Rebelión
Al Parlamento de la Unión Europea

Señores Parlamentarios:

Las organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestra más enérgica protesta por la invitación cursada al actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez para que asista a una sesión solemne del Parlamento Europeo, pues consideramos que esta invitación no debe hacerse a gobernantes que, como el señor Álvaro Uribe Vélez, violan los derechos humanos, exterminan a la oposición, son impulsores de la guerra y atentan contra la democracia..

Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente de Colombia con un escaso 22% del total del electorado colombiano, en unas elecciones en las que el índice de abstención sobrepasó el 55 %. Desde hace 17 meses gobierna su país de manera autoritaria.

Álvaro Uribe tiene un negro pasado relacionado con el paramilitarismo que data de la época en que fue gobernador de Antioquia, en esa época que fue el principal impulsor de las CONVIVIR.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez expresa aquellos sectores del poder que se orientan por la solución militar, afianzados en el apoyo de los Estados Unidos expresado en el Plan Colombia y en la política antiterrorista. El gobierno del Señor Uribe ha definido como política central "La Seguridad Democrática", dirigida a una salida militar al conflicto social y armado que vive el país.

A partir de esta política y con pretexto en su necesidad se viene implementando de manera acelerada una legislación que, con el señuelo del antiterrorismo, REDUCE las libertades y derechos que han sido consagrados en la Constitución política nacional. Estamos ante el establecimiento de un sistema de gobierno autoritario y militarista.

Una de sus primeras tareas como presidente, de las que se siente orgulloso, fue la creación de un cuerpo de un millón de informantes a sueldo, reclutados entre la población civil de Colombia, con el objeto de que los colombianos se vigilen y denuncien unos a otros. Es la vinculación de los civiles al conflicto armado, mediante el programa de "soldados Campesinos", redes de informantes y pago de recompensas. Se delega la función estatal de la seguridad en manos de civiles.

El gobierno colombiano, con Álvaro Uribe a la cabeza, niega el Principio de Distinción, aumentando el riesgo de la población civil. Como lo han señalado diversas organizaciones de paz y derechos humanos, la distinción entre combatientes y no combatientes en un conflicto armado interno es la base del Derecho Internacional Humanitario que el estado colombiano se ha comprometido a respetar. En igual sentido se ha pronunciado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

Durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han otorgado funciones judiciales a las Fuerzas Armadas, acusadas de graves violaciones a los derechos humanos y de convivencia con los grupos paramilitares. Estas funciones permiten las detenciones sin orden judicial, la intercepción de las líneas telefónicas y las comunicaciones, los allanamientos sin orden judicial, las detenciones arbitrarias. En Colombia se llevan a cabo detenciones masivas de población y se mantiene a los detenidos encarcelados, sin acusaciones fundadas, o con total desconocimiento de los cargos que se les imputan. Ha habido un incremento de las detenciones masivas arbitrarias de líderes populares y de miembros de la oposición política. Esto se agrava con la aprobación del Estatuto Antiterrorista, que autoriza las detenciones sin orden judicial y otorga funciones de policía judicial a la fuerza publica y que tiene como fin golpear a las organizaciones sociales y ONG defensoras de derechos humanos. con el prurito de que son aliadas naturales de la guerrilla.

Trece defensores y defensoras de Derechos Humanos y 72 sindicalistas, 29 lideres comunales y 23 lideres campesinos han sido asesinados o desaparecidos durante el año 2003 y lo que llevamos de este año. Han aumentado las amenazas contra familiares de dirigentes sindicales y defensores de Derechos humanos y hay un progresivo desmantelamiento del Estado Social de Derecho.

Las organizaciones sociales y políticas, los defensores de derechos humanos, los grupos de juristas y académicos tanto nacionales como internacionales han expresado su protesta en procura del derecho de defensa, de las garantías ciudadanas y del debido proceso pues el Estatuto Antiterrorista repite un antiguo estatuto de seguridad de la administración Turbay Ayala de infausto recuerdo que, en su tiempo, permitió toda clase de abusos contra los luchadores y luchadoras populares. Una vez más, hoy se repite la receta y, con el pretexto de la Seguridad Democrática, se cercenan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El gobierno de Uribe aumenta los impuestos para sufragar los gastos de guerra y aplica al país una salvaje política de privatizaciones, mientras tanto no ha cumplido la mayoría de las recomendaciones de la Unión Europea referentes a la situación de los Derechos Humanos en Colombia.

Finalmente, en ausencia de una política de paz, se ha montado una comedia de negociación con los grupos paramilitares. Según el libreto de esta farsa asesorada por los Estados Unidos, el gobierno ha establecido unas mesas de conversaciones con los paramilitares, incluyendo un cese de hostilidades, la posibilidad de una amnistía para sus unidades, la suspensión de los procesos para sus jefes, la financiación de los grupos en la etapa de los diálogos. De esta manera se pretende legalizar a los cuerpos paramilitares cuyos integrantes, en forma mayoritaria, se incorporarían a los proyectos de "Seguridad Democrática" que están organizándose: soldados campesinos, soldados profesionales, grupos de informantes o cooperantes. Esta es la esencia de la alternatividad penal: perdón y olvido, tesis que la mayoría de los colombianos rechazan porque claman por una paz sin impunidad, una paz no sobre la base del perdón y olvido sino con justicia y reparación.

Insistimos en la búsqueda de una solución política al conflicto armado. Un paso inicial sería el de los Acuerdos Humanitarios: intercambio de secuestrados o retenidos por la guerrilla por presos políticos y acuerdos que permitan el desarrollo regional y el respeto a la población civil. Se hace urgente la creación de un marco de confianza que permita establecer unas negociaciones que acaben no solo con la guerra sino con las terribles desigualdades sociales que son la causa ultima y el origen de la violencia y la marginalidad.

Los ciudadanos europeos y no europeos residentes en Europa y las organizaciones que suscribimos esta carta protestamos porque creemos que nuestro Parlamento, el ámbito supremo de representación de la voluntad de los ciudadanos de Europa no puede recibir a un personaje con los antecedentes mencionados.

Solicitamos a la Unión Europea que muestre nuestro más profundo rechazo a Álvaro Uribe Vélez y a su política guerrerista y discriminatoria, que no facilite sus maniobras dentro del territorio de la Unión Europa que buscan el apoyo a su política y la obtención de fondos para su aplicación.

Solicitamos a la Unión Europea que promueva y exija la negociación de un Acuerdo Humanitario que conduzca a la liberación de prisioneros y retenidos, que acabe con las listas negras y que impulse las condiciones para unas negociaciones sinceras que permitan llegar a acuerdos que terminen de una vez por todas con esta guerra fraticida. Este debe ser el papel de la Unión Europea.

CONVOCATORIA:

En protesta por la invitación a Álvaro Uribe Vélez, actual presidente de Colombia para asistir a una Sesión Solemne del Parlamento Europeo

Día: Lunes, 9 de febrero

Hora: 19 h.

Lugar: Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza de la Provincia s/n; Madrid

Firmas y adhesiones: osp@urbs.org