El tercer golpe contra la Constitución y la democracia está en marcha en Venezuela. Las señales de alerta ya se encendieron.

Aquellos que deseen comprobarlo, sólo tienen que revisar el contenido de los medios escritos y televisivos con las declaraciones y pronunciamientos de los dirigentes de la oposición, previos a los días 11 de abril y 2 de diciembre del año 2002.

El tono es similar: el llamado al desconocimiento del Estado de derecho, a sustituir por cualquier medio a las autoridades legítimamente constituidas, es idéntico. Tanto el contenido como la forma guardan un parecido que no es producto de las circunstancias, sino que obedece a una bien calculada programación, a un deliberado propósito de apelar a la violencia como alternativa para la toma del poder.

Al igual que en los referidos episodios, en los cuales el ejercicio de un derecho ciudadano es convertido en instrumento para armar planes golpistas y terroristas, ahora el país está en idéntica situación. El legítimo derecho a manifestar fue convertido el 11 de abril en oportunidad propicia para desencadenar el golpe de Estado, abolir la Constitución y decretar el cese de los Poderes Públicos. El 2 de diciembre pasó lo mismo: la pretensión de convertir el referéndum consultivo en instrumento para revocar el mandato presidencial, condujo a la convocatoria de un "paro cívico" que se convirtió en paro insurreccional con el sabotaje de la industria petrolera e incalculables daños a la economía del país.

Ahora la oposición está en las mismas andadas. Asume el referéndum revocatorio de manera antidemocrática, como recurso para repetir, una vez más, el intento por derrocar al Presidente Constitucional, Hugo Chávez, y liquidar la democracia. Primero adelantó una operación a todas luces fraudulenta, y una vez que ésta fue puesta en evidencia arremete contra el supremo garante del proceso, el Consejo Nacional Electoral. Los que cometieron fraude, cazados en la trampa, califican ahora de fraudulenta la gestión de los Rectores electorales.

A partir de la decisión de enviar las planillas con firmas planas o planillas de caligrafías similares a revisión -- impecable desde el punto de vista jurídico y procedimental--, adoptada por la mayoría del organismo, los voceros de la oposición se han lanzado en una campaña feroz en contra del ente rector. Al igual que sucedió el 11 de abril y el 2 de diciembre del 2002, personeros calificados del sector opositor anunciaron que desconocían la autoridad del Consejo Nacional Electoral, paso previo para lanzarse, otra vez, a la aventura golpista y terrorista.

Responsablemente alerto a los venezolanos sobre la operación que está en marcha contra la democracia y solicito tanto al Centro Carter como a la OEA que se pronuncien sobre el desconocimiento del CNE por parte de la oposición a través de voceros como Enrique Mendoza.