En un contexto enrarecido por atentados criminales y amenazas a medios y periodistas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros sectores sociales anuncian movilizaciones progresivas, que se efectuarán entre el 11 y el 16 de febrero, con el objetivo de "rechazar la política de persecución, crimen e impunidad que pretende instaurar el gobierno neoliberal de Lucio Gutiérrez y sus aliados de la derecha".
El fallido intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de febrero el dirigente de la CONAIE, Leonidas Iza, en el que fueron heridos de bala tres de sus parientes, a manos de dos presuntos sicarios, fue la gota que derramó el vaso de la paciencia del movimiento indígena que convocó a una movilización nacional denominada "por la vida, en defensa de la democracia, la soberanía y la paz".
En estas jornadas de lucha también participarán otras organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, la Coordinadora de Movimientos Sociales, trabajadores eléctricos y petroleros y empleados públicos.
Las protestas se efectúan en un contexto de creciente violencia e inseguridad. En menos de dos semanas se ha producido tres atentados criminales. El 30 de enero, fue asesinado Patricio Campana, funcionario de Petrocomercial que realizaba investigaciones sobre robo de gasolina de los poliductos que pertenecen a la empresa estatal. El 1 de febrero ocurrió el atentado contra Iza y sus familiares. Y en la noche del 9 de febrero, el empresario guayaquileño Carlos Muñoz Insúa, representante legal del canal de televisión Telesistema, sufrió un ataque de presuntos sicarios que intentaron matarlo. Insúa salió ileso del ataque pero su chofer, Ricardo Mendoza, falleció tras ser gravemente herido.
Aunque el gobierno ha deslindado responsabilidades en estos atentados y se ha presentado más bien como víctima de "grupos extremistas que quieren desestabilizarlo", la oposición ha acusado al Gobierno de Gutiérrez y a su círculo de allegados y familiares de querer acallar las voces discrepantes mediante presiones, amenazas y acciones de represión. El año anterior, Alejandro Nájera, dirigente del Partido Sociedad Patriótica (PSP) en el poder y quien fungía como asesor presidencial, difundió una lista de "enemigos del régimen". Posteriormente, el 12 de diciembre de 2003 fue apresado por la policía durante unas horas Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, la principal organización de la CONAIE, por unas declaraciones en las que calificaba a Gutiérrez de "mentiroso, incapaz e incoherente". Así mismo, el Ejecutivo y el alto mando de las Fuerzas Armadas han ejercido presiones para que el Congreso levante la inmunidad del diputado socialdemócrata Guillermo Haro, y sea juzgado penalmente por supuestas calumnias a las Fuerzas Armadas.
A más de ello, varios medios y periodistas, que han formulado denuncias de nepotismo o corrupción, han sido objeto de amenazas e intimidaciones. Entre los medios se encuentran el diario El Comercio y las radios capitalinas Quito, Tarqui y La Luna. En contra de esta última y de su director, Paco Velasco, la Fiscalía inició un proceso legal, en tanto que el gobierno ofició al Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) para que revierta la frecuencia de esta emisora en caso de que no se prueben las aseveraciones vertidas en el Informativo La Clave. Cabe indicar que La Luna FM es un medio crítico que ha abierto espacios inéditos de participación y expresión ciudadana.
Luego de que el movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE, rompiera con el gobierno el pasado mes de agosto, tras co-gobernar por 6 meses, Lucio Gutiérrez ha intentado dividir al movimiento indígena recurriendo a acciones clientelares de entrega de prebendas, cargos y dádivas a las comunidades.
Rechazando esta política divisionista, que ha fracasado en anteriores gobiernos, la CONAIE retoma las movilizaciones demandando la renuncia del primer mandatario a quien acusa de traición y de haber hecho todo lo contrario de lo que prometió en la campaña electoral. Así, está cumpliendo fielmente los dictados del Fondo Monetario Internacional y paga puntualmente los servicios de la deuda externa a un costo social muy alto; se ha alineado incondicionalmente con Estados Unidos y con el gobierno de Alvaro Uribe involucrando al Ecuador en el Plan Colombia; prometió combatir la corrupción pero ha gobernado en beneficio de sus familiares, de su círculo íntimo y de los partidos tradicionales, mientras ha sido incapaz de desmentir las constantes denuncias de haber recibido dineros de oscura procedencia en su campaña electoral.
Las organizaciones sociales se oponen al tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos y al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), demandan la suspensión del pago de la deuda externa, rechazan la privatización del área estatal de la economía y defienden los derechos de los trabajadores públicos, cuyos sueldos han sido congelados para los próximos años por presiones del FMI.
