Rebelión

La alianza del conocido perpetrador de abusos contra los derechos humanos Louis Jodel Chamblain y sus seguidores con rebeldes armados acusados de abusos cometidos contra los derechos humanos en el pasado en el departamento de Plateau Central crearía otra devastadora amenaza para el respeto a los derechos humanos en Haití, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Durante los dos últimos días, el ex líder paramilitar Louis Jodel Chamblain, declarado culpable de participar en el asesinato de un destacado activista democrático ocurrido hace diez años, ha encabezado un grupo de ex soldados de las disueltas fuerzas armadas haitianas en una serie de ataques cometidos en el departamento de Plateau Central. Amnistía Internacional ya ha denunciado anteriormente como abusos contra los derechos humanos otros ataques cometidos por presuntos ex soldados en esta zona, entre ellos la emboscada y el homicidio de cuatro funcionarios del Ministerio del Interior en julio de 2003.

«A medida que las fuerzas rebeldes, bajo la dirección de individuos que han sido declarados culpables de cometer abusos contra los derechos humanos, extienden su control sobre las zonas central y septentrional del país, y que la población de las zonas afectadas por el conflicto ve bloqueado su acceso a los suministros de alimentos y medicamentos, es inevitable que se acreciente el temor de que se produzca un éxodo masivo de Haití», subraya Amnistía Internacional.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha ofrecido ayuda a los países vecinos para la preparación de planes de emergencia para un éxodo masivo de haitianos.

Según informes, las autoridades de la vecina República Dominicana han cerrado los cruces de frontera en las zonas afectadas.

Por su parte, las autoridades estadounidenses han declarado que están estudiando la posibilidad de establecer un campo de acogida temporario en la base militar de Guantánamo para los haitianos a los que se intercepte intentando abandonar su país para llegar por mar a los Estados Unidos.

«Dado el precedente sentado hace doce años, cuando las fuerzas estadounidenses interceptaron a los refugiados haitianos en alta mar, los transfirieron a la base de Guantánamo y los sometieron a procedimientos inadecuados para el estudio de sus peticiones de asilo, existe un peligro real de que, de producirse un éxodo masivo, los refugiados haitianos se conviertan en víctimas de violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo», señala Amnistía Internacional.

«Tanto las autoridades estadounidenses como las de los demás países vecinos deben garantizar que, en el contexto de sus planes para un éxodo masivo de Haití, cumplirán con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de refugiados, de modo que no se produzca ninguna violación de sus deberes para con los haitianos que huyan del país.»

Información general

En septiembre de 1995, Louis Jodel Chamblain fue uno de los siete altos dirigentes militares y paramilitares condenados in absentia a cadena perpetua con trabajos forzados por su participación en la ejecución extrajudicial de Antoine Izméry, conocido activista democrático, en septiembre de 1993. Chamblain se había exiliado para evitar ser sometido a juicio.

Antoine Izméry fue abatido a tiros en la iglesia del Sagrado Corazón, en Puerto Príncipe, el 11 de septiembre de 1993, mientras asistía a misa. La misa se celebraba para conmemorar el quinto aniversario de una matanza cometida durante un atentado contra el entonces párroco Jean-Bertrand Aristide el 11 de septiembre de 1988 en la iglesia de San Juan Bosco, en La Saline, barrio marginal situado en las afueras de la capital.

Los informes indican que Chamblain ha aunado fuerzas con los líderes de la oposición armada con base en Gonaïves. Otro de los dirigentes rebeldes, Jean-Pierre Baptiste, alias "Jean Tatoune", también ex jefe paramilitar, fue condenado a cadena perpetua con trabajos forzados por participar en la matanza de Raboteau, perpetrada en 1994.

Louis Jodel Chamblain y Jean Tatoune pertenecían a la organización paramilitar FRAPH, formada por las autoridades militares que constituyeron el gobierno de facto del país tras el golpe de Estado de 1991 contra el presidente Aristide. Los miembros del FRAPH fueron responsables de numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos antes de la restauración del régimen democrático en 1994.

Tras el ataque del 5 de febrero en la ciudad de Gonaïves, departamento de Artibonite, los disturbios se extendieron a casi una docena de ciudades del centro y norte de Haití. Crecen los temores por la situación humanitaria tanto en las ciudades que han caído en manos de los rebeldes como en otras zonas aisladas por el conflicto.

Los informes que están surgiendo sobre el ataque rebelde del 16 de febrero contra Hinche, capital del departamento de Plateau Central, indican que entre los incursores uniformados que, bajo el mando de Chamblain, se hicieron con el control de la ciudad, había ex soldados. De acuerdo con los informes, los agresores dieron muerte al jefe de policía y a otras dos personas mientras otros funcionarios de las fuerzas policiales se ponían a salvo. Los rebeldes incendiaron la comisaría de policía y liberaron a los reclusos de la prisión local de Hinche y, según informes, también quemaron las comisarías de las localidades vecinas de Maïssade y Pandiassou.