Emilio Sardi
Portafolio

No suelo ocuparme de lo que otros escriben. Sólo expongo mis ideas, esperando que les sean interesantes a algunos lectores. Sin embargo, debo referirme al asesor Rudolf Hommes, pues, como es su uso, en reciente nota desfigura mi posición.

Preciso que no soy enemigo de los tratados comerciales. Éstos pueden ser terribles, si se negocian mal, o buenos, si bien negociados. Soy enemigo, sí, de que le impongan a Colombia un tratado que puede ser altamente lesivo, como lo demuestran los estudios que hay sobre el tema, de Planeación Nacional y de Fedesarrollo. Y soy enemigo de que se pretenda firmarlo a la carrera, sin debate y sin la debida intervención de los órganos del poder público, siguiendo la agenda impuesta por unos pocos funcionarios del ministerio de Comercio.

En mi artículo afirmé: "Colombia ha nombrado un equipito conformado por personas con títulos académicos, pero sin experiencia en negociar seriamente.... Aunque su director es capaz, este equipo no es ni comparable con el norteamericano. No hay esperanza de que la negociación nos sea favorable. Lo peor es que este equipo, dentro del Ministerio de Comercio, es quien define las posiciones de Colombia para la negociación. Es torpe que quienes definan nuestras posiciones sean los encargados de defenderlas. El conflicto de interés es obvio. Su tendencia es y ha sido buscar facilitarse su trabajo posterior, definiendo posiciones que le gustan a la contraparte, pero son dañinas para el país."

Todo eso es cierto. Y no me dan derecho a afirmarlo mis dos grados del M.I.T. ni mi experiencia empresarial de cuarenta años, sino mi calidad de colombiano que quiere a su país y mi gran preocupación por la forma como se le quiere meter por la puerta trasera un tratado que puede causarles gran daño a muchos sectores nacionales.

Si versara únicamente sobre comercio internacional, es posible que sólo el Gobierno debiera ocuparse de él. En tal caso, la posición a negociar - qué se debe pedir y qué se puede aceptar - debiera ser formulada por los ministerios de Protección Social y de Agricultura, responsables de la salud y el empleo de los colombianos, y no por el de Comercio. El rol de éste debe ser únicamente el de negociador.

Pero este no es un tratado sobre sólo temas comerciales. Con él se pretende imponerle a Colombia una legislación sobre toda su actividad económica. Temas como inversión extranjera, compras del sector público, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, propiedad intelectual, competencia y solución de diferencias pueden ocasionarle grave daño al país. En ellos se busca imponernos normas que van mucho más allá de las que la Organización Mundial de Comercio ha establecido y que Colombia acata plenamente.

Se trata de montar un andamiaje legal para restringir la competencia local y no solamente mermar nuestra capacidad competitiva para exportar sino afectar los mercados internos, mediante prácticas restrictivas de la competencia que encarecerán tremendamente el costo de la vida. Detrás de la pantalla de una hipotética liberación del comercio exterior se esconde la pretensión de amarrar los mercados internos, en detrimento de los consumidores colombianos.

Esas normas pueden acabar con la seguridad alimentaria de la nación y poner en peligro el acceso a la salud de la mayoría de los colombianos. Si se aceptan, serán de carácter supraconstitucional - coercitivas e irreversibles - e impedirán que Colombia pueda cambiar o incidir en el futuro en sus estrategias de desarrollo, las que quedarán limitadas a los parámetros del acuerdo. Este tratado limitará seriamente nuestra soberanía, y - así se afecten los compromisos, intereses y creencias del asesor Hommes - tanto el Congreso como los entes de control tienen, más que el derecho, la obligación de participar en todo el proceso. Siempre bajo la mirada vigilante de la opinión pública.

El ex-canciller mexicano Jorge Castañeda, el ex-ministro y negociador en jefe del NAFTA, Jaime Serra, y el líder empresarial en esa negociación, Juan Gallardo, han aconsejado que Colombia negocie sin prisa, con mucha preparación y participando todos los afectados. Las normas de Estados Unidos requieren que su Congreso apruebe las posiciones a negociar antes de que se empiece el proceso de negociación, así como sus aprobaciones continuas a través del mismo.

Mister Hommes no quiere que Colombia oiga estos consejos ni use este proceso, y descarga sus iras contra quienes pedimos que haya una negociación seria y pausada, y no un simple proceso de adhesión. No podrá acallarnos. Tampoco podrá evitar que el Congreso y los entes de control tomen el sitio que les corresponde en la protección del bien común y en la defensa de nuestra autonomía. Lo que está en juego es la soberanía nacional.

Febrero 17 de 2004
* Vicepresidente de Tecnoquímicas, Colombia