del pueblo.

Es preocupante que el Presidente de la Nación proclamara una y otra vez que no se pagaría la deuda con el hambre del pueblo; los hechos son contradictorios entre lo que se dice y lo que se hace. Se continúa pagando a los organismos internacionales más de 10 mil millones de dólares, desde el 2002.

Según Ismael Bermúdez (Clarín) estos pagos equivalen a 30 mil millones de pesos, que superan el Presupuesto de Seguridad Social, jubilaciones, seguro de desempleo o asignaciones familiares, de todo un año. En el 2005 entre intereses y capital, hay vencimientos con el FMI, el Banco Mundial y el BID por unos 6.000 millones de dólares.

El Ministro de Economía Roberto Lavagna señala que el canje de la deuda para salir del default se reducirá, si todo sale bien, según sus cálculos. Sin embargo dice que si el canje tiene éxito, no se solucionará el problema de la deuda.

En esto tiene plena razón, el problema no sólo continuará, sino que empeorará. No quieren aprender de las experiencias por las que atravesó el país e insisten, como los suicidas, que creen que quitándose la vida resuelven el problema, simplemente se los traspasan a los que quedan. En este caso, el pueblo argentino, víctima de las políticas erróneas.

Lo más preocupante en todo este manejo absurdo de la realidad, es que el gobierno desconoce la resolución judicial del Juez Jorge Ballestero, quien envía al parlamento las conclusiones del juicio iniciado por el doctor Alejandro Olmos, quien reclama que se investigue las irregularidades y los ilícitos denunciados para el período 1976-1983, detectando más de 470 operaciones ilegítimas. Toda la deuda posterior es la refinanciación de la deuda de la dictadura; se ha producido un profundo daño al país por los responsables de la deuda externa, perversa y viciada en sus orígenes.

Han pasado 4 años y hasta el día de hoy se ha ocultado y desconocido la resolución judicial, el esfuerzo y seriedad del trabajo realizado por Olmos y la del Juez Jorge Ballestero.

El gobierno no quiere tener en cuenta la resolución judicial, la ignora y deja a un lado, se niega a oír los reclamos sociales y aportes de muchos organismos no-gubernamentales frente a la deuda inmoral e injusta. Se niega a investigar no sólo los orígenes de la misma, sino las consecuencias para la vida del pueblo y la soberanía. Se viene reclamando la realización de una Auditoría sobre la Deuda Externa y el gobierno.

Ante la justicia se ha presentado un recurso de amparo para impedir que continúe la política del gobierno con respecto a los bonos y refinanciación de la deuda. Recurso que fuera presentado por el hijo de Alejandro Olmos y el abogado Salvador María Lozada, fundamentando su presentación en la actitud del gobierno de no reconocer la resolución judicial.

Muchas voces se han alzado reclamando claridad y coraje para enfrentar la crisis que afecta al país. Pero éste gobierno y quienes le precedieron buscaron los caminos del condicionamiento y la falta de coraje lo lleva a continuar el círculo vicioso en el laberinto del más de lo mismo y lo mismo para más.

A ésta situación se suma la fuga de capitales, siendo un drenaje sin fin, se calcula que asciende a más de 13 mil millones de dólares anuales. No existen controles para detener la fuga de capitales. La Provincia de Santa Cruz, durante la gobernación del Kirchner todavía tiene depositado en Bancos de Suiza el dinero de la provincia. La fuga de divisas es permanente. Según datos, en 1991 había en el exterior 50.000 millones de dólares. En el año 2003 la cifra asciende a 120.000 millones de dólares.

Hoy las grandes corporaciones pueden dar un golpe de Estado económico, si tenemos en cuenta que entre el 2001 y 2002 fugaron del país casi 27.000 millones de dólares, con total y absoluta impunidad, generando la tragedia económica mas perversa que sufrió el país en los últimos tiempos y ese drenaje no tuvo ningún tipo de control. Los capitales buitres saben como condicionar y llevar a un país al desastre.

Es necesario que el gobierno se baje del escenario y tenga la humildad de saber escuchar las diversas voces de la sociedad que vienen trabajando y aportando a salidas viables; antes que sea tarde. No queremos que el gobierno fracase, porque sería el fracaso del país.


* Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz. Fundador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).