Xavier Criou/Fundación Rigoberta Menchú Tum

Hace 24 años, en la mañana del día 31 de enero de 1980, campesinos indígenas provenientes de varias aldeas de El Quiché, junto con algunos estudiantes, ocuparon pacíficamente las instalaciones de la Embajada de España en Ciudad Guatemala con el afán de denunciar la represión que sufrían sus comunidades ubicadas en el altiplano. Tras negociar con los ocupantes y llegar a algunos acuerdos, Don Máximo Cajal y López, Embajador del Reino de España acreditado en dicho país, intentó repetidamente comunicarse por teléfono con distintos funcionarios guatemalteco, solicitándole, en vano, el repliegue de las fuerzas policíacas que asediaban la sede diplomática. Se encontraba todavía negociando una salida digna para todos, cuando el General Romeo Lucas García giraba las órdenes de desalojo a "como diera lugar". Violando por completo la soberanía de la representación diplomática ibérica plasmada en el texto de la Convención de Viena, el gobierno de Guatemala optó por quemar vivas a las 37 personas que habían encontrado refugio en la oficina del Embajador, en el primer piso del edificio. Dos personas sobrevivieron a esa masacre: el embajador Cajal, que por milagro salió herido pero vivo del cuarto, y Don Gregorio Yujá, campesino que había sido cubierto por los cuerpos calcinados de sus compañeros, protegiendo su vida de las mortíferas llamas. Si Don Cajal logró ser repatriado a España gracias a la solidaridad y valentía de sus colegas embajadores, Don Yujá fue secuestrado al día siguiente en el hospital dónde había sido trasladado, y posteriormente torturado, ejecutado y finalmente tirado su cuerpo frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos. Era el dos de febrero del año de 1980.

Ante la gravedad de los hechos y la abierta responsabilidad del Estado de Guatemala, España condenó el ataque a su embajada, exigió el total esclarecimiento de lo ocurrido y rompió oficialmente relaciones diplomáticas con el país centroamericano. El 22 de septiembre de 1984, mediante un "comunicado conjunto" firmado por España y Guatemala en Bogotá, Colombia, ambas naciones decidieron reanudar relaciones, pero comprometiéndose a investigar los hechos y llevar a los tribunales a quienes había ordenado y realizado esta matanza colectiva. 24 años después, la investigación se ha empolvada en algún cajón del Poder Judicial guatemalteco y la masacre continúa en la impunidad.

El Embajador Cajal tuvo, de regreso a España, que enfrentar también las calumnias de los reconvertidos -en honorables demócratas- franquistas que lo sindicaron de haber auspiciado y montado este acto de terrorismo en contubernio con la insurgencia guatemalteca, y aguantar la cruel pasividad, indiferencia y cobardía de parte de la dirigencia del partido al que pertenecía. En el año 2000, tras un difícil proceso personal, Máximo Cajal decidió publicar en España su testimonio de la tragedia del día 31 de enero del 80.

Al igual que cada año, las organizaciones civiles guatemaltecas y numerosos ciudadanos conmemoran públicamente este día.

Masacre de la Embajada de España. 24 Años de impunidad

Conmemoramos el 24 aniversario de un grave hecho criminal cometido en nuestro país, conocido como la Masacre de la Embajada de España. Las escenas de terror de aquel 31 de enero de 1980, quedaron grabadas en la memoria de los guatemaltecos y de los miles de ciudadanos que en el mundo se informaban de los trágicos sucesos.

Las denuncias y las peticiones para que se investigara y detuviera la persecución, asesinatos, robos y secuestros que llevaba a cabo el ejército en el norte de El Quiché, que realizó un grupo de campesinos Mayas ante diferentes instancias en la capital de Guatemala, culminó con la masacre de 37 personas al interior de las instalaciones de la Embajada de España, la ejecución posterior de otras 4 personas y con las heridas causadas al Señor Embajador Don Máximo Cajal.

A la fecha, el expediente abierto en esa época ante las autoridades, continúa archivado. Lejos de investigar, perseguir y castigar a los responsables, las masacres, el terror y la impunidad se multiplicaron, de ello da cuenta el informe Guatemala: Memoria del Silencio y los cientos de expedientes archivados en el Ministerio Público y otras instancias del sistema judicial. Por ello es tan importante el juicio que avanza en los tribunales españoles, que abre la posibilidad real de que los responsables de esos crímenes respondan ante la justicia.

La impunidad vivida en el pasado y que permanece y se ve fortalecida en el presente, también abrió paso a que militares y civiles responsables del genocidio y el terrorismo de Estado cometidos en Guatemala, se aliaran con bandas de delincuentes, para juntos convertirse en verdaderas estructuras clandestinas de poder. Guatemala continúa siendo víctima de mafias que deben ser investigadas, procesadas y castigadas. En ese sentido impulsamos la creación y funcionamiento de la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad –CICIACS- como una instancia que puede contribuir efectivamente en los procesos para la aplicación de justicia.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum reafirma una vez más su compromiso por impulsar los mecanismos y procesos que permitan el esclarecimiento de los hechos que han causado tanto dolor y sufrimiento a miles de familias guatemaltecas y de otras nacionalidades. La vigencia de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia y el resarcimiento es una base irrenunciable para la construcción de la paz y la reconciliación en Guatemala.

Fundación Rigoberta Menchú Tum